Perú

Declaran Estado de Emergencia en todo el corredor minero

Todo el corredor. El estado de emergencia decretado hoy 11 de enero por el Gobierno abarca todo el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, con una longitud de casi 500 kms. Se trata de la vía que une las operaciones de Constancia y Antapaccay (Cusco) y Las Bambas (Apurímac) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa). El decreto supremo 006-2018-PCM fue publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano y tiene una vigencia de 30 días, aunque en otras oportunidades se ha prorrogado repetidas veces este tipo de medida.

El estado de emergencia implica que “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”.

En sus considerandos, el decreto en cuestión se basa en informes policiales “sobre los conflictos sociales advertidos en dichas zonas”.

Como se recuerda, algunos de los distritos comprendidos en este nuevo estado de emergencia ya se encuentran en esta situación supuestamente excepcional desde el 16 de agosto, medida que fue prorrogada hasta en tres oportunidades. Se trata de los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, los mismos que ya cumplieron un total de 120 días en emergencia.

“Lo que debería ser un estado de excepción (los Estados de Emergencia), en estas provincias se ha convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, señaló José De Echave, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Dado que no se han registrado protestas desde hace meses, esta medida que suspende los derechos ciudadanos es inexplicable, y atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía.

Cabe indicar que el decreto autoriza a la Policía Nacional “con el apoyo de las Fuerzas Armadas” a mantener el orden interno según lo establecido en los decretos legislativos 1186 y 1095.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/01/11/declaran-estado-de-emergencia-en-todo-el-corredor-minero/

Colombia

Demandan a MinHacienda por impedir consulta popular en Córdoba, Quindío

Pese a que el Tribunal Administrativo del Quindío había dado la orden al Ministerio de Hacienda para tramitar los recursos necesarios para desarrollar la consulta popular en el municipio de Córdoba, Quindío, esa cartera ha hecho caso omiso a dicha decisión. Por ello el comité promotor de la consulta popular en Córdoba anunció que interpondrá una denuncia penal en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por desacato.

“El fallo es muy claro al ordenar a la Registraduría y a Minhacienda que adelanten las actividades necesarias para garantizar la realización de la consulta. La Registraduría lo hizo y el ministerio nunca se comunicó con la alcaldía y no respondió los requerimientos que se le hicieron para que participará en los dos comités de seguimiento electoral en diciembre”,  señala  Camilo Gómez, vocero del Comité a Crónica del Quindío.

El líder agrega que si bien la Registraduría ya ha acatado la orden y estipuló la fecha para el próximo 21 de enero, el Ministro se ha burlado de la orden del Tribunal y se ha pasado por la ‘faja’ la decisión de los magistrados».

La denuncia está basada en el artículo 454 del Código Penal Colombiano, donde  se establece el delito de fraude a resolución judicial. De ser así, este funcionario público podría pagar hasta 6 meses de prisión, además de una multa entre 5 y 50 salarios mínimos legales vigentes.

Habitantes se alistan para la consulta 

Mientras tanto ya se adelantan los preparativos del evento electoral y el Comité se ha reunido con las autoridades pertinentes como el registrador local, el alcalde, los secretarios de Gobierno y Planeación y el vocero del comité promotor.  Además se adelantan actividades pedagógicas, aunque aseguran que la población es consiente de la importancia de participar de la consulta.

“Hay que dejar en claro que el municipio, desde un principio, dijo que tenía el dinero para hacer la consulta, pero fue el mismo ministerio el que dijo que no se podía. Ellos cambiaron de manera abrupta las reglas y eso no lo pueden hacer. Esto es una burla al sistema de participación democrática de los ciudadanos, no solo de Córdoba, sino de otros 10 municipios que están en la misma situación”, dice Camilo Gómez.

Cabe recordar que en Quindío también el consejo municipal de Salento, le dio el visto bueno a la posibilidad de que a través de una consulta popular puedan decidir si quieren o no el desarrollo de actividades mineras en su territorio, de manera que se protejan riquezas naturales del país como el Valle del Cocora.

 Fuente:https://www.contagioradio.com/demanda_minhacienda_fallo_consulta_popular_cordoba_quindio-articulo-50441/

Chile

Uso de agua de mar en la minería chilena se triplicaría al 2028

Una serie de nuevos proyectos de desalinizadoras para la minería impulsarán con fuerza el consumo de agua de mar en los próximos años, según datos entregados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). De acuerdo al informe “Proyección de Consumo de Agua en la Minería hacia 2028”, el uso de este recurso crecería 187% al 2028 en relación al cierre de 2017, llegando a los 11,2 m3 por segundo.

Al contrario, el uso de agua continental bajaría 4,9% al 2028, alcanzando los 11,5 m3 por segundo. De este modo, el consumo total de agua subiría 41,87% entre fines del año pasado y 2028, totalizando para esa fecha 22,7 m3 por segundo, según estimaciones de Cochilco. “Lo que esperamos es que de una relación actual, de un 85% de agua territorial y 15% de agua del mar, al 2028 prácticamente tengamos una relación de uno es a uno”, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la presentación del informe.

El aumento del consumo de agua de mar se explicaría por la inauguración de una serie de nuevas plantas desaladoras que se planea construir. Dentro de ellas destacan las plantas de BHP, Escondida Water Supply y Spence Growth Project para el 2017 y 2019 respectivamente; la de Codelco Norte, Distrito Norte, para el 2021; y la de Teck, Quebrada Blanca fase 2 para el 2021.

“Si bien el uso de agua de mar soluciona en parte la escasez de agua en el Norte Grande de Chile, no resuelve el problema de la calidad del agua por los residuos mineros, por lo que es necesaria una buena gestión y eficiencia en el uso de agua, independiente de su origen”, comentó el director de estudios y politcas públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts.

En relación al consumo eléctrico esperado, desde Cochilco comentaron que la demanda crecería desde 21,1 TWh hasta 29,2 TWh al año 2028, principalmente por una mayor cantidad de material tratado, mayor producción de concentrados de cobre, y mayor demanda de energía de las plantas desaladoras.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/uso-agua-mar-la-mineria-chilena-se-triplicaria-al-2028/

Chile

Codelco hará modificaciones en mina Andina por amenaza a glaciares

La inversión tendrá un costo de 250 millones de dólares, y tiene como objetivo alejar las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

Este martes, la División Andina de Codelco presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) «Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual», proyecto que asegura su funcionamiento, manteniendo los niveles autorizados de producción, de uso de agua y vida útil, pero alejando las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

El proyecto sometido a estudio trata sólo de adecuaciones a la mina rajo ubicada a solo 80 kilómetros de la capital, y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina. En efecto, no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

El EIA contempla dos elementos centrales. Por una parte, modifica la forma del actual rajo de Andina, manteniendo su tamaño aprobado, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre (Lastre Norte), adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas.

Según la cuprífera, la inversión de estas obras será de 250 millones de dólares y durante los 36 meses que tomará su construcción, se crearán 450 puestos de trabajo en promedio.

La empresa destacó que la aprobación de este EIA «permitirá mantener el actual aporte de División Andina al Valle de Aconcagua y al Estado de Chile, teniendo como eje central de su gestión la sustentabilidad de sus procesos, de forma de compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente».

Fuente:http://www.24horas.cl/economia/codelco-modificara-mina-andina-por-amenaza-a-glaciares-2609469#

Argentina

Gobierno nacional impulsa una ley minera para que se explote en provincias que la prohíben

Busca unificar la regulación con una ley federal que estimule la extracción en distritos donde está prohibida o severamente restringida: Chubut, Mendoza, Tucumán, Córdoba, La Pampa, San Luis y Tierra del Fuego. También podrían facilitar la compra de tierras para extranjeros. El Gobierno nacional quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país, y para ello planea enviar un proyecto al Congreso a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales. 

El paquete de reformas que el Gobierno tiene en carpeta trasciende lo dado a conocer hasta el momento. La administración macrista tiene al menos dos proyectos que necesitan aval legislativo en carpeta, poco comentados en los últimos meses: una reforma de la regulación minera, con un nuevo acuerdo federal con las provincias, y cambios en la ley de tierras.

Un informe de diciembre de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre los dos años de la gestión de Cambiemos, elaborado en inglés y destinado a inversores extranjeros, recoge el guante en ambos aspectos, y advierte que “el Gobierno quiere unificar las regulaciones mineras bajo una ley federal que permitiría a las compañías operar en todo el país”, y para ello “planea enviar un proyecto (al Congreso) a principios de 2018, después de llegar a un consenso con las administraciones provinciales”.

El informe no abunda en detalles, pero alude al nuevo Acuerdo Federal Minero que el presidente Mauricio Macri presentó en junio para reemplazar el pacto labrado en 1993, para generar un marco más amigable a las inversiones en un sector con tanta potencialidad como riesgo de generar pasivos ambientales, y que ha llevado a varias legislaturas provinciales a restringir o prohibir la extracción.

El acuerdo suscripto en junio por 14 provincias, pero sin el acompañamiento de San Luis, Chubut, La Rioja o La Pampa, todos distritos con alta capacidad, pretende eliminar el 1% que las empresas deben hasta hoy pagar para desarrollar las comunidades locales donde están sus emprendimientos, y fija un techo del 3% en regalías, que se calculará “sobre el importe total de ingresos brutos devengados”, y ya no sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Dichas provincias también podrán recaudar el 1,5% de la facturación a través de Fondos Provinciales de Infraestructura.

Desde la cartera de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, comentaron en aquella ocasión que el Acuerdo Federal Minero busca “homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera”, creando “una nueva plataforma de despegue para la actividad”, que ofrezca “garantías de confianza y previsibilidad tanto a inversores como a las comunidades”.

El proyecto que se prevé debatir en el Congreso fija claramente que cada provincia firmante “promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere adecuada”, y que la Nación “mantendrá un compendio de la normativa aplicable en el ámbito nacional y de cada provincia en materia minera”, lo que obligará a las jurisdicciones a proveer al ámbito federal “la totalidad de la normativa relevante” y las modificaciones que pudieran surgir.

Entre las provincias signatarias del acuerdo se hallan Mendoza y Córdoba, que años atrás, bajo otras administraciones, prohibieron la actividad minera metalífera, pero ahora aprovecharían el impulso nacional para justificar futuros cambios en legislaciones.

Semanas atrás, desde Nación agitaron la posibilidad de retocar la Ley de Glaciares, que en términos generales veda la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares. Pero la diputada Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y socia de Cambiemos, le aplicó el veto con una carta abierta al secretario de energía, Daniel Meilán, que enterró de momento toda posibilidad de avance.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/item/38510-gobierno-nacional-impulsa-una-ley-minera-para-que-se-explote-en-provincias-que-la-prohiben

Chile

Comisión ambiental de Magallanes rechaza uso de tronaduras por parte de Mina Invierno en Isla Riesco

La Comisión de Evaluación Medioambiental de la Región de Magallanes rechazó el uso de tronaduras por parte de la Mina Invierno con el fin de utilizarlas como método de extracción en la Isla Riesco. Esto, pese a que existía un Informe de Consolidación que era favorable para las pretensiones de la mina ligada a las familias Angelini y Von Appen.

La votación había arrojado un empate entre los seremis que aprobaban el uso de explosivos y quienes la rechazaban. Finalmente, fue el intendente Jorge Flies quien tuvo la decisión final y rechazó el proyecto.

Esta decisión fue celebrada por la senadora por la zona y ex candidata presidencial, Carolina Goic, quien señaló que el “rechazo a tronaduras en Mina Invierno para la extracción de carbón por parte de la comisión de evaluación ambiental de Magallanes, es una buena noticia porque resguarda un ecosistema y porque apunta en la dirección correcta. Apostemos por energías limpias!”.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/comision-ambiental-magallanes-rechaza-uso-tronaduras-parte-mina-invierno/

 

Mexico

MORENA: Hay que sacar mineras de las áreas naturales protegidas… ¡YA!

Por considerar que son contrarias a los intereses de la sociedad mexicana, a Diputada Guadalupe Rojas Moreno representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado mostró su total rechazo a la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada a nivel federal y a la Ley de Biodiversidad que actualmente se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En pronunciamiento presentado por la legisladora pidió que en el caso de la Ley de Biodiversidad que se encuentra en proceso en el Poder Legislativo Federal, “hacemos votos para que se incorporen las múltiples opiniones y planteamientos que las organizaciones, las comunidades, los investigadores y el pueblo en general ha venido expresando, haciendo hincapié en la prohibición de actividades como generación de electricidad, extracción de petróleo o minería en las áreas naturales protegidas de México”.

Con respecto a la Ley de Seguridad Interior la Diputada Rojas Moreno señaló que Morena considera necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “revise su constitucionalidad, y en caso de no revertirla ahí, se acuda a las instancias internacionales para su revocación. No podemos regresar a tentaciones fascistas con el pretexto de la inseguridad, cuando gran parte de la situación actual, se ha venido agravando, precisamente por el uso del Ejército en los asuntos propios de la autoridad civil2, expresó la representante popular.

Con respecto a la Ley de Biodiversidad subrayó que en el Senado de la República fue aprobada sin prácticamente analizarla y desconociendo su contenido y alcances, negándose en todo momento a cualquier dialogo y análisis de los señalamientos y críticas presentadas por distintos especialistas.

Guadalupe Rojas comentó al hacer uso de la palabra que la Senadora Ninfa Salinas del Partido Verde con intereses en la minería, como Presidenta de la Comisión dictaminadora “se negó a incorporar en el dictamen la prohibición expresa de la realización de actividades de alto impacto en las Áreas Naturales Protegidas, tales como la minería o la generación de electricidad”, precisando que en el extremo del absurdo “incluye en sus disposiciones transitorias, excepciones que abren la posibilidad del uso comercial de los mamíferos marinos”.

Rojas Moreno refirió que la mencionada Ley fue aprobada por el Senado sin tener un proceso previo de participación de la sociedad y consulta pública, “sin considerar la opinión de las comunidades y pueblos”.

En lo que conicerne a la Ley de Seguridad Interior que entró en vigor hace unos días, ha sido observada por múltiples organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, de seguridad pública y organismos multilaterales de los que México forma parte.

Aseguró que la Ley de Seguridad Interior en los hechos constituye “la legalización de la militarización del país, generando condiciones permanentes, ante una situación que se supone como temporal.

Expuso que con dicho ordenamiento legal se busca seguir evitando la declaración del Estado de excepción y la suspensión provisional de las garantías, manteniendo y acrecentando la presencia militar no solamente en la lucha contra el crimen organizado, sino contra todo aquello que pueda ser considerado factor de riesgo para la seguridad del país o ante cualquier manifestación de inconformidad social, que por el sólo hecho de ser considerada como no pacífica por parte del Ejecutivo, permitiría el uso de las Fuerzas Armadas para su contención y neutralización.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/01/10/morena-hay-que-sacar-mineras-de-las-areas-naturales-protegidas-ya/

Perú

Boom minero, política fiscal y corrupción

En lo que va del presente siglo, se renovó el interés en el estudio de la política fiscal y su relación con la renta generada en las industrias extractivas. Dos razones principales explican este resultado. Por un lado, en no pocos países, una parte significativa de los ingresos fiscales proviene de la renta que se genera en la explotación de recursos naturales no renovables. Por otro, el precio internacional de las materias primas -metales e hidrocarburos en particular- alcanzó niveles sin precedentes durante la década 2003-2012, lo que se tradujo en un incremento inusual de los ingresos fiscales.

En América Latina, si bien la década de bonanza minera impulsó procesos de crecimiento socio-económico, el fin del ciclo expansivo de los commodities hacia 2012-2013 trajo consigo una desaceleración del PIB y la caída de la recaudación, recordándonos la lección que nunca hemos terminado de aprender: la política fiscal se vuelve frágil e inestable cuando se sustenta –principalmente- en ingresos que se originan en la exportación de materias primas.

Sin embargo, tan importante como esta constatación lo es el preguntarse si durante el boom minero se recaudó todo lo que debía recaudarse. Es decir, ¿la política fiscal minera implementada durante la década de bonanza (2003-2012) fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera?

El marco teórico

El debate teórico en torno al binomio política fiscal – recursos naturales no renovables, ha girado en torno a cuál sería el instrumento ideal de tributación; es decir, aquel que: 1) deje en manos del productor el rendimiento normal de las inversiones, y 2) transfiera al Estado el máximo nivel de ingresos fiscales sin afectar la producción.

La teoría de la imposición en las industrias extractivas clasifica los instrumentos para obtener ingresos fiscales en tributarios y no tributarios. Para algunos autores, la imposición fiscal en las industrias extractivas debe basarse en la renta o beneficios que obtiene una empresa, es decir, en instrumentos tributarios (el Impuesto sobre Sociedades p.ej.); mas no en su producción o ventas, es decir, en instrumentos no tributarios (las regalías p.ej.). Las ventajas y desventajas que se atribuyen a uno u otro grupo de instrumentos generan discusiones acaloradas.

Las regalías o royalties: Son el pago que la empresa minera hace al Estado por el uso de un recurso natural de propiedad pública. Pueden adoptar diversas formas, pero su característica general es que se basan en la cantidad de recursos extraídos, en términos de valor o de unidad producida. No pocos autores consideran que las regalías son ineficaces (Boadway y Keen, 2013) y/o que afectarían en gran medida las decisiones de inversión de las empresas mineras (BID, 2013; Gómez et al., 2015).

La imposición sobre las rentas: Los impuestos que se imponen sobre la renta minera interferirían menos que las regalías en las decisiones de producción e inversión. Este grupo de instrumentos tributarios admite una amplísima variedad. La literatura especializada identifica al denominado “impuesto sobre la renta económica pura” como el más cercano al ideal de obtener el máximo de ingresos fiscales sin afectar el rendimiento normal de las inversiones. La “renta económica pura” de un recurso natural no renovable es definida como el excedente del valor bruto de producción que se obtiene después de restar todos los costos inherentes a la explotación de un depósito, incluyendo las remuneraciones de todos los factores de producción.

El caso del Perú

El Perú constituye un buen estudio de caso para evaluar la problemática planteada en este artículo, a saber, si la política fiscal minera fue la más adecuada para la apropiación óptima de la renta minera durante el alza del precio de los metales (2003-2012). En los años de mayor efervescencia del boom minero, la minería metálica aportó más del 60% de las exportaciones y contribuyó con poco más del 50% del Impuesto sobre Sociedades.

Política Fiscal frente a las Ganancias Extraordinarias

Durante la década de bonanza minera, tres Gobiernos se sucedieron en el Perú: el de Alejandro Toledo (julio 2001-julio 2006), el de Alan García (julio 2006-julio 2011) y el de Ollanta Humala (julio 2011-julio 2016), cada cual con predisposiciones distintas frente a la política fiscal minera.

Durante el Gobierno de Toledo (julio 2001-julio 2006), la política fiscal minera fue conformista. Se estableció el pago de regalías mineras en junio de 2004 (Antigua RM), del tipo ad-valorem; es decir, se aplicaba un porcentaje entre 1% y 3% sobre el valor de las ventas de concentrados. Instrumento valioso, pero que de poco sirvió: las empresas mineras más grandes del país no pagaron regalías porque se ampararon en sus Contratos de Estabilidad Tributaria (CET), ello a pesar de que el Tribunal Constitucional concluyó que las regalías no son un tributo y por ende debían ser pagadas por todas las empresas del sector.

Durante el Gobierno de García (julio 2006-julio 2011), las mineras obtuvieron sus mayores utilidades. Según estimaciones propias, los ingresos extraordinarios del sector minero debido al alza del precio de los metales sumaron US$ 97.651 millones durante 2003-2012: el 61% de ese total se registró durante dicho Gobierno.

A pesar de ello, la política fiscal minera de García fue la más pasiva y complaciente durante la década de bonanza. Se continuó cobrando solo las regalías y el Impuesto sobre Sociedades, sin tomar en cuenta el amplio abanico de instrumentos fiscales alternativos aplicados en el mundo para captar renta en las industrias extractivas (FMI, 2012). Las mineras más grandes siguieron sin pagar regalías: entre junio 2004 y septiembre 2011, once empresas habrían dejado de pagar US$ 1.619 millones por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016), monto mayor en 44% que las regalías pagadas por las 90 empresas que sí cumplieron con pagarlas en ese mismo período. Así, la muy parcial implementación de la Antigua RM evidenció la capacidad de las grandes mineras para hacer prevalecer sus intereses.

Al mismo tiempo, el Gobierno de García rechazaba la aplicación de un instrumento fiscal como el windfall tax, impuesto que grava las ganancias extraordinarias. En su lugar, optó por negociar con las mineras un “aporte voluntario” durante 2007-2011, decisión que no fue la mejor en términos de ingresos fiscales: 1) el 80,7% de los depósitos globales del referido “aporte voluntario” fue efectuado por siete empresas que contaban con CET y por ende no pagaban regalías.  2) Los US$ 626 millones que éstas depositaron, representaron solo el 51,9% de los US$ 1.205 millones que estas mismas empresas habrían dejado de pagar por concepto de regalías (Mendoza y De Echave, 2016).

Durante el Gobierno de Humala (julio 2011-julio 2016), se introdujeron cambios sustanciales en el régimen fiscal minero (septiembre de 2011) con el objetivo de hacer pagar regalías a las mineras que no lo venían haciendo. Se crearon el Impuesto Especial a la Minería (IEM), que comenzó a ser pagado por las empresas sin CET; el Gravamen Especial a la Minería (GEM), que recayó en las empresas que no pagaban regalías; y la Nueva Regalía Minera (Nueva RM). Hecho curioso, este cambio en la política fiscal minera no generó el fuerte rechazo que tuvo la imposición de la Antigua RM en 2004. ¿Cuál es la explicación?: los tres nuevos instrumentos fiscales tienen un común denominador: la base imponible es la utilidad operativa, ya no las ventas de concentrado como en el caso de la Antigua RM. Al aplicarse sobre las utilidades, la Nueva RM y el GEM dejan abierta la posibilidad para que las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir su utilidad operativa.

La precisión de los instrumentos fiscales

El cambio introducido en la forma de calcular las regalías mineras no se justifica. La Antigua RM no tuvo un impacto negativo en las decisiones de inversión de las empresas del sector como supone la teoría: entre 2004 y 2011, la inversión en minería se multiplicó en cerca de nueve veces y las utilidades de las 10 principales mineras se multiplicaron en poco más de cinco veces.

La Nueva RM –supuestamente más ventajosa que la Antigua RM- se paga desde noviembre de 2011; sin embargo, la inversión cayó en 57,2% entre 2013 y 2016. Similar tendencia se observa en las utilidades mineras. Por tanto, lo menos que puede decirse es que, para el período bajo análisis y en el caso concreto del Perú, la imposición de regalías ad-valorem no afectó la inversión ni las utilidades mineras. En cambio, la Nueva RM sí afectó la captación de la renta minera por parte del Estado. Según estimaciones propias, durante 2012-2016, 20 principales mineras pagaron por concepto de la Nueva RM, US$ 342 millones menos de lo que hubiesen tenido que pagar bajo el esquema de la Antigua RM.

 

 

En consecuencia, la política fiscal minera implementada en el Perú durante la década de bonanza se caracterizó por su extrema pasividad y complacencia, lo que no permitió un incremento de los ingresos fiscales en la misma medida en que aumentaban las utilidades extraordinarias del sector. Se trató de un régimen fiscal más bien “regresivo”, en el sentido que no permitió una participación creciente del Estado en la renta minera. La recaudación de ingresos fiscales provenientes de la renta minera estuvo por debajo de los estándares internacionales: si bien durante 2005-2008, el Estado captó en promedio anual el 54,9% de la renta minera antes de impuesto; este resultado bajó a 33,5% durante 2009-2012, y 18,8% durante 2013-216.

La necesidad de instrumentos fiscales alternativos

Desde febrero de 2016, el precio internacional de algunos metales se ha recuperado. Si bien la posibilidad de acercarse a los picos alcanzados durante la reciente bonanza minera está negada, también es cierto que esta recuperación se produce a partir de un piso que quedó establecido por encima de los niveles pre-bonanza. Por tanto, la caída del precio de los metales a partir de 2012-2013 no ha representado una catástrofe financiera para las mineras, sino más bien una reducción de sus ganancias extraordinarias, lo cual nos conduce a la siguiente pregunta: ¿por qué entonces los ingresos fiscales vinculados a la actividad minera se han desplomado?

En este contexto, el contar con una política fiscal dotada de instrumentos adecuados para la captura óptima de la renta minera es una necesidad latente para los países exportadores de recursos naturales no renovables. Es decir, una política fiscal minera alternativa, que supere los errores del pasado reciente, fortalezca sus instituciones y vaya de la mano con una política de inversión minera ambientalmente sostenible.

Una política fiscal minera basada solo en instrumentos ya tradicionales como el Impuesto sobre Sociedades y las regalías no es suficiente. Debiera explorarse otros instrumentos fiscales, como aquéllos que forman parte del grupo de los impuestos que gravan las “rentas puras”, que tienen la ventaja de dejar ganancias adicionales en manos de los inversionistas, pero al mismo tiempo permiten al Estado participar de manera progresiva en las utilidades extraordinarias. Este tipo de instrumentos debiera aplicarse de manera complementaria a los instrumentos tradicionales ya mencionados.

Asimismo, las regalías mineras debieran ser del tipo ad-valorem, pues las que se aplican sobre las utilidades deja amplios grados de libertad para que –en países con instituciones débiles y altos niveles de evasión- las empresas manipulen sus costos y gastos con el propósito de reducir sus utilidades. Es lo que la literatura especializada califica como “información asimétrica”, fallo del mercado particularmente acentuado en minería: el productor minero es el único que cuenta con buena información sobre la estructura y magnitud de los costos involucrados en su proceso de producción (Land, 2008), así como sobre los aspectos técnicos y comerciales de su proyecto productivo (FMI, 2012). Ello deja margen para una manipulación de los costos que busque disminuir artificialmente la tasa de retorno en cada uno de los proyectos que posee una misma empresa.

En el caso del Perú, desde 2011, los costos y gastos del sector minero crecieron a una tasa media anual de 6,9%, a pesar de que sus ventas cayeron en 3,8%. Ello tuvo dos efectos complementarios: 1) reducción de las utilidades y –por ende- del Impuesto sobre Sociedades. 2) Mayores devoluciones del Saldo a Favor del Exportador (porque se incrementaron las compras y el crédito fiscal), lo que redujo los ingresos fiscales netos del país.

Por tanto, para el éxito de esta política fiscal alternativa, resulta de particular importancia que la Administración Tributaria amplíe su control sobre los costos y gastos declarados, los precios de transferencia y las prácticas elusivas. En la búsqueda de este objetivo, el avanzar hacia un mayor involucramiento con los principios del Plan de Acción BEPS resulta impostergable, pues una de las principales características de las empresas mineras es que están vinculadas a grupos económicos transnacionales, con una alta capacidad para la planificación fiscal agresiva y lo que ello implica en términos de erosión de las bases imponibles y del traslado de beneficios.

De los tres Presidentes que gobernaron el Perú durante la década de bonanza minera (2003-2012), el primero (Toledo), está con dos órdenes de prisión preventiva y actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos; el segundo (García), viene siendo investigado preliminarmente por un equipo especial del Ministerio Público; el tercero (Humala), se encuentra en la cárcel con 18 meses de prisión preventiva. La situación legal de los tres constituye un segundo común denominador: están siendo investigados por sus vínculos con Odebrecht, la multilatina de origen brasileño que pagaba millonarios sobornos a cambio de contratos.  ¿Estamos frente a una terrible confirmación de “la maldición de los recursos naturales”? ¿Acaso mientras algunos gobernantes priorizaban la búsqueda de sinuosos caminos para captar y lavar capitales, lanzaban una mirada laxa y complaciente a la política fiscal minera?

 

Referencias

BID (2013): Recaudar no basta: Los impuestos como instrumento de desarrollo; editado por Ana Corbacho, Vicente Fretes y Eduardo Lora. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

BOADWAY, Robin y Michael KEEN (2013):  Rent Taxes and Royalties in Designing Fiscal Regimes for Non-Renewable Resources.

FMI (2012): Fiscal Regimes for Extractive Industries: Design and Implementation; Prepared by the Fiscal Affairs Department. Washington, D.C.: International Monetary Fund (IMF).

GÓMEZ SABAÍNI, Juan Carlos; JIMÉNEZ, Juan Pablo y Dalmiro MORÁN (2015): El impacto fiscal de la explotación de los recursos naturales no renovables en los países de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: NNUU – CEPAL.

LAND, Bryan C. (2008): Resource Rent Taxation – Theory and Experience. Washington D.C.: International Monetary Fund.

MENDOZA, Armando y José DE ECHAVE (2016): ¿Pagaron lo justo? Política fiscal peruana en tiempos del boom minero. Lima: OXFAM – CooperAcción.

TORRES CUZCANO, Víctor (2013): Grupos económicos y bonanza minera en el Perú. El caso de cinco grupos mineros nacionales. Lima: CooperAcción.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/boom-minero-politica-fiscal-y-corrupcion/

Perú

Agricultores marcharán este 15 de enero en protesta por obras de minera

En este distrito, se oponen a la ejecución de obras hidráulicas que la empresa Southern Perú planea ejecutar en cercanías del río Torata.

Moquegua. Los dirigentes de las organizaciones agrarias y juntas de usuarios acordaron realizar una movilización el próximo lunes 15 de enero. La jornada será en defensa del agua y en rechazo a la presunta contaminación de las cuencas hídricas por el desarrollo de la actividad minera.

Para el presidente de la Junta de Usuarios de Torata, Samuel Coayla, no hay ninguna respuesta de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ni del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre el reclamo que hicieron meses atrás.

En este distrito, se oponen a la ejecución de obras hidráulicas que la empresa Southern Perú planea ejecutar en cercanías del río Torata.

Coayla dice que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña le dio permisos a la minera de manera irregular en noviembre de 2016.

Estas autorizaciones son para ampliar el sistema de derivación del río Torata, el dique de retención y sistema de manejo de agua y el canal de coronación del depósito de desmonte. El dirigente indicó que hay temor de que se contamine el río.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Usuarios de Moquegua, Juan Rodríguez, sostuvo que no son los únicos problemas. Mencionó que al iniciarse el proyecto Quellaveco de la empresa Anglo American de igual manera se provocará contaminación del río Asana y Moquegua. Dijo que también por eso saldrán a las calles.

Otros dirigentes cuestionaron que el Gobierno otorgue mayor disponibilidad del recurso a favor de la minería y no para la población y la agricultura.

A la asamblea que se desarrolló en la Junta de Moquegua asistieron directivos de agricultores de Ilo y de todas las comisiones de regantes de Mariscal Nieto.

Mexico

2018, ¿año de la minería submarina?

Un medio de comunicación expresa que la empresa Odyssey Marine Explorations presentó en 2015 un tercer estudio de impacto ambiental y que no ha sido rechazado, por lo que se presume que podría tener aprobación de autoridades federales en el 2018.

La Paz,BCS.- En el 2018, el Gobierno Federal podría autorizar la primera concesión para proyecto de minería submarina en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur, a favor de la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations.

Reporte Indigo explica en un reportaje que Odyssey Marine Explorations ha buscado desarrollar minería en el fondo marino de Baja California Sur desde el 2014, en ese año se presentaron 2 proyectos de impacto ambiental que fueron rechazados por autoridades federales.

Sin embargo, en el 2015 un tercer estudio de impacto ambiental fue presentado y no ha sido rechazado, por lo que se presume que podría tener aprobación de autoridades federales en el 2018.

El proyecto denominado “Don Diego” pretende dragar el fondo marino a una profundidad de entre 60 y 90 metros, para extraer 7 millones de toneladas anuales de

arena fosfática, durante 5 décadas, según dice la manifestación de impacto ambiental.

Odyssey Marine Explorations pretende invertir 357.2 millones de dólares en el proyecto de minería submarina, la cual, de ser aprobada, sería la primera en su tipo en la República mexicana.

Dicho proyecto se extendería sobre una superficie de más de 91 mil  hectáreas de lecho submarino y se pretende ubicar a menos de 22 kilómetros de la costa del municipio de Comondú, en cuyas inmediaciones se ubica el santuario de la ballena gris.

Además, el proyecto de minería submarina abarca parte de las aguas concesionadas a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale S.C.L.

Organizaciones pesqueras de comunidades como El Manglito y El Esterito han llamado a asociaciones ambientales para frenar el proyecto de minería submarina, ya que anticipan que podría afectar severamente el entorno ambiental y dañaría a especies marinas protegidas.

En el caso de la ballena gris, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) señala que con el ruido de la actividad minera en el lecho marino, la comunicación de la especie quedaría afectada, por lo que podría alejarla de la zona.

La actividad pesquera, que produce más de 8 mil toneladas anuales de especies marinas, también podría ser afectada y se advierte que más de 2 mil familias podrían quedar sin sustento económico de ser aprobado el proyecto.

El estudio “Manifestación de Impacto Ambiental para el Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”, que presentó en junio del 2015 la empresa Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. y que fue firmado por Martín José de la Cruz Quijano Poumián, que está en manos de Reporte Indigo, la mina tiene justificación por beneficios que traerá al sector agricultor.

Supuestamente, la mina será base de producción de insumos químicos requeridos en la industria agrícola, como fertilizantes a base de fósforo.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina expone que hay razones para dudar que la extracción de arenas fosfáticas del fondo del mar, no tenga impacto en el entorno ambiental, puesto que el proyecto pretende devastar una superficie que equivale al 60 % del territorio de la Ciudad de México.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/01/09/2018-ano-de-la-mineria-submarina