Republica Dominicana

Productores de San Juan advierte explotación mina de oro acabaría con la agricultura en la provincia

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa GoldQuest la concesión de una mina de oro y cobre en el proyecto Romero, de San Juan de la Maguana, y pidió al Poder Ejecutivo autorizar su explotación. La información la dio a conocer ayer el ministro Antonio (Tony) Isa Conde, quien defendió la explotación de la mina afirmando que el proyecto está basado bajo un esquema financiero que generaría al Estado al menos el 40 % de las ganancias que produzca.

SANTO DOMINGO.-Sectores productivos de la provincia de San Juan rechazaron este martes la explotación de la mima de oro y cobre de Romero y advirtieron que no aceptarán ese proyecto porque acabaría con la producción agropecuaria de la provincia.

Productores agrícolas tomaron las calles de la comunidad de Pedro Corto, mientras que otros realizaron una vigilia en la entrada del municipio de San Juan de la Maguana.

Manuel Matos, presidente del Comité Agropecuario Unitario y del movimiento ecológico Suroeste Unido por el Agua y la Vida, afirmó que “los sanjuaneros no vamos a morir a largo plazo por la mina, sino que tendrán que matarnos a corto plazo”.

“Los sanjuaneros no vamos a morir a largo plazo por la mina, sino que tendrán que matarnos a corto plazo”, advirtió Matos. Aseguró que la producción agropecuaria dejará más beneficios económicos a largo plazo que las ganancias proyectadas de la mina, las cuales llegarían a US$ 561 millones.

Matos dijo que ese proyecto está lleno de mentiras, ya que usarán las aguas del río San Juan y afectarán el medio ambiente.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Maguana, Milcíades Espinosa, plantea que pese a que la minera Gold and Quest dice que dejaría al Estado dominicano la suma de US$224 millones en siete años de explotación, el sector agricultor aporta más de RD$1,500 millones sólo con la producción de habichuelas. Y habría que sumar a esto la cebolla y demás productos del campo.

 

 

 

Fuente:http://eldia.com.do/productores-de-san-juan-advierte-explotacion-mina-de-oro-acabaria-con-la-agricultura-en-la-provincia/

Colombia, Sin categoría

“Delimitación de páramos debe ser concertada con las comunidades”: Ambientalistas

Durante el fin de semana fue noticia, la firma de Juan Manuel Santos, que dio el aval para la delimitación de siete páramos del país: el de Perijá, en Cesar; Almorzadero, entre Santander y Norte de Santander; Citará, en los límites de Antioquia y Chocó; los nevados de Sotará y Guanacas-Puracé-Coconucos, en Cauca y Huila y, el de Doña Juana-Chimayoy en Cauca, Nariño y Putumayo.

“Con estas nuevas delimitaciones alcanzamos 2.064.091 hectáreas y seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra meta. Esto hace parte de las acciones en materia de conservación y que son complementarias a nuestra meta de dejar más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas al final de este gobierno”, dijo el Presidente Santos.

Con bombos y platillos se anunció que el gobierno ha cumplido con la delimitación de 30 de los 37 ecosistemas que tiene Colombia, teniendo en cuenta que el país posee el 50% de los páramos del mundo. Sin embargo, organizaciones ambientalistas alertan sobre la necesidad de que se tenga en cuenta la participación de las comunidades en esas delimitaciones, pues este es uno de los aspectos que no se tienen en cuenta, y por lo cuál se han derivado todos los problemas relacionados con la fallida delimitación del Páramo de Santurbán. (Le puede interesar: ¡Santubán no está en venta!)

La participación de las comunidades

La delimitación permite que se cree un blindaje sobre esa área, e implica que se desarrolle un plan de ordenamiento y manejo dentro de la zona. Sin embargo, de acuerdo con Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, el problema histórico con las delimitaciones es que no se ha tenido en cuenta la participación de las comunidades que durante décadas han hecho presencia en esos territorios, ya sea porque encontraron oportunidades económicas a partir de la agricultura, o porque son víctimas de desplazamiento, entre otras razones.

«Creo que tener un nivel de protección es bueno para el ecosistema y da seguridad a las personas que allí viven para que mediante reconversiones de sus actividades pudieran desarrollar labores compatibles con el ecosistema y su conservación», explica Flores.

En esa misma línea, Juana Hofman, directora de Justicia Ambiental, también ve como prioridad la participación de los pobladores. No obstante, llama la atención sobre la necesidad de tener en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional sobre esa materia. Allí se dicta que se debe involucrar a todos los actores, es decir, no solo a las comunidades sino también a las empresas que han tenido títulos mineros, lo cual abre una puerta a que no se garantice el blindaje del ecosistema, y en cambio, prevalezcan intereses económicos.

«¿Cuál es el sentido de la participación? no significa entrar a concertar lo científico, de lo cual ya tenemos certeza. De lo que se trata es de reconocer aquello que allí ha estado en este tiempo», dice Hofman.

El problema de la entrega de títulos mineros

Lo importante con la delimitación es que se crea el acto administrativo en el cual se dice qué, dónde, y cómo son las actividades compatibles con dichos territorios. En ese sentido, sobre lo que sí se ha manifestado expresamente la Corte Constitucional, es sobre la prohibición de actividades mineras en zonas de páramo.

El problema es que, cuando en el año 2016 el alto tribunal tomó esa decisión, la Agencia Nacional de Minería informó que estaban vigentes 473 títulos mineros en páramos, 284 en fase de explotación, 136 en construcción y montaje y 53 en exploración. Esto, teniendo en cuenta que en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe fueron entregados 391 títulos mineros sobre páramos en cerca de 108.000 hectáreas, pero además esta política se intensificó en con la locomotora minero-energética con Juan Manuel Santos.

Al respecto, Margarita Flores califica esa desenfrenada forma de entregar títulos mineros, como «un pecado original», pues se dieron «sin ningún criterio ambiental». En esa línea, propone cambiar le régimen del Código de Minas pues es «obsoleto», y por tanto, «se deben desconocer los títulos mineros si existen razones ambientales y sociales», expresa. ¿Pago por servicios ambientales?

Teniendo en cuenta que» delimitar a los páramos, no es sacar a la gente», se debe pensar en un mecanismo para compensar a la gente que en sus manos tiene la protección del ambiente. Es así, como la directora de Ambiente y Sociedad propone el pago por servicios ambientales. «Si hay fondos para compra de predios, se debería invertir en proyectos de manejo sostenible de páramos. Si hay plata para servicios ambientales, deben ser recursos para la gente que ayuda a conservar el ecosistema».

Fuente:http://www.contagioradio.com/delimitacion-de-paramos-debe-ser-concertada-con-las-comunidades-articulo-50801/

Chile

¿Por qué contra los Mapuches?

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del Pueblo Mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa.

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual”, afirma.

Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual”.

Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.

Territorios y corporaciones

Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.

Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las “recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.

Colonización tardía

Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.

Indómitos y transfronterizos

Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut. Cree que el recelo contra el Pueblo Mapuche tiene múltiples causas, entre ellas que se trata de “uno de los pueblos más aguerrido, más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales, nacionales e internacionales”. Afirma que la política del gobierno nacional es “apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar reclamos”.

También señala la particularidad de la gran extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con presencia en cinco provincias, lo que “le ha dado una gran dinámica, diversa en su lucha” y destaca que se trata del único pueblo que alza la bandera de las recuperaciones territoriales.

Destaca que también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales. Hualpa es autor del libro “Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas”, donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más litiga en los tribunales.

“Un factor a pensar es que se trata de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos”, alerta Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).

Extractivismo y clase social

Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, escribió tres libros sobre el Pueblo Mapuche y vive desde 27 años en Bariloche. Afirma que “la ofensiva y represiones” contra el Pueblo Mapuche tiene relación con la anunciada “lluvia de inversiones” que el gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de peso es el Eximbank, organismo financiero público de Estados Unidos que financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior. “Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y proyectos hidroeléctricos”, explica Moyano.

Precisa como ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas, busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan un intento de relanzamiento.

Moyano recuerda que el presidente Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, “señor feudal de la zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos hidroeléctricos”.

Un factor histórico que destaca es que el Gobierno “llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se benefició con la Campaña del Desierto”. El caso más emblemático es el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. “La pertenencia a esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas”, afirma Moyano.

El Comando de Bullrich

“Comando unificado”, fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

“Tras ocho años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos”, anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre de 2017.

Según el Gobierno, se registra “un incremento del accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio”.

También las denomina “organizaciones extremistas” y las acusa de recibir apoyo de “grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades”.

“RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut”, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. “La RAM estaría vinculada a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.

La segunda semana de enero, el presidente Macri recibió a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. “La cuestión mapuche” (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.

“Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas”, alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.

Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. “La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina”, advirtieron las organizaciones indígena.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación del comando unificado: “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante”.

Haciendo el juego

El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje de la campaña mediática de los grandes diarios.

“La Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio mediante acciones de sabotaje”, explica el comunicado.

Señala que el MAP es “una propuesta política y filosófica” y sostiene que “las comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche”.

Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.

El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.

En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había emitido un inusual y duro comunicado: “Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche”.

“No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”, destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.

Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos. “Como es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora”.

Violencia e impunidad

El 17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de violencia contra mapuches.

El jueves 25 de enero se cumplen dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por Patricia Bullrich.

Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. “Fue el Estado, fue prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio”, invita la convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales, comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.

El afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha, tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras, resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con los pueblos indígenas: “Justicia ya”.

 Fuente:http://www.lavaca.org/notas/por-que-contra-los-mapuches/
Colombia

Antioquia avanza en la erradicación del uso de mercurio en la minería

A partir de junio de este año, el uso de mercurio en la minería quedará prohibido por ley en todo el país.

Por eso, desde ahora, La secretaría de Minas ha puesto en marcha acciones para recudir el uso de ese elemento en el territorio antioqueño, donde, según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se utilizan entre 100 y 150 toneladas de este material al año.

Una de las principales estrategias es el laboratorio instalado en la Universidad Pontificia Bolivariana, que utilizará extracciones auríferas sin recurrir al mercurio y reemplazándolo por tratamientos biotecnológicos.

En este mismo sentido, se intervinieron 14 plantas de beneficio aurífero en Bajo Cauca, Nordeste y Valle de Aburrá, con lo que se redujo el uso de 158 kilogramos de mercurio al mes. Además de lo anterior, la secretaría de Minas trabaja en la creación de siete lineamientos para la creación de Zonas Industriales Mineras, que tienen como objetivo la reubicación de plantas de beneficio que operan en zonas prohibidas del departamento.

Asimismo, se adecuó en el municipio de Abriaquí (Occidente) una planta industrial de beneficio de oro que erradica el mercurio e implementa nanotecnología, logrando la disminución en al menos el 40 por ciento del consumo de cianuro “y reduciendo los tiempos de beneficio del oro de veinticuatro a dos horas y media”.

Estas acciones, se dan luego de que la Asamblea departamental aprobara la Ordenanza No. 24 del 17 de agosto de 2017, en la que se conformó el Comité de Seguimiento y Control para la erradicación del uso de mercurio en Antioquia.

El comité está integrado por la Policía Nacional, las Secretarías de Gobierno, Minas, Medio Ambiente y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia; además de las autoridades ambientales de Corantioquia, Cornare y Corpourabá.

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga al mercurio dentro de los 10 productos químicos que representan peligro para la salud pública. En Antioquia es principalmente utilizado para la extracción de oro.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-avanza-en-la-erradicacion-del-uso-de-mercurio-en-la-mineria-174858

Mexico

Comuneros en Chiapas dicen ¡no! a los 5 dólares por tonelada de titanio extraído en sus tierras

Integrantes del Ejido y de Bienes Comunales del municipio de Acacoyagua, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, establecieron en dos actas de asamblea la prohibición de la actividad minera en su territorio. Por los menos 21 concesiones mineras pueden afectar los mantos acuíferos de la región entre el municipio de Acacoyagua y Escuintla, quienes utilizan el agua para el cultivo, para los alimentos y para el uso domestico.

El acta del Ejido fue firmada con la aprobación del 57% de los firmantes el 24 de septiembre del 2017 durante una asamblea ordinaria. Así mismo el acta de los Bienes Comunales fue firmado el 1 de octubre del 2017 con la presencia de la mayoría de comuneros.

“Con estas actas, que han sido notificadas al H. Ayuntamiento de Acacoyagua, hacemos valer nuestra decisión de defender nuestros bienes comunes naturales de la depredación minera. Estamos organizados para proteger las montañas de la Sierra Madre de Chiapas que nos dan de comer y los ríos Cacaluta y Cintalapa que nos dan vida, amenazados por las 21 concesiones mineras ubicadas en los municipios de Acacoyagua y Escuintla”, argumentan en su declaración los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), ejidatarios y miembros de los Bines comunales del municipio de Acacoyagua.

Estas actas fueron firmadas después de que los y las regidoras celebraron una Sesión Extraordinaria de cabildo el 24 de agosto del 2017 para ratificar dos compromisos. Uno: “no a la contaminación de los ríos independientemente de cual sea su origen, para así preservar la flora y la fauna de nuestro municipio”, sostienen los comuneros.

Recurriendo a los derechos agrarios, los comuneros y ejidatarios también denuncian a la empresa El Puntal S.A. de C.V. que empezó a extraer ilmenita a partir del año 2012. Dicha empresa firmó un contrato por medio de engaños con los habitantes de la región donde se comprometía a pagar 500 mil pesos para la realización de este contrato, mismos que serían liquidados en dos pagos así como una regalía de 5 dólares americanos por tonelada extraída. Por los menos 44 concesiones mineras han sido aprobadas por el gobierno federal para la región conocida como el Soconusco, en la Sierra Madre de Chiapas, 22 de ellas tienen como objetivo principal, la extracción de titanio.

“Nosotros permaneceremos unidos, a pesar de los intentos de la empresa El Puntal S.A de C.V. de dividirnos. Nuestros caminos, nuestra dotación de agua, nuestros bosques y nuestra tierra han sido cuidadas con la organización, el trabajo y el esfuerzo de las comunidades, no solamente del gobierno, y mucho menos de las empresas. Exigimos que se cancele la actividad minera de El Puntal S.A de C.V. por no contar con la licencia municipal requerida para realizar una actividad económica en el municipio”, dicen los inconformes, quienes han sufrido una serie de hostigamientos y agresiones por parte de la empresa quien ha recurrido al servicio de grupos de choque para desarticular su proceso organizativo contra la minería.

Los comuneros y ejidatarios exigen a las autoridades correspondientes que se respete su determinación apegado al derecho agrario mexicano. Por otra parte, hacen un llamado a organizaciones y a la sociedad en general a estar atentos a su lucha contra la minería.

Desde  el pasado 26 de septiembre del año 2017, el FPDS instaló dos campamentos para bloquear el paso a las maquinarias y vehículos de las empresas mineras. Con palos y piedras atravesados en el camino, los pobladores controlan desde entonces el acceso a la zona e impiden el ingreso de personal de las mineras.

Fuente:https://avispa.org/21349-2/

 

Perú

Perú. Consúltame De Verdad: Campaña pone en evidencia limitaciones de consulta previa en extractivas

La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La forma en que se viene aplicando la consulta previa para actividades mineras y petroleras ha convertido este derecho en un mero trámite, según señala una reciente investigación. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña que busca la modificación de los reglamentos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, para que cumplan con el espíritu del Convenio 169 de la OIT: que la consulta permita garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro. 

En el Perú, hace 22 años entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, y hace seis años contamos con una Ley de Consulta Previa. Sin embargo, la implementación de este instrumento viene causando insatisfacción en las comunidades por su poca eficacia para lograr la defensa de sus derechos colectivos a la tierra y territorio. 

El informe “La consulta previa en minería en el Perú y el incumplimiento los estándares establecidos en el convenio 169 de la OIT”, elaborado por CooperAcción, analiza 11 de las consultas realizadas hasta el momento en minería en los seis años de vigencia de la norma. 

Uno de los principales cuestionamientos es que la consulta se ha convertido en un mero formalismo y se realiza en las etapas finales del proceso de inversión minera y petrolera, cuando ya no hay ninguna decisión relevante que tomar. Además, instrumentos tan importantes como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Cierre de Minas no pasan por consulta.  

Otro cuestionamiento es la rapidez con que se vienen dando las consultas. En algunos casos, las etapas informativa y de evaluación se realizaron en un mismo día. 

Además, muchos de los acuerdos que se alcanzan en estos procesos son en realidad obligaciones que ya tiene el Estado, al margen de la consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos alcanzados en las consultas realizadas son “que se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”. 

“Aunque a los pueblos indígenas se les consulte, las medidas administrativas que son objeto de consulta no son trascendentes porque no tienen afectación jurídica directa a los derechos de los pueblos indígenas, y los acuerdos no versan sobre las acciones concretas para prevenir afectaciones de sus derechos. La consulta previa se ha convertido en un mero formalismo, que ha venido legitimando explotaciones sin un diálogo intercultural de por medio”, señala Ana Leyva, directora de CooperAcción. 

La campaña #ConsúltameDeVerdad tiene como objetivo demandar que la consulta en hidrocarburos y minería se ajuste a los estándares del Convenio 169 para que los pueblos indígenas tengan un diálogo y participación real. Ello implica modificar los reglamentos que regulan la consulta tanto en el sector minería como hidrocarburos. 

Se ha traducido meramente en un trámite administrativo y lo que exigimos los pueblos indígenas es que tengan la aplicación efectiva como lo manda el convenio 169 de la OIT, que el tema de la consulta previa sea un mecanismo que nos permita llegar a acuerdos concretos y con la participación de varones, mujeres, jóvenes y niños, que somos finalmente todos los que integramos un pueblo indígena”, señala Gladis Vila, líder indígena de Huancavelica. 

Ana Leyva señala que el sector empresarial ya no se opone a la consulta previa debido a que se le ha vaciado de contenido, “ya no la consideran un obstáculo para la inversión porque ya no se está consultando nada relevante”. El gran desafío es que la consulta se transforme en un medio para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “para que les permita defender su derecho al territorio, a la tierra, al acceso a recursos naturales, su identidad cultural, y también sus opciones de desarrollo así como su autodeterminación. Se requiere que la forma como se viene implementando la consulta sea reformulada, para que realmente pueda dar presencia a los pueblos indígenas en la toma de decisiones”.  

 

La campaña viene siendo impulsada por CooperAcción y Oxfam. 

Fuente:http://kaosenlared.net/peru-consultame-de-verdad-campana-pone-en-evidencia-limitaciones-de-consulta-previa-en-extractivas/

Perú

PPK no observó ley que pone en riesgo a indígenas y áreas naturales protegidas

Ante silencio del presidente, Luis Galarreta promulga norma fujimorista que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali pero no considera observaciones de comunidades indígenas y del Ministerio de Cultura.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

«Si para algunos ustedes son un estorbo o un obstáculo, con sus vidas ustedes son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes de la misma», dijo el papa Francisco a los indígenas en Puerto Maldonado este 19 de enero.

Este lunes 22 de enero el diario oficial El Peruano publicó la promulgación de la Ley 30723, denominada ‘Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali’. Firmada por el presidente del Congreso Legislativo, Luis Galarreta, el 15 de enero.

La rúbrica es del legislador y no del jefe de Estado porque éste no la promulgó ni observó durante el tiempo establecido. La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre, una norma rechazada por las organizaciones indígenas amazónicas y el Ministerio de Cultura. Incluso el entonces ministro Salvador del Solar envió al presidente del Legislativo un oficio en el que explicaba por qué el aún proyecto de ley no era viable.

Sin considerar al Ministerio de Cultura (que a través del Viceministerio de Interculturalidad era una parte a consultar) ni tomar en cuenta la opinión de las comunidades indígenas (que viven en la Amazonía y así como supuestamente pueden ser beneficiados, también pueden ser afectados), la iniciativa fujimorista fue aprobada por tener la mayoría parlamentaria. Además, no se hizo estudios técnicos ni económicos.

La ahora ley expone a un alto riesgo a seis áreas naturales protegidas por el Estado (los parques nacionales Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; las reservas comunales Purús y El Sira y el área de conservación regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Además, pone en riesgo a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI).

Cuando conversamos en diciembre pasado con Julio Cusurichi, presidente de la organización indígena Fenamad, y con Lorena Prieto, directora de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, ellos confiaban en que el presidente Pedro Pablo Kuczynski observaría la norma y hubiera un debate más allá del parlamento, de tal manera que participen activamente organizaciones indígenas, los ministerios de Cultura, del Ambiente, de Agricultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Conectividad

Mientras los congresistas de Fuerza Popular -autores de la norma- la defienden «el interés nacional de establecer carreteras» y aseguran que la carreteras permitirán una mayor conectividad en Ucayali, hay que recordar que las experiencias existentes no han sido positivas, pues han permitido el aumento de la minería y tala ilegales, y por ende la deforestación, violaciones de los derechos de las comunidades indígenas, prostitución, corrupción, cultivos de coca, entre otras malas consecuencias.

Hacer más carreteras -anota Rolando Navarro, exdirector de Osinfor- es abrir un frente favorable al extractivismo de manera incontrolable. “Si el congresista Tubino dice que las carreteras generan más conectividad, habría que preguntarle ¿mayor conectividad para qué?, ¿para la extracción ilegal de madera?”, señala a LaMula.pe.

Con él coincide el politólogo y exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra: «¿Conectar a quiénes con quiénes? Los principales impulsores de las carreteras en la amazonía el Perú son intereses informales e ilegales, incluida la corrupción como en la Interoceánica. La conexión debe servir a una ocupación sostenible del territorio, y a partir de ahí se identifica las opciones. Eso lo debe hacer el gobierno bajo criterios técnicos y no el Congreso», dice a LaMula.pe.

En opinión de Julia Urrunaga, directora en Perú de Environmental Investigation Agency (EIA), recuerda que a lo largo de la Amazonía hay abundante evidencia –incluidas impactantes imágenes satelitales– de la destrucción que generan carreteras como las que promueve esta nueva ley y que pasan sobre bosques primarios. «Las comunidades indígenas y sus organizaciones se han venido oponiendo fuerte y sostenidamente a estos proyectos por más de una década, precisamente porque ellos han experimentado esta destrucción», comenta.

Para Navarro, debemos analizar los reales intereses que hay detrás de esta ley. Por ejemplo, una de las principales intenciones mayores sería llegar a los lugares más recónditos donde aún hay caoba, pues en su opinión hay un lobby maderero a favor de esta norma. “El interés es llegar al potencial existente de madera, y la gran mayoría de especies de alto valor comercial está en áreas protegidas”, subraya.

Las carreteras no son la única solución

La Ley 30723 dice: “El departamento de Ucayali posee una gran riqueza de recursos naturales, una elevada disponibilidad de recursos híbridos y de flora y fauna silvestre. A pesar de ello, esta gran cantidad de recursos con que cuenta la región no es proporcional con su desarrollo, es menester señalar que una de la causas más importantes que impide el desarrollo sostenido y que lo sumerge en el atraso es la carencia de vías de comunicación, es decir la falta de carreteras que integren a los diversos distritos del departamento de Ucayali, permitiendo el tránsito fuido hacia las zonas de frontera con la finalidad de comercializar los diferentes productos de la región. Importante es destacar que, la superación de la pobreza que azola [sic] a esta región está directamente vinculada al insuficiente desarrollo vial y a la falta de integración de sus diferentes distritos y centros poblados”

Según la norma, las carreteras pueden pasar por el costado de un área protegida, pero se hace un corte de conectividad de pueblos indígenas transfronterizo (siempre han tenido conexión), que incluye la fauna silvestre. Es decir, se cortarían los corredores biológicos.

En la selva, el 95% de la deforestación ocurre a menos de 6 km de los caminos. Las carreteras que atraviesan la Amazonía son una amenaza en contra de nuestra multiculturalidad y la biodiversidad, además de violar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. «El Tribunal Constitucional del Perú ya ha establecido precedentes al declarar de interés nacional la protección de los bosques y de sus recursos para las generaciones futuras. Como nosotros lo vemos, esta nueva ley iría directamente en contra de este interés nacional ya definido por el Tribunal Constitucional», dice Urrunaga.

No es que se quiera detener el desarrollo. Pero veamos el ejemplo de la Interoceánica. “Se dijo que la carretera de Puerto Maldonado generaría desarrollo, pero lo que ha traído consigo es mayor pérdida de bosque, mayor facilidad de incursión al bosque para extracción minera, tala ilegal, ponen en riesgo a reservas comunales y territoriales. Si uno hace un análisis de áreas en las que hay condiciones de penetración, la pérdida de territorio o composición florística ha sido dañina”, explica Navarro.

Hay otras maneras de poder atender el desarrollo sin impulsar carreteras. Por ejemplo, está el Plan de Acción para el Desarrollo de Purús, que apuesta por el uso de la red hidrográfica del Purús. De hecho, la fluvial es una costumbre ancestral y el Estado debería apoyar estas rutas. También puede haber puentes aéreos, como ocurre en otras zonas.

«La integración de la región con esa zona se puede superar con tender un mejor servicio de puente aéreo con mayor frecuencia y también vía fluvial. No necesariamente con la construcción de carreteras cuando tenemos en los diversos frentes reservas comunales, parques nacionales, pueblos indígenas en aislamiento voluntarios, otros en contacto inicial y comunidades nativas que viven bajos sus propias costumbres desde muchos años en la zona», detalla Navarro.

Ante los comentarios de quienes están a favor de la norma porque la conexión aérea es cara, Lanegra indica que si el Estado quiere tener peruanos en la zona debe asumir un costo. «La otra opción apunta- es no tener gente ahí». Pero en su opinión, lo que falta es una política de fronteras: «Lo que es real es la ausencia de una política de fronteras fuerte en el país que permita discutir esto seriamente y atender a los peruanos que necesitan conexión».

¿Y PPK? 

Llama la atención el silencio del jefe de Estado, más aun cuando -como hemos mencionado líneas arriba- el exministro de Cultura se había opuesto a esta iniciativa legislativa, y funcionarios de este portafolio esperaban que el Ejecutivo hiciera las observaciones pertinentes.

Angela Acevedo, directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, señala en un informe enviado al viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, que la norma no ha tomado en cuenta que los pueblos indígenas y en aislamiento no solo habitan en áreas naturales protegidas. Tampoco valora «la presencia de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento  y en situación de contacto inicial en la región Ucayali, así como el marco jurídico específicamente establecido para la protección de estos pueblos».

También se refiere a los impactos negativos que la construcción de carreteras podría producir en zonas poco intervenidas de la Amazonía en la que habitan los PIACI: «interrupción de prácticas de subsistencia  y, por lo tanto, problemas para conseguir sus fuentes de alimento que proceden  de la fauna silvestre … También son peligrosos los contactos forzados con terceros ajenos a las tierras que ocupan, lo que podría generar contagio de enfermedades, que configuran un riesgo latente de convertirse en un desastre en la salud de los PIACI debido a su alta vulnerabilidad inmunológica. Además de migración masiva e incremento de actividades ilícitas como la tala ilegal, minería ilegal, entre otros”.

Acevedo, incluso sugiere que se evalúe «el derecho a consulta previa sobre las medidas legislativas que afecten directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios».

Entonces, si el Viceministerio le envió el informe de Acevedo, ¿por qué PPK no hizo observación alguna? ¿Estuvo demasiado ocupado en salvarse de la vacancia presidencial, indultando y recibiendo al Papa?

“El discurso del gobierno no va conectado con la realidad. El discurso y la realidad no van en paralelo. En el Perú hay dificultad para respetar los estándares establecidos. Si hay interés del gobierno de cuidar las áreas protegidas, debería dejar sin efecto esta norma”, dice Navarro.

Para Lanegra, la posición del Ejecutivo ha sido no enfrentar al congreso y simplemente no dar fondos para los proyectos. «Pero se olvida de que los gobiernos regionales y locales -usando recursos de la ilegalidad- lo pueden hacer. Y qué además la ley incluye el mantenimiento de trochas, lo que en la práctica las alentará en la selva», subraya.

Francisco estuvo en Puerto Maldonado y dio un discurso a favor de los pueblos indígenas. Para algunos analistas, dijo lo que otros presidentes peruanos nunca dijeron (incluidos ministros de Cultura, por cierto).

“La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, dijo.

El discurso del Papa fue recibido con aplausos por algunos y con  excepticismo de activistas ambientales e indígenas. ¿Algunos empresarios habrán preferido voltear la mirada? Seguro que sí. Sea como fuere,  esta ley -como enfatiza Lanegra- es casi una copia de lo que criticaba el Papa Francisco, «ver a la Amazonía como un lugar rico en recursos que solo hay que explotar para conseguir la prosperidad».

Finalmente, esta ley contraviene compromisos internacionales asumidos por Perú, incluidas las promesas de cambio climático y los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa.

¿El Ministerio del Ambiente se pronunciará?

Pero no. El jefe de Estado, a pesar de recibir un informe del Viceministerio de Interculturalidad en el que advertía los peligros de la norma, aparentemente se dedicó a otros temas y no se manifestó al respecto.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/01/22/ppk-no-opina-y-permite-que-ley-fujimorista-que-pone-en-riesgo-a-indigenas-y-areas-naturales-protegidas-sea-promulgada/albertoniquen/

 

Mexico

Minera canadiense contamina agua y tierras en Guerrero

I. El gobierno parlamentario de Canadá no permite que sus empresas contaminen ni el aire y mucho menos el agua potable y para riego. Pero en nuestro país, los concesionarios de capital canadiense como la compañía Torex, hacen de las suyas. Y es que los directivos de esta empresa, a cambio de entregar mensualmente un soborno de hasta 200 mil pesos al presidente municipal de Cocula, Guerrero, está vertiendo sus desechos, altamente tóxicos, en el río Mezcala, en la presa el Caracol y en el Río Balsas. Los mineros, a quienes la Secretaría del Trabajo no atiende sus demandas por la injusticia laboral de que son víctimas de inversionistas canadienses, han denunciado la cantidad de desechos que sus directivos ordenan verter en esos lugares; contaminando todo lo que ese veneno encuentra a su paso: tierras, agua, sembradíos y al ganado. Y lo más grave es que los pobladores de esa región están padeciendo terribles daños a su salud, sin que el desgobernador Héctor Astudillo intervenga.

II. Este personaje nada ha hecho pese a las constantes denuncias para que esa minera deje de arrasar con sus prácticas gran extensión de terreno en esa entidad; aparte de que se llevan directamente en su transporte a Canadá, el oro y la plata por toneladas sin ser revisada en nuestro país. La reportera Patricia Muñoz (La Jornada: 3/I/18) fue a recabar información de esos hechos y los ha consignado en su nota; en la que expone, detalladamente, cómo esa minera Torex lleva años dañando el ecosistema de esa región guerrerense, y cómo ningún funcionario municipal del estado de Guerrero, ni federal, interviene. Ese intencional abandono de los gobernantes se debe a que reciben sobornos y a que son indiferentes para con los asuntos del pueblo, quienes, como los mineros de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, etcétera, una y otra vez presentan sus denuncias ante los ministerios públicos. Como ante la Secretaría del Trabajo sus paros y huelgas por otras injusticias, sin que reciban respuesta alguna a sus legales peticiones, a lo más que llegan esos temas es como información en los medios de comunicación, mientras prevalece la total injusticia para los trabajadores.

III. Ahora es el caso en el municipio de Cocula, también en el estado de Guerrero, donde dominan los narcos y su sangrienta violencia de cientos de homicidios al mes, desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y desgobernantes llegan y se van enriquecidos y no cumplen con sus obligaciones. Así que la empresa Torex se lleva sin control el oro y la plata a Canadá y deja, tras esa explotación mineral, una contaminación que ya causa estragos humanos, envenenamiento de tierras y agua potable. Y ni por piedad intervienen los funcionarios, mucho menos los del municipio que reciben cuantiosos sobornos. Por lo que a esos mineros no les queda más remedio que actuar en defensa de sus vidas, ante la violencia sangrienta y secuestradora que impera. Peña-Navarrete y el tal Astudillo han ignorado ese drama. Y permiten a esos canadienses continuar dañando irreversiblemente la zona, a pesar de las denuncias y quejas de sus pobladores.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/23/minera-canadiense-contamina-agua-tierras-guerrero/

Latinoamerica

Las comunidades afectadas por las empresas canadienses en el extranjero por fin podrán hacerse escuchar: el Gobierno crea un ombudsman para los derechos humanos

La Red Canadiense sobre la Rendición de Cuenta de las Empresas (RCRCE) se alegra del anuncio que hizo el ministro de Comercio internacional acerca de la creación de un puesto de ombudsman para las empresas canadienses que operan en el extranjero. El ombudsman de los derechos humanos llevará a cabo investigaciones independientes relacionadas a quejas sobre operaciones de empresas canadienses en el extranjero y sus conclusiones en cuanto a alegaciones con respeto a perjuicios se harán públicas. Su oficina hará recomendaciones en materia de reparaciones, en lo que concierne la admisibilidad de las empresas a servicios gubernamentales y la reforma de las políticas y leyes.

“A lo largo de los años, se han planteado casos preocupantes, implicando alegaciones alarmantes según las cuales empresas mineras, entre otras, han sido responsables de violaciones de derechos humanos en diversos países”, declaró Alex Neve, Secretario general de Amnistía Internacional Canadá. “Por fin habrá un mecanismo y un proceso implementado para responsabilizar las empresas canadienses acerca de los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

“La violencia sexual hacia las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, ha sido asociada a proyectos comerciales canadienses en el extranjero”, declaró Jean Symes de Inter Pares. “La política extranjera feminista del gobierno actual requiere un ombudsman que se concentrará en la violencia que se ejerció en el pasado y trabajará para evitarla en el futuro.”

“Nuestro objetivo principal en el trabajo que se hizo para crear esta oficina ha sido de asegurar el acceso a la reparación para las personas afectadas por la explotación minera”, declaró Catherine Coumans de Mining Watch Canadá. “En casi 20 años, hemos visto el nivel de violaciones de derechos humanos y de conflictos vinculados a actividades mineras aumentar a nivel mundial, mientras que las empresas penetran cada vez más en regiones alejadas y en territorios de pueblos indígenas.”

“La credibilidad de esta nueva oficina se basa en su poder de acceder a informaciones pertinentes”, declaró Karyn Keenan de Above Ground. “La oficina del ombudsman debe estar dotada de las herramientas necesarias para poder obligar las empresas a divulgar sus informaciones.”

“Este nuevo mecanismo de rendición de cuentas de empresas canadienses debe ser transparente y libre de toda injerencia política cuando busca obtener información sobre actividades de empresas que afectan comunidades locales”, declaró Ian Thomson, especialista de políticas de las industrias extractivas de Oxfam Canadá.

“Las personas y las comunidades afectadas por las actividades mineras canadienses en todo el mundo podrán contar con esta oficina para prevenir y obtener reparación para las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses”, afirmó el Pastor Jordan Cantwell, moderador de la Iglesia Unida de Canadá.

“Los y las canadienses están pidiendo la creación de un puesto de ombudsman desde 2006”, declaró Serge Langlois, director general de Desarrollo y Paz-Caritas Canadá. “El anuncio de hoy es una respuesta a las acciones de más de 500mil canadienses que desde una década han estado pidiendo al gobierno que nombre un ombudsman.”

“La RCRCE continuará su trabajo con el gobierno para asegurar que el nuevo ombudsman de derechos humanos tenga la independencia y los poderes necesarios para garantizar su credibilidad ante todos los actores implicados, incluyendo las comunidades en el extranjero afectadas por las empresas canadienses”, declaró Emily Dwyer de la RCRCE.

Una oficina de ombudsman eficiente ayudará Canadá a posicionarse como líder mundial en el ámbito del negocio y de los derechos humanos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/01/las-comunidades-afectadas-por-las-empresas-canadienses-en-el-extranjero-por-fin-podran-hacerse-escuchar-el-gobierno-crea-un-ombudsman-para-los-derechos-humanos/

Internacional

China cierra minas en reservas naturales de provincia septentriona

TAIYUAN, 24 ene (Xinhua) — La provincia septentrional china de Shanxi ha impedido la renovación de las licencias de minería de 25 compañías, lo que les prohíbe operar en las reservas naturales, informaron las autoridades provinciales.

La prohibición se impuso después de que un equipo del gobierno central descubriera varios proyectos ilegales en reservas naturales de la provincia el año pasado, informó el martes el Departamento de Recursos del Suelo del gobierno provincial.

El departamento ha pedido a las compañías que registren de nuevo sus derechos de explotación tras la exclusión de las reservas naturales.

«El próximo paso es castigar la minería ilegal en las reservas naturales y en los parque nacionales», dijo el director del departamento, Zhou Jianchun, quien añadió que la provincia planea eliminar las actividades de minería en todas las reservas en dos o tres años.

La estrategia de Shanxi forma parte de una campaña nacional para fortalecer los controles ambientales en las reservas naturales.

El año pasado se suspendieron las actividades mineras en todas las reservas de la naturaleza en la provincia nororiental china de Liaoning y también se impidieron este tipo de explotaciones en parte de las reservas de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste del país asiático.

Fuente:http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/0124/c31620-9419193.html