Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más minas y canteras en explotación existen, un total de 488 de 2.853, según datos de la Estadística minera de España 2015. Además, es la que tiene más proyectos en tramitación para abrir nuevas minas o reabrir explotaciones inactivas.
Existen tres grandes proyectos de megaminería metálica en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla, Cobre Las Cruces, la mina de Riotinto reiniciada en 2015 y la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, Sevilla, que se pretende reabrir.
Ecologistas en Acción consiguió, en septiembre de 2016, un fallo judicial histórico contra la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, que explota una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa, situada en Gerena, Sevilla. Tras ocho años de denuncias, se ha conde
nado en firme a tres exdirectivos de la empresa por delitos contra el medioambiente y daños al dominio público, por contaminar con arsénico un acuífero para consumo humano.
La denuncia inicial, de 2008, consiguió la paralización de la actividad minera durante un año y obligó a la empresa a invertir más de 30 millones de euros en sistemas de depuración que iba a eludir.
Esta victoria debe eliminar la sensación de impunidad que dejó en Andalucía la falta de responsabilidades de la multinacional sueca Boliden, tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998, hace ahora veinte años.
La mina de Riotinto, explotada por Atalaya Mining, lleva tres años incumpliendo la autorización ambiental. Ha eludido la construcción de la planta de espesado de lodos y vierte en presas con una densidad inferior a la permitida, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de las mismas. Las balsas están colmatadas con 80 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que pueden provocar graves consecuencias en las marismas del Odiel y en la costa de Huelva y Doñana.
De nuevo Aznalcóllar
Ahora se está tramitando la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, cerrada en septiembre de 2001, después de la catástrofe. El desastre de la minera sueca Boliden supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, con arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc, que afectaron a 4.634 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar, que desemboca muy cerca del Parque Nacional de Doñana.
En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.
En junio de 1995, Jesús Nieto, responsable medioambiental de la Junta de Andalucía otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de explotación de la nueva corta (explotación) de Los Frailes, desoyendo las advertencias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía. Se permitió el recrecimiento de los muros de una balsa, que ya estaba colmatada por la anterior explotación de la corta de Aznalcóllar, y que albergaba además residuos tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, depositados de manera ilegal.
En enero de 1996, tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desoyeron la solicitud de paralizar la acumulación de residuos en la balsa, tras la denuncia del ingeniero de minas de Boliden, Manuel Aguilar, que alertó de los peligros, grietas que ya existían en los muros, con riesgo de rotura. Ya entonces había filtraciones que contaminaban el río Agrio, tributario del Guadiamar. Estas denuncias fueron corroboradas por técnicos de la Junta, febrero de 1996, en un detallado informe. Nada hicieron para evitar una catástrofe.
Boliden no pagó, pero cobró más de 37,72 millones euros (6.277 millones de pesetas) en subvenciones públicas a fondo perdido entre 1994 y 1999. Todo esto, bajo el compromiso de mantener el empleo de 430 personas. Es decir, alrededor del 60 % de los costes laborales se sufragaron con dinero público. Incluso, llegó a cobrar 1,82 millones de euros, pocos días después de despedir a la plantilla, noviembre de 2001, en un ERE amparado y financiado por el fondo de reptiles del consejero de Empleo, Antonio Rivas, que está siendo juzgado por corrupción. Este dinero fue a parar a un entramado de empresas: Boliden Apirsa, Boliden Limited, Boliden AB y Boliden BV, con sede en España, Canadá y Suecia. Lo ocurrido hace 20 años no ha servido para que las administraciones cambien su actitud.
Desde 2013, cada vez que se acercan elecciones, la Junta anuncia la creación de cientos de empleos en la deprimida comarca de Aznalcóllar, mediante la reapertura de la mina. En febrero de 2015, justo pocas semanas antes de las elecciones andaluzas, de manera precipitada y sin garantías, la directora general de Minas, María José Asencio, resuelve en concurso, otorgar a Minorbis-Grupo México los derechos para realizar labores de investigación y la preferencia sobre futuros derechos de explotación.
En realidad la empresa que participó en el concurso fue Minorbis, empresa creada tres meses antes con un capital social de 3.000 euros. Es una filial de la empresa cordobesa Magtel, pero ni Minorbis ni Magtel han desarrollado nunca ningún proyecto minero, aunque cuentan con buenas relaciones con la Junta.
Multinacional mexicana
A mitad del concurso Minorbis presentó un ‘memorándum de entendimiento’ con el Grupo México en el que la multinacional presta su solvencia a Minorbis. La mesa de contratación del concurso se negó a valorar los desastres ambientales que el Grupo México ha provocado. Desde febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de Coahuila, México, donde siguen sepultados sesenta y tres mineros muertos en accidente, con sospechas de negligencia; en 2014, un vertido de 40.000 metros cúbicos de lixiviados a lo largo de 271,6 kilómetros en la cuenca del río Sonora y la contaminación de 322 pozos de agua potable. Todo apunta que Magtel, a través de Minorbis, actuaron como intermediarios del Grupo México, que así ha eludido ser evaluada.
El concurso minero está investigado por supuesta prevaricación tras la querella presentada contra once cargos de la Junta por la empresa perdedora, Emerita Resources. Pero la Junta ha dado los derechos de investigación y explotación a una nueva empresa creada al efecto, Minera Los Frailes, participada, al mínimo, por Minorbis y mayoritariamente por ACM Mining Iberia, filial española del Grupo México. Un conglomerado de empresas interpuestas para eludir responsabilidades, con conocimiento de la Administración, hasta el punto de que han otorgado a la compañía Minera Los Frailes la concesión 7976 Zona Aznalcóllar, sin evaluación ambiental, a pesar de las afecciones en Zona de Especial Conservación (ZEC), corredor ecológico del Guadiamar.
El proyecto prevé dos graves impactos ambientales: vaciar, durante tres años, las aguas contaminadas acumuladas desde 2001 en la corta minera de Los Frailes, y verterlas en una zona ZEC, vertido que va a modificar y, seguro, contaminará las aguas del corredor ecológico que alimenta Doñana. Y, en fase de explotación, prevén usar la vieja corta de Aznalcóllar como depósito de lodos, como ya se hizo en la catástrofe de 1998. Esto contaminaría el acuífero que aflora a media altura en esa corta minera. El mismo acuífero cuya contaminación provocó la condena por delito ambiental de la empresa Cobre Las Cruces. La Minera Los Frailes ya está efectuando tareas de investigación y el Seprona y la confederación hidrográfica ya han detectado vertidos al corredor ecológico del Guadiamar.
Fuente:https://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/20-anos-castastrofe-ambiental-aznalcollar-donana-medio-ambiente/20180424161336004739.html
«La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada», escribe Miguel Bonasso.
En esta entrevista desde Apurímac, el representante comunal Edwin Huillca explica lo ocurrido ayer debido a un derrame de un líquido de fuerte olor en el corredor minero, la vía que lleva hacia la empresa minera Las Bambas. La entrevista fue realizada por el programa radial Región Informativa que se emite desde Abancay.
Barrick informó esta tarde que suspende por completo la actividad en el proyecto Pascua Lama, el cual analizaba desarrollar de forma subterránea.
En un solo día. En julio del 2014, una offshore de Glencore vendió la mina 
Como es de conocimiento público, en agosto de 2005, 28 personas (campesinos, maestros, periodistas y otros) fueron torturadas en la sede del campamento minero de la empresa Majaz SA, hoy llamada Río Blanco Copper SA. A la fecha, la Fiscalía ha solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad para los autores (efectivos policiales) por delitos de tortura y secuestro agravado.
Desprotegidos. En los últimos cinco años más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en todo el Perú. Así lo informó la especialista en gestión institucional de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Aída Gamboa Balbín.
Dos más. Y enormes. Aunque la empresa y el gobierno de San Juan no lo confirmaron, todo indica que hubo dos nuevos incidentes en la mina Veladero, de Barrick Gold, que llevaron la contaminación en la cuenca del río Jáchal a niveles nunca antes medidos, según denuncia la Asamblea Jáchal No Se Toca. Los análisis de calidad de agua arrojaron que la presencia de metales pesados en febrero fue hasta 28 veces mayor que la que había en la zona tras el histórico derrame de 2015.
La minería no puede ser considerada sustentable, ya que además de quitarle sus tierras y el servicio de agua potable a las comunidades, en ocasiones se convierten en una amenaza mortal para los habitantes y generan ecocidio por los componentes que utilizan, confirmó la arqueóloga Silvia Garza Tarazona, ante las declaraciones que en días pasados realizó el candidato a la presidencia de la República por la coalición «Todos por México», José Antonio Meade Kuribreña, donde confirmó que los proyectos mineros valen la pena porque generan empleos, son compatibles con el medio ambiente y pueden brindar beneficios directos o indirectos a las comunidades.
Francia Márquez es una abogada que, desde hace 15 años, lucha por la preservación del medio ambiente en el departamento del Cauca. Su labor fue premiada este lunes con el premio Goldman Environmental, que se entrega anualmente a los defensores de la naturaleza en todo el mundo.