Mexico

TERRITORIO COMUNAL DEL VERGEL DE BERNALEJO ¡LIBRE DE MINERÍA!

El pasado martes 27 de noviembre, la Asamblea General de Comuneros de la Comunidad “Vergel de Bernalejo”, Municipio de San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato, de manera unánime, determinó no permitir que los proyectos extractivos mineros atenten contra su territorio, sus bienes naturales y su comunalidad. Le apuestan a la preservación de la vida y con ello dan un inédito y gran paso en la lucha por la defensa del territorio en el Estado de Guanajuato, históricamente relacionado con la extracción minera.

Desde la Red Mexicana de las y los Afectados por a la Minería les enviamos todo nuestro reconocimiento y respaldo por este gran acuerdo comunitario que han tomado, con el cual, sin duda, demuestran que las y los habitantes de los pueblos de México son capaces de tomar sus propias decisiones, dirimiendo y discutiendo -con información oportuna y suficiente- sobre aquellas problemáticas que les preocupan, a través de sus estructuras de gobernanza para definir soluciones.

Felicitamos a todas y todos los habitantes de la Comunidad “Vergel de Bernalejo” por sumarse a cientos de comunidades que apuestan por la defensa del territorio y la vida.

 

 

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR A LA MINERÍA

Perú

Yungay: niños con plomo en su sangre y comuneros culpan a minera Coemina

Las autoridades y comuneros del centro poblado de Huaccho, en el distrito de Quillo de provincia de Yungay, en la región Áncash, se encuentran sumamente preocupados por el grave peligro que atraviesa la población, por la contaminación minera de Coemina Sac de presuntamente estar contaminando el agua de los canales de agua que ellos consumen.

 

Dentro de un plan piloto de nutrición que realiza la congregación religiosa Hermanas del Buen Socorro en el Perú se ha descubierto que 46 personas arrojaron altos niveles de plomo en su sangre.

La Comunidad Campesina Virgen del Rosario de Quillo denunció que el 27 de noviembre 63 personas pasaron evaluación médica en el Centro de Salud de Huaccho, de las cuales 46 tienen en su sangre altos niveles de plomo, 27 son niños y tres de ellos se encuentran estado muy crítico.

Los comuneros mencionaron ante las autoridades de la Dirección Regional de Energía y MinasDefensoría del Pueblo y la Fiscalía que la causa probable sería la contaminación que se vendría generando a partir de la actividad extractiva de la empresa minera Coemina Sac, cuyo campamento se encuentra en la cabeza de la cuenca Sechín, muy próximo a la fuente de agua de la cual se abastecen como centro poblado, además han instalado letrinas, cuyas filtraciones van directamente al río que los abastece.

Debido a esta grave situación de contaminación ambiental y daño en la salud de las personas, las entidades mencionadas realizaron una diligencia de constatación en el centro poblado de Huaccho, principalmente en su centro de salud, donde recogieron la información de primera mano, relacionada a la presencia de altos niveles de plomo en la sangre de gran parte de esta comunidad.

Según se conoció a nivel policial, no se descarta la posibilidad de que las comunidades con el apoyo de las autoridades de la zona pretendan ocasionar alteraciones del orden público para exigir que la empresa minera suspenda sus operaciones.

Fuente:http://www.ancashnoticias.com/2018/11/28/yungay-ninos-con-plomo-en-su-sangre-y-comuneros-culpan-a-minera-coemina/?fbclid=IwAR2jOlG8Jyz69Z_xvRZ5XOdd4fpe3yIVdFrp6KBEUeQayFZWvJjaqtnxKl0

Perú

Derrame de relaves de oro en La Joya estaría afectando a pueblo de San José

Una planta procesadora de oro estaría contaminando con desechos químicos al pueblo de San José, ubicado en el distrito de La Joya

Residentes de la zona señalan que esta planta viene contaminando el lugar desde hace algún tiempo con relaves. Asimismo, hasta el momento no han regularizado su autorización y otros documentos que le permitan operar legalmente.

Por otra parte, afirman que esta planta procesadora no cumple con el reglamento vigente para la actividad minera. Está ubicada a no más de 8 metros del pueblo de San José, lo que convierte a este lugar en una zona crítica. Sus pobladores estarían expuestos a contaminarse con los compuestos químicos que desecha la planta, constantemente.

Roberto Inofuente Velazco, asesor de los pobladores, señala que los permisos son solicitados por el gerente de la planta La Joya, Dante Pinto Otazú. Añade que Pinto también forma parte de la consultora COPISAM. El problema es que esta empresa emitió un informe ambiental que dio visto bueno al funcionamiento de la planta.

Asimismo, a pesar de las marchas y huelgas que ya se han realizado, los pobladores no encuentran una respuesta. El gobierno regional ni ninguna otra instancia se ha pronunciado. La gobernadora regional, Yamila Osorio, no se ha manifestado respecto a una reunión que le han solicitado.

 

Fuente:https://elbuho.pe/2018/11/28/arequipa-la-joya-planta-procesadora-oro/?fbclid=IwAR3Co1cXkm3dsRrHEHXewyU8LR0kPXiUESoIdPbQT04gCUzzbVADxgBGWdg

Perú

Perú: Agua y minería en permanente conflicto

En el Perú los principales yacimientos mineros del país se encuentran en las alturas de los Andes donde hay cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica. Uno de esos yacimientos está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del país, que es explotado desde 1993 por Minera Yanacocha, de propiedad de la peruana Buenaventura y la estadounidense Newmont Mining, considerada la mina de oro más grande de Sudamérica.

La llegada de Yanacocha a Cajamarca arrastró una serie de impactos negativos en el suministro de agua, fuente de permanentes conflictos con las poblaciones locales, particularmente en la cuenca del río Grande. El conflicto se agravó cuando a fines de la década de 1990, la empresa intentó expandir sus operaciones para extraer el oro que se encuentra debajo el Cerro Quilish, origen de diversas fuentes acuíferas que abastecen a la ciudad de Cajamarca, la capital departamental.

Con el objetivo de proteger el acuífero, el gobierno municipal de Cajamarca declaró en el 2000 al Cerro Quilish como “Zona Reservada y Protegida” basándose en estudios técnicos-ambientales que señalaban que el lugar es un colchón o esponja natural de agua por la existencia de pastos altoandinos cuya función es amortiguar y retener el agua, facilitando la infiltración. Asimismo, indicaba que en el Cerro Quilish se ubican las nacientes de las subcuencas hidrográficas de los ríos Grande y Porcón, las cuales se verían afectadas inevitablemente por la explotación minera.

Pero esto no frenó a Yanacocha que impuso recursos de amparo, logrando en el 2003 que el Tribunal Constitucional la autorizara a explorar y explotar la zona “previo estudio de impacto ambiental”. En el 2004, masivas protestas lograron que el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) revocara una resolución otorgada a Yanacocha para explorar el Cerro Quilish.

En el proceso de agotamiento de sus diferentes yacimientos, la empresa decidió ampliar la explotación aurífera en Cajamarca. En el 2008, luego del intento frustrado por explotar el Cerro Quilish, Yanacocha fue por Conga, un proyecto calculado en US$4.8 millardos que tenía previsto extraer 350,000 onzas de oro y 120 millones de libras de plata al año, metales que se encuentran debajo de cuatro lagunas en el sureste del departamento.

El caso Conga

La nueva pretensión de Yanacocha volvió a chocar con la población de Cajamarca que en octubre del 2011 se levantó contra el proyecto que afectaría cinco cabeceras de cuenca y un páramo, y pondría en peligro las fuentes de agua. Yanacocha proponía trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales.

El estudio de impacto ambiental, que había sido aprobado de manera expedita un año antes por el gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), tenía grandes vacíos incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.

Julia Cuadros, economista de CooperAcción, organización no gubernamental que monitorea la industria minera, explicó a Noticias Aliadas que “las lagunas cumplen un servicio ambiental, de captación y redistribución del agua; implica cantidad, calidad y disponibilidad del recurso. No es posible reemplazar un sistema natural por uno artificial, así este tenga más agua. Lo que hay que proteger son las zonas de recarga hídrica. Conga es una muestra de todo lo que no se debe hacer”.

La decisión del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) de impulsar Conga —contra lo que prometía en su campaña electoral de que priorizaría el agua sobre el oro— y de imponer estado de emergencia en Cajamarca para controlar las movilizaciones contra el proyecto y abandonar el diálogo, ocasionó la radicalización de las medidas de fuerza en Cajamarca con la convocatoria a una huelga indefinida desde el 30 de mayo del 2012. Cinco personas murieron en choques con la Policía y el Ejército.

Aunque el proyecto se encuentra suspendido indefinidamente ante la falta de licencia social, Yanacocha no dejó de acosar a defensores de las lagunas donde se explotaría Conga. Entre el 2011 y el 2017, policías y agentes privados contratados por la empresa destruyeron varias veces la vivienda y los cultivos de la campesina Máxima Acuña, en un intento por desalojarla de su propiedad ubicada cerca de la laguna de Sorochuco, una de las cuatro que destruiría el proyecto minero, y que la minera reclama como suya.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Acuña, quien además recibió en el 2016 el prestigioso premio medioambiental Goldman, que se entrega a defensores del ambiente de todo el mundo, se informó a INFOREGIÓN.

Las mineras en el Perú pagan muy poco por el agua que consumen. Una investigación realizada por el portal Ojo Público en setiembre del 2017 reveló que Yanacocha, junto con otras nueve empresas mineras que operan en el Perú, están autorizadas para usar un máximo anual de 302,442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos en sus operaciones, pagando una compensación de 0.27 soles (US$ 0.08) por metro cúbico consumido. Sin embargo, ocho de esas empresas —incluyendo a Yanacocha— no cumplen con pagar por el uso de agua y deben un total de 1.6 millones de soles [$475,000] al Estado.

Mineras no pagan por uso de agua

CooperAcción identificó en su estudio “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” la existencia de graves problemas en la asignación de derechos, permisos y licencias de agua en las cuencas en las que la minería compite con otros usuarios, como poblaciones rurales, centros poblados y hasta capitales regionales. La investigación, publicada en el 2017, profundizó los casos de la gestión de agua en cuencas de Cajamarca y Cusco.

Para el caso de Cajamarca, el estudio se focalizó en la cuenca del río Grande, dentro del área de influencia de Yanacocha, encontrando que “la actividad minera tiene impactos en el agua subterránea, el caudal del río Grande y en manantiales y quebradas. El drenaje del recurso en la cuenca y la extracción de agua subterránea son causales directos del descenso del nivel freático de manera permanente; para mitigar este efecto minera Yanacocha bombea continuamente agua subterránea, que es transferida como superficial a los actores ubicados aguas abajo”.

Según Carlos Monge, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute, “no hay información actualizada sobre la oferta de agua por cuenca, pues se siguen utilizando datos de fines de la década de 1970; no se puede acceder fácilmente a la información actualizada sobre derechos, permisos y licencias otorgadas a los diferentes usuarios por cuenca y a lo largo del tiempo —cosa que sí es posible hacer con las concesiones superficiales de tierras para exploración y explotación minera—; las normas sobre minería le aseguran a estas empresas la dotación de agua asignada originalmente, mientras que los demás usuarios deben adaptarse a la variación de los volúmenes disponibles”.

“Las instancias intermedias y locales de la Autoridad Nacional del Agua [organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y encargado del aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas] son débiles frente al poder de las grandes empresas mineras y carecen de capacidad real de monitorear el consumo efectivo de agua en cada cuenca, fuera de algunas cuencas que sí tienen la infraestructura para hacerlo”, agregó Monge en un artículo reproducido por la organización ambientalista Grufides.

Además, agregó que “los estudios de impacto ambiental son insuficientes para evaluar el impacto que las actividades mineras tendrán sobre las cuencas y el monitoreo que de ellos se desprende no toma en cuenta todos sus impactos reales”.

Fuente:http://www.inforegion.pe/255604/peru-agua-y-mineria-en-permanente-conflicto/?fbclid=IwAR3CiP-awgonlGJ-CSdAukpRBmgtHFNeDfKr-_ags9x3STWFp7WaWSUeRXk

Argentina

Uno de los temas del G20 sería el uranio de Chubut

Vaca Muerta, centrales nucleares patagónicas y la minería del uranio en Chubut estarán entre los principales ejes en las negociaciones que mantendrá el presidente Mauricio Macri con sus pares de Estados Unidos, China y Rusia. En la reunión del G20 buscará confirmar el desembarco de inversiones para la Patagonia en esos tres sectores estratégicos.

 

Conseguir que chinos, estadounidenses y rusos concreten el desembarco de sus inversiones en la Patagonia es una de las prioridades de Macri para la cumbre del G20 en la Argentina. Obtener esos compromisos bilaterales le permitiría reflotar la hasta ahora fracasada idea de la “lluvia de inversiones” para un año que se presenta absolutamente contractivo para la economía y la industria en medio de la carrera electoral con vistas a octubre de 2019.

Según publica El Extremo Sur, la prioridad de la gestión de Cambiemos es que Estados Unidos juegue fuerte en Vaca Muerta, particularmente en el terreno tecnológico y de infraestructura para el transporte, y allí focalizará las conversaciones con Donald Trump, quien comanda las mayores experiencias del fracking mundial originadas desde Texas.

También quiere sumar a los inversores orientales en el mega yacimiento de shale y hasta se especula que podrían incorporarse capitales de Europa del Este. Resolver el cuello de botella hacia el que inexorablemente se encaminan los hidrocarburos no convencionales es una desesperación en la gestión macrista.

NUCLEARES Y REPRESAS

Con el primer mandatario chino Xi Jinping, Macri quiere avanzar en las demoradas dos centrales nucleares –una en la Patagonia rionegrina– que acordó construir a través del Memorándum de Entendimiento rubricado a principios de año.

Los capitales orientales están entusiasmados con la posibilidad de desarrollar la tecnología nuclear en la Argentina y posicionar al país como uno de los pilares del desembarco chino en Latinoamérica.

Pero los inversores chinos también aspiran a que se los habilite a construir las dos represas en Santa Cruz, que han quedado en stand by como consecuencia del ajuste y el déficit, y la apertura en el sector de las energías renovables; a cambio la administración del líder chino posibilitaría otro swap (intercambio de monedas) por 8.500 millones de dólares que se sumará al ya existente por 11.000 millones de dólares.

Menos difundida en los días previos al inicio del G20 están las conversaciones con el primer ministro ruso Vladimir Putin. La administración del ex vicealcalde de San Petersburgo e integrante del servicio de espionaje de la KGB tiene especial interés en desembarcar en la Meseta Central chubutense para la exploración y explotación de los enormes reservorios de uranio, y no se descarta que también la Federación Rusa se sume a la construcción de una central nuclear en el país.

Tras la firma con Rusia en enero de este año del denominado “Memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio”, Vasily Konstantinov –titular de la empresa estatal rusa Uranium One Group– sostuvo que Argentina “puede tener una Vaca Muerta en uranio” y así lo entiende la gestión de Macri quien buscaría avanzar a fondo con Putin sobre esta temática.

Las negociaciones bilaterales de Macri en el G20 se centrarán en estos tres aspectos mencionados, pero no debe perderse de vista que el estadounidense Donald Trump no tiene intenciones de que Macri firme con China y Rusia acuerdos en rubros y sectores estratégicos que terminarían quedando en manos de inversores de sus dos principales potencias competidoras.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42271-uno-de-los-temas-del-g20-seria-el-uranio-de-chubut

Guatemala

El extractivismo tiene quien lo enfrente en América Central y el Caribe

Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre se realizó en Guatemala, el V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.
Hubo participantes de 12 países y tuvo como tema principal la “Manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo”. La intención fue discutir y analizar los actuales procesos de instrumentación de la consulta a las comunidades. En el encuentro se dio lectura a una declaración pública de las organizaciones partes del M4, en la cual califican de farsa la consulta cuando es montada desde los gobiernos y las empresas corporativas y se distorsiona el espíritu de la buena fe de la consulta como está incluido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
Participan Lilian Ruíz del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) y Francisco Rocael de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH).
Producción de Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor de Panamá.
Colombia

Posconflicto y Medio ambiente, un saldo negativo

El 7 de agosto de 2010, en el discurso de posesión, Juan Manuel Santos señaló que el medio ambiente sería un objetivo central de su gobierno. Ese día, en la mañana, viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta donde se reunió con líderes y representantes de la comunidad indígena Tayrona. En un acto simbólico, los “Mamos” le entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras: tierra, agua, naturaleza y buen gobierno, que harían parte integral de la administración que comenzaba.

El 24 de noviembre de 2016 se firmó, entre el gobierno de Santos y las Farc, el Acuerdo Final de Paz, que contiene los puntos y acuerdos que contribuirán a sentar las bases de una paz estable y duradera. El punto de la Reforma Rural Integral tendrá en cuenta el principio del “desarrollo sostenible”, es decir, la reforma será socio-ambientalmente sostenible y demanda de la protección y promoción del acceso al agua y la protección de los ecosistemas.

Llevamos 8 años de debate ambiental. La lista es larga: el futuro del páramo de Santurbán al convertirlo en reserva regional, el fallo de la Corte Constitucional sobre el Parque Nacional Natural Yaigojé, las prioridades en la agenda para la conservación de la Amazonía, el colapso ambiental del río Magdalena, la construcción de hoteles en áreas protegidas del Parque Natural Tayrona, el monocultivo de palma africana que está destruyendo la selva húmeda y amplificando los efectos del cambio climático; el contrato de Cerro Matoso que garantiza la explotación a perpetuidad a la BHP Billiton, el proyecto hidroeléctrico Ituango, la explotación de petróleo y su posible relación con la fuerte sequía en los Llanos Orientales, la deforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta y la selva del Amazonas, la minería ilegal en el Pacifico colombiano y el reconocimiento de la Corte Constitucional del río Atrato como sujeto de derechos.

Afirman los expertos que la deforestación es uno de los más graves problemas que enfrenta el país de cara al presente y el futuro. En el tema de la política ambiental y deforestación, investigadores como Juan Pablo Ruíz Soto, Julio Carrizosa Umaña y Manuel Rodríguez Becerra han llamado la atención sobre la alarmante cifra de 220.000 hectáreas deforestadas en Colombia en los tres últimos años. Sobre la minería ilegal han venido esbozando que no es casualidad que el mapa del conflicto armado haya coincidido con el de la minería ilegal. Consideran que la minería artesanal no se ha terminado de organizar y es casi imposible separar a este sector de la minería en manos criminales. Sobre la delimitación de páramos han sostenido que es una labor urgente del Ministerio de Ambiente para que sean excluidos de la minería y de la extracción de hidrocarburos.

 

Fuente:https://www.proclamadelcauca.com/posconflicto-y-medio-ambiente-un-saldo-negativo/

Argentina

Foro Ambiental y Social de la Patagonia intervino charla prominera en Comodoro

El viernes 23 de noviembre, Pan American Silver expuso, a un grupo de empresarios de Comodoro Rivadavia en la Expo de la Industria y el Comercio, sus necesidades de servicio para el caso de que fuese aprobada la zonificación minera. Lo llamativo es que la convocatoria e invitaciones cursadas parecen haber sido secretas, a tal punto que la charla no figuraba en el programa de la Expo. El FASP intervino en la charla y expresó el rechazo de los comodorenses.

Aunque la exposición se dio en el marco de la Expo de la Industria y el Comercio no aparece en el cronograma oficial de actividades, las invitaciones se cursaron de manera personal. Dado que la Expo comodorense es un evento abierto, miembros del Foro Social y Ambiental estuvieron allí y expusieron el rechazo a la zonificación minera en Chubut.

La invitación de Pan American Silver  no aparecía en el cronograma oficial de la 5° Expo de la Industria y el Comercio que se desarrolla con gran convocatoria en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, se cursó a un grupo de empresarios de la ciudad. Allí se adelantaba  que el viernes 23 de noviembre  a las 19:30 horas habría una reunión con referentes de la empresa.

“Es la presentación formal donde  explicarán su proyecto y sus futuras necesidades  de servicio, en caso de aprobarse la extracción minera en la provincia”.

 La presencia del FASP

El Foro Ambiental y Social de la Patagonia expuso el rechazo al intento de seducir con megamineria a los empresarios de la zona y a través de sus redes sociales informaron que se pretendió evitar que escuchen la propuesta de Pan American Silver. Reproducimos el relato del foro.

“En Comodoro Rivadavia tampoco avalamos la megaminería.

Pan American Silver y unos pocos interesados por el proyecto Navidad también se enteraron que acá también nos oponemos a su actividad contaminante y saqueadora.
Quisieron echarnos “porque no fuimos invitados” pero por supuesto no se acordaron que la Expo de la Industria y el Comercio es un evento abierto al público.

Lo raro es que PAS no aparece en ningún programa de expositores…. Aunque intenten comprar con mentiras a sectores de nuestra sociedad y encima a escondidas no se olviden que en nuestra provincia su actividad además de ilegal es ¡ilegítima!”.

 

Fuenrte:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42253-el-foro-ambiental-y-social-de-la-patagonia-intervino-una-charla-prominera-en-comodoro

Latinoamerica

Los gobiernos de América Latina esclavos del destino extractivo exportador

En la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) realizada el 20 de noviembre en Lima, Perú, se reunieron las autoridades del sector minero de varios países de América Latina y el Caribe para discutir las “oportunidades y desafíos” de la región. En este evento, una vez más se evidenció que los gobiernos siguen encasillando a la región hacia un único destino como exportador de naturaleza. En el desarrollo de la jornada se reconoció que los principales desafíos ambientales son la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats. No obstante, ellos sostienen que la solución para una “gestión sostenible” se lograría promoviendo el diálogo y participación “informada y transparente”. Esta propuesta reduce la resolución a la mera persuasión de las minorías e invisibiliza el hecho de que la falta de sustentabilidad es un atributo intrínseco a cualquier actividad de extracción de recursos no renovables.

El día 20 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en donde autoridades del sector, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe, abordaron lo que ellos consideran las “oportunidades” y “desafíos mineros” para un desarrollo “más sostenible” en la región.

Asistieron al encuentro ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estuvo presente Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina y presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Una de las exposiciones más importantes de la conferencia estuvo a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien presentó un estado de situación de la minería y postuló estrategias para la sustentabilidad.

Bárcena describió el contexto actual como caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, así como también por tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica, un incierto futuro laboral, una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios y una amenaza de cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético.

“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.

El discurso de Bárcena, invisibilizó el hecho de que en varios países de América Latina hoy comienza a debatirse la posibilidad de una transición y la salida del extractivismo. Como bien explica el libro 15 Mitos y realidades de la minería transnacinal en la Argentina (2011):

“Existen ciertos acuerdos que hoy recorren las discusiones sobre el extractivismo en América Latina (Svampa, 2011). El primer acuerdo se refiere al momento crucial que vive la humanidad, esto es, a la gravedad de la crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática) lo cual reclama la necesidad de implementar alternativas superadoras, tanto en lo que se refiere a los modelos de producción vigentes como a los patrones de consumo masivo. El segundo acuerdo se refiere a la paradoja latinoamericana, que marca la coexistencia de gobiernos progresistas (Año 2011) con una cierta vocación de transformación social con modelos extractivistas, basados en la apropiación y destrucción de los bienes naturales. (…) El tercer acuerdo, inextricablemente ligado a lo anterior, se refiere a que un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo reinante, y que por ello mismo es necesario pensar y elaborar alternativas al desarrollo.”

Bárcena, en cambio, desde su mirada productivista expresó que las “oportunidades” se basan en que “la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc”, pero lamenta que “en los últimos años ha perdido terreno en la explotación del cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina.”

Esta concepción que fomenta la extracción de los recursos hasta el agotamiento, dista mucho de aquella de quienes observamos el rotundo fracaso del modelo de desarrollo minero. Un claro ejemplo, es lo ocurrido con el yacimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca y otros cientos de casos en todo América Latina.

En el afán de consumir y agotar rápidamente los bienes comunes presentes en la corteza terrestre, Bárcena detalla que, “la exportación de materias primas mineras casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).”

Además, sabemos que los beneficios de la minería en los países donde se extraen los minerales no contribuyen al desarrollo del país, sino que “el resultado es una ecuación financiera asimétrica entre ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias.” (Colectivo voces de alerta, 2011)

Incluso la propia Bárcena confirma este argumento cuando explica que “el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores.”

Bárcena agrega que, más allá de la promoción de los proyectos mineros, “se advierte una caída de la inversión extranjera directa en los últimos cinco años” lo cual promete un “crecimiento para 2018 impulsada por la minería de cobre en Chile y Perú.”

La secretaria también señaló que “persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.” Estas afirmaciones demuestran que el repudio de las comunidades es presentado y reconocido como un obstáculo que deben enfrentar las instituciones que fomentan la minería.

Desde el CEPAL promueven un modo de gestión, mediante una “gobernanza de los recursos naturales,” es decir, interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados. Esta interacción es de apariencia más democrática, y afirman “que permite un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales; y promueve un diálogo y participación con múltiples actores de manera informada y transparente”. No obstante, esta idealización de la realidad no resolvería de ninguna manera la falta de sustentabilidad debido a que se trata de un atributo intrínseco de esta actividad extractiva.

Finalmente, también admiten que se “debe impulsar el cambio estructural progresivo” que según el modelo propuesto, incluiría mecanismos fiscales de estabilización, mejoraría la relación de la minería con su entorno ambiental y social, promovería la integración regional, etc.

Esta búsqueda de cambios estructurales para la actividad, demuestra que ellos mismos admiten que el modelo que hace años promueven como salvación para Latinoamérica es de hecho ineficaz y dañino para el ambiente y las economías locales.

Bibliografía:

Colectivo Voces de Alerta, (2011), 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Argentina: El Colectivo y Ediciones Herramienta.

Svampa,M., (2011), Extractivismo neodesarrolista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42258-los-gobiernos-de-america-latina-esclavos-del-destino-extractivo-exportador

Venezuela

El arco minero indígena en la Guayana venezolana

Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y, en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes (disponible en la web).

En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir las leyes.

Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro, ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían con su labor minera en la Gran Sabana.

El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.

Arco minero indígena en el área de influencia del Parque Nacional Canaima

El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.

Mina de Campo Alegre (10 kilómetros al suroeste de San Ignacio de Yuruaní, Gran Sabana), activa desde hace unos 10 años, con una superficie actual de 81 hectáreas (imagen tomada de Google Earth)

La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina y Parima-Tapirapecó).

El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de Venezuela.

Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón, minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.

Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999), la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela.

Linderos aproximados del Arco Minero del Orinoco (línea negra) y su relación con los territorios indígenas

No se puede seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los acompañen en esta y en las próximas generaciones.

@jrlozada61

Fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388