Por tercera vez, un juez de Neiva invalidó un acuerdo que restringía la minería de gran impacto en sus territorios, abriendo una polémica entre el poder ciudadano y las competencias territoriales para determinar los usos del suelo.
La nulidad del Acuerdo 036 de 2016 que prohibía expresamente la construcción de represas y la megaminería a gran escala en Pitalito puso en vilo la vigencia de medidas similares adoptadas en la mayoría de los municipios del centro y sur del Huila.
La decisión adoptada el jueves pasado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, revive la controversia y deja en suspenso la legalidad de los acuerdos aprobados desde el 2016 en los municipios de Oporapa, Elías, El Agrado, El Pital, Timaná, Íquira, Acevedo, Isnos, Altamira y San Agustín, entre otros.
Además, se reabre el debate sobre la viabilidad de las consultas populares autorizadas por el Tribunal Administrativo en Iquira y Oporapa con el mismo propósito. Sólo falta la financiación para su realización.
Y desde luego la legitimidad del movimiento ‘No más represas” que lidera el gobernador Carlos Julio González, los alcaldes de esas localidades y varias organizaciones sociales.
Tesis central
Según el juez Tito Alejandro Rubiano, los recursos naturales y el medio ambiente no se protegen con un acuerdo. “Por eso para el juzgado resulta nulo por falta de competencia, porque violó normas de superior rango”, anotó.
“Prohibir el montaje de una represa no se puede hacer a través de un acuerdo. En este caso lo debe hacer el legislador, quien ya distribuyó las competencias y en ese sentido debe haber la concurrencia”, explicó el funcionario al fallar el primero de los tres procesos que le correspondieron por idénticos hechos.
El funcionario tendrá que resolver en las mismas condiciones la legalidad de los acuerdos expedidos por los concejos de Altamira, Isnos y San Agustín. En principio, estos acuerdos correrán la misma suerte.
Según el juez administrativo, “cuando se trata de explotación de recursos naturales los concejos no cuentan con una atribución expresamente asignada”.
“Aunque los concejos tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo, no pueden prohibir de manera absoluta las actividades minero-energéticas en todo el territorio. Esas actividades por expresa disposición legal, están sometidas a reserva de ley”, aseguró el togado.
“Mantener los efectos de dichos acuerdos permitiría que las autoridades locales limiten una actividad de utilidad pública e interés estatal”, reforzó Carlos Alberto Álvarez Pérez, abogado del Ministerio de Minas.
Otros casos
Con similares argumentos, el Tribunal Administrativo del Huila ahogó el 15 de marzo el Acuerdo 007 de 2017 aprobado por el Concejo de Íquira, para frenar el proyecto de exploración petrolera impulsado por la multinacional Telpico.
Sin embargo, por iniciativa de la propia ciudadanía fue avalada y autorizada la primera consulta popular sobre la restricción de la exploración petrolera en una zona altamente sensible por su biodiversidad.
Luego la misma corporación hundió con la misma artillería jurídica el Acuerdo 009 aprobado por el Concejo de El Pital, aprobado en las sesiones del 24 y 31 de mayo de 2017.
“Los acuerdos municipales deben expedirse para atender justamente las funciones que en dichas disposiciones se indican, dentro de las cuales no está la de restringir ciertas actividades relacionadas con proyectos hidroeléctricos, explotación de hidrocarburos y mineros a gran escala”, explicó el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.
“Esa prohibición y restricción implica una modificación de los usos del suelo y conlleva a su vez la modificación del estatuto de ordenamiento territorial pasándose por alto los procedimientos previos que se requiere como la concertación, consulta y aprobación ciudadana”, anotó.
“En todo caso- precisó-, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana”. Esa debe ser en su opinión, la regla de oro. La decisión con seguridad originará movilizaciones ciudadanas.
Apuntes claves para el debate
El nuevo fallo, sin duda, abre un gran debate sobre las competencias territoriales para determinar los usos del suelo, basados en pronunciamientos que han hecho los altos tribunales.
La Corte Constitucional ha reiterado que los entes territoriales tienen la competencia para regular los usos del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
En su criterio, los alcaldes y gobernadores tienen la competencia para intervenir en estos asuntos, amparados en los principios de autonomía y descentralización. Esta facultad había sido despojada, incluso a las propias corporaciones autónomas regionales y el trámite y aprobación estaba en cabeza exclusiva de las autoridades nacionales.
Igualmente la Corte considera que ninguna autoridad del orden nacional puede decidir en el ámbito local excluyendo a quienes reciben directamente los impactos de una actividad minera y que el principio de autonomía territorial se manifiesta en la competencia que tienen las entidades territoriales para reglamentar los usos del suelo en sus regiones y la a garantía de la protección del medio ambiente.
Por su parte el Consejo de Estado señaló recientemente que los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y, por lo tanto pueden acudir a la ciudadanía para solicitar su consentimiento o no para el desarrollo de las actividades minero-energéticas en sus regiones.
Pero además, están obligados por ley a realizar las consultas populares cuando estas actividades como la explotación minero energética afecten de manera significativa las actividades tradicionales de su territorio.
Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/09/23/agua-o-mineria-una-cruda-controversia/
En cinco años, la importación boliviana de mercurio con fines mineros creció 20 veces, según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). No obstante, el país se comprometió -con la firma de la Convenio de Minamata- a reducir el uso del metal pesado.
La postura del Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a los proyectos mineros, en la que propuso someter a consulta pública el tema, no era la esperada por el presidente de la Asociación SOS, Armando Sánchez.
El Alto Tribunal acogió los argumentos de la Minera que pedía tumbar el fallo que la condenó en el 2017.
La Sala Plena de la Corte Constitucional deberá resolver dos impedimentos en medio de la discusión sobre el futuro de las consultas mineras que inicia en el Alto Tribunal.
El pasado lunes 10 de Septiembre Pablo Lada, vecino de Trelew e integrante de la Asamblea de esa ciudad, la UACCh y el Movimiento Antinuclear de Chubut, fue invitado a brindar una charla a trabajadores de distintos gremios. El evento se enmarca en un contexto de varios meses de intensos conflictos sindicales y políticos así como de un creciente posicionamiento público por parte de agrupaciones y referentes sindicales en rechazo a la entrega de la provincia al saqueo y la contaminación de las transnacionales megamineras.
SIGUATEPEQUE, Comayagua. La tranquilidad de aproximadamente 370 pobladores de la comunidad de El Socorro de La Peñita fue interrumpida al llegar la información que de cierta cantidad de propiedades se estaría extrayendo el mineral barita, la incertidumbre se profundiza porque según los nativos es realidad porque hay firmada una concesión que durará 40 años.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el tema de la minería será el pueblo quien decida. Al igual que sucediera con el Nuevo Aeropuerto en la capital del país, el tabasqueño manifestó que será el pueblo quien determine mediante consulta ciudadana si la actividad minera se desarrolla o no en suelo sudcaliforniano.
El nuevo directorio de la Asociación de Regantes de Oruro a la cabeza de su Presidente Francisco de la Cruz Herrera, emitió un voto resolutivo en el que se declaran en estado de emergencia por los problemas de escasez y contaminación del agua que están viviendo en el departamento de Oruro, a la vez exigen que las empresas mineras deben mitigar, remediar y reparar los daños ocasionados por la contaminación, exigen a las autoridades se dé prioridad al cuidado y preservación de las fuentes de aguas y se promulgue de la Ley “Agua para la Vida” además una ley de protección de las áreas agro ganaderas que se encuentran bajo riego.
Un reciente libro que estudia a profundidad el conflicto de Las Bambas fue presentado la noche del miércoles por CooperAcción. Se trata de “Gobernanza y gobernabilidad: el caso Las Bambas”, del abogado y especialista en conflictos socioambientales, Leonidas Wiener. El libro muestra, a partir del caso Las Bambas, cómo los conflictos sociales se relacionan con la falta de equilibrios adecuados entre los intereses de los diversos actores involucrados en los modelos de gobernanza que se aplican a las actividades extractivas.