Nicaragua

Empresa minera aprovecha crisis en Nicaragua

En medio de la crisis socio política que afronta Nicaragua la empresa minera «Cóndor Gold» aprovecha un supuesto tráfico de influencias, vacíos legales y logra obtener el permiso ambiental para continuar explotando los bienes naturales en la comunidad Santa Cruz de la India.

Ante esta situación la población de la comunidad de Mina La India, no reconocen el dudoso proceso de audiencia pública realizado por la empresa Cóndor Gold, en el que pretende validar la apertura de un tajo a cielo abierto aproximadamente a 600 metros en la zona, mismo que pondría en riesgo la seguridad de las familias que habitan actualmente en la zona.

“Una vez más la población de Santa Cruz de la india, no se rinde ni se vende, por eso decimos: fuera Cóndor Gold, nuestra conciencia es más fuerte a promesas falsas”, manifiesto Olman Varela representante del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial -MONAFMI.

A pesar del rechazo de la comunidad mostrado ante el proyecto minero, la empresa minera ha recibido el permiso ambiental por parte de las autoridades nicaragüenses para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2,800 toneladas por día, autorización considerada poco transparente por la comunidad.

En su oportunidad Heizel Torres oficial de minería del Centro Humboldt denuncio que el gobierno de Nicaragua modificó las normas ambientales en beneficio de las empresas mineras, con la eliminación de los procesos de estudio para el impacto ambiental, como se evidencia en este caso de la Mina la India.

Este acto arbitrario que ha realizado el gobierno violento el debido proceso que debe gozar la comunidad en establecer una consulta previa libre e informada y con consentimiento o no de la nuestra comunidad ante un proyecto extractivo que atenta contra la salud y los ecosistemas en la localidad.

En consecuencia, la población de Santa Cruz de la india, ha expresado su rechazo de la aprobación del permiso ambiental otorgado a la empresa minera Cóndor Gold y reiteraron la salida inmediata de esta empresa de la comunidad, emitido en un pronunciamiento público.

La resistencia de la comunidad Mina la India data desde el año 2015, desde que la empresa extractiva invadió la zona provocando un conflicto social entre los pobladores y la empresa misma, suscitándose enfrentamientos de protestas pacíficas, marchas masivas hasta persecución y criminalización de defensores ambientales por parte de las autoridades locales por órdenes de la compañía.

El conflicto social y ambiental ha trascendido a las instancias internacionales ante la denuncia interpuesta por MONAFMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron que han sido son objeto de amenazas y hostigamiento por defender sus comunidades, dicha petición se produce frente a la falta de una resolución interna a la problemática por parte del Estado nicaragüense.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=284:empresa-minera-aprovecha-crisis-en-nicaragua&catid=19:nicaragua&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Honduras

Pobladores se tomaron la carretera internacional CA-4 en la Unión, Copán

Pobladores del municipio de La Unión, Copán, se tomaron esta mañana la carretera internacional CA-4 que comunica con las fronteras de El Poy y Agua Caliente, en Ocotepeque, como medida de presión para que se desaloje al grupo de personas que impide que la empresa Minerales de Occidente (Minosa) extraiga oro en la zona.

 

La toma carretera se localizó exactamente a la altura del desvió hacia La Unión, a unos 40 kilómetros de Santa Rosa de Copán.

Para frenar el paso, los manifestantes colocaron llantas en diferentes puntos de la carretera y luego les prendieron fuego.

Algunos delos pobladores eran empleados de la minera y aseguraron que seguirán intensificando las protestas, ya que la minera ha amenazado con retirarse de este municipio.

Hace casi tres meses, una parte dónde la Minosa extrae oro, fue tomada por otros pobladores, quienes se opusieron a los trabajos de la mina.

Debido a la toma de esa fecha, Minerales de Occidente ha logrado trabajar en un 30 por ciento, por lo que suspendió a unos 200 empleados de la compañía por pérdidas económicas y no descarta cerrar operaciones en Honduras.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=283:poblaodres-se-tomaron-la-caerretera-internacional-ca-4-en-la-union-copan&catid=18:honduras&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Mexico

Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/caso-de-el-coronel-evidencia-la-impunidad-con-que-opera-la-industria-minera-academico/

Perú

La carretera de Las Bambas: así es como una mala gestión ambiental propicia los conflictos

¿Cómo así nació el hoy famoso corredor vial minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa? ¿Cómo así el mineroducto, que era el medio elegido inicialmente para el transporte de los concentrados mineros, fue reemplazado por una carretera que ya ha causado más de un conflicto?

Una revisión exhaustiva de los cambios ocurridos en los estudios ambientales de Las Bambas en lo referido al transporte de concentrados, nos permite entender muy claramente que son las debilidades de la institucionalidad ambiental, tanto en la certificación como en la fiscalización,  el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales en este caso.

Para entenderlo, reconstruyamos la historia desde el inicio. Este artículo resume algunos de los principales elementos del informe “El transporte de concentrados e insumos de Las Bambas y sus problemas e irregularidades”, publicado por CooperAcción.

 

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial del proyecto Las Bambas, aprobado el año 2011, se señalaba que el transporte de concentrados de molibdeno y cobre se haría por mineroducto y el transporte de los suministros se realizaría por carretera, la misma que iría paralela al mineroducto, teniendo como recorrido: Las Bambas (Apurímac) hasta la mina Tintaya (Cusco) donde se ubicarían las plantas de filtros y molibdeno las cuales  se iban a utilizar  para completar el procesamiento del mineral. En el EIA se determina el área de influencia ambiental y social del mineroducto, se describe su línea de base ambiental: geomorfología, suelos y capacidad de uso mayor de tierras, hidrología, calidad de agua, calidad de aire, ruido, flora y fauna, comunidades, situación socio-económica. A partir de ello, se  identifica los impactos del transporte sobre cada uno de los componentes mencionados y las medidas de prevención y mitigación y compensación de daños, las que son incluidas en el plan de manejo y de monitoreo.

El 29 de agosto de 2013 mediante R.D. 319-2013-MEM-AAM, se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a través del cual se solicitó el traslado las plantas de filtros y molibdeno, de Tintaya (Cusco) a Apurímac (Las Bambas). El ITS tiene un procedimiento de evaluación de tan solo 15 días hábiles que fue regulado el año 2013, mediante D.S. 054-2013-PCM. El cambio de ubicación de las plantas de filtros y de molibdeno implicaba en la práctica un cambio en el medio de transporte de los concentrados, puesto que en adelante todo el procesamiento de los minerales se llevaría a cabo en la zona de Las Bambas. Sin embargo, el uso del mineroducto se mantenía en suspenso.

En marzo del 2014 se presentó la solicitud para la segunda modificatoria al EIA. Tenía como objetivo adicionar componentes auxiliares, actualizar el sistema de manejo de aguas y la información de línea de base ambiental y social e identificar los impactos que pudieran ocasionar los cambios planteados. En el documento presentado inicialmente no se hizo mención al cambio de modalidad del transporte de concentrados. Por el contrario, en el resumen ejecutivo se señala que “el acceso regular al área de la mina del Proyecto se mantiene igual al propuesto en el EIA”.

Como inicialmente no se planteó un cambio en la forma y ruta del transporte de concentrados, esto llevó a que en las opiniones técnicas, no se incluyera la opinión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y que tampoco  este tema  estuviera incluido en el proceso de participación ciudadana.

Sin embargo, posteriormente, en la etapa de formulación de observaciones, la autoridad ambiental (para el caso, el Ministerio de Energía y Minas, MINEM) pidió al titular minero que le  informe sobre  los cambios que haría en la forma del de transporte. De ello se da cuenta en la R.D.559-2014-MEM-DGAAM, del 17 de noviembre de 2014, que aprueba la segunda modificatoria del EIA, donde se señala que “el titular deberá detallar los posibles cambios o actualizaciones de la información en general (como el transporte, el plan de manejo, puntos de monitoreo entre otros) de las otras áreas aprobadas”.

Ante ello, el titular minero presenta  un escueto levantamiento de observaciones en setiembre de 2014, en donde indica la ruta del transporte y el número de camiones que utilizará sin dar mayor detalle.  La autoridad ambiental minera mantiene la observación, por lo que  la empresa tuvo que presentar  “Información Complementaria” en octubre de 2014, un mes antes de que se apruebe la segunda modificación del EIA.  En ella se señala que el transporte de concentrado de molibdeno y cobre será bimodal: se realizará por camiones desde Las Bambas hacia la estación de transferencia de Pillones (por un tercero) y desde allí, por vía férrea hasta el puerto de Matarani. Se precisa que queda postergada la construcción del mineroducto por un plazo indeterminado y que la ruta a utilizar es de acceso público; se indica que la flota de camiones consistirá “en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, además de más de 60 vehículos que abastecerán insumos”. Los camiones serán de 52,8 toneladas de peso bruto cada uno y 34 toneladas de carga. También se precisa que el transporte de concentrado lo realizará un tercero bajo la aprobación de su respectivo instrumento de gestión ambiental.

En  la información complementaria se adjunta un estudio de tráfico, que consiste en solo fichas indicando el lugar del punto de control y su fotografía. En el informe se señala que el estimado del tránsito de la ruta del transporte minero, durante el día, sería de 310 camiones. Dato muy alejado de la realidad, ya que solo el tráfico vehicular declarado por la propia empresa es mayor a ello (125 camiones de transporte de concentrados y 60 de insumos,  que de ida y vuelta suman 370). No se  tuvo en cuenta el número habitual de otros vehículos que transitan por la vía y los que realizan transporte minero para otras empresas.

Una de las cosas que más llama la atención es que se adjunta un informe de modelamiento de la dispersión de contaminantes provenientes del transporte que considera únicamente las emisiones producidas desde el tubo de escape de los camiones, sin tomar en cuenta el material particulado que se produce por la tracción vehicular, es decir, por el paso de las llantas sobre la vía afirmada. Lo que constituye, precisamente, uno de los impactos más sentidos y denunciados por la población.

Además,  en la Segunda Modificatoria del EIA  se reduce el área de influencia social, excluyendo a las comunidades del área del mineroducto. Deja fuera además, a la población que se ubica a lo largo de la vía que sería usada para  el transporte minero terrestre, la misma  que en varios tramos coincide con la ruta del mineroducto.  Es decir, desde la perspectiva de la empresa los impactos sobre la población del transporte minero por mineroducto sí son su responsabilidad, pero los impactos del transporte minero por carretera, no lo son.

Como no se identifican área de influencia  de la vía del transporte minero ni línea de base de ella,  tampoco se identifican sus impactos ni se  establecen  medidas para evitar, mitigar o compensar los daños que ahora están ocurriendo a quienes viven cerca de la carretera, salvo la existencia de un plan de contingencia para accidentes. En consecuencia, tampoco se han establecido  puntos de monitoreo para controlar el polvo, el ruido y la vibración.

Nos parece que todo lo ocurrido es irregular, pues un cambio tan importante como es el medio de transporte se viabilizó a partir de la formulación de una observación. El MINEM no debió permitirlo, es más debió exigir un nuevo estudio. No solo porque en este momento es difícil incorporar la información necesaria, sino también porque el procedimiento de evaluación ya se encontraba avanzado. Ya había pasado el momento de opiniones técnicas de los entes especializados o ministerios sectoriales como es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también había pasado la etapa de información y participación ciudadana.

Cabe indicar que la inacción del Estado ante los impactos del polvo, vibración y ruido que sufren las poblaciones que viven a lo largo de la carretera refleja además,  la incoherencia y vacíos  en materia de fiscalización ambiental. Ni OEFA, ni el MTC controlan los impactos de la actividad del transporte minero de concentrados y suministros, ni han establecido a la fecha medidas correctivas para que la situación de contaminación se controle.

Frente al estallido del conflicto social en torno a los impactos de la carretera, lo que ha hecho el gobierno nacional es reclasificar el nivel de la vía a nacional y celebrar un convenio con las empresas mineras que usan esa carretera y los gobiernos locales y regionales de esas jurisdicciones, para asfaltar. Evidentemente, esta es una solución ad hoc que no enfrenta la existencia de una regulación que diluye la responsabilidad sobre los impactos ambientales y permite una ineficiente evaluación y la fiscalización ambiental de la actividad minera en lo que respecta al transporte minero, resultando como gran perjudicada con ello, la población que vive en el entorno.

Un problema adicional es que parte de la vía se encuentra en tierras comunales que fueron entregadas en servidumbre para la fase de construcción a la empresa minera y que luego, se convirtió en vía de acceso público por decisión del gobierno local, sin que haya habido venta de esas tierras ni un proceso de expropiación. Esto ocurrió con la Ruta 954. En relación a este caso, en su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de que se garantice el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades afectadas. Esta situación no resuelta fue una de las causas que ocasionó el  estallido del  conflicto en octubre del 2016, el mismo que tuvo como saldo un muerto.

Por otro lado,  se está entendiendo que al ser la carretera del transporte minero una vía pública, su asfaltado y mantenimiento le compete al Estado. Esto genera ciertas preguntas en relación a si es justo que el Estado se responsabilice de los impactos del transporte minero, que por sus dimensiones son significativos y permanentes, y causan estragos en la propia vía y en el entorno. En todo caso, consideramos que  mínimamente este tema debería ser materia de debate público.

Fuente: CooperAcción

Recientemente, en el marco de la Tercera Modificatoria de EIA que ha solicitado Las Bambas, el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) ha informado que se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control. Esto se ha realizado, nuevamente, a partir de una observación y no fue incluido en los Términos de Referencia iniciales del estudio. Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Además, aún no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia Social del proyecto.

Hasta el momento, el principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente generando incesante polvareda, vibraciones y ruido. Como vemos, un adecuado proceso de certificación y evaluación ambiental hubiera permitido prevenir las razones que se encuentran detrás de estos conflictos, pero al parecer primó –una vez más- la lógica de acelerar procesos y acortar trámites para “promover” la inversión

Mexico

Nueva era minera: minería terrestre y minería marina en México

Por cuatro sexenios, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante concesiones de los territorios de comunidades, pero este sexenio se entregó una concesión minera en el mar

En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, cancelando el reparto agrario y legalizando la compra-venta de la propiedad social, dando inicio a un nuevo mercado de tierras. Como parte de la reforma, se aprobaron tres leyes reglamentarias: Ley AgrariaLey de Aguas Nacionales y Ley Minera.

Poca atención se puso a la Ley Minera, siendo que traería serias repercusiones en los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Entre ellos el artículo 6 decretó a la actividad minera como de utilidad pública, dándole preferencia sobre cualquier actividad. El artículo 10 estableció que esta actividad sólo se podía realizar mediante una concesión (sin establecer un límite de superficie), la cual podría otorgarse por 100 años (artículo 15), permitiendo disponer de los terrenos (artículo 19). Aunado a esto, los impuestos que se establecieron eran (siguen siendo) casi nulos. La Ley Federal de Derechos sólo establecía un pago semestral por hectárea concesionada, que iba de $6.77 hasta $148 a partir del décimo año. Asimismo, las inversiones en exploraciones mineras eran deducibles de impuestos.

Como resultado de esto y de la demanda internacional, la minería tuvo un comportamiento insólito. En 1994 la inversión privada minero metalúrgica era de 373 millones de dólares, y para 2012, había ascendido a 8,043 millones de dólares. En estos mismo años, el número de concesión aumentó de 16,773 a 26,071; y la superficie concesionada creció de 15,466 a 30,782 millones de hectáreas, respectivamente.

Como parte de esto, empresas nacionales y extranjeras se “apropiaron” mediante las concesiones de los territorios de los pueblos y comunidades, por cuatro sexenios seguidos. Sin embargo, en este sexenio hubo un cambio de gran trascendencia: la entrega de una concesión minera en el mar.

Sin precedente alguno, fueron concesionadas 91 mil hectáreas del mar de la Bahía de Ulloa en Baja California Sur, un espacio de gran importancia pesquera, ya concesionado a cooperativistas pesqueros, y considerado como una Región Marina Prioritaria por el gobierno federal.

El proyecto minero, denominado “Don Diego” (en honor al primo de Hernán Cortés), fue otorgado a Exploraciones Oceánicas, filial de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, para extraer 350 millones de toneladas de fosfatos durante 50 años, mediante un dragado de succión (aspirado de los fondos marinos).

Esta concesión se otorgó sin haber consultado a los cooperativistas pesqueros, quienes en el Manifiesto del Golfo de Ulloa, expresan que no hay precedente de ese tipo de minería en el mundo, por lo que no se sabe cuáles serán las repercusiones. Pese a esto, el gobierno entregó la concesión minera en el mar, y en el Taller de divulgación de las oportunidades para México en la minería de los fondos marinos internacionales y en exploración del océano profundo, argumentó que “para el año 2050 el consumo global de recursos naturales se triplicará…, incluyendo los recursos minerales…, [y] dadas las limitaciones naturales de la minería en tierra firme, el mundo, sin duda, está volteando la mirada a los océanos, ya que en buena parte estos minerales se encuentran en los fondos marinos y en el subsuelo de aguas internacionales” (SE, 2013).

Aunado a esto, de gran preocupación son las 122 millones de hectáreas que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, siglas en inglés) ha entregado mediante contrato en la zona de Clarión-Clipperton, cuya costa más cercana es México, a fin de explorar los fondos marinos, en busca de la riqueza minera.

Ante esto, el gobierno mexicano tiene un gran reto, que no sólo radica en voltear a ver las decenas de conflictos socioambientales provocados por la minería terrestre, sino que ahora se enfrentará a lo que parece será la nueva era minera.

 

Violeta Nuñez Rodriguez

Profesora-Investigadora Titular C, Tiempo Completo, del Departamento de Producción Económica y del Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/nueva-era-minera-mineria-terrestre-y-mineria-marina-en-mexico/

 

Latinoamerica

Los sicarios de la agroindustria y la explotación minera en América Latina

En América Latina han sido asesinados 207 activistas y defensores del medio ambiente en 2017 según cálculos de la organización no gubernamental inglesa Global Witness (GW). De ese total, la mayor parte de las víctimas ha sido indígena. Por países, Brasil con (57), Colombia con (24) y México con (15) encabezan la lista de naciones con más muertos de los 22 que la conforman.

Sin embargo, el informe de la organización, hecho público el pasado 8 de julio en México bajo el título «A qué precio?», se presenta mucho más revelador que  los habituales  cómputos de muertes de líderes ambientalistas en lucha. El trabajo corrobora la relación directa de los asesinatos con la actividad empresarial de la agroindustria –la actividad con más fallecidos- y la explotación minera.

Según la fuente, el brutal incremento de la violencia contra personas defensoras del Medio Ambiente y la Tierra ha sido la respuesta a la lucha de los líderes junto a sus comunidades, que se enfrentan a los intereses de las empresas que explotan los recursos naturales de sus asentamientos.

En este sentido, la ONG Global Witness señaló que las «semillas del conflicto» brotan cuando la explotación forestal, minera u otros proyectos se ponen en marcha.

Se denuncian, entre otros, los casos de las bandas organizadas por y para empresas madereras, a las que, proveen de hombres armados para poder realizar sus actividades ilegales.

Otro aspecto destacado del informe tiene que ver con la impunidad de este tipo de crímenes, en los que «rara vez son castigados» los responsables de los asesinatos de los activistas. Los supuestos mecanismos de protección institucional a estas personas no funcionan.

Finalmente, el informe concluye que las masacres contra los ambientalistas buscan amedrentar no solo a quienes se ponen al frente de la lucha. Se busca -simultáneamente- dirigir un mensaje claro a la colectividad: “no sólo se atacará a los líderes de la comunidad, sino que nadie está a salvo».

Fuente:http://www.elsalmon.co/2018/08/los-sicarios-de-la-agroindustria-y-la.html

Chile

Comunidad de Belén denuncia daños patrimoniales provocados por trabajos de exploración minera

Intervenciones en sitios arqueológicos, camino tropero y afectación a la flora y fauna, son algunos de los daños producidos por la minera transnacional Río Tinto en la construcción del camino para el proyecto minero “Trinidad” en el sector de Millune, Belén, comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

Así lo denuncia la comunidad de belén, quienes, en una visita al sector, realizaron una inspección a los trabajos que la minera desarrolla con el fin de llevar a cabo sondajes que, según información entregada por la empresa, se realizarían en agosto y septiembre de 2018.

De acuerdo a la comunidad, el camino minero atraviesa un asentamiento arqueológico, cercanías de antiguas habitaciones circulares, provocando un daño irreparable al patrimonio del pueblo.

Además, ocupa parte del camino tropero que une a Belén con Lupica, donde las y los antepasados se trasladaban en mulares o caballares con ganado ya sea para el pastoreo como comercio, lo que demuestra que no son “terrenos abiertos e incultos” como señala la empresa en las cartas que hizo llegar a la comunidad al consultarle por el proyecto.

Denuncian también que el camino al sondaje ha obstruido bajadas de agua, cortando el curso natural de las quebradillas, donde se evidencia que se pasa a llevar vegetación nativa y plantas medicinales como la quela quela, visibles a simple vista alrededor del camino.

“Estas intervenciones no sólo ponen en riesgo nuestra flora como patrimonio natural, sino que también nuestra fauna nativa, ya que la presencia constante del hombre y el ruido de las maquinarias han espantado a los animales silvestres propios del lugar como: zorros, perdices, tarukas, águilas y cóndores que viven en las cumbres de los cerros del sector, por nombrar algunos”, declaran en el reporte que la comunidad realizó, documento que será enviado organismos nacionales e internacionales con el fin denunciar el daño que la minera está produciendo, lo que califican como “un claro atropello a nuestros justos derechos como pueblo originario, dueños ancestrales de este territorio”.

Respecto al daño ambiental, el presidente del Comité Patrimonial de Belén, Edgardo Colque recalcó que “Belén se encuentra movilizado” y califica que la intervención de la minera “demuestra que no tiene respeto con los pueblos originarios, con nuestra naturaleza viva”, agregó.

“Belén dice no a la minería, para eso tenemos el respaldo del Convenio 169 de la OIT que en sus artículos siete, trece y catorce dice relación que el Estado debe salvaguardar los derechos de los pueblos, y conservar sus tierras y aguas de acuerdo a sus costumbres, esto ha sido complementado con la Declaración ONU sobre Derecho Humanos de los Pueblos Indígenas, en este caso Río Tinto ocasionó un tremendo daño al patrimonio de Belén”, sentenció el dirigente.

En tanto, Haylen Chang Cutipa, vocera del movimiento “Belén dice NO a la minería”, indicó que la llegada de la transnacional ha dividido al pueblo, generando expectativas laborales futuras que son inciertas. Sobre la afectación en los territorios donde se levanta el camino que usará la empresa para sus faenas de sondajes, explicó que “hay evidencia que el territorio intervenido ha sido de uso y propiedad del pueblo de Belén desde tiempo inmemoriales, por lo que no descansaremos hasta que nuestros derechos y decisión desarrollo, sean respetados”.

Masiva movilización

Cabe mencionar que el 21 de julio de 2018 la comunidad de Belén organizó y convocó a una masiva movilización en Arica donde llegaron hasta 500 personas aproximadamente, del pueblo de Belén, Socoroma, Putre, Saxamar, Chapiquiña, Lupica, Zapahuira, Guallatire, Caquena, Codpa, Pachica, comuna General Lagos, Azapa, Lluta. De Tarapacá de las localidades de: Miñe Miñe, Chiapa, Camiña.  Además, se sumaron activistas ambientales, feministas, estudiantes, medios de comunicación y ciudadanía en general que participaron, bajo la observación en terreno del INDH.

Además, la comunidad ha sostenido reuniones con parlamentarios de la Región y enviado cartas a diferentes instituciones nacionales e internacionales, junto con visitas al sector.

Fuente:http://programa-ayni.blogspot.com/

 

Perú

El que piensa distinto, pierde.

La  orden de detención del líder indígena aymara Walter Aduviri generó un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional en el que solicitan un “alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.

“Alta a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional.

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

O sea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/peru/item/41825-el-que-piensa-distinto-pierde

Argentina

Incertidumbres sobre el acuífero Sacanana

A través de los medios gráficos afines a la promoción de la actividad minera en la provincia de Chubut, Pan American Silver y las empresas relacionadas con el proyecto Navidad que intentarían realizar la extracción de plata, plomo y cobre de la Meseta, aseguran que la provisión de agua para el emprendimiento está garantizada por la disponibilidad de agua subterránea del acuífero Sacanana. Sin embargo, los datos difundidos generan una gran incertidumbre respecto a la recarga del acuífero, a su vulnerabilidad, a la calidad del agua y sus posibles usos.

La industria mineralometalúrgica conocida como megaminería se caracteriza, entre otras cosas, por el gran consumo de agua para su desarrollo. El estudio de impacto ambiental que se presenta previo a la etapa de explotación, debe incluir siempre, cuales serán las fuentes de agua superficiales o subterráneas proveedoras del recurso; por lo tanto, requiere de un estudio hidrogeológico en el área del emprendimiento.

En el caso del Proyecto Navidad, los estudios hidrogeológicos solicitados por la empresa titular del emprendimiento, estuvieron a cargo de la empresa consultora Hidroar S.A. cuyo presidente es Carlos Scatizza y fueron los responsables del descubrimiento del acuífero Sacanana.

En una publicación de Mining Press (11/07/2016), el mencionado hidrogeólogo afirma que el agua que utilizaría el Proyecto Navidad es de 3 hectómetros cúbicos anuales (3.000 millones de litros anuales o equivalente al consumo de una población de 33.000 habitantes, según cuadro publicado por Hidroar S.A. de consumo de agua para diferentes usos) considerándolo insignificante respecto a la capacidad del acuífero y que el agua no es potable. Los datos aportados refieren a que la reserva del acuífero es de 3.150 hectómetros cúbicos y la recarga de la Cuenca del Sacanana es de 256 hectómetros cúbicos/anuales. Asegurando que, el  Instituto Provincial del Agua (IPA) en los estudios realizados en el año 2012, había llegado a las mismas conclusiones.

Haciendo una evaluación de todo lo publicado en medios de comunicación, entidades oficiales y empresas particulares, podemos remarcar que la información aportada genera cierta incertidumbre respecto a: si verdaderamente el Instituto Provincial del Agua ha completado los estudios para corroborar los datos de Hidroar S.A., la reserva real del acuífero, la verdadera recarga, la calidad del agua y las posibilidades de su uso.

Por lo tanto, vamos de describir cuales son los detalles que no nos conducen a conclusiones claras a cerca del acuífero Sacanana.

*  Fueron evaluadas sólo el 15% de la superficie que abarca la totalidad de la Cuenca del Sacanana.

*  Ante la existencia de un acuífero, es importante conocer la recarga del mismo para asegurar la disponibilidad de agua a través del tiempo y evitar el agotamiento. Las diferentes publicaciones dicen:

1.    El resumen ejecutivo de Hidroar S.A. afirma que la recarga del acuífero es de 243 hectómetros cúbicos por año y no 256 como estaba publicado anteriormente.

2.    El administrador general de Recursos Hídricos del Instituto Provincial del Agua (IPA), Esteban Parra en agosto de 2011 explicó en Radio Del Mar que explicó que “uno no puede gastar más de esa reserva” y detalló que, el arroyo Sacanana, que abastece al acuífero de la meseta, cuenta con 70 hectómetros cúbicos de recarga”.

3.    El Informe Técnico de Hidroar S.A. de agosto del año 2009, afirmaba la dependencia con las precipitaciones: “Tratándose de una cuenca endorreica inmersa en una región de clima semiárido, la ocurrencia de recursos hídricos superficiales está estrictamente supeditado a las precipitaciones que se produzcan en cada año hidrológico. Es así como su distribución y cuantía constituye un factor crítico tanto por las connotaciones sociales (mayormente uso ganadero) y ambientales como así también por su incidencia en la recarga de los acuíferos existentes”.

4.    En la publicación de Voz Minera de junio de 2014, también afirma que éste acuífero subterráneo se vería impactado por la años sucesivos de sequía.

*  Con respecto a la calidad del agua del acuífero Sacanana y sus posibles usos existen diferentes opiniones:

1.    “El agua puede utilizarse para cualquier tipo actividad”. “En la Meseta puede usarse para riego de pastura y abastecería alrededor de 1500 hectáreas” Esteban Parra (IPA) – agosto 2011.

2.    En lo que respecta a la calidad del agua para los usos Normados por la Ley 24.585, en el resumen ejecutivo del Informe Técnico de Hidroar S.A. se detalla que en 16 de los 54 puntos analizados el agua resultaría apta para el consumo humano; el resto de los puntos suelen registrar valores máximos por encima del nivel guía de algunos metales, producto en muchos casos, de falta de filtrado del agua. La mayoría no suelen ser aptas para bebida de ganado ya que superan el nivel guía establecido para el cinc y/o fluoruro, siendo su uso permitido el de irrigación. Se dan excepciones a esta situación en aquellos sitios donde el contenido de uranio, molibdeno y/o arsénico sobrepasa los niveles guía establecidos por la normativa vigente.

3.    En el archivo de prensa del Ministerio de Defensa Público se publica que en cuanto a las características del agua que en lo que “se refiere a las zonas sedimentarias de la pampa de Gan Gan y de Sacanana, sólo habría que hacerle alguna cloración, pero en el 99% es potable; por lo tanto si es potable para la vida humana es usable para riego y fines industriales”- Septiembre 2014.

4.    El titular actual del Instituto Provincial del Agua (IPA) Gerardo Bulacios, señaló en diálogo con ADNSUR que la cuenca del Sacanana en la meseta tiene suficiente agua para todo tipo de consumo, tanto humano como industrial, y que no se contaminará el río Chubut. Dijo que “en principio está determinado el uso de agua industrial que no es apta para el consumo humano. El agua dulce, que sí es para consumo humano, no se va a usar para ningún tipo de industria”, aclaró. Septiembre 2016.

5.    Por otro lado, el geólogo y presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros, Gerardo Cladera, aclaró que el proyecto Navidad no utiliza cianuro para la etapa de separación porque se hace con un proceso de flotación que demanda agua que sería tomada de las napas subterráneas. Es decir, que “se trata de agua que está altamente mineralizada y no es apta para consumo humano, animal ni para riego”, sostuvo. ADN sur – Julio 2018.

*  Con respecto a la vulnerabilidad del acuífero y los riesgos de contaminación:

1.    En relación con la minería, Esteban Parra (IPA) subrayó que “el problema principalmente tiene que ver con que no se provoque ninguna contaminación del acuífero”. Agosto 2011.

2.    La vulnerabilidad de acuíferos se relaciona con la posible contaminación de los mismos. Los métodos de cálculo de la misma, se basan en el espesor de la zona no saturada, la permeabilidad y nivel freático. Es importante determinarlo debido a que la vulnerabilidad intrínseca tiene mayor utilidad en los trabajos de planificación de uso del territorio y del agua, particularmente en lo que respecta a la preservación de la calidad del recurso, en los sitios donde no está afectado, ni se realizan prácticas como fertilización, aplicación de plaguicidas, riego, cría concentrada de ganado, ni actividades domésticas, urbanas, o industriales, que por su intensidad pudieren afectarlo. La vulnerabilidad específica incluye parcialmente el concepto de riesgo, toda vez que se refiere al peligro de deterioro en relación a sustancias contaminantes específicas. Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable – Año 2010 y 2011.

*  Los detalles que se conocen respecto al mapa hidrogeológico de aguas subterráneas de la Provincia del Chubut indican que la información necesaria para los conocimientos de los recursos hídricos subterráneos son:

  • Datos Meteorológicos (recarga).
  • Estudios hidrogeológicos (geofísica, perforaciones, ensayo de bombeo).
  • Calculo de reservas Totales ( espesor saturado, superficie del acuífero y permeabilidad).

1.    El proyecto de creación del mapa es propuesto por el especialista en aguas subterráneas, licenciado Erico Bianchi a mediados del año 2010.

2.    El acuerdo de financiamiento se hizo con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) por un período de dos años y fue realizado por el gobernador Mario Das Neves a fines del año 2010. El expediente no continuó su curso quedando inactivo el proyecto.

3.    A mediados del año 2012, es reafirmado el acuerdo por parte del gobernador Martin Buzzi y se inicia el proceso de estudio de las cuencas hidrográficas de Gastre y Sacanana.

4.    Las cuencas estudiadas son cuencas cerradas.

5.    El Instituto Provincial del Agua (IPA) comenzó con las tareas tendientes a la confección del Mapa Hidrogeológico de la Provincia del Chubut, dada la necesidad de ir completando un inventario de sus distintos recursos naturales, en particular en áreas en las cuales se desconoce o no se cuenta con información técnicamente validada.

6.    El objetivo principal era conocer y caracterizar los recursos subterráneos con los que cuenta Chubut y, así, convertirse en el sostén de oportunidades, hoy escasas, de realizar actividades productivas, agropecuarias, ganaderas, industriales, económicas y para el consumo humano.

7.    La primera área de estudio (Fase I) comprendió unos 13.383 Km² aproximadamente, siendo la zona particular del estudio los sistemas del Arroyo Gastre y Sacanana.

8.    La Etapa I consistió en la elaboración preliminar del Modelo Hidrogeológico Conceptual de las Cuencas de Gastre y Sacanana. Este estudio tiene como objetivo disponer de una cartografía que permita visualizar los caracteres hidrogeológicos principales.

9.    Luego, en la Etapa II, se procedió a perfeccionar la información mediante un relevamiento de campo y muestreo hidroquímico complementario, la ejecución de dos perforaciones de exploración con sus respectivos pozos de observación, la ejecución de ensayos de pozo y pruebas de acuífero, incorporación de la nueva información a las bases de datos y actualización de la cartografía.

10. Este estudio contiene el modelo hidrogeológico conceptual (MHC) del área estudiada y la base de datos (cartografía temática), aplicable en una plataforma de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

11. Cabe mencionar que en el informe se explica que “las reservas aquí calculadas tienen por objeto dimensionar el potencial hídrico de ambas cuencas, siendo plausible modificaciones conforme se realicen nuevas perforaciones de investigación que permitan convalidar y/o ajustar las presunciones asumidas en el presente estudio”.

12.  El Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable basándose en muestreos realizados en Abril 2010, Septiembre 2010 y Mayo 2011, informaron que en el caso del agua subterránea, presentan en general baja salinidad y una importante diversidad en cuanto a su clasificación hidroquímica que ha permitido distinguirlas en 3 grupos:

a)   Puntos dentro del Proyecto Navidad, cuya profundidad de agua es superior a los 30 m; incluye aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas, hasta sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas, con conductividades que generalmente no sobrepasan los 1000 S/cm, dureza superior a los 200 mg/l (agua muy dura) y predominancia del ion sulfato.

b)   Puntos en el Proyecto Navidad, con profundidad de agua menor a 30 m, es de composición variable (cloruradas, sulfatadas, bicarbonatadas, entre otras), con conductividades similares a las anteriores, siendo el agua moderadamente dura a muy dura

c)   Pozos en cuencas vecinas al Proyecto Navidad, suele ser de aguas dulces ligeramente duras, de tipo bicarbonatadas sódicas con tendencia a magnesianas, con conductividad menor a 700 μS/cm.

Por todo lo expresado, es necesario contar con información oficial, completa y validada de las verdaderas características del Acuífero Sacanana.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41832-incertidumbres-sobre-el-acuifero-sacanana

Chile

Parque Patagonia ¿Minería vs Turismo?

No queremos dejar pasar referirnos a dos publicaciones que leímos hace algunos días sobre la controversia acerca del Parque Nacional Patagonia.

La primera es una de esas notas emitidas seguramente desde la municipalidad de Chile Chico (“Vecinos validan consulta ciudadana sobre Parque Patagonia”) y la cual concluye diciendo que “continuarán trabajando y realizando gestiones por otros temas, por un bien común, no de forma mezquina y egoísta”.

En otras palabras: quienes objetan la consulta e insisten en estar a favor del parque serían mezquinos, egoístas y están contra el bien común. La otra, es una columna de Felipe Candia “Pensemos en Colores” en la cual opina que la controversia del parque es minería vs. turismo, que ambas actividades tienen sus contras (el turismo ocasionó los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine) y que la disyuntiva no es blanco o negro ya que, entre otros, la industria minera tiene la posibilidad de hacer un cambio de paradigma “creando valor compartido”. Este columnista no deber ser el único en pensar de esa forma.

Por cierto que la controversia no es blanco/ negro, por más que a algunos esto les resulte más fácil. Para nosotros tampoco es una cuestión de quien se queda con la infantil Aisenia para abusar de ella, empresas de turismo o mineras. O sea, la prostitución económica, sacrificio, de un territorio, violento lenguaje y forma de pensar que parece ser lo único que se entiende en una sociedad del modelo neoliberal. Para nosotros el asunto es más profundo que eso. Cuando sabemos que los humanos estamos arrasando con la vida sobre el planeta, consiguiendo hasta que éste se haya enfermado, que los científicos nos adviertan que estamos cerca de un efecto invernadero irreversible con terribles consecuencias  y que nos estamos sobregirando en el abuso de los recursos ¿podemos insistir en el suicidio colectivo? Cuando sabemos que la vida es más valiosa que el oro y que más importante que algunos intereses particulares es el bien común, o sea lo que es de todos y para todos ¿Podemos seguir con más de lo mismo? Y en el caso del Parque Nacional Patagonia, se trata de un bien común nacional de propiedad de todos los chilenos, los de ahora y los del futuro, para restaurar la vida natural y cuidar el valiosísimo patrimonio natural y cultural que ahí existe y del cual recién estamos tomando conocimiento. De hecho, los chilenos incluso nos hemos dado leyes para proteger esos sitios patrimoniales, pero parecen ser insuficientes y además es necesario proteger sus inmediaciones y prevenir daños en aquellos aún por descubrir. De hecho, en esos lugares patrimoniales protegidos se han estado realizando prospecciones mineras y son esos lugares los que se pretende sacar del parque para beneficio de intereses particulares. Entonces ¿somos nosotros, quienes defendemos la vida, el patrimonio nacional y el bien común, los “mezquinos, egoístas y que no nos importa el bien común”? Francamente nos parece que quien piensa y escribe eso está en el mundo al revés o está desinformando de forma grotesca. Digno aprendiz de Goebels.

Ahora, en cuanto al turismo, lo vemos como posibilidad de actividad económica no consuntiva comunitaria, y no la única, asociada al parque. Y está claro que no siempre se hace bien, aunque también de que es más fácil que sea sustentable que las actividades consuntivas de recursos. Y respecto a Torres del Paine, ese es un buen ejemplo de lugar donado por un particular extranjero al estado de Chile para crear un parque nacional, donde en su momento los ganaderos lugareños  también se opusieron y donde actualmente casi todos viven del turismo. ¡Vaya a Natales a constatarlo! Y eso llevado a varios extremos, como la sobrecarga del parque y problemas consecuentes. Aparte de que el Estado chileno gusta de recibir los beneficios económicos de las áreas protegidas, pero le cuesta invertir en ellas, entre otras, para evitar incendios. Y Torres del Paine no es el único lugar con ese riesgo. A propósito,  el sospechoso incendio de hace algunos años en el Valle Chacabuco, justo cuando estaba ahí Tompkins y el ex-presidente Lagos, que se sepa, no fue ocasionado por turistas.

Y en cuanto a la minería del paradigma “del valor compartido”, si bien hay mineras mas responsables y menos egoístas que otras, esta es una actividad consuntiva de recursos no renovables que es bastante difícil que sea sustentable. El más histórico ejemplo en nuestro país es el del salitre. Menos aún cuando acá prevalece una cultura minera a la antigua, donde sus políticos dejan que las transnacionales se lleven casi todo a cambio de algunos empleos y migajas.  En todo caso, ni Laguna Gold –El Toqui, ni Mandalay Resources – Cerrro Bayo, ni Equus Mining –Southern Gold, han mostrado algún mínimo intento siquiera de ser parte de algún nuevo paradigma de minería algo mas sustentable.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49131