En septiembre de 2015, millones de litros de agua cianurada alcanzaron el río Potrerillos, en San Juan, producto de una falla en una compuerta en la mina Veladero, de Barrick Gold. Jorge Mayoral llevaba doce años como secretario de Minería a nivel nacional, dando impulso a proyectos megamineros transnacionales en los que organizaciones sociales denunciaban una suerte de “estados paralelos”, en donde Nación y las provincias dejaban actuar a las mineras a gusto y sin control. Por este derrame de agua con cianuro, aunque no fue el único, los jueces de Cámara Leopoldo Bruglia y Martín Irurzum confirmaron el procesamiento de Mayoral y del ex titular de la cartera de Ambiente, Sergio Lorusso.

En abril habían sido procesados sin prisión preventiva por el juez federal Sebastián Casanello, dado que pese a tener poder de intervención en una actividad “altamente riesgosa”, “la empresa se controlaba a sí misma”. Incluso la empresa había notificado a la Secretaría de Ambiente varios derrames previos, y éstos no habían sido contrastados por otros estudios, por lo que los funcionarios dejaron actuar a Barrick sin control alguno dando vía libre a los siguientes derrames.

Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en diálogo con el programa radial de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina en FM Kalewche, explicó la importancia de que en un fallo por primera vez la justicia diga que los funcionarios nacionales también tienen responsabilidad en las minas concesionadas por las provincias: “Había una especie de creencia de que los funcionarios nacionales no tenían responsabilidad sobre estos emprendimientos, y se escudaban, se hacían los distraídos en base al Artículo 124 de la Constitución que establece que el dominio de los recursos es de las provincias”. Por otro lado, en base al incumplimiento de la Ley de Glaciares, están procesados tres ex ministros de ambiente, por lo que Viale indicó que en 2019 estarán en el banquillo de los acusados.

De esta manera, desde la justicia federal se continúa avanzando sobre la responsabilidad de los funcionarios nacionales en los desastres ambientales generados por Barrick Gold en la cordillera sanjuanina. Sin embargo, por una decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2016 la causa fue dividida estableciéndose que la justicia de la provincia de San Juan era competente para investigar el derrame de cianuro, la responsabilidad de la empresa y de los funcionarios provinciales, mientras la justicia federal sólo investigaría la responsabilidad de los funcionarios nacionales.

Mientras la empresa sigue impune y sólo pagó multas irrisorias, la justicia sanjuanina sigue dando muestras de cómo la megaminería corrompe las instituciones provinciales a tal punto que se puede hablar de una justicia minera: hoy a casi tres años del derrame, el Fiscal de Estado provincial Jorge Alvo Varela busca impedir que se realicen los estudios ambientales ordenados por la justicia federal denunciando un supuesto “atropello” sobre el “patrimonio de la provincia”. Es que la semana pasada el juez federal Sebastián Casanello ordenó a la Universidad de Cuyo y a la Policía Federal, realizar estudios sobre suelos, vegetales, animales, el agua de red y de pozos así como sangre y orina de pobladores de las localidades sanjuaninas de Jáchal e Iglesias para determinar si hubo efectos o restos de contaminación.

Pese a que la legislación minera es escasa y favorable a los grandes emprendimientos, el artículo 264 del Código de Minería establece que a la tercera falta grave se debe proceder al cierre definitivo de la mina, en Veladero se suceden los derrames y las faltas graves incluso más allá de los cambios de gobiernos a nivel provincial y nacional sin que la empresa se vea afectada. El hoy Ministro de Ambiente Sergio Bergman, allá en 2015 en la previa del ballotage enunciaba que “Barrick Gold gozó de una impunidad que nosotros no queremos que la tenga”, así como un año después, el gobernador de San Juan Sergio Uñac decía que “la Barrick Gold no tiene más margen para el error”. Sin embargo, en abril de 2018 fueron denunciados nuevos derrames y ya no se puede saber ciertamente cuántos ocurrieron.

“Que en San Juan quieran evitar los estudios es auto incriminatorio,a quién podría molestarle que se hagan los estudios si supuestamente no hubo contaminación” destacó Enrique Viale, e insistió con un mensaje para la población de Chubut: “la megaminería no sólo provoca contaminación ambiental, sino contaminación institucional, lo que es algo a evaluar a la hora de permitir el ingreso de estos proyectos”.

Es por el derrame de solución cianurada en una mina de San Juan. Confirman su responsabilidad por falta de control.

La justicia federal confirmó procesamientos contra ex funcionarios nacionales por la falta de control que derivó en el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan.

La decisión la tomó la Sala II de la Cámara Federal. El procesamiento recae sobre los exfuncionarios Sergio Lorusso, ex secretario de Ambiente, Jorge Mayoral, ex secretario de Minería, y Beatriz Domingorena, quien estaba a cargo de control ambiental. Todos eran funcionarios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El hecho ocurrió durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 en la mina que explota la empresa Barrick (hoy asociada con una firma china) en la mina Veladero, ubicada en Iglesia. Allí se produjo el derrame de 1072 metros cúbicos de solución cianurada. Ese incidente ocurrió por la rotura por congelamiento de una de las válvulas de venteo.

Los problemas no terminaron ahí, pues el derrame llegó a la cuenca del rio Potrerillos porque estaba abierta la compuerta ubicada en el canal de desvío, impidiendo ello que el producto drenara hacia la pileta de contingencia.

Los jueces entendieron que los funcionarios cuestionados no cumplieron con su obligación de controlar y exigir que se cumplan las normas de seguridad para evitar contaminación con la actividad minera. Entre otras cosas citan las leyes de regulación de la actividad minera y hasta la obligación no cumplida de tener un seguro ambiental. «Pone en evidencia no sólo la competencia de Mayoral en las cuestiones atinentes a la preservación del ambiente en el ámbito de la explotación minera, sino también la total ausencia de participación e intervención en aquellos aspectos vinculados a la cuestión, extremo que -frente a las particularidades del emprendimiento ya referidas-, evidencian su responsabilidad en el hecho atribuido», determinaron los magistrados sobre el ex secretario de minería.

El delito por el que se los acusa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, es menor en cuanto a las penas: hasta 2 años de prisión. Se trata de lo tipificado en el artículo 248 del código penal. Además, los acusados tienen un embargo de un millón de pesos y dos millones en el caso de Mayoral.

Fuente:https://www.mdzol.com/nota/804342-veladero-confirman-el-procesamiento-de-tres-ex-funcionarios-kirchneristas-por-contaminacion/

12 de julio en Puerto Madryn , los intendentes Marcelo Andrés Aranda de Gastre, Leonardo Bowman de Telsen, Miguel Ancamil de Lagunita Salada, Mario Oviedo de Los Altares, Ricardo Sepúlveda de Gan Gan, Nilda Tolosa de Las Plumas,

Mario Pichiñán de Paso de Indios y Víctor Candia de Paso del Sapo, organizaron un evento en relación con la minería, al cual invitaron al gobernador Mariano Arcioni.

El objeto del encuentro apoyado por los intendentes de la meseta, es producir un debate productivo sobre el desarrollo minero y alrededor del gobernador hay fuertes presiones para que no asista al encuentro, debido a la mala prensa que tiene la minería en Chubut y la posibilidad de la gente le haga pagar en las urnas en el 2019, la facilitación a las multinacionales canadienses de explotaciones a cielo abierto, tal como se resume del proyecto que tienen los intendentes y por el cual pretenden abrir el debate.

Si bien existe un proyecto en la legislatura provincial, con el cual se busca habilitar el debate en Cámara de Diputado para destrabar las prohibiciones que existen para la minería en la Ley 5.001, no existe demasiado convencimiento por gran parte de los diputados, que sea una medida adecuada para aplicar en la puerta de una campaña electoral como la que se llevará a cabo en los próximos meses y donde Arcioni, pretende revalidar su mandato, el cual quedara en sus manos luego del fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves.

Repudio

Inmediatamente de darse a conocer esta reunión de los intendentes y el pedido al gobernador para que asista al debate minero, distintas voces comenzaron a levantarse desde distintos sectores de la provincia. Desde la cordillera al mar, las radios y los diarios, como así también las páginas web y las redes sociales, se vieron inundados de mensajes de gente particular que se opone abiertamente a que unos pocos decidas por ellos.

En radio Cadena 3 entrevistaron a Ceferino San Martín un poblador del campo que tiene sus tierras vecinas al “Proyecto Navidad”, quien destacó la presión política y social que existe para forzar a la provincia a quitar las leyes prohibitivas de la minería y culpó directamente a los intendentes por utilizar la salida “más fácil” para hacer caja en sus municipios, pero evitando trabajar y desarrollar la región, con todas las potencialidades que Chubut tiene.

“En cuatro oportunidades vinieron desde la firma canadiense, con intenciones de comprar mi campo. La zonificación está impulsada por los Intendentes y técnicos de las mineras. Los veo y escucho. No puedo entender que tengamos representantes con tanta ignorancia”, transcribe Cadena 3 sobre los dichos de este hombre de campo y más adelante señaló “las mineras llevaron a los intendentes de la meseta a Santa Cruz (al yacimiento Manantial Espejo) y según los intendentes de Gan Gan y Telsen, habían traído una buena impresión de los que es un emprendimiento minero. Que prácticamente no dejaban contaminación y había animales al alrededor” y a continuación se preguntó “¿Se animaron a tomar un poco de agua de dique de colas? que es donde queda depositado todo el coctel de químicos que utilizan, en la actividad. Cabe explicar que el “dique de colas” es una obra de infraestructura minera cuyo principal objetivo es almacenar los sólidos remanentes del tratamiento de los minerales. En él se deja filtrar el agua y se retiene los sólidos llamados “colas”, que están formados por mineral molido sin valor económico. De eso nadie habla y de ahí nadie toma agua”, dijo metafóricamente el entrevistado.

Los intendentes cuentan con mandato político y compromisos ante el gobierno nacional, de potenciar, imponer e impulsar la minería. Esta actividad, además de estar prohibido por les, no tiene licencia social; sin embargo, eso, por el momento, parece que no les preocupa a los jefes comunales ni al gobernador, (Agencia OPI Chubut)

Fuente:https://opisantacruz.com.ar/2018/07/11/el-chubut-los-intendentes-de-la-meseta-intentan-incluir-el-debate-minero-y-la-resistencia-social-no-se-hace-esperar/