Colombia

Comunidades, en vilo por ley que reglamenta páramos en Colombia

 A la medianoche del miércoles, horas después de que se le diera luz verde al proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, durante la sesión extraordinaria el Senado de la República también aprobó el proyecto de ley 233, que contempla disposiciones para la gestión integral de 36 páramos de Colombia.

La iniciativa legislativa, compuesta por 33 artículos, es un mecanismo para blindar que grandes proyectos de desarrollo como ganadería, agricultura y minería a gran escala afecten estos ecosistemas estratégicos. Para ello se contemplan proyectos de reconversión económica, con procesos de transición adecuados y regulación de actividades de bajo impacto, de la mano de las comunidades.

Ambientalistas instaron para que el Senado de la República, en medio de la apretada agenda, discutiera en último debate la ley 233, que se venía trabajando desde el 2016.

“El tema de páramos es un avance importante porque ha llegado la sociedad colombiana a un alto grado de sensibilidad, faltaba que el Estado colombiano y el Congreso de la República decretara que los páramos en Colombia son complejos ambientales estratégicos y que por lo tanto merecen política pública de protección, de cuidado, de delimitación y por supuesto de inversión para su recuperación”, sostuvo el senador nariñense, Guillermo García Realpe, quien fue ponente de la iniciativa.

Sin embargo, la Asociación de Municipios del páramo de Santurbán (Asomusanturban), que reúne a los alcaldes de la Provincia de Soto Norte (Charta, Tona, Suratá, Vetas, California y Matanza) a través de su vocera, Ivonne González, manifestó su inconformidad con la aprobación de la ley al considerar que pone en vilo la economía y el desarrollo de esas poblaciones.

Según González, no hay claridad frente a los alcances que tiene, especialmente “en si se pueden o no hacer actividades ancestrales y tradicionales de bajo impacto como la pequeña minería, que ha sido nuestra vocación económica”.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/comunidades-estan-inconformes-por-ley-que-reglamenta-los-paramos-237108
Mexico

San Rafael, Emiliano Zapata, Huatusco: No a minería tóxica

Los municipios de San Rafael, Emiliano Zapata, Juchique de Ferrer y Huatusco firmarán una acta de cabildo para rechazar la minería tóxica en sus territorios y con esto proteger el medio ambiente afirmó Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (Lavida).

Refirió que el 7 de junio en celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Actopan firmó un acta de cabildo y el 19 de junio hizo lo propio Alto Lucero para negar permisos de construcción y cambio de uso de suelo a empresas mineras.

Además de Actopan y Alto Lucero, los municipios de Tatahuicapan, Mecayapan y otros dos más firmaron el acta de cabildo para decirle no a las empresas mineras con intención de realizar exploraciones y explotaciones a las tierras.

“Al firmar actas de cabildo de no a las mineras es una prueba más de que la sociedad protege su naturaleza, su medio ambiente y les costaría mucho más a las mineras vencer a una población que está unida y que tiene un gobierno municipal que dice no a las mineras”, explicó.

El defensor del medio ambiente exhortó al resto de los ayuntamientos y alcaldes para que se sumen a los gobiernos municipales y firmen un acta de cabildo en la que se rechace el uso del cambio de suelo para las empresas dedicadas a extraer materiales preciosos.

“Eso le daría mayor fuerza al movimiento. Estamos contentos por el respaldo de la Iglesia católica, del arzobispo Hipólito Reyes Larios que le ha dicho a los mineros: encuentran en Veracruz un paraíso y se van y dejan un infierno. El congreso del estado y el gobernador y las universidades dijeron no a las mineras”, afirmó Rodríguez Curiel.

Fuente:http://diarioelmartinense.com.mx/estado/xalapa/70468-san-rafael-emiliano-zapata-huatusco-no-a-mineria-toxica.html

Mexico

¡Felicidades al FPDS en su tercer año de lucha contra la minería y por la vida!

Este 20 de junio, celebramos junto con ustedes su tercer año de resistencia al falso desarrollo que el gobierno chiapaneco y la industria minera quieren imponer en su territorio, a costa de su salud y violando sus derechos colectivos.

Les agradecemos a ustedes, mujeres y hombres quienes integran el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) desde el 20 de junio año 2015, por defender las hermosas tierras de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, amenazadas por 21 concesiones mineras. De su digna lucha depende la salud de los ríos Cacaluta y Jalapa, del bosque de niebla de la Reserva de la Biófera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada. De su fuerza depende la sobrevivencia de los pescadores que necesitan ríos vivos para trabajar y la vida de los niños y las niñas que necesitan ríos limpios para no morir de cáncer.

Felicidades por su perseverancia y poderosa palabra que han permitido que la población de Acacoyagua se organice y protege ante el avance del modelo minero. Las actas de asamblea del ejido y de los bienes comunales de Acacoyagua en las que se prohiben las actividades mineras son un gran logro de su tercer año de lucha, del cual deben estar orgullosos.

El equipo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México les agradecemos por darnos la suerte de acompañarles en su lucha y aprender cada día más de su alegría y humildad. Muchos chiapanecos y chiapanecas fortalecen su lucha contra el despojo a su lado. Es el caso de todas las organizaciones y movimientos que conformamos el “Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas” y participamos en el Foro “Pueblos Vivos, Territorios Libres de Extractivismo” en abril del presente año en la casa ejidal de Acacoyagua.

Su generosidad ha permitido también a personas de otras geografías conocer su lucha y darse cuenta de la urgencia de dejar de depender de un modelo extractivo que despoja a los pueblos rurales del Sur Global para responder a las falsas necesidades de los habitantes del Norte Global. Fue así como jóvenes de universidades de Denver (Colorado) y Olympia (Washingon) pudieron convivir con ustedes durante unos momentos que tal vez cambiaron la vida de esos estudiantes.

Rechazamos todas las publicaciones y declaraciones difamantes que ustedes han sufrido por parte de los grupos que apoyan la industria minera en su región e intentan persuadir a la opinión pública que su labor en defensa de la vida es un crimen. La criminalización de su protesta es una estrategia que usa en vano la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. en su contra porque las mentiras son las únicas armas que le queda ante la permanencia de sus dos campamentos en resistencia. Gracias por mantener vivos estos dos campamentos, símbolo de su lucha, que logran impedir el paso de las maquinas de la empresa hacia la mina de titanio Casa Viejas.

Nos unimos a sus exigencias:

  • Información clara y oportuna sobre la situación de los proyectos de minería en los municipios de Acacoyagua y Escuintla;
  • Sanciones y clausuras definitivas de los proyectos mineros de la región;
  • No más licencias ni permisos a proyectos de exploración y explotación minera de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el municipio de Acacoyagua.

Gracias por seguir en pie de lucha, compañeros y compañeras, y por invitarnos a todos y todas a construir caminos libres de despojo y luchar a su lado.

¡Vida sí, Mina no!
¡Fuera la minería de Acocoyagua y Escuintla!
¡Viva el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio!

FIRMAMOS:

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/2933-felicidades-al-fpds-en-su-tercer-ano-de-lucha-contra-la-mineria-y-por-la-vida

Mexico

En la lucha contra la explotación minera todos hacemos falta: sacerdote

Representantes sociales se pronunciaron en contra de la explotación minera en los cerros El Cobre y La Paila, acto que se pretende realizar en este municipio y en la zona de Actopan, al asegurar que dañará considerablemente el medio ambiente.

El sacerdote de Actopan, Andrés Hernández Solano, aseguró que el movimiento contra las minas no es un acto de religión, tampoco para ganar adeptos, sino de lucha social frente a un hecho que dañará el medio ambiente.

Indicó que se unió a este movimiento de lucha social, debido a que se requiere generar conciencia en la población que aún no cuenta con la información necesaria sobre las consecuencias que se tendrán en caso de que los proyectos mineros se establezcan en la zona.

Hay gente que todavía no está bien informada sobre las consecuencias que estos proyectos tendrán, pero cuando vamos a las comunidades con la información cambian de opinión y se unen a este proyecto que busca defender los espacios ambientales de la zona y del estadoSacerdote Andrés Hernández Solano

El sacerdote realizó un exhorto a la ciudadanía para que se acerque a conocer el proyecto que busca derrotar las intenciones de empresas extranjeras que pretenden instalarse en la entidad.

Yo me uní a este grupo porque es una petición del Papa, porque nuestro arzobispo nos lo ha pedido y además de que es un acto al que no me puedo negar. Hay que recordar que muchos movimientos sociales que se han emprendido fueron creados por sacerdotes, pero también debemos recordar y puntualizar que no se trata de un movimiento religioso, aquí todos cabemos, todos son bienvenidos, todos hacen falta Sacerdote Andrés Hernández Solano

El activista de Cerrillos de Díaz, Miguel López Morales, aseguró que la lucha es necesaria para lograr erradicar los intentos de explotación minera en el estado.

Refirió que desde 2012 se comenzaron a organizar ciudadanos en las comunidades cercanas a la cabecera municipal con el objetivo de eliminar las intenciones de instalación de empresas extranjeras.

“Estamos unidos, trabajamos por el bien de todos y lo único que necesitamos es que la gente se una más para poder derrotar a estas empresas que buscan dañar el medio ambiente a costa de la explotación”, manifestó.

Mencionó que ha realizado trabajo informativo en las comunidades, con el fin de que la población tenga a la mano los datos relacionados con las consecuencias, daños y prejuicios generados con la explotación del suelo.

La activista de Palma Sola, Isabel Natividad Báez Juárez, indicó que gracias a la unión de las comunidades se logrará eliminar y detener la exploración minera que se pretende implementar sin considerar los daños causados al espacio natural.

Aunque dijo que no toda la población se encuentra informada sobre las problemáticas que se tendrán en caso de que las mineras se instalen en la entidad, sí existe resistencia al proyecto en el cerro La Paila.

Ante ello, destacó que en julio próximo se realizará una manifestación pacífica en contra del proyecto de minería, para la cual se espera la llegada de cientos o miles de personas.

“Así como la población se ha unido para impedir los cobros excesivos de energía eléctrica, nos uniremos contra los proyectos de explotación que van a dañar el medio ambiente por décadas”, expresó.

Fuente:https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-la-lucha-contra-la-explotacion-minera-todos-hacemos-falta-sacerdote-1776545.html

Colombia

No cesa violencia contra resguardos indígenas en Buenaventura

A la tortura de dos indígenas pertenecientes al resguardo indígena La Delfina, en Buenaventura, Valle del Cauca, se suma el asesinato de dos integrantes de la comunidad, hecho que provocó el desplazamiento de los habitantes de la comunidad hacía un punto de concentración en el cual se pudiera establecer un cordón de seguridad.

En un comunicado, la ONIC denunció que José Gustavo Parra Gutiérrez y Sebastián Velásquez Gutiérrez, integrantes del pueblo ‘Nasa Kiwe’, fueron víctimas de torturas al ser sometidos a golpes y, posteriormente colgados a un árbol mediante unas esposas que usualmente porta la Policía Nacional.

Los miembros de la guardia indígena que fueron torturados estaban encargados del cordón de seguridad establecido al rededor de la escuela de La Delfina, lugar al cual  decidieron movilizarse cerca de 130 familias, tras los hechos de violencia que han vivido otros integrantes de la comunidad.

Según relata el comunicado de la ONIC, los dos guardias estaban próximos a completar su turno, cerca de las 12 de la noche del lunes 25 de junio, cuando fueron interceptados por hombres encapuchados, quienes los despojaron de sus bastones de mando, procedieron a secuestrarlos y posteriormente torturarlos.

La comunidad fue alertada cuando llegó el reemplazo de la guardia y encontró solo sus bastones, momento en que iniciaron su búsqueda; posteriormente, hallaron a los dos guardias colgados de un árbol. Aunque ambos miembros del pueblo Embera fueron golpeados, se encuentran en condición estable de salud.

Según el testimonio de Luis Campos, integrante de la Comisión de DDHH de la ONIC el rapto y posterior tortura se produjo a 500 metros de una base militar, y a una estación de policía ubicada a 5 km del resguardo. Sin embargo, no hubo presencia de fuerzas del Estado en el momento en que se alertó sobre el secuestro.

La ONIC no tiene indicios sobre quiénes pudieron cometer este delito, dadas las condiciones de luz que tenia el lugar en el cual ocurrieron los hechos. Pese a esto, ambos miembros de la guardia indígena señalaron fueron más de 4 personas encapuchadas que no se identificaron como parte de ningún grupo.

Hay zozobra en la comunidad

El cordón de seguridad al rededor de la escuela de La Delfina se estableció desde el 7 de junio, día en el que cerca de 130 familias se desplazaron a la parte baja del resguardo, -lugar en el que se encuentra la escuela- temiendo por sus propias vidas dado que, habían sido encontrados los cuerpos de dos miembros del pueblo indígena que, luego se confirmó, habían sido asesinados.

Hechos a los que se suman los impactos de bala contra una de las paredes de la casa en la que estaba la secretaria del resguardo y al atentado sufrido por el rector de la escuela de la comunidad.

En correspondencia con estos hechos, Campos cree que puede haber una correlación entre los atentados que han sufrido en La Delfina y los intereses de empresas como Ecopetrol, Ferrocarril del Pacífico, la Empresa de Energía del Pacifico y la doble calzada Buenaventura-Buga.  Razones por las que se puede ver afectada la permanencia de la comunidad en el territorio

Aunque la ONIC está a la espera de la realización de un Concejo de Seguridad, y se encuentran evaluando las diferentes medidas para garantizar la vida digna de todos los resguardos del pacífico, sigue la zozobra en la comunidad, pues, como lo asegura Luis: “No saben de dónde provienen las amenazas”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/violencia-contra-resguardos-indigenas-en-buenaventura-articulo-54298/

Colombia

Multinacional minera amenaza con desplazar a 450 familias de Colombia

Con la militarización del territorio, con presiones de ejército y policía, la multinacional australiana METMINCO, que cuenta con filiales en Chile y Perú, busca presionar el desplazamiento forzado de 450 familias de mineros artesanales ubicados en la región de Miraflores, en el municipio de Quinchía, Risaralda.

Con la usurpación del territorio ancestral de la comunidad indígena Embera Karambá y de cientos de familias campesinas, la multinacional espera adelantar un inmenso proyecto de explotación minera que abarcará 6.043 hectáreas, lo que constituye el 80% del municipio de Quinchía, con un irreparable costo social y ambiental para la región.

Con una serie de estratagemas legales, en las que está involucrada la Agencia Nacional Minera, la Personería y la Alcaldía Municipal de Quinchía, se presiona por el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y campesinas. Con un amparo interpuesto por la multinacional METMINCO a la Agencia Nacional Minera se ordenó el cierre, la incautación de las herramientas de trabajo, y el desalojo de los mineros artesanales que han venido trabajando desde hace más de 150 años en la zona. Por otro lado, la multinacional ha realizado actividades de exploración con dinamita, lo que generó grave daño ambiental a la zona montañosa de Miraflores, entre ellos la destrucción de dos micro-cuencas que abastecían de agua a las veredas. Luego de los daños ambientales no se dio la suspensión de la licencia ambiental, por el contrario la multinacional presentó denuncia ante la Personería alegando alto riesgo de deslizamiento en la zona de Miraflores, daño que ellos mismos generaron, por lo que el 24 de mayo la Alcaldía Municipal de Quinchía ordenó el desalojo de 450 familias de la zona. Se quiere justificar el desalojo bajo la presunción de un posible deslizamiento de tierra, pero en realidad se trata de una estrategia legal para obligar al desplazamiento forzado de las familias, lo que permitirá iniciar en Miraflores las obras para la construcción de dos túneles exploratorios, cada uno de dos kilómetros de largo, al interior de la montaña.

Pero el drama del desplazamiento forzado en Quinchía no es algo nuevo, la planificación para la explotación del Bloque Aurífero del Cauca Medio, que involucra proyectos de explotación minera como el de La Colosa en Cajamarca, lleva décadas de planificación. Por un lado se encuentran los largos años de estudios de factibilidad técnica y financiera, la adquisición de los permisos y títulos legales de explotación que corresponden a 11 títulos mineros otorgados entre el 2008 y el 2013 pero, de manera paralela, se encuentran los procesos de violencia, las masacres y los asesinatos, para generar el desplazamiento forzado y el despojo de tierras de las comunidades indígenas y campesinas, necesarios para la realización de la explotación minera.

Como sucedió en casi todo el país, la intensa violencia paramilitar que se desató en Colombia de 1996 al 2003, funcionó como una maquinaria para el despojo de tierras y la posterior imposición de grandes megaproyectos. En el Chocó y el Urabá antioqueño la violencia antecedió la imposición de grandes cultivos agroindustriales de banano y palma de aceite, en el bajo Cauca antioqueño la violencia paramilitar antecedió la imposición de la Hidroeléctrica de Ituango, mientras que en Quichía las masacres y los asesinatos antecedieron la imposición del megaproyecto de explotación minera de oro y plata. Para mayo del 2002, el Frente Miraflores del Guáutica, adscrito al Bloque Central Bolívar, comandado por John Fredy Vega Reyes, alias “tiburón”, recorrió las veredas de Quinchía, en una acción paramilitar que dejó como saldo el asesinato de 6 campesinos. Pocos meses después, entre el 22 y el 25 de octubre del 2002, el mismo comando paramilitar asesinó a otras 9 personas por su paso por las veredas del Naranjal, entre ellos perdieron la vida dos indígenas de la comunidad Karambá. Luego del asesinato selectivo de 3 luchadores sociales en el 2003, y del desplazamiento masivo de la zona, la violencia obligó a que la Asociación de Mineros de Miraflores se viera obligada a “ceder” el título minero 010-87m a la Compañía Minera Miraflores, filial de la multinacional METMINCO.

La historia de sangre y despojo que se encuentra detrás de la imposición de la multinacional METMICO está directamente relacionada con la nueva victimización de las comunidades indígenas y campesinas en Quinchía, puesto que la “cesión” de los títulos de explotación minera del 2003, fue un acto ilegal e ilegítimo, no sólo por la violencia paramilitar que presionó tal cesión, sino porque los títulos originales fueron aportes del Gobierno Nacional a la comunidad y no son susceptibles de cesión alguna, por lo que la multinacional ha tenido que utilizar nuevos recursos para presionar el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas de Quinchía.

La orden de desalojo emitida por la Alcaldía Municipal de Quinchía se debía ejecutar para el 13 de junio del presente año, sin embrago, pese a la militarización de la zona, el desalojo no se concretó, por lo que las 450 familias de campesinos, indígenas y mineros artesanales se encuentran en un permanente estado de zozobra. Pese a sentirse amenazadas las comunidades de Quinchía se encuentran en pie de lucha en defensa del agua y el territorio, reclaman la solidaridad de todas las organizaciones sociales y populares, como de la opinión pública en general para seguir su lucha por su derecho al territorio después de siglos de permanencia.

Fuente:https://desinformemonos.org/multinacional-minera-amenaza-desplazar-450-familias-colombia/

Guatemala

El Estor, Izabal: gente sin tierra mientras las transnacionales la despojan y explotan

Tucurú, Panzós, Senahú del departamento de Alta Verapaz. La mayoría de la población es maya Q’eqchi’, Maya poq´omchi´ y mestiza. El río Polochic desemboca en el Lago de Izabal y es quien baña estas tierras, históricamente trabajadas por las comunidades, quienes han llevado una lucha larga por el reconocimiento de su propiedad que las ha llevado a sufrir represión, como la masacre de Panzós ocurrida el 29 de mayo de 1978, hasta la fecha.

La concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala es un problema que supone una herida abierta. Mucha gente no la tiene y busca como salida pedir al Estado habitar las que son de su propiedad. La Finca Setal son 617 hectáreas de la reserva natural que durante el gobierno de Álvaro Colom fue otorgada para ser administrada por la empresa minera CGN. En una de sus páginas web, la anuncia como la primera Reserva Natural Privada del país, bajo la tutela de un proyecto minero. Contradictoriamente, es ella la misma empresa que destruyó varios cerros para extraer el níquel y que actualmente contamina el Lago de Izabal con desechos químicos, resultado del proceso de extracción.

La reserva fue otorgada por el Estado de Guatemala en 2010 en propiedad a la empresa Bocanueva S.A., una de las tres empresas de International Níquel Co. (INCO) en Izabal, propiedad de capitales canadienses.1

Hace dos años llegó un grupo de familias q’eqchi’ y formó la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal, donde pidió al Estado resolver su situación. Sin embargo, la Compañía de Níquel acusó penalmente a dos personas de la comunidad para forzar a la gente a salir. Días después, la empresa llegó con la Policía Nacional Civil al lugar.

Dos hogares de la comunidad fueron afectados, niños pequeños y sus madres se quedaron sin los padres de familia porque están en la prisión de Puerto Barrios, detenidos de forma arbitraria, sin ninguna autoridad que les presentara una orden de detención. Además, son los abogados con mandato legal de la empresa CGN quienes promueven las denuncias penales en los tribunales.

Don Oscar Yat fue detenido el 24 de abril y Mario Ac Cuz el 3 de mayo, ambos ndígenas q’eqchi’ y con cargos como directivos en la comunidad, pero la acusación ante un juzgado colocó a otras cinco personas más con órdenes de detención. La empresa minera es quien los acusó penalmente, aunque ahora el caso está dando un giro, pues el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- pretende querellarse también contra los comunitarios.

Ahora, las familias en la comunidad agraria denuncian que varios trabajadores de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN- los desalojaron de la tierra, con la condición de que si lo hacían iban a dejar libres a las dos personas presas.

*El Estor, Izabal es parte del Valle del Polochic junto a los municipios de Tamahú, La Tinta.

Fuente:https://desinformemonos.org/estor-izabal-gente-sin-tierra-las-transnacionales-la-despojan-explotan-2/

Ecuador

Nuevos enfrentamientos en Intag por explotación minera

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

El tema de la minería en la zona de Intag, generó polémica y enfrentamientos entre comuneros de la parroquia Peñaherrera y Cuellaje, con funcionarios de la Empresa Nacional Minera, Ministerio del Ambiente, y de la empresa canadiense Cornerstone.
Según los habitantes de la comunidad El Paraíso, los funcionarios a quienes califican como invasores extractivistas y destructores de la vida, llegaron hasta la zona con el fin de “engañarnos con teorías y prácticas que en otros países han fracasado y han dejado en ruinas los  territorios biodiversos”.

Hechos

Los funcionarios fueron impedidos de entrar hasta El Mirador de Las Palmas, en donde tenían planificado socializar la información sobre la minería que para ellos es la correcta, pero que la mayoría de habitantes la rechazan.
“Poco antes de su arribo al sector conocido como El Paraíso, salimos a impedir el paso para que no engañen a nuestro pueblo con dádivas para salir de la pobreza, pese a que hubo la presencia de 10 policías”, aseguraron.
“Pese al fuerte aguacero que cayó el pasado miércoles, resistimos, porque creemos que el proyecto para extraer las minas de cobre es una amenaza para la naturaleza y para la paz”, expresaron los comuneros

La Asamblea del GAD de Cuellaje

Ayer se realizó una asamblea de las diferentes comunidades que pertenecen a Cuellaje, en donde se resolvió que el gobierno revierta las concesiones mineras de Cuellaje y todo el territorio de Intag; convocar a una asamblea zonal para exigir que se retiren todas las empresas mineras; cambiar al Teniente Político de Cuellaje porque defiende intereses del gobierno en el tema de la minería; impedir en todas las comunidades que los funcionarios traten de socializar información sobre el tema; y, unir esfuerzos a nivel territorial para no permitir la explotación minera (…)

Pronunciamiento oficial

La gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, dijo que “el diálogo es la mejor herramienta que nos permite saber las demandas del uno y el del otro sector”.

Fuente:https://www.lahora.com.ec/imbabura/noticia/1102167385/nuevos-enfrentamientos-en-intag-por-explotacion-minera

Argentina

En Catamarca pretenden llevar la mentira minera a las escuelas

El diputado catamarqueño Armando López Rodríguez, fiel al mandato de las mineras, presentó un proyecto de ley para la incorporación de contenidos vinculados a la temáticas mineras dentro de la currícula de educación provincial en los niveles primario y secundario.

Como de costumbre, Gobierno y mineras buscan generar falsos conocimientos acerca de lo que para ellos implica la actividad minera, pero que no es más que saqueo y contaminación, como ya bien sabemos y se ha comprobado en todo el mundo. Cuando gobierna el “Estado minero” se habla de crecimiento y desarrollo, pero esos conceptos han sido un sueño inalcanzado para el pueblo catamarqueño desde que la minería se instaló en la provincia hace ya más de 20 años.

El diputado provincial Armando López Rodríguez presentó un proyecto de ley para la incorporación, dentro de la currícula de educación provincial en los niveles Primario y Secundario, de contenidos vinculados a temáticas mineras.

El proyecto de ley Nº 084 que se encuentra en la comisión de Cultura y Educación de la cámara de Diputados de la Provincia tiene como contenidos a desarrollar con los estudiantes: constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en nuestra provincia, su utilización en la vida cotidiana; la importancia del sector minero en la economía nacional y regional, la regulación ambiental en la actividad minera y aspectos históricos.

Los objetivos principales de este proyecto señalan como fundamental que desde los diferentes niveles educativos de la provincia inicialmente se generen conocimientos acerca de lo que implica la actividad minera, sus potencialidades, ubicaciones geográficas de yacimientos mineros, y se desarrollen investigaciones en pos de construir nuevos conocimientos.

El espíritu del proyecto es que dicha incorporación se producirá en establecimientos educativos tanto de gestión privada como pública, sin diferenciar la naturaleza de la institución, “ya que nuestra juventud es el estandarte y resguardo de la imagen actual como futuro de nuestra sociedad”.

El legislador, vicepresidente de la cámara de Diputados, señaló que “con la actividad minera como eje estratégico del diseño de desarrollo y crecimiento, es necesario brindar a nuestros niños y jóvenes un espacio dentro de los establecimientos educativos que promueva el análisis e interpretación con espíritu crítico y rigor científico, acerca de las posiciones que se sostienen respecto de la minería como elemento de nuestra cultura local y valorar el impacto socioeconómico en nuestra provincia”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/41315-en-catamarca-pretenden-llevar-la-mentira-minera-a-las-escuelas

Bolivia

Los Chocolecos bolivianos, los protectores del cacao frente a la minería

Los indígenas lecos de Bolivia, organizados en una asociación, producen uno de los mejores cacaos del mundo, aunque ahora en menor número debido a los efectos del cambio climático y las facilidades de conseguir dinero en la industria minera.

“El proceso de producción del cacao es largo y muchos han preferido dedicarse a la minería porque es dinero más rápido, entonces eso ha debilitado nuestro trabajo, pero nosotros vamos a seguir”, dijo a Efe el presidente de la Asociación de los Chocolecos, David Piloy.

Los Chocolecos, como se conoce a esta organización, operan en el municipio de Guanay, en el norte amazónico del departamento de La Paz, y se dedican a producir un cacao cuya calidad le valió en 2017 ser catalogado entre los 18 mejores del mundo por el Salón de Chocolate de Francia.

Los productores muestran orgullosos el reconocimiento otorgado a su cacao y para ellos este premio es un impulso para continuar este trabajo, en el que, no obstante, poco a poco hay menos socios porque deciden cambiar de rubro y sumarse a la minería para extraer oro.

Piloy contó que hace un par de años contaban con más de 100 socios que se dedicaban a la producción del cacao, pero que en la actualidad son 36 familias que “contra viento y marea” siguen firmes en la producción.

“Somos muy felices con el reconocimiento de Francia a nuestro cacao, pero es difícil continuar porque somos muy pocos. Pero mantenemos nuestra calidad y para exportar nuestro producto necesitamos más socios”, remarcó Piloy.

El año pasado los Chocolecos lograron producir al menos 50 quintales de cacao que equivale a dos toneladas y media del producto, que en su mayoría se vende a prestigiosas chocolaterías de Bolivia, incluida la industria “Para ti”, afincada en Sucre, la capital constitucional del país.

Otro problema que afrontan los indígenas son los embates del cambio climático en el ciclo productivo.

Según el técnico René Márquez, la producción de cacao hace unos tres años era mayor que la de ahora y atribuyó esa disminución a que hay olas de calor que no permiten el procesamiento del producto o que hay un período largo de lluvias.

“Los cambios bruscos de temperatura afectan al cacao porque es un producto muy sensible y esto ha afectado a que se mantenga el monto de producción”, recalcó Márquez.

Para el presidente de la Federación de Productores de Cacao, Benigno Salazar, es necesario que exista un mercado más amplio en el país y en el extranjero para que la producción de cacao sea sostenible en el lugar y así también se pueda preservar esas hectáreas libres de la minería.

“La minería no es renovable, pero el cacao es sostenible en el tiempo si hay proyectos productivos que apoyen a los productores”, resaltó Salazar a Efe.

La productora Mery Machicao sostuvo que es duro continuar en esta labor con pocas manos, aunque expresó su confianza en que tarde o temprano la comunidad se dará cuenta que la producción del cacao es la manera más sostenible de obtener dinero y de dejar alguna enseñanza a sus hijos.

Los Chocolecos cuentan con asistencia técnica de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés) y también tienen apoyo en infraestructura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según Piloy.

Uno de los principales logros de los Chocolecos en lo que va del año es la conexión con la empresa Pacari, de Ecuador, para ver la posibilidad de exportar el cacao a ese mercado  “Vamos a enviar este mes alrededor de siete quintales para que ellos prueben la calidad de nuestro cacao y ver la posibilidad de hacer negocios”, señaló Márquez. (27/06/2018)

Fuente:http://www.la-razon.com/sociedad/Chocolecos-bolivianos-protectores-frente-mineria_0_2954704532.html