Entre 2008 a 2009 el rendimiento por hectárea de frijol y maíz era de una a 3 toneladas
En los años en mención se asentó en el lugar Minera Peñasquito; actualmente el rendimiento es de 300 kilos en promedio, según datos de la Sagarpa
La región de Mazapil ha visto disminuida tanto la superficie destinada a la agricultura como el rendimiento de la producción por hectárea donde aún se realizan cultivos. Si entre 2008 a 2009 (cuando se asentó en el lugar Minera Peñasquito) el rendimiento en la producción de básicos como el frijol y el maíz se encontraba respectivamente, en una y tres toneladas por hectárea, ahora el rendimiento es de 300 kilos en promedio, expuso con datos de la Sagarpa, el investigador Federico Guzmán López.
Adelantándose a quien pueda sostener que en estas cifras incide el periodo de sequía atípica involucrado en esos años, el doctor por la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, argumenta que la tendencia a la baja que informa se refiere a la totalidad del periodo de 10 años que estudió. Y atribuye el fenómeno a la afectación en la calidad del suelo por los contaminantes generados por la minería a cielo abierto, modalidad en que trabaja la citada empresa.
El pasado sábado, luego de 14 días, concluyó la toma de la empresa Peñasquito por parte de los otrora ejidatarios, quienes se convirtieron al paso de los años también en prestadores de servicios para la misma como transportistas. Su movilización se debió a la decisión unilateral de la minera canadiense, de entregar los contratos de acarreo de materiales a la también empresa trasnacional de capital español, EPSA.
El gobernador Alejandro Tello celebró que concluyeran la toma de la minera. En nota del corresponsal de La Jornada, Alfredo Valadez, se refiere que la reflexión del mandatario dirigida a la gente de las comunidades de Mazapil respecto de la pérdida de contratos es que deben ver hacia adelante, “ya lo pasado, pasado”.
Detrás del reclamo del cumplimiento de estos contratos como transportistas, se encuentra un convenio originario (2009) en que se pactó la renta de las tierras por 30 años para explotación mineral por la que las trasnacionales les pagó 50 centavos (mexicanos) por metro cuadrado, que aparejaba el presunto trato preferente para la gente de las comunidades para la obtención de un trabajo para Peñasquito-Goldcorp, según han informado los propios afectados.
Con ese dinero lograron adquirir, para este momento, unos 200 camiones con capacidad de carga de 14 metros cúbicos para el acarreo de materiales, a fin de constituirse en prestadores de servicios de Peñasquito Goldcorp.
El asentamiento de la minera en 2009 implicó un primer golpe al trabajo colectivo de la región, pues como se expuso modificó la forma de vida de las comunidades, les quitó “su parcela dedicada a la agricultura y su agostadero dedicado a la crianza de ganado” con lo que se vulneró su derecho humano al trabajo, expuso Federico Guzmán, también maestro en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo.
Luego la destrucción del suelo ha impactado a la economía local de subsistencia, pues los ejidatarios han tenido cada vez menos superficie para sembrar y menor rendimientos en sus parcelas.
La decisión unilateral Peñasquito-Goldcorp constituye “una segunda vuelta en la destrucción del trabajo colectivo” luego que se habían convertido en parte de la cadena de proveeduría de servicios de la empresa, ahora “son desplazados, su trabajo colectivo es nuevamente destruido”, dijo Federico Guzmán.
Observó que el fenómeno debe verse mediante “una lupa más amplia” pues responde a la lógica de la integración del capital alrededor de la extracción de minerales metálicos en la que no debe perderse de vista el rol del capital financiero que sustenta con sus recursos la compra de maquinaria para la instalación de plantas de beneficio, de construcción de presas de jales, y la contratación de maquinaria pesada.
Las empresas visibles son las que se encargan de la extracción de los minerales, cuando se piensa en ellas en automático vienen nombres como Goldcorp, Frisco en Fresnillo o Peñoles en Fresnillo, dijo, pero detrás está quien las financia, y por debajo y en la modalidad de subcontratación, la cadena de proveeduría “de la que elegantemente” se dice en Zacatecas como en Chihuahua, que “somos honrados en tener un clúster minero”.
Los clústeres locales no son como los de Chile o Canadá en los que a nivel nacional están articulados los inversionistas de gran capital, pero también los locales en la cadena de proveeduría garantizando un efecto multiplicador para la economía.
En Zacatecas hay que revisar su composición y ver que son excepciones las empresas locales inmersas en esta cadena, “puede lanzarse un suspiro de alivio” cuando escuchamos nombres como Concreto Lanzado de Fresnillo SA de CV o Diseño y Construcciones Martínez SA de CV, pero si las que se oyen son Remsa, Grupo Cavi, o Minsol Minning, lo que tenemos son filiales de empresas extranjeras, que son en su mayoría quienes atienden los procesos más costosos, dijo.
Por ejemplo, para la instalación y mantenimiento de tecnología de control remoto y satelital hoy requerida para la megaminería, no es lo mismo en términos de costos de operación e inversión lo que puede destinar una empresa local que una trasnacional extranjera.
El otro asunto es la tendencia cada vez mayor a hacer todo en grandes proporciones así como se tienen megaproyectos mineros se requieren vehículos “mega” para el transporte.
“Nos asustábamos con ver yucles en Real de Ángeles en el año 1980, con capacidad de carga de 120 toneladas, ahora vemos camiones en Peñasquito, que tienen capacidad de carga cercanos a las 500 toneladas”.
“Esa es la tendencia de la proveeduría a nivel internacional en términos de maquinaria pesada y ahí es donde está el asunto de la segunda vuelta o la segunda fase del desplazamiento forzado ahora del trabajo colectivo de esos pequeños proveedores locales”.
Precisó también ahora respecto del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), que fue Mazapil durante el periodo de 2014 a 2016, el municipio zacatecano más beneficiado, según datos de la Sedatu.
De los mil 411.68 millones de pesos que recibió el estado de Zacatecas, a Mazapil le correspondieron 454.81 millones.
Pero el tema involucra problemáticas como las reglas de operación del Fondo Minero, pues hay municipios que no pueden ejercer los recursos porque no tiene capacidad para tener un proyecto inscrito en los distintos rubros especificados.
“Esa es otra debilidad que debiéramos cuestionar, cómo está configurado ese Fondo”, el destino que se le pretende dar, un tema en el que opinó, deben involucrarse los candidatos que ya buscan insertarse en el Congreso de la Unión y en la próxima Legislatura local.
Federico Guzmán sostuvo que parte de ellos debieran destinarse a la educación superior, y ciencia y tecnología en los estados con presencia minera como lo es Zacatecas.
“Pudieran servir para amortiguar a ese más de un millón 200 mil zacatecanos sobrecalificados que están siendo expulsados de territorio nacional por no tener oportunidades”, expuso.
Agregó no obstante el panorama expuesto, que la coyuntura actual es favorable para discutir en el debate público el tema de la minería como un asunto de interés nacional prioritario para el desarrollo del país.
Sumó en ello a la coyuntura electoral con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“¡Qué bueno fuera que todos esos actores políticos ya de una vez propusieran planteamiento de política pública avanzados!”, puntualizó.
No se refiere a que sean de corte “progresista”, de derecha, de centro o izquierda, “o de no sé qué”, sino que propongan posicionamientos que busquen el desarrollo de México replanteando el reparto de la renta minera de manea más equilibrada.
Dijo que el valor de la producción minera debería servir para que en este momento en que se discuten estos asuntos, se equilibre el salario de los trabajadores mineros mexicanos con el de sus pares que laboran en tierras de nuestros socios comerciales.
“Entonces ya no tuviéramos una asimetría como la que tenemos actualmente en la que un trabajador minero en el estado de Zacatecas, en suelo mexicano, cobra en promedio 20 dólares por hora, mientras que un trabajador minero de los socios de América del Norte, en Estados Unidos y Canadá, cobra 40 dólares por hora”.
Específicamente aludió al llamado que hizo en el contexto de la renegociación del TLCAN, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, “qué bueno sería que les tomáramos la palabra (…) entonces hablaríamos de otra historia en cuanto al reparto de la renta minera”.
Tres décadas y media de neoliberalismo implicaron el despojo vía concesiones mineras del 60 por ciento del territorio nacional. Una cuarta parte de estas áreas (25 por ciento), fueron entregadas durante los gobiernos panistas “de la alternancia” de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, apunta el investigador Federico Guzmán López.
Para las comunidades zacatecanas donde se encuentran los yacimientos de minerales metálicos, este jugoso negocio implica actualmente, obtener 8 centavos de dólar por cada mil dólares que se llegan las megamineras, acota Federico Guzmán.
El investigador también ha alertado, que en este momento la Conagua ha concesionado a la minería en todo el país, 436.6 millones de metros cúbicos de agua para sus procesos industriales, con los que pueden satisfacerse el derecho humano al agua de 11.95 millones de mexicanos, población que equivale a la de Baja California Sur, Campeche, Colima, y Nayarit juntas.
Federico Guzmán López presentó el pasado 15 de junio en el patio central de Rectoría, su libro Megaminería. Y 7 maldades del despojo territorial (Editorial Académica Española, 2018). Al que propone como “una especie de provocación a la acción colectiva informada”, un llamado a la reflexión dentro del debate público acerca de los impactos de esta actividad económica para la población de Zacatecas y el país, que se inserta como una aportación de las investigaciones hechas al interior de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (UAED) de la UAZ para el gran debate internacional sobre este tema.
Fuente:http://ljz.mx/2018/06/28/colapsa-produccion-agricola-en-mazapil-como-consecuencia-de-la-mineria-academico/
La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate la ley de páramos, que brinda una especial protección de estos ecosistemas a lo largo del territorio nacional.
Si se analiza el Salar de Atacama en el largo plazo, prescindiendo de sus arbitrarias sectorizaciones, y se comparan las sumas totales entre renovabilidad o recarga de aguas (mal llamada oferta de recursos hídricos) y la demanda comprometida, que corresponde a la suma de los derechos otorgados, se puede notar que el Salar en su conjunto ya se encuentra sobreotorgado.
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Un grupo de 72 organizaciones internacionales y sus representantes, entre los cuales se encuentran 43 ganadores del renombrado premio Goldman[i] ,entregó a la embajada china en Washington una carta[ii]en la que expresan su preocupación con respecto a las actividades de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Empresa que se ha visto envuelta en actos de secuestro, detención arbitraria e intento de asesinato a líderes indígenas en la zona del proyecto Río Blanco en el cantón Molleturo. De acuerdo con las víctimas de estos actos de intimidación y violencia, fueron trabajadores de la empresa minera los responsables de hechos, realizados con el fin de aterrorizar y amenazar a quienes se oponen al proyecto minero.
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