Mexico

Acusan a la familia Trasviña de solapar proyectos de minería tóxica en Baja California Sur

 El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.

Luna Salaices agradeció a los sudcalifornianos el haber colaborado en la colecta de firmas, la cual ascendió a las 4 mil rúbricas, es decir, el triple que se requiere para presentar el apoyo al Congreso del Estado de Baja California Sur (BCS), destacando que lo anterior refleja una gran cantidad de ciudadanos que quieren participar de forma activa en las decisiones que competen al futuro de BCS.

Luna Salaices subrayó que pese a las críticas y ataques que ha sufrido el comité a su cargo por parte de la familia Trasviña, quien pregona su preocupación por el medio ambiente, la cual se encuentra vinculada con asuntos referentes con la minería tóxica, tal es el caso de la mina La Testera, lugar donde trabajó Manuel Salvador Trasviña, como empleado.

El presidente del Comité Promotor acusa Juan Ángel Trasviña de haber recibido financiamiento del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (Cemeda), así como de recibir recursos de fundaciones extranjeras y de ser propietario de la empresa Biodingenieria Internacional, S.A. de C.V., donde tiene clientes hoteleros e industriales de quienes recibe grandes cantidades de dinero.

“Este personaje dice oponerse a la minería sin dar fundamentos científicos y sin escuchar a los expertos, a pesar de que sabe que la minería tóxica que opera en nuestro estado le niega la oportunidad de llevar una minería sustentable y sigue solapando la minería tóxica”, aseguró.

Finalmente, Miguel Ángel Luna invitó a los candidatos a que conozcan y apoyen su iniciativa y se sumen a la lucha por una minería sustentable, rechazando así la minería tóxica.

Fuente:http://elinformantebcs.mx/acusan-a-la-familia-trasvina-de-solapar-proyectos-de-mineria-toxica-en-baja-california-sur/

 

Argentina

En Jujuy las mineras se toman toda el agua y a precios regalados

En Jujuy  “la actividad minera metalífera aporta por el uso de agua, en el caso de Mina Pirquitas, con un consumo superior al millón de metros cúbicos por día, un total apenas superior a 12.000 pesos anuales, y en el caso de Mina el Aguilar, empresa que funciona desde la década del ’20 y que paga desde 2010, apenas alrededor de 23.000 pesos anuales, aproximadamente mil pesos por mes una, y menos de dos mil pesos por mes la otra”. Lo señaló el diputado provincial por la UCR y vicepresidente 2do. de la Cámara de Diputados de Jujuy, Jorge Rizzotti.

De todas formas, el legislador está lejos de reflexionar sobre las consecuencias que vive su provincia con la minería a gran escala, solo aspira a un mayor control al proponer que “de una vez esta Legislatura propicie el debate sobre control y explotación minera en Jujuy”.

“Necesitamos debatir un régimen propio donde nos respeten como provincia dueña de sus recursos, donde le demos realmente el valor a los recursos y a lo que significa el hecho de que estos recursos también le pertenecen a las generaciones futuras”, enunció Rizzotti, y amplió que “en la capital de la minería, la actividad representa sólo el 0,3% de lo que ingresa al presupuesto de la provincia”.

Rizzotti, cayó en la cuenta de que su provincia se encuentra actualmente encorsetada en “leyes nacionales que son el reflejo claro de lo que ha sido la gestión de Menem en nuestro país”.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/jujuy/item/40591-en-jujuy-las-mineras-se-toman-toda-el-agua-y-a-precios-regalados

Perú

Piura entre la reconstrucción y la protesta

Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.

En los primeros días de su mandato, el presidente Vizcarra visitó Santa Rosa en el distrito de Curamori, afectada por las lluvias e inundaciones de hace un año, para ver cómo estaba la zona. Allí declaró que la reconstrucción iba lenta y que hasta el momento sólo se había gastado 25,000 millones de soles que equivale al 5% y que a ese ritmo se necesitarían 10 años para terminar[1]. La percepción es que la visita de Vizcarra en algo contribuyó a acelerar los trabajos de reconstrucción.

Si bien en Piura el modelo de desarrollo a partir del proceso de la reconstrucción se articuló en función de los grandes intereses empresariales, lo cierto es que ello también acarreó una profunda reflexión de instituciones, gremios profesionales e interpelación a autoridades acerca de cómo debía ser la reconstrucción de una región donde su población sigue golpeada, pero a la vez ávida de respuestas que tardan en llegar.

Con la asignación del presupuesto, el gobierno regional priorizó programas como Agua para Todos para restablecer el sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua, por lo que se abrieron calles para poner tuberías, que se teme que con mal cálculo de los alcaldes se vuelva a romper y afectar los trabajos de reconstrucción. Asimismo, se atendieron temas como la reducción de la anemia, el impulso de proyectos como Alto Piura para la producción, la conservación de recursos naturales en Áreas Protegidas, otros programas como Procompite, e inversión en gestión de recursos hídricos, como los contratos para la descolmatación del reservorio de Poechos, cuyos trabajos están en ejecución.

Sin embargo, la asignación de lotes petroleros en las costas del territorio piurano afectó el porvenir del beneficio petrolero de la región para la población, por los tipos de contratos perjudiciales que fueron firmados el mismo día de la renuncia del ex presidente Kuczynski, por lo cual el propio presidente Vizcarra ha ordenado su revisión.

Pero es necesaria una mayor articulación entre estos procesos de desarrollo de la región desde los espacios urbanos, y el modelo de desarrollo agrícola del sector campesino y rural del Alto Piura. Esta semana hubo una masiva movilización de los agricultores a la ciudad demandando obras de reconstrucción de infraestructura de riego y mejora del sistema hídrico para afrontar la escasez del recurso de los próximos meses. Por su parte, en un sector del Alto Piura se ha acumulado el descontento de la imposición de la restitución del proyecto Río Blanco, que ha motivado la reciente movilización de alrededor de diez mil agricultores contra el proyecto minero. Los ronderos de Ayabaca, Huancabamba y Segundo y Cajas defienden el derecho al desarrollo basado en la agricultura.

Ellos demandan al Estado otorgar carácter vinculante a la consulta vecinal del 2007 donde se votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. Se trata de una zona de páramos con ecosistema frágil, por lo que se juega el futuro agrícola del distrito. Todavía el nuevo viceministro de gobernanza territorial no se manifiesta, pero el Estado no tiene previsto qué hacer y cómo actuar frente a la falta de licencia social del proyecto, en su lugar favorece su intervención, la cual es rechazada por la población por los antecedentes que presenta de afectación del medio ambiente y de sus derechos.

En este caso la atención pronta del ministro Gustavo Mostajo con las once comisiones de regantes es una rápida respuesta para prevenir el paro. Esperamos que su articulación con el gobierno regional sirva para resolver el desembalse del conflicto y el reclamo de la población, establecer acuerdos y que estos sean cumplidos y no como ocurrió en el caso de las mesas de desarrollo donde quedaron sin resolución.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/piura-entre-la-reconstruccion-y-la-protesta

 

Perú

Huanta: Continúa oposición a presencia minera en comunidad de Chaca

El Comité Antiminero de la provincia de Huanta, que agrupa los comités de riego de Luricocha, Razuhuillca y Opangay, así como el Frente de Defensa de Huanta, se mantiene firme en su rechazo a la presencia de la empresa minera Vicente de Putcca (perteneciente a la familia Figueroa Farfán) en los territorios de Chaca y Parccora. Por ello, han solicitado a los congresistas Joaquín Dípaz y Humberto Morales elaborar un proyecto de ley para la conservación de suelos, protección y conservación de los ojos de agua de la provincia de Huanta.

Según refirió la regidora de la provincia de Huanta, Amanda Valdez, con esta propuesta se busca salvaguardar la integridad de la cuenca de cuenca del Razuhuillca y las fuentes de agua que existe en la zona, considerando que «hay más de dos docenas de empresas que tienen concesiones en la parte alta del territorio de la provincia de Huanta, que corresponde a Razhuillca «.

Para encaminar esta propuesta de ley, el congresista Dipaz, anunció que una de sus asesoras, arribara a la ciudad de Huanta el próximo 24 de mayo para visitar la zona donde se ha denunciado la actividad minera, así como la cabecera de cuenca del Razuhuillca para empezar a documentar la iniciativa legislativa.

 

Controversias

De otro lado el alcalde del distrito de Chaca, Pricilio Ramos Morales, en una reunión convocada por la Oficina de Prevención y Gestión de Conflictos (OPGCS) del Gobierno Regional de Ayacucho, se había manifestado a favor de la presencia de la actividad minera en su localidad, razón por la cual el presidente del Comité Antiminero de Huanta, Benito Cabezas, rechazó esta posición y lo incrementó indicando que los comuneros que tienen criaderos de truchas podrían ser afectados si se desarrolla la actividad minera en la zona.

Según fuentes de la OPGCS, la familia Figueroa Farfán, ha firmado una acta ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho (DREMA) donde se compromete a suspender todo tipo de actividad el pasado 9 de abril, pero esto no es suficiente para el Comité Antiminero de Huanta.

Asimismo la oficina de Prevención y Gestión de Conflictos (OPGC) del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) intentó mediar en este conflicto, por ello realizó hasta dos reuniones, siendo la última el pasado 15 de mayo, pero no tuvo resultados concretos. La Autoridad Local del Agua, así como la DREMA realizaron inspecciones a la zona donde se denuncia la presencia de actividad minera, pero sus informes indican que sólo se realizó trabajo en socavones prexistentes y que no había maquinaria pesada, sólo una comprensora. El ALA precisó que las fuentes de agua no están contaminadas como se había denunciado.

Al respecto, la regidora Amanda Valdez dijo que en la inspección que realizó las organizaciones sociales y los regantes el año pasado había «maquinarias y camionetas, así como herramientas que las instituciones ya no encontraron cuando inspeccionaron». Pero nosotros tenemos videos y fotos sobre lo que encontramos en nuestra primera visita «, expreso.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/ayacucho/huanta-continua-oposicion-presencia-minera-en-comunidad-de-chaca

Perú

Cusco: proyectarán documental sobre la contaminación en Espinar

La primera proyección de «La vida no vale un cobre» se realizará en Cusco el sábado 19 de mayo para la población de Espinar.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en Cusco.

El formato del documental permite conocer de cerca los conflictos que genera la minería en la provincia cusqueña de Espinar donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo: Antapaccay de la empresa suiza Glencore, y que controla el 50% del mercado libre de cobre.

Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente, según el documental.

En la producción de ponen en relieve el rol de las mujeres campesinas. Aparecen en el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida, y el largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

El documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

“El documental tiene muchos factores valiosos; pone en evidencia la manera sistemática y organizada la afectación del impacto ambiental, social y de salud que sufren las personas que viven en el entorno minero de la empresa Glencore Antapaccay”, señaló Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones, el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos.

Se ha programado proyecciones a nivel nacional e internacional. Empezará en Cusco el jueves 17 de mayo a las seis de la noche en la Sala Tipón de la Municipalidad Provincial, y el sábado 19 de mayo en la provincia de Espinar, a la dos de la tarde, en el Teatro Municipal.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1244407-cusco-proyectaran-documental-contaminacion-espinar

 

Argentina

un repaso necesario de la ley de glaciares

La ley de glaciares generó controversias desde que fue sancionada por primera vez en 2008. Inicialmente vetada por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en su primer veto como presidenta, actualmente genera fracturas dentro del oficialismo. De un lado, el impacto que la minería tiene en las economías regionales y su uso, a través de numerosos insumos, en la vida cotidiana de la sociedad. Del otro, los daños ambientales que el desarrollo irresponsable que esta actividad puede traer. Se trata de una norma que dividió las aguas desde su gestación.

Es importante repasar en profundidad los vaivenes de una ley que nunca se llegó a aplicar por completo. Desde que fue impulsada inicialmente por la exdiputada Marta Maffei, sucedieron muchas cosas. El exdiputado Miguel Bonasso se alejó del kirchnerismo después del veto de la expresidenta, luego llegó el recordado acuerdo con su par Daniel Filmus, y posteriormente la medida cautelar que impidió la implementación de la norma entre otros sucesos.

 

LA NACION invita a revisar cronológicamente un caso que sigue en desarrollo. En noviembre del año pasado se conoció la intención de una parte del oficialismo de modificar la ley para favorecer la llegada de inversiones y promover la generación de empleo a través de la minería. Esta declaración de intereses provocó algunos problemas internos en Cambiemos, ya que una de las principales referentes de esa fuerza política, Elisa Carrió, se manifestó abiertamente en contra de la modificación. Es que el ARI, el partido que ella lidera, fue históricamente uno de los principales defensores de la norma.

Ecuador

Campesinos de Azuay marchan en rechazó a la minería

La extracción de oro empobrece el agua y la contamina, se ven afectadas tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales, se produce sequía y se contaminan los suelos, sin contar que la biodiversidad propia del agua también se ve afectada por los residuos químicos.

Este jueves, más de 100 personas de la parroquia cuencana de Molleturo participaron en una protesta contra los proyectos mineros Río Blanco (provincia de Pichincha) y Loma Larga (sur ecuatoriano), emplazados en la provincia de Azuay (sur de Ecuador).

Los manifestantes se presentaron con banderas de la Organización de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y se reunieron en el parque de San Blas, para luego avanzar por la céntrica calle Bolívar hasta los bajos de la Gobernación, en el Centro Histórico de Cuenca (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

La dirigente de comunidades de la FOA, Mario Fárez, indicó que este es el inicio de un ciclo de protestas orientadas a exigir la salida de las empresas mineras de los páramos de Azuay. “Defendemos el agua para todos, porque es el recurso necesario para la vida”.

Los participantes en sus consignas también reclamaron la libertad de los dos campesinos que fueron detenidos en los sucesos registrados el martes 8 de mayo, cuando se incendió una maquinaria pesada y parte del campamento de Río Blanco.

Además, se bloquearon vías y se destruyó un puente de madera. Estos incidentes consiguieron la detención, en dos días distintos,  de siete personas, de los cuales ya cinco están con libertad condicional con prohibición de salida del país y la presentación cada dos días de la semana en la Fiscalía. Los procesos judiciales continúan y los otros dos campesinos restantes siguen detenidos.

Durante la actividad demandante de este jueves la Policía custodió todo el tiempo a los manifestantes.  Por su parte, el presidente de la Ecuarunari,  Yaku Pérez, anunció que la próxima semana regresarán a las calles con la participación de delegaciones de las comunidades que están ubicadas en la zona de influencia de los dos proyectos mineros.

La explotación del proyecto Río Blanco se efectuará a través de una mina subterránea. Según los estudios efectuados hasta el momento, se estima que el yacimiento permitirá una recuperación anual de 67.910 onzas troy de oro y 478.456 onzas troy de plata, es decir, una producción de 2,1 toneladas de oro y 14,9 toneladas de plata. En total, durante 11 años de trabajos se extraerán 23.1 toneladas de oro y 163.9 toneladas de plata.

Según INV Metals, el proyecto Loma Larga (“la Propiedad”) está ubicado al sur de Ecuador a  480 km al sur de la capital Quito y a  30 km al suroeste de la ciudad de Cuenca. La Propiedad posee de tres concesiones mineras (Cerro Casco, Río Falso y Cristal) que cubren un área de 8.000 hectáreas. Este depósito contiene una reserva de minerales estimada en 1.86 M oz de oro.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/latino-america/campesinos-de-azuay-marchan-en-rechazo-a-la-mineria/05/17/

 

Internacional

Suspendido el plazo para resolver la petición de Quantum de sondear aguas subterráneas

Así lo ha comunicado la Confederación del Guadiana sobre la nueva solicitud de la mercantil minera, cuyo anterior proyecto ya fue rechazado

Esta empresa ha pedido pedido iniciar una investigación para el lavado de tierras raras, de nuevo en el Campo de Montiel.

Después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha  tumbara el proyecto de extracción minera de tierras raras en el Campo de Montiel, la mercantil promotora a la que se cerró la puerta, Quantun Minería, ha abierto otro procedimiento administrativo para el lavado de estos elementos químicos. Para ello, cursó solicitud de sondeos en aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que ahora ha suspendido el plazo para resolver a la espera de que el Gobierno de Castilla-La Mancha se pronuncie al respecto.

El objetivo de esta empresa es ahora realizar  lavado de estos elementos químicos mediante el sondeo de aguas subterráneas a 200 metros de profundidad en la misma zona. El objetivo de la investigación es principalmente el tratamiento de monacita, un grupo de cuatro minerales utilizados para la elaboración de materiales tecnológicos.

La petición a la Confederación la hizo pública en su momento la Plataforma Sí a la Tierra Viva, el colectivo que se constituyó como respuesta civil al primer proyecto y así aparece publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real del pasado mes de marzo. Desvelaba que Quantum pretende la realización de un sondeo de investigación de aguas subterráneas al objeto de determinar la existencia de un caudal aprovechable continuo inicial de 2,781 litros por segundo. Establece que el volumen máximo anual inicial sería de 87.730 metros cúbicos (reducido al 20% posteriormente).

En cuanto a la posible afección del sondeo, la empresa tomaba en consideración una extensión de 340 kilómetros cuadrados (34.000 hectáreas), en los que Quantum inventarió 121 puntos de agua, en su gran mayoría por con una profundidad menor de 20 metros.

Ahora la Confederación del Guadiana ha suspendido el plazo de tres meses para resolver, quedando el expediente del preceptivo informe del Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como se ha comunicado a todos los colectivos que se han personado en el proceso.

Nuevos movimientos de rechazo social

Los técnicos de ‘Sí a la Tierra Viva’ ya habían analizado también la nueva documentación presentada por Quantum Minería, habiendo puesto a disposición de la ciudadanía un primer documento de alegaciones, que después ha sido reforzado con las realizadas por la propia asociación. También ha mantenido contactos con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, ayuntamientos y otros colectivos de la comarca que están manifestando su intención de luchar de forma conjunta con la Plataforma para evitar que este «ingente volumen hídrico sea desaprovechado».

A finales de octubre de 2017, el proyecto de explotación de tierras raras de Quantum en el Campo de Montiel obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental negativa en Castilla-La Mancha por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico.

“Esto pone fin al proceso”, repitió entonces el consejero de Medio Ambiente, Francico Martínez Arroyo. Con ello  se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en sucesivos manifestaciones.

Fuente:https://www.eldiario.es/clm/Suspendida-peticion-sondear-subterraneas-tierras_0_772722937.html

 

Mexico

Los guardianes del peyote vs la minería: así han luchado los huicholes por salvar las tierras donde se creó el mundo

El Cerro Quemado, es uno de los lugares sagrados de los huicholes o wixarikas, hacia él peregrinan para lograr una comunicación con sus dioses mientras los marakames los guían en esa travesía donde recogen a sus antepasados, el peyote, los venados y el agua de los manantiales. Este grupo indígena que se ha negado a la modernización, ve en peligro sus tradiciones ancestrales, puesto que el gobierno mexicano ha dado a la minera canadiense First Majestic Silver, una concesión para explotar las vetas de plata del subsuelo y los cerros de Wirikuta, el lugar sagrado de los wixarikas.

Los huicholes tienen una geografía sagrada que abarca desde las costas de Jalisco en el Pacífico, atravesando los estados de Durango, San Luis Potosí, Nayarit y Zacatecas, en toda esa área encuentran los pilares de su cosmovisión. En esa peregrinación que parte en el mar y culmina en el desierto Wirikuta, acuden los marakames o guías y hikuritamete también conocidos como peyoteros o jicareros.

¿En qué consiste la peregrinación?

 Según los relatos de los huicholes, durante la primera peregrinación desde tierras de Jalisco y Nayarit, hubo varios hombres y mujeres que se quedaron en el camino, adoptando la forma del peyote, el tabaco, el maíz, los venados (y otros animales de caza), el agua de los manantiales, y otros elementos de su geografía como montes, piedras y lagos, y se quedaron viviendo en el trayecto para que cada año, al repetirse la peregrinación, los wixarikas tuvieran provisiones para el camino.
En el camino se hace un ritual de purificación, donde se confiesan los secretos de los peyoteros o jicareros, guiados por el marakame, después de este ritual, se llega al nierika (a tener el don de ver) una vez que se ha consumido el peyote. El marakame busca entre la oscuridad al venado azul (al peyote), cuando lo encuentra le lanza cuatro flechas, señalando los cuatro puntos cardinales. La peregrinación termina en la sierra de Real de Catorce al amanecer, cuando los peyoteros y sus marakames regresan al campamento, y siguen consumiendo peyote hasta la siguiente noche.

La minera canadiense First Majestic Silver, a través de su filial mexicana Real Bonanza, tiene concesiones en el municipio de Catorce (San Luis Potosí) para exploración y explotación en 3407 hectáreas, en las cuales extraerán diversos minerales entre ellos: Oro, Plata, Plomo, Zinc, Cobre, Cadmio, Molibdeno y Antimonio.

La principal preocupación de los grupos indígenas de la zona, es que el agua que ellos utilizan proviene de manantiales, y no creen que sea suficiente para las grandes cantidades de agua que se utilizan en la minería. Además en los modernos métodos de extracción, a menudo se utiliza cianuro que puede ser potencialmente mortal, atacando principalmente al sistema nervioso, la tiroides y el riñón.

Wirikuta consta de 140 mil hectáreas y fue designado como Sitio Sagrado Natural por el Estado de San Luis Potosí en 2001, sin embargo, se ha pasado por alto esa designación a través de concesiones a diversas empresas mineras, por la próxima construcción de la presa de La Maroma, y por las actividades de agroindustrias.

Clemente de la Cruz, un marakame wixárica comentó al respecto en un foro efectuado en la Facultad de Derecho de San Luis Potosí:

Desde la llegada de la minera, el gobierno irrespetó (sic) la cultura de sus pueblos indígenas al anteponer el interés privado por encima de los suyos, pues ya existía un decreto que protegía el territorio.

La cruzada por defender un pueblo y sus tradiciones

En varios frentes se han hecho eco de la solicitud del pueblo huichol por defender su territorio, de hecho, en el año 2015, se llevó a cabo el foro «Agua en el desierto 2030» en donde se pone de manifiesto la importancia bio-cultural de la región Wirikuta, por su gran cantidad de especies endémicas, y porque está íntimamente ligada a la vida de un pueblo, misma que sería grandemente modificada, al punto de poder llevarla a su desaparición, si es que se continúa con los proyectos extractivos y de agroindustria.

Por otra parte, hay un colectivo de ciudadanos mexicanos y extranjeros, que están pugnando porque Wirikuta sea declarado patrimonio de la humanidad, y con esto, impidiendo las pocas actividades productivas que se venían haciendo en la zona, tales como la minería, la agricultura y la ganadería, a esto se oponen principalmente los ejidatarios de la zona, sin darse cuenta que una declaratoria en este sentido, podría abrirles camino a otro tipo de actividades del sector terciario de la economía, es decir, actividades de tipo ecoturísticas, culturales, comerciales que impacten de manera positiva en su forma de vida.

Uno de los factores que juega en favor de las compañías mineras, es la pobreza en que viven muchos de los habitantes de la zona, a quienes prometerles un salario, un trabajo, una forma de vida, la necesidad es mucha y Real Bonanza, la filial de First Majestic Silver, promete crear 750 puestos de trabajo. En palabras de Humberto Fernández, hotelero de Real de Catorce:

Si un minero, hoy, le pega a una veta de oro, él obtiene su mismo salario. No es lo mismo con el empresario. El minero no participa en la riqueza, todo se centraliza y nunca ve nada de las ganancias. Todo se va a México, a la Bolsa de Valores y el minero, nada. Acá está la muestra: una compañía que trabajó durante 20 años y ¿qué dejó? Nada. Pura contaminación y desgraciadamente pobreza.

Otro de los habitantes de Real de Catorce, el párroco Ernesto Vega comenta al respecto:

Aquí en Real de Catorce, si la mina abre, lo más que dará empleo será durante cuatro o cinco años. No es mucha la plata que quedó pero, las consecuencias a futuro serán graves, sobre todo si utilizan cianuro u otro tipo de solventes que pueden llegar a contaminar mantos acuíferos. A la larga, la mina dejará más que beneficios puros perjuicios

Sin embargo, aún con la contaminación del subsuelo y los mantos acuíferos en contra, en junio de 2015, una Consulta indígena concluyó con un acuerdo para la construcción de la presa La Maroma, donde a través de la Comisión Nacional del Agua, se logró establecer un diálogo con los wixarikas en su propia lengua, informándoles de las ventajas de dar su autorización para la construcción de esta presa de almacenamiento. Este consentimiento se logro gracias a que en un mapa les explicaron que no se ponía en riesgo ninguno de los lugares de la ruta Wirikuta.

Las únicas demandas de los huicholes fueron que se les permitiera realizar un ritual tradicional al arrancar la obra, que se preservaran los Centros Ceremoniales, que se reforestara la zona, y que se hicieran mejoras tanto en la ruta como en los servicios básicos y casetas de vigilancia de los centros ceremoniales.

Seis años han pasado para que los wixarikas pudieran agradecer la victoria a sus dioses.

En el año 2017, los wixarikas hicieron una ceremonia de agradecimiento a sus deidades por librarles de la carga espiritual que suponía estar luchando contra las mineras,

Asimismo nos han comunicado que debemos seguir venerando nuestra cultura y a ellos mismos, para de esta forma seguir renovando las velas de la vida que son los soportes de la existencia del mundo wixárika y de toda la humanidad

Esto fue declarado por Eusebio de la Cruz, marakame huichol que es el enlace natural entre los dioses y los comuneros, a quienes les indica cómo proceder para salvaguardar sus centros ceremoniales.

Los wixarikas, saben que la lucha no ha sido solo suya, por eso agradecen a los académicos, artistas, intelectuales y a la diócesis de San Luis Potosí, el haber estado hombro a hombro con ellos defendiendo su patrimonio y sus lugares sagrados.

La lucha aún no ha concluido, pues aunque se interpusieron varios amparos para frenar de lleno el trabajo de las mineras en el área, es de esperarse queno se queden de brazos cruzados, debido a las proyecciones que tienen de encontrar minerales en esa zona.

Es por esa razón que el Consejo Regional Wixárika está trabajando para ayudar a las mineras a encontrar lugares que puedan explotar con actividades de minería. Para Santos de la Cruz, integrante del consejo regional, se encuentran en una encrucijada ya que de continuar con los proyectos mineros:

“Perderíamos toda nuestra cosmogonía, es ahí donde hacemos nuestras prácticas tradicionales, ahí se funda la esencia de nuestra vida y nuestras raíces culturales; y que el Estado Mexicano permita que se explote la tierra es permitir que se pierda una cultura, es comparar como la “Villa” para los católicos o como la “Meca” de los musulmanes, pero va más allá, para nosotros lo que está en juego es la vida

Por ahora, a pesar de que las mineras anunciaron su decisión de retirarse de territorio Wirikuta, la pugna por la exploración y explotación de este lugar por su riqueza mineral, aún no concluye, ya que los amparos interpuestos por los huicholes siguen su curso, y las concesiones no han sido retiradas.

Fuente:https://www.xataka.com.mx/otros-1/los-guardianes-del-peyote-vs-la-mineria-asi-han-luchado-los-huicholes-por-salvar-las-tierras-donde-se-creo-el-mundo

Ecuador

EL SUFRIMIENTO DE MOLLETURO NO INICIÓ CON JUNEFIELD

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, provincia del Azuay. Sus moradores son principalmente indígenas y campesinos. En la parte alta de Molleturo, se encuentra una zona de páramo, donde nacen varias fuentes de agua, con una biodiversidad única, que da sustento a las comunidades locales.

Esta zona no debe ser intervenida por la minería por la presencia pueblos indígenas y campesinos, de restos arqueológicos preincaicos, por sus bosques protectores y lagunas, por la creación en 1977 del Parque Nacional El Cajas, la categorización del área como sitio Ramsar en 2002, y por la declaración de la Reserva de Biosfera Macizo El Cajas en 2014.

La fiebre del oro, amenaza constante a Molleturo

Pese a la fragilidad e importancia ecológica de esta zona, varias empresas mineras han intentado explotar oro y plata de su subsuelo. En 1995, la empresa británica Río Tinto intentó explotar el yacimiento denominado Alejandra -hoy proyecto Río Blanco-, pero tuvo que abandonar sus planes al ser expulsada por los comuneros locales en respuesta a sus abusos, divisionismos y malas prácticas sociales.

A Río Tinto le siguieron otras mineras como San Luis /IMC (International Minerals Corporation), que activó el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en el 2011, cuando su exgerente Federico Auquilla, era viceministro de Minas. IMC dejó el proyecto en noviembre del 2012, argumentando la postura antiminera de las comunidades, y porque “no hay antecedentes de que la minería a gran escala deje beneficios económicos para el Estado y la población ecuatoriana” (1).

Más recientemente, en 2013, la compañía privada china Junefiled compró dos proyectos a IMC, Gaby y Río Blanco, y creó la empresa EcuaGoldMining S.A. Junefield Mineral Resources Holdings Ltd.  como parte de su estrategia de invertir en minerales en Sudamérica, llegando a tener alrededor de 800 concesiones que abarcan un área de 6,420 kilómetros cuadrados.

Mandato incumplido

El 22 de abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Constituyente No. 6, o Mandato Minero, donde se declara la extinción de las concesiones otorgadas al interior de bosques protectores y áreas de amortiguamiento de parques, entre otros

“Se declara la extinción, sin compensación económica alguna, de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua” (Artículo 3) (2).

En aplicación de este mandato, las concesiones otorgadas para el proyecto Río Blanco fueron declaradas extintas por la Asamblea Constituyente. Consecuentemente, todos los actos jurídicos y administrativos realizados posteriormente, son nulos.

Un estudio realizado para el PNUMA (3) ratifica esta decisión, al recomendar que todas las actividades mineras en superficies de páramos en Ecuador deben prohibirse, por tratarse de ecosistemas protegidos de gran fragilidad y porque esta actividad pone en riesgo el equilibrio hídrico local; por lo tanto deben ser excluidas del Catastro Minero […], en aplicación estricta del Mandato minero y porque así lo dictaminan los preceptos constitucionales, que definen al páramo como ecosistema frágil que debe ser protegido y en consecuencia libre de actividades extractivas (Art. 406 y 407)”.

Los tormentos agobian a los comuneros de Molleturo

Los pobladores de Molleturo han denunciado desde hace décadas los efectos de la intervención minera en sus tierras. Han acudido a diversos mecanismos para ser atendidos, han realizado visitas a las instituciones vinculadas a la minería, enviaron oficios, quejas, escritos, denuncias, organizaron ruedas de prensa; y frente a una constante política de oídos sordos han realizado paros, reclamos y protestas, tanto ante la evidencia del desecamiento de ojos de agua de Targuapamba y de la laguna Cruz Loma, como por las divisiones y riñas internas provocas por la imposición del proyecto minero.

Representantes de la comunidad también han denunciado haber sido hostigados por el personal de la empresa de seguridad contratada por EcuaGoldMining S.A. en reiteradas ocasiones, y han alertado que, pese a las denuncias penales, la fuerza pública ha protegido a la empresa minera y no a la comunidad afectada.

Las comunidades afectadas por el proyecto Río Blanco saben que este es un proyecto que implica graves consecuencias sociales y ambientales, muchas de las cuales serán irreversibles. Por este motivo, lo ocurrido el 8 y 9 de mayo de este año sólo es la gota que derramó el vaso de la paciencia de los comuneros (4) ante la negativa de las autoridades y la empresa a escuchar su voz.

Sin consulta ni consentimiento alguno

Desde el inicio de la fase exploratoria del Proyecto Río Blanco se ha violado el derecho de las poblaciones afectadas a ser consultadas. La consulta debió haber ocurrido antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la fase de exploración, lo que no ocurrió.

Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental.

Por eso también, de acuerdo a lo que determinó el Artículo 1 del Mandato Minero, la falta de consulta previa en la fase de exploración implicó la extinción de todas las concesiones mineras que en la fase de exploración no habían realizado procesos de consulta previa. Las concesiones implicadas en el proyecto Río Blanco se encontraban precisamente en esa situación.

Luego de la Consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018, en la que la mayoría de los ecuatorianos manifestamos que se debe prohibir las actividades mineras en centros urbanos, áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, estamos esperando que se apliquen los resultados, empezando por aquellos proyectos que causan situaciones de alta conflictividad y sufrimiento, como lo es el Proyecto Río Blanco.

El páramo de El Cajas, cuna del Pueblo Cañari, que lo ha cuidado, se encuentra amenazado por el interés de capitales mineros chinos por lo que urge que se tomen las medidas necesarias para traer la paz al pueblo de Molleturo, así como al agua y al páramo que tanto ha defendido.

ACCIÓN ECOLÓGICA
Más información: mineria@accionecologica.org
Quito, 15 de mayo de 2018

Fuente:http://www.accionecologica.org/editoriales/2280-2018-05-17-15-05-24