A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal como los locales favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.
La semana pasada, Primero Empresa Minera SA de CV, perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla, ubicado en el municipio de San Dimas, Durango, localidad donde se extrae oro y plata.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el derrame se dio a causa «de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla».
Ante este panorama, el doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas -la mayoría de procedencia extranjera-, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.
«El derrame de Durango ratifica la impunidad con la que se opera y se desarrolla la megaminería en nuestro país con el supuesto falso de que las inversiones del sector serían la clave para el desarrollo regional, de los estados y para el crecimiento económico», dijo el investigador García Zamora. El especialista agregó que «(la minería) viene a institucionalizar la impunidad en los territorios, los recursos naturales y las comunidades, que están totalmente subordinadas al interés de las grandes corporaciones».
«Esta gente que provoca desastres ambientales en México lo hace porque difícilmente será sancionada y, en caso de que sea sancionada, el castigo o la pena puede ser pagada fácilmente, por lo que esas grandes corporaciones pueden seguir operando; es decir, no hay incentivos por parte de las autoridades federales y locales en la aplicación de la Ley para que las empresas dejen de actuar abusiva y descuidadamente», añadió el académico de la UAZ.
Al respecto, Gustavo Lozano urgió a la Profepa a investigar exhaustivamente de qué manera ocurrió el derrame y en caso de ser necesario sancione a la empresa.
«Lo que sigue es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indague sobre el nivel de daño que ha ocurrido, establezca responsabilidades y sancione conforme a la Ley. Además, debe haber una sanción de remediación para limpiar la tierra y el agua de contaminantes», exigió.
El investigador García Zamora destacó que a pesar de que la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desarrollan estudios diagnósticos «son incapaces de realizar cualquier sanción a estas grandes corporaciones. Las empresas tienen todo el respaldo de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y hasta del Ejército».
«(La Semarnat y la Profepa) son dependencias cosméticas que no van más allá de los diagnósticos. Están dirigidas, como en el caso de la Semarnat, por funcionarios corruptos que se van a pasear», dijo en referencia al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano Alamán, quien -de acuerdo con una investigación del diario Reforma- aprovechó el puente del fin de semana pasado para viajar a Aspen, Colorado, en un avión privado: un Learjet 40, matrícula XA-USP.
Cianuro, veneno poderoso
La megaminería, comentó el doctor García Zamora, genera desastres ambientales y sociales permanentes en donde opere.
«Lo que llama la atención es la ausencia total de las dependencias federales y estatales frente a este tipo de enormes ecocidios que no solamente afectan de inmediato los mantos acuíferos y la tierra, sino que destruyen los ecosistemas y la estructura tradicional de vida de las comunidades», criticó.
Lozano, por su parte, aseguró que el cianuro es uno de los venenos más poderosos del mundo.
En el mismo sentido, en el documento «Cianuro. La Cara Tóxica del Oro», realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), se lee que la minería de oro es «la fuente de mayor contaminación de las aguas por cianuro».
El texto plantea que la exposición crónica al cianuro por periodos extensos en dosis pequeñas tiene «efectos considerables» en la salud, entre ellos se encuentran la pérdida de apetito, migrañas, nauseas, irritación de los ojos e incluso puede atacar las fibras musculares del corazón o afectar al funcionamiento de la tiroides. Sin embargo, la investigación indica que en dosis mayores, el cianuro llega a ser letal.
En los peces, el cianuro suele ser fatal en corto tiempo. De hecho, en el caso del río Piaxtla, en el municipio de San Dimas, Durango, la Profepa dio a conocer que «un número indeterminado de peces» murió a causa de la solución derramada el pasado 11 de marzo que, una vez que alcanzó la corriente del río, se desplazó aproximadamente 245 metros lineales, causando la muerte de peces, en su mayoría especies juveniles de uno a cinco centímetros de talla.
En el caso de la planta de Cianuro que -con el apoyo del gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, y la presidenta municipal de Gómez Palacio, Durango, la priista Leticia Herrera Ale- pretende construir la estadounidense Chemours Company, Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asegura que la compañía presentó una manifestación de impacto ambiental que contiene un montón de irregularidades, de falsedades y mentiras, lo que los obligó a interponer una demanda de nulidad ante la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, misma instancia que permitió la instalación esa empresa.
Entre las irregularidades, Lozano destaca que Chemours afirmó que el proyecto «no se ubicará en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se encuentra a una distancia de 7 kilómetros localidad de Brittingham y a 8 kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita». Cuando la realidad es que el ejido El Siete, donde habitan unas mil personas -muchos de ellos pensionados y jubilados-, se encuentra a menos de un kilómetro.
Según Lozano, establecieron que en la zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059, que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, la realidad planteada por la REMA es que existen cactus propios de la región, aves y animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los ordenamientos territoriales.
Además, pobladores de El Siete y el integrante de REMA afirman que no sólo esta comunidad se podría ver afectada por la contaminación del cianuro, sino también otros poblados como Abisinia, La Aurora, Martha, Numancia, el Volado, Las Américas, entre otras.
El gobierno apoya a mineras
Tanto Lozano como el doctor García Zamora afirmaron y reprobaron que el gobierno mexicano favorezca el interés privado, sobre el bienestar de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el de las mineras provenientes de Canadá, dueñas del 75% del total de minas que hay en México.
«El gobierno es cómplice a nivel nacional del ecocidio, de la destrucción de los territorios, de la destrucción de las comunidades. Es una complicidad en la economía de la muerte. La minería destruye la estructura productiva, la tierra, el agua, la cohesión social y de alguna manera subordina totalmente los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de acuerdo a sus intereses», apuntaló García Zamora.
Además, recordó que en el país la minería es considerada como una actividad preponderante, tal como lo establece el Artículo Sexto de la Ley Minera.
«Prácticamente se le invita a la inversión extranjera a destruir, extraer la riqueza sin que existan consecuencia y eso está muy cerca del tema de la corrupción, de la complicidad y de la destrucción del Estado mexicano en términos de un Estado que ha claudicado en defender los intereses de la mayoría de la población, para salvaguardar simplemente los intereses de la acumulación de capital por todos los medios», destacó.
Lozano recriminó que el gobierno de la República, por un lado conduzca la política en materia de minería, sepa de qué manera operan, conozca la problemática, los daños ambientales que genera, los problemas sociales que desencadenan «y aún así siga estimulando el negocio a través del otorgamiento de títulos de concesión minera».
Mineras extranjeras y destrucción
Son innumerables los casos en los que las mineras han arrasado con territorios, en los que han pisoteado los derechos humanos y en los que han afectado la salud y el medio ambiente.
En octubre de 2017, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, según información que la minera entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En Chicomuselo, Chiapas, Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran liberados.
Hace algunas semanas, José Luis detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregó una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre «las acciones y omisiones» de la Embajada canadiense en México en el crimen, ya que acusa que el asesinato se perpetró desde la compañía.
En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, ha puesto en riesgo la salud de los pobladores, el medio ambiente e incluso el acceso al agua.
Por ese tema, en diciembre pasado, un grupo de pobladores, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al gobierno del país norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con dicho proyecto.
Fuente:http://www.economiahoy.mx/sinembargo/noticias/9021713/03/18/Mineras-extranjeras-operan-en-Mexico-con-impunidad-ante-desastres-ambientales-especialistas.html
Exposición Fotográfica y Feria productiva: “Mujeres defendiendo la vida, mujeres protegiendo el agua”
En el último año creció en un 31 por ciento las concesiones otorgadas a mineras aproximadamente, tan solo en el estado de Puebla, declaró el presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) Observatorio Ciudadano, Juan José Hernández López.
Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijó para el 10 de abril la audiencia para conocer el fondo del recurso de amparo preventivo en defensa de la NO explotación minera en San Juan, sometido por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) el pasado 26 de febrero.
Entre el extractivismo, la preocupación por el medio ambiente y la violencia hay patrones que se repiten. Organizaciones andinas y europeas llevan a Ginebra y Bruselas un informe preocupante. DW habló con ellas.
Ayer, el Congreso de la República aprobó el Convenio de Minamata, un pacto internacional al que se había suscrito Colombia para reducir el uso de este metal. Sin embargo, la minería de oro ilegal continúa siendo el gran desafío por superar.
Los sectores de Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, ubicados al noroccidente de Quito, fueron declarados como áreas libres de minería en 2016 por ordenanza municipal.
Desde las 06:00 de ayer, las autoridades y habitantes de la parroquia 6 de Julio Cuellaje en el cantón Cotacachi, protagonizaron una media de hecho para impedir que los representantes de la empresa minera presente en la zona, continúen realizando visitas puerta a puerta a los comuneros para hablarles sobre los beneficios de la minería. Piden que se realice una socialización ampliada con la participación de todos los habitantes de la localidad.
