Perú

Minería ilegal alarma a la población de Virú

Frente de Defensa lidera movilización para evitar la contaminación de la cuenca del río, donde se practica la agricultura desde la época preinca.

La explotación minera en las partes altas de esta provincia ha despertado la preocupación en la población.  El último fin de semana, una comitiva de funcionarios de la Gerencia Regional de Energía y Minas, autoridades municipales y del frente de Defensa de los Intereses de Virú inspeccionaron el lugar y descubrieron el grave impacto ecológico que ocasionan los mineros informales.

El área de operación minera está ubicada en el caserío Caray, jurisdicción del centro poblado Huacapongo, a 640 metros sobre el nivel del mar. Según el acta elaborada por funcionarios de la gerencia de Minería, en el lugar encontraron “acumulación de sacos de polietileno con material metálico. Muy cerca a ello se observa una pequeña cancha de acumulación del mineral”.

Durante la inspección se encontró al poblador Zacarías Zumarán Arroyo,quien refirió que los trabajos mineros corresponden a la época de la hacienda y que la persona que los contrató para la limpieza del área (recojo del material minero) para fines agrícolas.

Esta labor fue encomendada por Eldair Goicochea a un poblador natural de Condornada.

A su vez, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Virú, Fernando Crisólogo Santillán, asegura que en la zona existen operaciones mineras recientes, pero que los pobladores de ese sector pretenden ocultar.

Fuente:http://laindustria.pe/detallenoticias.php?codarticulo=13947

Cuba

Cuba busca extender sus minas de Níquel a cielo abierto a pesar de sus impactos

La industria cubana del níquel busca expandir sus minas a cielo abierto en busca del preciado metal. Según Juan Ruíz Quintana, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, se realizan “investigaciones geológicas para descubrir nuevas zonas ricas en ese y otros metales”.La minería a cielo abierto es el método de explotación más difundido en Cuba, y uno de los de mayor impacto ambiental. La vida operativa de una mina está entre 10 y 100 años, sin embargo, los cambios ambientales y socio-comunitarios relacionados persisten por un período mucho mayor. La mayoría de esos impactos son imposibles de evitar, sobre todo, en las condiciones cubanas, en las que muchas veces la dimensión ambiental no se incluye en los proyectos de explotación, el sistema utilizado no lleva implícito las variantes de restauración, y existe una insuficiente formación ambiental por parte de los obreros, técnicos y directivos.

El funcionario participó en un foro internacional sobre la industria del níquel y el cobalto que organiza China cada año, y que sesionó hasta este jueves en la ciudad de Guangzhou, provincia sureña de Guangdong.

De acuerdo con Prensa Latina, Ruíz Quintana presentará un análisis sobre la situación del sector en la Isla, que incluirá las actuales condiciones de la industria nacional del níquel y las perspectivas de inversiones.

Además del polo niquerífero de Moa, existe actualmente en Cuba un proyecto virgen en la zona de San Felipe, Camagüey, donde, según el director general de Minería, hay más de 300 millones de toneladas del yacimiento, y otro más pequeño en la pinareña zona de Cajálbana, con aproximadamente 50 millones.

Contradictoriamente, en el mes de julio, expertos del sector declararon en medios oficiales que, al ritmo actual de extracción, las reservas alcanzarían para unos 18 a 20 años, por lo que la proyección inmediata de la planta  de níquel Ernesto Che Guevara “no va al crecimiento, sino a buscar más eficiencia metalúrgica en la disminución de los costos de producción”.

Días atrás, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el viceministro de Comercio Exterior de Holanda, Guido Landheer, había referido “algunos tropiezos de la economía cubana por los bajos precios del níquel” a nivel internacional.

De 52 mil dólares por tonelada métrica registrado en 2007, han bajado a un promedio inferior a 10 mil dólares en 2016, con quizás un leve ascenso este año.

La producción cubana del níquel continúa decreciendo, e intentará llegar este 2017 a unas 54.500 toneladas, lo que representa una cuarta parte por debajo de sus mejores momentos.

De acuerdo con IPS, la contracción responde al cierre en el 2012 de la planta René Ramos Latour, y a daños por huracanes en la Ernesto Che Guevara, también limitada por obsolescencia de parte de su tecnología.

No obstante, al cierre de agosto de 2017 Cuba contaba con 468 concesiones mineras vigentes, de estas, 4 permisos de reconocimiento, 32 de investigación geológica, 273 de explotación, 132 de explotación y procesamiento, y 27 de procesamiento.

Impacto

La minería a cielo abierto es el método de explotación más difundido en Cuba, y uno de los de mayor impacto ambiental. La vida operativa de una mina está entre 10 y 100 años, sin embargo, los cambios ambientales y socio-comunitarios relacionados persisten por un período mucho mayor.

Las influencias negativas sobre el medio ambiente están dadas, en forma general, por la degradación total de la vegetación, la fauna, el relieve y el paisaje, así como impactos secundarios relacionados principalmente con la contaminación de los ríos, del aire y del suelo.

Según el Anuario Estadístico de Moa 2015,  el 99.7 % de la tierra de ese municipio oriental están clasificadas como “muy poco productivas” para las labores agrícolas.

Enfermedades, niquel, Cuba

La mayoría de esos impactos son imposibles de evitar, sobre todo, en las condiciones cubanas, en las que muchas veces la dimensión ambiental no se incluye en los proyectos de explotación, el sistema utilizado no lleva implícito las variantes de restauración, y existe una insuficiente formación ambiental por parte de los obreros, técnicos y directivos.

Casi la totalidad de los gastos estatales de inversión para la protección del medio ambiente en Moa, por ejemplo, van a manos del Ministerio de Energía y Minas, quien es justamente la principal entidad contaminante.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, mientras que el Gobierno local apenas recibió entre 2010 y 2015 poco más de 11 mil pesos para la inversión en medio ambiente, el Ministerio de Energía y Minas accedió por ese concepto a más de 56 millones de pesos del presupuesto estatal.

Lo cierto es que la actividad minera en localidades del oriente cubano ha construido lo que se denominan “paisajes lunares”, es decir, un casi total aniquilamiento de la vida en los parajes donde se asienta, afectando, de paso, a las comunidades humanas adyacentes, cuyos habitantes sufren de enfermedades respiratorias agudas debido al persistente polvo rojo que cubre a esos asentamientos.

En el caso de Moa, las enfermedades respiratorias agudas lideran las cifras oficiales de 2010 a 2015, con el 57% de los reportes, según el Anuario Estadístico de Moa, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/item/37872-cuba-busca-extender-sus-minas-de-niquel-a-cielo-abierto-a-pesar-de-sus-impactos

Colombia

Minería en Santurbán sigue, pese a rechazo de los ambientalistas

Aprovechando la visita del presidente Juan Manuel Santos a los Emiratos Árabes, el ministro de Minas, Germán Arce, confirmó que tuvo una reunión con representantes del fondo Mubadala, principal accionista del proyecto minero Sociedad Minera de Santander, Minesa, que busca la aprobación de la extracción de oro en área de influencia del páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander.

Frente al avance de la solicitud de su licencia ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Arce sostuvo que “se está iniciando el trámite de la licencia que durará dos meses… Esperamos que el proyecto pase”.

Ante la polémica sobre Santurbán, que es el único páramo delimitado en el país y sobre el que se teme que la explotación minera genere desastrosos efectos ambientales, el Ministro aseveró que el proyecto está afuera de la zona delimitada y que Minesa se ajustó a estos límites.

Sobre el trámite de la licencia, expuso que la Anla ya aprobó el plan de trabajo de Minesa, por lo que solo falta el visto bueno de la Agencia.

En cuanto a su posible impacto ambiental negativo, Arce sostuvo que entre 2018 y 2019, el proyecto invertirá 1.000 millones de dólares, lo que duplicará los recursos del oro legal en Colombia.

Vale recordar que actualmente, la delimitación está en veremos luego de que un fallo de la Corte Constitucional la tumbara, alegando que no tuvo en cuenta de forma adecuada a las comunidades.

Alegan incoherencias

Dos ambientalistas consultados por EL COLOMBIANO manifestaron su inconformismo con las noticias que se conocieron ayer, en relación con el proyecto minero, y calificaron al gobierno de Santos como “incoherente”, pues, según ellos, una cosa es lo que se dice en los discursos y otra lo que se ve con los hechos.

Nelson Vivas, quien reside en el departamento del Meta, cita, como ejemplo, el discurso entregado por el primer mandatario el 22 de marzo de 2016, en el que destacó que la delimitación de ocho páramos de Colombia, incluido Santurbán, era para proteger los recursos hídricos de la Nación e incluso se refirió a que en el futuro “las guerras serían por el agua”.

“Por donde vayamos por nuestro país tenemos una riqueza muy importante en materia de medio ambiente que tenemos que proteger”, dijo en ese entonces el presidente.

El mismo concepto tiene el ambientalista del departamento Néstor Ocampo, quien resume lo que pasa en este caso como “una muy mala noticia”. “Al gobierno parece que esas manifestaciones de la comunidad no le importan. El problema no es si está o no cerca del páramo, sino que de allí toman el agua más de medio millón de personas. No le cabe a uno en la cabeza que un gobernante beneficie a unos pocos, como las mineras, frente al futuro del agua de las personas”, resaltó Ocampo.

Finalmente, Vivas sostuvo que no se entiende cómo existen zonas declaradas como protegidas, pero cuando “toca protegerlas”, esto no sucede.

“Lastimosamente, el interés del gobierno es maximizar ganancias y disminuir costos, en detrimento de la naturaleza”, concluyó Vivas.

 Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mineria-en-santurban-sigue-pese-a-rechazo-de-los-ambientalistas-XN7681707
Internacional

Tres ambientalistas brasileños son liberados en Zimbabue, entre ellos Frei Rodrigo Peret

Tres ambientalistas brasileños, del grupo de 22 detenidos en Mutare – Zimbabue, fueron liberados hoy, después de un día de encarcelamiento y el pago de 100 dólares americanos de multa, cada uno. Así lo dio a conocer el equipo de la Pastoral de la Tierra de Uberlândia – Brasil.
Por su parte, el diputado brasileño Durval Ángelo, confirmó la liberación de su hija María Julia Gomez Andrade y Jarbas Vieira, ambos militantes del Movimiento de Afectados por la Minería y del Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería y también del franciscano Frei Rodrigo Peret, miembro de la Red Iglesias y Minería y activo militante da Comissão Pastoral da Terra de Uberlândia.

De acuerdo con la información del diputado Durval, los tres brasileños y demás prisioneros extranjeros estaban en el país africano participando de una vista a una región de minas de diamantes en Mutare. “No hay información del destino de los otros 19 activistas. Tampoco detalles del motivo de la prisión, según el diputado. Solamente la información preliminar de que los activistas habrían sido detenidos dentro de una área de propiedad privada que pertenece a una minera china que extrae diamantes en la región”.

En la liberación de los ambientalistas se contó además de la intervención y presión del gobierno brasileño, con el apoyo del Vaticano y del ex presidente Luis Ignacio da Silva.

“Sabemos que la misión de ellos (los ambientalistas) es grande porque tiene que ver con la solidaridad, pero, tiene riesgos en un país con un gobierno anti democrático.”, dijo el diputado Durval Ángelo.

Los 19 activistas ambientalistas que también deben ser liberados, son militantes miembros de la Secretaría del Comité en Defensa de los Territorios Frente a la Minería. Junto a los tres ya liberados, fueron arrestados el viernes 10 noviembre.

La ciudad de Mutare se encuentra a 270 kilómetros de la capital, Harare, en la frontera con Mozambique.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=9839

Panamá

Breve balance sobre la situación de las defensoras/es socioambientales en Panamá

El presente documento, es la óptica por la que atraviesa la realidad panameña con sus aciertos y desaciertos en el ejercicio de los Derechos Humanos, enfatizando las garantías para los defensores y activistas de los bienes ecológicos.

En ese sentido, Panamá y su virtud geopolítica comercial, no es capa de la escena socioambiental de la región, máxime en el marco de las políticas extractivas, son diversas iniciativas enmarcada a la explotación y mercantilización de sus tierras y aguas.

Y en el marco de las políticas neoliberales, el movimiento ciudadano organizado, a disputado sus intereses socioeconómico a favor de la mayoría, rechazando medidas perjudiciales emitidas por sectores del poder económico del país, en conjunto con el poder político oficialista y opositor. Quienes han sido beneficiado en las relaciones comerciales internacionales, reformas de leyes e instrumentos legales para concatenar tratados, acuerdos y exportaciones de materia prima. Cuyo efecto vulneran los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, y que a la post es una violación a la soberanía de Panamá.

Por ende, las comunidades rurales afectadas por concesión y permisos para extraer aguas y tierras (para minería, hidroelécricas, turismo inmobiliario, otros). En conjunto con organizaciones urbanas, marginas por proyectos inmobiliarios en deterioro del ambiente mantienen una plataforma de resistencia debido a lo siguiente:

  1. Los proyectos desarrollistas en el país, están bajo la lógica financiera privada. Más no así como un programa de país, involucrando la colectividad de los sectores sociales productivos.
  1. Ante la crisis ambiental global, Panamá, mantiene un régimen carente de debate y transformación de su política y cultura estatal. Que evidencia un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, y su contraproducente soluciones bajo los falsos dictámenes de la economía verde.
  1. Que ante el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y enriquecimiento del patrimonio nacional, no representa el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, la falta de transparencia y el tráfico de influencia, extinguió la voluntad soberana nacional.

Ante lo expuesto, este sector social organizado, han promovido proyectos y modos de vida ante el extractivismo poco visible en la opinión pública por los medios de comunicación, como la producción agrícola local, turismo ecológico y comercio popular solidario, que de manera informal lo desconoce el estado, ya que no representa un gran impulso a la economía nacional. Pero si un equilibrio entre las necesidades humanas y el respeto a la soberanía ecológica.

El escenario expuesto sobre las iniciativas populares y el ejercicio de los derechos humanos también a sufrido un retroceso o atentado, especialmente a las comunidades rural que mantienen una relación de productividad y ambiente. Que además de su diversa cultura tradicional y espiritual, sus raíces germinaron de tierras y aguas fértiles, que son actualmente codiciada por empresas extractiva.

Y ante el despojo, las comunidades y dirigencia son amenazadas, hostigadas, reprimidas, encarceladas y criminalizadas por los estamentos de la seguridad del estado. Todo esto como estrategia de los gobiernos para garantizar los espacios y seguridad jurídica para que las empresas operen.

A continuación presentamos algunos casos de persecución a defensores del ambiente durante los últimos 8 años son:

  1. Represión y daños físico a indígenas en la provincia de Bocas del Toro contra la ley inconsulta y nefasta “Ley Chorizo”. http://www.alainet.org/es/active/39548
  1. Detención y extradición de defensores de los derechos humanos como es el caso del activista Olmedo Carrasquilla y periodista Francisco Gomez Nadal. http://www.prensa.com/politica/Arrestan-ambientalista-actitud-sospechosa_0_2837716213.html http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-panama-dos-periodistas-expulsados-panama-denuncian-amenazas-mucha-presion-psicologica-20110304175823.html
  1. Muerte de dos cuidadanos (Mauricio Méndez y Jeronimo Tugri) en la lucha contra la apertura legal para concesiones minera a estado extranjeros como a empresas para la extracción mineral. https://www.ocmal.org/dos-muertos-en-protesta-indigena-contra-la-actividad-minera/
  1. Represión y detenciones en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, que se oponen a proyectos de carácter turístico privado. http://www.prensa.com/edilsa_gonzalez_roca/Pescadores-antimotines-enfrentan-Cocle-desalojo_0_3346165389.html
  1. Detención arbitraria a los moradores y campesinos Simón Morales y orden de arresto contra Aurelio Camaño Hernández de Bahía Honda en la provincia de Veraguas por el ex mandatario Ricardo Martinelli para un proyecto turistico costero y privado. https://youtu.be/6EYzHUmHOCY
  1. Represión al movimiento campesino de Veraguas (RESAVE: Red Ecológicas, Social y Agropecuaria de Veraguas) que se oponen a 6 proyectos hidroeléctricos. https://youtu.be/-EHdh1aVdoc
  1. Hostigamiento a los moradores de la Isla Pedro Gonzáles por defender sus tierras ante el megaproyecto hotelero Pearl Island. http://www.radiotemblor.org/?p=1662
  1. Represión, intimidación y encarcelamiento a campesinos en defensa del río san Pablo en la provincia de Veraguas. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/campesinos-rebelan-contra-hidroelectricas/23834817
  1. Represión y encarcelamiento a ambientalistas de la provincia de La Chorrera que se oponen a la termoeléctrica. Entre los detenidos estuvieron: el educador Carlos Villa, Raúl Ossa, Licenciada Anayansi Acevedo, señora Francisca Giralde De Ossa,el periodista Carlos Acevedo, profesora Carmen Marín y enfermera Dini Olmedo de Gómez. https://youtu.be/mHufb0bMSxY
  1. Amenaza de muerte a la ambientalista Ligia Arreaga en la provincia de Darién por defender la Laguna Matusagaratí. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-ligia-arreaga
  1. Persecución y encarcelamiento a la dirigencia indígena Ngäbé Büglé en caso de la hidroeléctrica Barro Blanco. Enfatizando la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco. https://youtu.be/1yujGlw2jjI
  1. Amenazas e injuria a la dirigencia campesina del río Cobre por el empresario Eduardo Vallarino. Enfatizando la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/empresa-demanda-10-millones-activista/23964712
  1. Demanda a los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/vecinos-coco-piden-demolicion-proyecto-inmobiliario/23894684 http://www.prensa.com/judiciales/Grupo-Suarez-vecinos-Coco-Mar_0_4573042651.html
  1. Detención al catedrático de la Universidad de Panamá y asesor de los afectados en el caso Barro Blanco, Evidelio Adames, cuya requisa no tuvo razón o justificación de parte de las autoridades judicial y policiales. http://www.tvn-2.com/nacionales/provincias/Docente-universitario-denuncio-ser-victima-abuso-policial_0_4690780925.html
  1. Demanda ordinaria de 40 mil dólares por daños y perjuicios presentado por la empresa Mina Cerro Quema al ambientalista Basilio Pérez. http://www.prensa.com/provincias/Minera-Cerro-Quema-ambientalista-Azuero_0_4814518507.html

Estos son algunos hechos en que activistas, dirigentes comunitarios y defensores han sido violentados, y en donde no se cumple las garantías en el ejercicio de los Derechos Humanos. Cuestión que va en detrimento del cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periodico Universal EPU, normas internacionales en materia de los Derechos Humanos y construcción de la paz.

Y en este ultimo sentido, es importante exponer algunas circunstancias contraria a la paz y movilidad pública:

  1. Los estamentos de seguridad nacional, han desconfigurado sus deberes y enfoque hacia los defensores de los Derechos Humanos. Que los responsabilizan bajo el perfil de crímenes comunes.
  1. En los últimos lustros, la implementación de estrategias y equipamiento a fuerzas especiales (SENAFRONT, SPI, otros) para supuestamente garantizar el estado de derecho o seguridad pública han generado un clima de estado de sitio. Cuya acto contradice a la norma constitucional, en donde prohibe el ejercicio u operaciones de estamentos militares, y estrategias que implique el uso de armas de guerra. Una evidencia son los ejercicios y adiestramientos militares, que ejecutan anualmente los países que suscriben las Operaciones Navales (Convenio Arias – Becker) en las aguas panameñas sobre seguridad internacional, terrorismo y el narcotráfico. Así de los ejercicios Panamax 2015 que organizó el Comando Sur de EE.UU. cuyos jefes identificaron a “los campesinos e indígenas” panameños como los enemigos a combatir ante la ola de protestas.
  1. El clima de inseguridad nacional, por los indices de criminalidad, han generado desconfianza de la ciudadania a los estamentos de la policía, ya que han sido involucrados en actos ilícitos. Cuyo efectos, se replica en la represión y encarcelamiento a quienes se manifiesten por una necesidad humana (agua, educación, etc.) o problema nacional (sector agropecuario, indígena, etc.)
  1. Además el sistema general de cumplimiento en materia de los Derechos Humanos es inoperante, con la nueva ley de Asociación no se garantiza el pleno ejercicio, y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a los y las defensores.

Podemos concluir, que es evidente la militarización de las áreas en donde se ejecutan proyectos extractivos, se criminaliza la protesta social, a quienes su voz son ignoradas por los gobiernos de turnos y los Derechos Humanos es un estandarte populista en las tribunas diplomáticas cuando en su ejercicio es lo contrario en Panamá.

Panamá, 12 de octubre de 2017.

Olmedo Carrasquilla Aguila
Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=9644

Honduras

Sobreviviente de asesinato de Berta Cáceres denuncia persecución en Honduras

 — El sociólogo ecologista mexicano Gustavo Castro Soto, que sobrevivió herido al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016, en Honduras, dijo a Sputnik que las autoridades de ese país trataron de inculparlo y que la constructora de una represa es culpable del crimen.

“Cuando deciden asesinar a Berta, estábamos en su casa, entraron para matarnos, nos dejaron heridos, yo sin mayor peligro, pero ella quedó herida de muerte, cuando acudí en su auxilio estaba falleciendo”, recuerda el exjesuita que forjó su carrera entre las comunidades indígenas mexicanas de Chiapas en los años 1990.

Esa asesoría se realizaba entre “intentos anteriores de asesinato, otras ejecuciones y amenazas de muerte de parte del personal de la empresa” Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que una investigación independiente señaló la semana pasada como responsable de orquestar el atentado, junto con agentes del Estado y sicarios.

¿Quién asesinó a la líder social Berta Cáceres?

Castro dormía en otra habitación donde su colega fue asesinada a balazos y él sufrió un rozón de bala en la cabeza.A partir de entonces “hubo un proceso para inventar testigos, pruebas falsas, violaciones del código penal por parte de la fiscalía y culpar a alguien de la organización” fundada en 1993 por Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

“Cuando no pudieron inventar pruebas para culpar a gente de su organización, intentaron culparme a mí: me secuestran el aeropuerto, no me dejaron salir del país por 30 días, mientras buscaban la forma de inventarme pruebas”, prosigue el testimonio del testigo, que permaneció refugiado en la embajada de México en Tegucigalpa.

El autor de “La mina nos extermina” y “Las aguas negras de la Coca Cola”, recuerda —desde un lugar que prefiere no mencionar-, que las autoridades judiciales y del gobierno hondureño “no tenían otra opción ante la presión internacional, que meter a la cárcel a ocho personas”.Así los reveló el independiente Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por juristas de EEUU, Guatemala y Colombia.

Castro Soto ratificó la versión de que “la empresa pagó a un militar y este se apoyó en un exmilitar, que contrató al grupo de sicarios vinculados el ejército”.

El sobreviviente afirma que “el octavo fue un personaje que agarraron en México, en febrero de este año, que fue el que me disparó a mí”.

Una conclusión fundamental, señala el ecologista, es que “es que los asesinos no actuaron solos, y que hay autores intelectuales libres”.

Caminos rebeldes de latinoamerica

Castro Soto se forjó como voluntario durante cinco años en los campamentos de refugiados que huyeron a sur de México en los años 1980 durante la guerras civiles de Centroamérica.

Años después, la agenda política la marcaban los indígenas zapatistas desde Chiapas, cuando conoció al encapuchado rebelde “Subcomandante Marcos”.El activista trabajaba entonces con la Comisión Nacional de Intermediación, que presidió el fallecido Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, que fue intermediario entre el gobierno y la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“He hablado poco esto: había una relación con Berta desde el año 1999 en el marco de un encuentro que hicimos  en Chiapas, a la Convergencia de los Pueblos de las Américas”, recuerda Castro Soto.

A principios del siglo XXI “hubo impulso muy fuerte de los movimientos de resistencia, y a partir del año 2000 comenzamos un proceso en el que confluimos redes de organizaciones campesinas, indígenas y sociales de toda América Latina”.

Al calor de aquel movimiento, que se definió como “anticapitalista”, los activistas trazaron una agenda de prioridades “contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la militarización, el despojo de territorios indígenas, el patriarcado y  el ataque a la biodiversidad de los transgénicos”.Castro Soto y Cáceres fueron protagonista de la llamada Batalla en Seattle contra la Organización Mundial de Comercio, participaron en el Foro Social Mundial, en la lucha contra la Alianza de Libre Comercio de las Américas y muchas campañas más de los movimientos sociales latinoamericanos.

En el momento del despliegue de la sociedad a escala mundial, “convocamos a un movimiento contra el Plan Puebla-Panamá” del año 2001.

Viajaron juntos en una gira de charlas por EEUU y Canadá, en vísperas de un encuentro de los gobiernos para negociar el ALCA y Canadá.

Años más tarde acordaron que Honduras fuera sede del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero 2011 (M4), dice el fundador y dirigente de la organización indígena de Chiapas “Otros Mundos”.En el primer Encuentro Hemisférico contra la Militarización que se celebró en Chiapas, decidieron que el siguiente encuentro lo harían en La Esperanza, Honduras, con el COPINH y Berta como anfitriona.

“Nos tocó marchar en las movilizaciones entre gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersarlas, allí Berta era muy enjundiosa y valiente, no se rendía, nos impulsaba a seguir y volver contra los antimotines”, prosigue el testimonio.

Castro Soto ha tenido que salir de México por un tiempo, a la espera de que el proceso culmine, y regresar desde su autoexilio.

El proceso judicial continúa “en medio de muchos bloqueos del gobierno hondureño, para evitar el esclarecimiento” del crimen.“Esperamos que se haga justicia, que se castigue a los autores intelectuales, que no haya impunidad, es una lucha que vamos a llevar a cabo”, promete.

Denuncia que “mucha gente de la región es perseguida y criminalizada por defender los derechos al agua, a la alimentación y a la vida”.

A medida que la movilización avanza, la represión aumenta y los feminicidios son muchos, “porque las mujeres están a la cabeza de este movimiento continental”.

Finalmente expresa una paradoja: “a mayor violencia y represión, hay mayor resistencia y esperanza”, puntualizó.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/11/sobreviviente-de-asesinato-de-berta-caceres-denuncia-persecucion-en-honduras/

Latinoamerica

¿Quiénes intentan apoderarse del ‘oro blanco’ de Sudamérica?

Ese mineral no metálico se encuentra principalmente en los salares naturales, pero también en “pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar”, explica el Ministerio de Minería de Chile.

Tiene la virtud de ser el metal más liviano, gracias a que tiene “la mitad de la densidad del agua”, y posee “excelentes condiciones” para conducir el calor y la electricidad.

Triangulo fértil

Una información publicada por el diario digital El Confidencial precisa que en América del Sur se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, alrededor del 58 % del total, aunque otras investigaciones sitúan ese porcentaje en el 85 %.

Por sus aplicaciones, también se denomina como ‘oro blanco’. Asimismo, su valor es otro aspecto relevante: mientras que en 1998 una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros, en 2017 alcanzó los 8.600 euros.

Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil concentran las mayores reservas de ese material, por lo que su manejo no está exento de repercusiones políticas.

Los yacimientos que conforman el triángulo del litio son:

Salar de Uyuni (Bolivia).
Salar de Atacama (Chile).
Salares de la puna de Jujuy y Salta (Argentina).
Salar del norte de Catamarca (Argentina).
Medio Valle del Jequitinhonha (Minas Gerais, Brasil)

Interesados

Detrás de sus reservas se encuentran “gobiernos, países y empresas transnacionales”, que necesitan el litio para “emplearlo en la fabricación de los más variados aparatos”, declara a RT el periodista y sociólogo uruguayo Rubén Armendáriz.

Como la utilidad de ese mineral es tan diversa, “se vuelve una necesidad muy grande”; en particular, para “las transnacionales automotrices” explica este autor del informe ‘Vienen por nuestro litio, con la excusa del auto eléctrico y la defensa del ambiente’.

Legislaciones

Armendáriz asegura que la explotación del litio en cada uno de los países con reservas “tiene que ver con las formas de cada uno de los gobiernos, con sus posiciones ideológicas”.

Por ejemplo, en Bolivia sucede “una cosa” —el Estado administra los salares de litio a través de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB)— y “otra muy diferente en Chile, Argentina o en el Brasil de Michel Temer”.

Por su parte, Chile realizó un llamado internacional para empresas interesadas en explotar el desierto de Atacama. Actualmente, ese país produce el 41 % del litio que se utiliza en el mundo.

Argentina apunta a un modelo similar: el pasado marzo se supo que las mineras Enirgi Group y Orocobre invertirán 720 y 160 millones de dólares, respectivamente, para explotar ese mineral.

Mientras, el Estado brasileño aplica el Proyecto de Evaluación Potencial de litio bajo la supervisión del Servicio Geológico de Brasil (CPRM), para el que fue anunciada una inversión de 40 millones de dólares por parte de Calvyn Gardner, representante de un fondo de inversión británico.

Cuestión de gobiernos

A pesar de que en Sudamérica existen “políticas muy claras” respecto a las reservas de litio, Rubén Armedáriz cree que las decisiones son “obviamente modificadas por los cambios de gobierno en cada país”, en la mayoría de los cuales “se favorece la explotación” por parte de “empresas transnacionales”.

Este especialista subraya que desde “Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático” se trata de imponer en el imaginario colectivo que los países productores de litio serían los “responsables de que no se ponga coto a la contaminación ambiental derivada del consumo del combustible fósil”.

Para Armendáriz, no resultaría extraño que, algún día, a las potencias mundiales se les ocurra argumentar que “deben ocupar los salares de litio” para “salvar el medio ambiente”, debido a que existen muchos intereses detrás de la idea de generar “la necesidad poseer o fabricar autos eléctricos”.

Este investigador explica que todas las estimaciones reflejan que falta al menos una década para que los vehículos eléctricos alcancen “apenas el 5 % del mercado mundial”, una iniciativa que requiere una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares para un suministro de litio hasta 2020.

“Es un gran negocio a largo plazo. Quizá después del 2025, pueda que se note algún ensayo de vehículos eléctricos en algunas de las grandes ciudades de América Latina”, asevera Rubén Armendáriz.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/11/quienes-intentan-apoderarse-del-oro-blanco-de-sudamerica/

Colombia

En Concordia, Antioquia, radican proyecto para prohibir explotación minera

Concordia se convertiría a finales de este mes en el cuarto municipio del Suroeste de Antioquia en prohibir la explotación minera en su territorio, después de Urrao, Jericó y Támesis.

Según explicó Javier León Mesa, concejal ponente del proyecto, afirmó que lo que buscan es defender la idiosincrasia del campesinado de Concordia que no sabe sobre minería y además cuidar los recursos naturales que según él se verían en riesgo.

“La administración municipal radicó ante el Concejo este proyecto de acuerdo, donde se busca que la minería metálica, la mediana y grande de otros minerales, no sea ejercida en nuestro municipio”, manifestó el concejal Javier León Mesa.

Señala que la comunidad del Suroeste del departamento, quieren continuar siendo pueblos agrícolas.

“Somos gente de arrieros que nos colonizaron en 1930, no tenemos cultura minera, sino de agricultores, de pequeños propietarias, de parcelas, donde la gran minería acabaría esta costumbre. Tendríamos problemas ambientales, que se pueden dar a mediano y largo plazo”, manifestó.

Confirmó que a más tardar a finales de este mes cuando concluya las sesiones ordinarias del Concejo de Concordia, sería aprobada la iniciativa.

“Este mes, estamos en el último mes secciones ordinarias, como Concejal ponente comisión ponencia para luego se presentará en plenaria y será aprobado, porque somos 13 concejales de distintas colectividades, pero que en el tema minero estamos muy conectados, muy amigos de defender el territorio”, concluyó.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/11/medellin/1510437304_047340.html

Internacional

Los habitantes del campo charro contra la mina de uranio

ESPAÑA:- Charra es la cultura, charra es la gente. Así se le llama al conjunto de tradiciones locales que caracterizan la región rural de Salamanca. Charro es el campo, zona de almendros y de encinares centenarios, tierra de ovejas y pastores, de ganado y ganaderos.

Al oeste de la provincia salmantina, en Villavieja de Yeltes, el pasado 28 de octubre se reunían alrededor de mil personas en una manifestación. Vecinos y vecinas, activistas ecologistas y representantes de partidos políticos están luchando contra la apertura de una mina de uranio a cielo abierto. El proyecto minero, impulsado por la empresa australiana Berkeley, se emplazaría a unos poco metros de este municipio, justo a lado del patio de la escuela primaria.

“El riesgo es altísimo”, explica Verónica, activista de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca. “Las colas, o sea los restos de la extracción del mineral, en las que queda el 80% de la radiación, pueden ser transportadas en polvo que viaja por el aire a través del gas radón por una extensión de hasta mil kilómetros”.

La mina, la más grande de Europa en cuanto a extracción de uranio, se instalaría en un área que ha sido protagonista de varios proyectos de recuperación ambiental financiados con dinero público y se encuentra dentro de la red de protección Natura 2000. El proyecto afecta a una zona considerada clave para los ecosistemas fluviales, con un microclima mediterráneo único. Un lugar de interés comunitario (LIC) caracterizado por la presencia de bosques de encinas centenarias, alcornoques y robles, hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como la cigüeña negra, la sarda salmantina, el águila real y el galápago leproso.

“Era un bosque maravilloso, lleno de encinas centenarias. Siempre llevaba a los grupos por aquí porque era muy impresionante”, explica Mati, apasionado de la botánica y la micología, experto conocedor de la flora y de la fauna del área, que suele acompañar grupos al monte como guía desde hace años para enseñarles la belleza de los alrededores. Sin embargo, cuenta con tristeza que “ya han cortado miles de encinas y pretenden llegar a talar casi treinta mil ejemplares”.

A juicio por alertar del proyecto

“Es inaudito lo que ha conseguido Berkeley hasta ahora, nadie se lo explica”, afirma con energía Jesús Cruz, habitante de Retortillo y activista de la Plataforma Stop Uranio. Desde el principio, Jesús se posicionó en contra de la mina, informando a los vecinos de lo peligroso que sería abrirla tan cerca de los núcleos habitados. A causa de expresar sus opiniones en El blog de Jesus y compartir informaciones sobre el proyecto, ha sido denunciado por Berkeley y acusado de injurias.

El martes 31 de octubre fue llamado a declarar en los juzgados de Ciudad Rodrigo, donde contó con el apoyo de vecinos y activistas de la Plataforma Anti-Nuclear de Salamanca y de la Plataforma Stop Uranio. Desde esta última señalan que “Berkeley utiliza todos los recursos que tiene para evitar oposiciones y callar quien se opone a su proyecto”.

La empresa, que no tiene ninguna experiencia minera pero sí acciones en bolsa, ya ha llevado a cabo el desvío de una carretera, además de la tala de encinas y los movimientos de tierra consecuentes, para abrir una balsa en los terrenos destinados a la extracción del mineral radioactivo. “Es un proyecto que no cumple con la legalidad y que está denunciado en distintos ámbitos judiciales”, apuntan desde Stop Uranio, ya que las obras preparatorias se habrían realizado sin los permisos necesarios y sin respetar los estándares de excelencia medioambiental de la zona. “Es puro chanchullo”, continúan.

Varios concejales del Ayuntamiento de Retortillo, otro pueblo afectado por la mina, trabajan directamente para Berkeley. Uno de ellos se encargó de talar, trocear y luego vender las encinas centenarias por el valor de un millón de euros. Además, ha denunciado haber recibido una carta postal con la imagen de un ahorcado y ha inculpado a los vecinos contrarios a la mina de amenazas y presiones. En la postal aparecía una pegatina con el símbolo de la empresa minera. Al haber destacado el detalle, apuntan los activistas, no se volvió a hablar del tema.

familias divididas

“Éstas son mezquindades propias de gente sin alma interesada en destruirlo todo”, comenta Vitorino Calderon, habitante de Retortillo. Son muchas las divisiones que se están generando, sobre todo en su pueblo, con al menos ocho familias divididas irremediablemente. “El aspecto humano es el más doloroso”, sigue con lágrimas en los ojos: “Mi familia ha sido destruida entre quien está a favor de la mina y quien se opone. Como con las encinas, esto va durar generaciones”.

Pareciera que la compañía esté aplicando el famoso divide et impera, creando brechas para destruir el tejido social y jugando con las necesidades económicas de las familias. En una región pobre, donde se vive sobre todo del sector primario, y casi despoblada, con una densidad de población menor de 10 habitantes/km2, la empresa promete prosperidad y puestos de trabajo por diez años, el tiempo estimado que duraría el funcionamiento de la mina hasta que se extraiga la totalidad del metal.

Y después, ¿qué quedaría? “Todo se iría a pique y en unos años nuestros pueblos desaparecerían”, asegura Jenara Moro Tapia, trabajadora del balneario de Retortillo, ubicado a unos metros de donde se proyectan las explosiones mineras. “Están pillando para trabajar a los maridos desempleados de muchas mujeres del balneario, con lo cual toda la familia queda pillada por Berkeley y ya no se opone a la mina”, continúa. “Están comprando voluntades y callando oposiciones”.

portugal reclama información

Los afectados por las consecuencias de la apertura de una mina de uranio a cielo abierto, con planta de concentrado de minerales y almacenamiento de residuos radioactivos, única en Europa, no serían solamente los habitantes de los alrededores. Portugal, limítrofe al área afectada por la mina, está reclamando información sobre el proyecto en cuanto a la afectación de las aguas del Duero, en el cual confluye el río Yelte. El país luso, junto con Francia, ya ha abandonado este tipo de actividad minera por su alto impacto ambiental y su escasa rentabilidad actual.

La minería de uranio es una de las actividades industriales más contaminantes y controvertidas. Después de la fase de extracción del material, y dependiendo de su concentración, el uranio pasa al proceso de lixiviación, que consiste en disolverlo con diferentes compuestos ácidos y/o microorganismos y mantenerlo a reposo. En ambos procesos se utiliza una gran cantidad de agua que queda gravemente contaminada y que, o bien permanece en la mina si el proceso se hace in situ, o bien queda almacenada en “lagos” donde contamina el terreno y el subsuelo por generaciones. El producto de la lixiviación se manda inmediatamente a lavado y la pulpa restante se pulveriza sobre una corriente de aire caliente, secándolo y enfriándolo para obtener un polvo con una altísima concentración de uranio, que se almacena en bidones.

Uno de los grandes problemas resultantes es el agua residual de los “lavados” de la lixiviación, ya que contienen compuestos radioactivos y muchos metales pesados. Si no se tratan adecuadamente –o son almacenadas en lugares donde poco a poco van filtrándose al subsuelo– a la larga producen problemas relacionados con la alta toxicidad de uranio en el agua y la posibilidad de que se creen alteraciones cromosómicas que tienen una gran relación con la exposición al radón que aparece en forma gaseosa.

Las últimas de Europa

A excepción de República Checa y Rumania, todas las minas de uranio han sido clausuradas en Europa. A pesar de que sea un proyecto anacrónico y de que se carezca de los permisos oportunos –y de la oposición que ha encontrado–, el proyecto salmantino sigue en marcha. Pese a todo, el único periódico en papel de la zona, La Gaceta de Salamanca, sigue sin informar de las múltiples manifestaciones que ha habido en la capital de la provincia en contra del proyecto.

“Es que lo han comprado. La Gaceta no informa verdaderamente de lo que está pasando y si no sale en el periódico la gente no se lo cree. No es noticia, entonces no es verdad, no existe”, cuenta una vecina de Boada, pueblo cuyos habitantes se han declarado en mayoría contrarios al proyecto minero. “Se ha dado más visibilidad al tema a nivel nacional que en Castilla y León. La Junta está favoreciendo en todo a Berkeley, mucho más que a los de aquí de toda la vida”, prosigue. “Para arreglar un roble para olivar o para cerrarlo para hacer leña hay que pedir permisos que son muy difíciles de obtener. Pero los de la empresa pueden hacer todo lo que quieren, como cortar miles de encinas y solicitar la expropiación forzosa de los terrenos que entran en su proyecto”.

Una gran parte de la oposición que se está generando en contra de la mina proviene de los propietarios de las tierras que la empresa necesita y que ellos se niegan a vender. “Para que accedas al precio que ellos imponen, te presionan amenazándote de expropiación forzosa”, señalan desde las plataformas contrarias al proyecto. Algunos han vendido por sobreprecio, como el antiguo alcalde de Retortillo, cuyas tierras son hoy en día sede de las oficinas de Berkeley, y otros están cediendo a cambio de otras tierras. “Quien no quiere vender, no vende”, afirma Jenara. “Para la gente que ha vivido de la zona, de la agricultura o de la ganadería, y tiene el recuerdo de sus padres trabajándola, esa tierra ya tiene sentimientos, tiene memorias. No solo vendería las tierras, sino también el recuerdo de su familia. Dime dónde está la justicia aquí”.

Fuente:https://elsaltodiario.com/peninsula/salamanca-mineria-habitantes-campo-charro-uranio

Internacional

Veintidós activistas internacionales antiminería detenidos en Zimbabue

Veintidós activistas de Brasil, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Kenia, Uganda y Zimbabue fueron arrestados en la tarde del viernes en este último país por “entrar en un área protegida sin permisos del Gobierno”.

Los activistas se encontraban en el país en el marco de un encuentro sobre la minería “informal” en Zimbabue organizado por Diálogo de los Pueblos, una red africana y latinoamericana de movimientos de mujeres rurales, pequeños campesinos, agricultores, trabajadores y organizaciones feministas y académicas.

El viernes, los activistas acudieron a la localidad de Marange, conocida por la minería de diamantes, para recordar el noveno aniversario de la masacre de 200 personas por parte del Ejército cuando el Gobierno tomó el control de los campos de diamantes de esa zona.

Ha trascendido que los brasileños detenidos son Rodrigo Peret, de la Comisión Pastoral de la Tierra de Uberlandia, y Maria Júlia Gomes Andrade y Jarbas Vieira, del Movimiento de Afectados por la Minería.

Según ha explicado la sudafricana Mercia Andrews, del movimiento Diálogo de los Pueblos, a la BBC Brasil, “estábamos conversando con los habitantes de la zona, que están siendo expulsados de sus casas y relataban abusos y restricciones a su derecho de movimiento” cuando llegaron policías al local y trasladaron a los detenidos a la prisión de la ciudad en un autobús. Al parecer, muchos habitantes de la región han sido obligados a abandonar sus viviendas y trasladarse a otras regiones en los últimos tiempos.

violaciones de Derechos humanos

Las detenciones se producen en un contexto de crisis económica y política en el país, en el que gobierna Robert Mugabe, de 93 años, en el poder desde 1987, y donde se celebrarán elecciones el año que viene.

Según el informe de 2016/2017 de Amnistía Internacional, “activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se movilizaron para hacer rendir cuentas al Gobierno por el aumento de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Ante el aumento del activismo, las autoridades intensificaron la represión contra quienes criticaban al Gobierno, impusieron prohibiciones generales de las protestas en el centro de la capital, Harare, y recluyeron a periodistas y activistas, que en algunos casos fueron torturados”. Además, “el Gobierno intentó acallar la publicación de informaciones críticas en los medios de comunicación de titularidad privada”, “hubo actos de hostigamiento, detenciones y agresiones contra periodistas mientras cubrían protestas”, se ha intentado acallar a las redes sociales y activistas y defensores de derechos humanos fueron objeto de intimidación, hostigamiento y detención por parte de las autoridades.

[Actualización: los activistas acaban de ser puestos en libertad]

Fuente:https://elsaltodiario.com/mineria/activistas-internacionales-antimineria-detenidos-zimbabue