Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Pobladores de la cuenca del río Ayash denuncian contaminación del agua e impactos negativos en la salud pública. Afirman que el ambiente sufre producto del vertimiento de relaves de la compañía minera Antamina SA. Los reclamos de este grupo humano, residente en San Marcos, provincia ancashina de Huari, representan solo uno de los 167 conflictos sociales presentes en nuestro país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), correspondiente al mes de octubre de 2017.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la DP, del total de conflictos, 114 se encuentran activos y otros 53 permanecen en estado latente. Por distribución territorial, la mayoría se concentra en la región Áncash, con nada menos que 27 casos por resolver. Seguidamente, se ubican Puno (15 casos) y Apurímac (13). Según las causas, los conflictos más frecuentes están relacionados con temas socioambientales, con un 71.9% del total de casos a nivel nacional.

En este rubro, la lista es encabezada por disputas relacionadas con el sector minero: 77 casos en todo el Perú. Es precisamente el factor minería el que ha contribuido para posicionar a Áncash como la región con mayor conflictividad.“La particularidad es que Áncash tiene varios proyectos mineros en zonas importantes de la región como el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Operan grandes mineras como Barricky Antamina, las mismas que por incumplimiento generan focos de conflictividad con varias comunidades”, señala Porfirio Barrenechea, adjunto al defensor del Pueblo para Conflictos Sociales.

Para el funcionario hay además otro factor capaz de avivar conflictos: la situación posdesastres naturales. “El tema de la reconstrucción tiene mucho que ver con las quejas de la población frente a la atención del Estado para atender las necesidades básicas luego del desastre”, afirma. Violencia. Por otro lado, Barrenechea recalcó que, “más allá de la cantidad de conflictos, hay que analizar la intensidad de las protestas. Y eso depende de los fallecidos, heridos, agresividad en las manifestaciones o personas detenidas”. Con ello, recordó que en el mes de octubre se registraron tres muertes durante un enfrentamiento entre mineros ilegales en la zona de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La disputa por un terreno para ejercer la actividad ilícita acabó con la vida de esas tres personas.Pero, ¿hay forma de prever si un conflicto llegará a tales niveles de violencia? De acuerdo con Barrenechea, existe cierta impredecibilidad. “Hay conflictos que tienen tres o cuatro años y continúan en negociaciones. Pueden pasar súbitamente de una fase de tranquilidad o diálogo a una nueva situación crítica porque no se cumplieron los acuerdos. Es totalmente variable y solo depende de cómo se va manejando”, comenta.El portavoz de la DP enfatizó, no obstante, que ciertos contextos, como la temporada electoral, suelen encender conflictos. “Por experiencia, conocemos que cuando hay elecciones el nivel de conflictividad aumenta en la mayoría de regiones”, añade.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-del-pueblo-conflictos-sociales-787149/

El gobierno de PPK ha brindado las facilidades al proyecto Río Blanco en Huancabamba, mientras que, por otro lado, diversos sectores de Ayabaca y Huancabamba se oponen a toda inversión minera. Hay cosas raras. Toca a la población y prensa, por esto, hacer preguntas a la empresa y comunidades. Un tema para el que pocos tienen tiempo, o no quieren tocar.

Hace varias semanas retomé la escritura de unas crónicas que pretendo publicar. Trata sobre la expedición extraviada de un grupo de trabajadores de la empresa minera Río Blanco Cooper en las montañas de Huancabamba y Piura; y su posterior búsqueda por parte de rescatistas militares, exmilitares, policías, comuneros y civiles pagados. Una expedición, por lo tanto, que hasta hoy sigue desempolvando un conflicto social bien despierto en la serranía.

Esta es la historia. El jueves 16 de julio de 2015, por la tarde, recibo un mensaje desde las oficinas de la municipalidad de Ayabaca: 3 días antes un grupo de mineros había aparecido por el caserío Cabuyal; les habrían castigado los ronderos en otro caserío llamado Portachuelos y pronto fueron enviados a Huancabamba por una carretera en Pacaipampa desde Curilcas. No se supo más de ellos.

El caso era misterioso -hasta hoy-, pese a que por días se armó un comunicado, por parte de la empresa, en el que trataba de explicar el extravío de 4 personas y de los otros que fueron castigados. En suma, la búsqueda era por Orlando Pastrana Quezada, un ingeniero geólogo y líder de la expedición; la comunicadora cajamarquina Aleida Dávila Montes; el egresado en geología Manuel Herrera Peña, huancabambino, y Segundo Tacure, quien era conocido como “primito“.

Cinthya Robles Martínez, evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) terminó un reporte preliminar a las 3:30 de la tarde en su oficina de la calle Rodín en San Borja, Lima. “Una de las personas extraviadas estaba enferma (fiebre)”, versa en el documento. Era el mismo día en el que el informante de Ayabaca empieza a contarme parte de la historia. ¿Quién era el enfermo?

La expedición perdida

Poquísimas personas lo sabían. Una de ellas era Hipólito Cruchaga, por aquel entonces jefe de Indeci-Piura, quien tenía el reporte de Robles Martínez y me contacta y comenta la situación el 17 de julio en la mañana, cuando Rio Blanco Cooper ya había filtrado a todos los medios del país su comunicado y entre las bases ronderiles empezaba a cuajar la idea de que allá arriba, en la montaña de Cerro Negro, 4 personas tenían pocas posibilidades de vivir.

Otra de las personas enteradas de aquello era el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Miguel Orozco, en esos meses de 2015 comisario en Ayabaca. Él se entera el miércoles 15 de julio, oficialmente, a través de una denuncia verbal impuesta en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Piura.

Orozco y el superior Segundo Castillo –conocido en la búsqueda como Lupo– iniciaron, entonces, una faena interrogatoria por los senderos y caseríos de la comunidad de Yanta, donde mucha gente es “antiminera”. Ser antiminero es un término usado especialmente para determinar a las personas contrarias a la minería en su zona… Aquí la ensalada del asunto.