En la Audiencia del Chocó, una veintena de expertos y líderes comunitarios denunciaron los efectos de la minería en la salud y economía de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en Esmeraldas. Una actividad que se encuentra sin control, según los testimonios, aunque están vigentes medidas cautelares contra la explotación minera.

“Se metieron los mineros, el agua contaminada”. “Se metieron los mineros, el agua contaminada”. Con esa copla, un grupo de mujeres afrodescendientes dejó en claro su rechazo a la explotación minera en el norte de Esmeraldas. Ocurrió durante la Audiencia del Chocó, que se efectuó el martes 22 de agosto en San Lorenzo, Esmeraldas. Fue un espacio para que las comunidades de una de las zonas más excluidas y pobres del país relataran cómo han sido afectadas por la actividades mineras y por las plantaciones de palma africana.

La audiencia tuvo como escenario el salón de actos de la parroquia San Lorenzo del Pailón. Ocho comisionados, expertos y defensores de derechos humanos, escucharon a 18 peritos (líderes de las comunidades e investigadores), testigos de primera línea de las situaciones de las poblaciones que habitan el Chocó, que comprende los bosques tropicales y subtropicales comprendidos entre el este de Panamá hasta el Cabo Pasado en Manabí. Es una de las zonas más biodiversas del mundo. Pero en territorio ecuatoriano las comunidades que habitan estos bosques y ríos se enfrentan al agua contaminada por la minería y a la escasez de alimento. Según testimonios, enfermedades como infecciones vaginales y afecciones a la piel se han presentado en sus pobladores.

Uno de los casos más icónicos ocurrió en 2011. Ante un centenar de asistentes a la audiencia, el padre italiano Aldo Pusterla llamó a su historia como “la tomadura de pelo por parte del Gobierno”. Se refirió así a las medidas cautelares que fueron otorgadas a más de 80 comunidades y parroquias de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. Estas disponían, entre otras cosas, lo siguiente: “Que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en el ámbito de su competencia suspenda provisionalmente cualquier autorización para la operación de toda actividad minera en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas”. Pero en el auditorio, el padre aseguró que la minería continúa sin ningún control y sus efectos conviven con su gente.

El padre Aldo Pusterla conoce los episodios de esta historia. Lleva 17 años en las poblaciones del norte de Esmeraldas. Como párroco de Borbón atiende una población de 20.000 habitantes afrodescendiente y de las etnias chachi y épera, ubicados a los largo del río Santiago. Borbón está a 50 km de San Lorenzo. Allí se unen los ríos Santiago y Cayapa. Esta ha sido una zona aurífera desde siempre. Pero la mayor parte de sus habitantes son campesinos: trabajan en la extracción de madera o son mano de obra de las palmicultoras. Pero, según sus cálculos, el 80% de sus habitantes se dedican a la prostitución, trata de personas, contrabando de combustibles y tráfico de droga. “La falta de trabajo los empuja a buscar qué comer”.

Pero la lucha contra la minería empezó por la falta de agua. La comunidad de San Agustín solo se proveían del líquido que tenían en el estero María. “Pero por la minería el estero se había vuelto como una colada verde”. Desde el 2008 habían registrado la contaminación de su río. En efecto, estudios científicos confirmaron las sospechas de las comunidades. Para la obtención de las medidas cautelares, el padre Aldo presentó informes emitidos por la Secretaría Nacional del Agua, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical «Leopoldo Izquieta Pérez» de Esmeraldas. Según estos estudios, además del Estero María, las aguas de los ríos Santiago, Bogotá y Tululbí no eran aptas para el consumo humano por la presencia de aluminio, hierro y arsénico. “Es decir estamos hablando que en estas comunidades la contaminación de sus aguas excede en el mejor de los casos un promedio de más de 4.000 veces el límite permisible”, dice la conclusión recogida en las medidas cautelares.

En otra investigación hecha por la Universidad Católica de Esmeraldas para el Ministerio del Ambiente, en el Estero María se identificó, en diciembre de 2013, uno de sus niveles más altos de contaminación. La presencia de aluminio en el agua superó en 580 veces la norma ambiental establecida para este mineral; 2,4 veces la norma de cobre, 33 veces la norma de hierro y 1,3 veces la norma de manganeso. Todo por efecto de la minería.

El padre Aldo cuenta que una botella de esa “colada” del Estero María llegó a manos de Rosana Alvarado en 2010. La entonces legisladora y presidenta de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea recibió una delegación encabezada por el religioso. “Cuando ella vio la botella pensó que era colada, pero cuando supo que era agua llamó enseguida a Senagua. A la semana siguiente estuvo haciendo los exámenes”. “Nosotros los llevamos arriesgando nuestra vida porque (los mineros) nos odiaban a muerte. Estuvimos amenazados de muerte. El Ministerio de Gobierno nos puso la policía para defendernos. Sacaron el agua y a la semana declararon que no era apta para el consumo humano”.

Con estos primeros análisis fueron a la Defensoría del Pueblo y luego acudieron a la justicia donde consiguieron que les otorgaran las medidas cautelares. La primera disposición fue justamente suspender cualquier actividad minera. “Pero nunca fue aceptada. El mismo Gobierno mandó a la Enami a minar a Selva Alegre y San Lorenzo”. En efecto, la resolución a favor de las comunidades se emitió el 24 de marzo de 2011 y en septiembre iniciaba un proyecto minero a cargo de la Empresa Nacional Minera (Enami). Diario El Telégrafo relata la visita que hiciera el entonces presidente Rafael Correa a la zona, el 14 de diciembre de 2011:

“A una hora de San Lorenzo se encuentra el frente de explotación minera de la parroquia Selva Alegre, donde el Mandatario constató los trabajos de remediación ambiental y verificó si los procesos de explotación minera que actualmente se desarrollan en el lugar cumplen con las normas ambientales (…) El gobernante calificó como una oportunidad para el desarrollo a las actividades de explotación minera que se realiza como parte del proyecto de Minería Comunitaria Enami-Plan Ecuador, el mismo que se ejecuta desde hace tres meses en la zona de Selva Alegre”.

“Nos tomaron el pelo”, insiste de nuevo el padre. Afirma que mientras los llevaron a Quito para reuniones, legalizaban a los mineros ilegales en una cooperativa. “Entregaron casi 39.000 hectáreas a esta cooperativa. Si uno quiere entrar en el alto Santiago, uno tiene que pedir permiso a la cooperativa no al gobierno”.

En la actualidad, la minería ha disminuido, según el padre Aldo, porque el oro está acabándose. En el momento más fuerte de minería, relata, llegaron a tener 400 frentes (lugares donde se trabaja la minería) entre 2010 y 2015. Recuerda que hubo intervenciones del Gobierno, en una de ellas destruyó la maquinaria. En mayo de 2011, en San Lorenzo y Eloy Alfaro detonaron 67 retroexcavadoras. Cuenta que a raíz de estos incidentes, la minería se paralizó por un tiempo, pero los mineros volvieron. En el periodo más fuerte se calculó entre 500 y 600 retroexcavadoras, asegura. “¿Estas medidas cautelares, que están vigentes, ¿para qué sirve? Pedimos que se vuelvan a aplicar. ¿O estamos en manos de las mafia?”.

Fuente:http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-mineria-que-mata-la-vida-el-norte-esmeraldas