A dos años de haber sido demolidas sus casas, 150 familias de la comunidad La Colorada, en Chalchihuites, Zacatecas, reclaman a la minera Plata Panamericana, subsidiaria de la empresa canadiense Panamerican Silver Corp Mexico, que les reconozcan la propiedad de los terrenos e indemnicen los perjuicios.

La mina “La Colorada”, ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, extrajo mil 300 toneladas diarias en el 2014, y en unos meses pretendía alcanzar mil 800, de los cuales se obtiene plata, oro, plomo y zinc.

No hay planes para que la empresa se vaya pronto. La minera invirtió 163 millones de dólares entre el 2014 y el 2017 para la construcción de nueva infraestructura.

Al tiempo que autoridades locales del Partido Revolucionario Institucional, como el presidente municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, intenta calmar la indignación con despensas, denunciaron apoderados legales de la comunidad.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Pobladores de la comunidad La Colorada señalaron haber sido descartados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante su demanda de ser despojados de sus propiedades por la minera Plata Panamericana.

“La comunidad era hecha y derecha, tenía todo. Y nosotros vivíamos ahí de la agricultura y la ganadería. Y la llegada de esta empresa lo cambió, llegaron ofreciendo trabajo y pensamos que las cosas iban a mejorar pero no fue así”, dijo Moisés Guerrero Pasilla, apoderado legal de la comunidad.

Al menos 47 comuneros interpusieron el año pasado una demanda en el Juzgado de Distrito Agrario de Zacatecas para reclamar terrenos que han sido apropiados por la empresa, de acuerdo con la versión de dos de los apoderados legales de la comunidad.

La respuesta legal se dio después de que al menos 150 propiedades fueron demolidas en el 2015 por la empresa, señalaron los comuneros.

Plata Panamericana buscaba trasladar a estas personas a casas en otro punto de la localidad.

“Ellos empezaron a construir una zona habitacional. No teníamos la idea de que era para destruir nuestra comunidad. A raíz de eso nos dijeron que nos iban a cambiar a este complejo. Nosotros preguntamos por qué nuestras casas iban a ser derrumbadas”, relató Miguel González, otro apoderado legal de la comunidad.

Alrededor de 250 pobladores fueron trasladados a las nuevas instalaciones, se trataba de unas casas de lámina, que no contaban con condiciones dignas de vida, señaló David Cayetano, miembro de la Red Internacional de Defensores de los Pueblos Indígenas, quien acompaña a la comunidad en su oposición a la mina.

Los locales aseguraron que la empresa se apoderó de tierras, incluidas aquellas donde habían construido sus casas desde hacía décadas atrás.

A la fecha, los comuneros denuncian que Plata Panamericana no cuenta con las escrituras de estas tierras, cuya clasificación debía ser la nacional.

En tanto que la mina alega estar registrada en el Registro de la Propiedad del municipio cercano Sombrerete, y estar sobre 8 mil 395 hectáreas, que se componen por 56 tierras solicitadas para minería, de las cuales 7 aún esperan un título, de acuerdo con el reporte Técnico Preliminar para la expansión de la Mina La Colorada.

González relató que pese a los intentos de denunciar la demolición encontraron la desatención por el Ministerio Público más cercano que corresponde al municipio de Sombrerete. Y tampoco la encontraron cuando el caso llegó a oídos de la Secretaría de Gobernación estatal.

De acuerdo con las palabras dadas por Carlos Bárcenas Pous, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, durante un evento el 27 de enero, la mina consolidó la generación de empleos en la zona. Al menos 740 directos y mil 250 indirectos.

“Juntos, autoridades y empresa, contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos juntos”, correspondió el Presidente de la mina Ross J. Beaty.

No obstante, a los ojos de los comunitarios la empresa de origen canadiense les ha cerrado las puertas para dedicarse a otras actividades que no sean la minería.

“A mi mamá por ejemplo, el ingeniero Juan Villegas González [gerente general] le prohibió vender comida a los empleados de la mina, les dijo que los despediría si compraban”, denunció González.

En tanto que el Presidente Municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, les ha llegado a ofrecer despensas a los inconformes, dijo Guerrero.

Plata Panamericana no tiene planes de irse de La Colorada.

Un proyecto de expansión iniciado en el 2013 hará que la mina pase de procesar mil 229 toneladas por día a mil 800 al final del 2017. Por lo tanto, se espera un aumento en la producción anual del 64 por ciento, hasta llegar a 7.7 millones de onzas de plata en el 2018.

VIOLENCIA CONTRA POBLADORES

La empresa canadiense ha sido señalada en reiteradas ocasiones de utilizar a las fuerzas de seguridad privada para someter a los pobladores.

Tenemos unos corrales con marranos y vacas. Cuando en eso, Karla Sosa, la de recursos humanos de la minera manda a vigilancia a que quitemos los animales de ahí, porque iba a haber una medición de los terrenos”, dijo González.

Estos mismos guardias son los que someterían a los locales a cumplir con un reglamento para quienes viven en las casas construidas por la mina para sus trabajadores.

La rigurosidad queda a criterio de la empresa. Una copia del reglamento entregada a este medio devela que la comunidad pese a ser rural sólo puede contar dentro del complejo residencial con gatos, perros o peces.

No se permiten fiestas afuera de las casas, y el volumen de cualquier radio debe ser apagado a las 11 de la noche. No hay espacio para los negocios ni las tiendas, ni la modificación de ninguna de las propiedades.

A cambio, las viviendas se hayan equipadas con aparatos electrodomésticos y los gastos de servicios corren por cuenta de la empresa, según se constató en el contrato de comodato celebrado entre un trabajador y la empresa Argentum Panamericana.

La instalación de megaproyectos es uno de los principales causas de violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, realizado con la colaboración de más de 100 organizciones civiles durante la visita de representantes de Naciones Unidas, en México se constaron al menos 60 casos de violaciones de derechos humanos por empresas.

“Una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos”, apuntó el informe presentado en junio.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/27-08-2017/3293314

Los indígenas me´phaa de San Miguel del Progreso, en La Montaña de Guerrero dijeron no a la destrucción que dejarían las minas en su territorio y llevaron la resistencia hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la mano de Tlachinollan, pusieron contra las cuerdas la Ley Minera, que facilita a las empresas la ocupación de tierras. No modificaron la ley, pero cancelaron toda posibilidad de que una mina se instale en su San Miguel.

Malinaltepec, Guerrero. Al terminar el rosario en la iglesia, Valerio Mauro Amado Solano vuelve a casa para ofrendarles a los principales del pueblo el caldo de gallina y las tortillas de maíz que se cocieron en el fuego sagrado. Esta ofrenda busca proteger a los abogados de Tlachinollan y tener procesos judiciales sensatos. Los habitantes San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero, confiaron la defensa de su territorio en las instituciones y en su cosmovisión me´phaa.

Es 21 de junio de 2017, día en que los habitantes de esta comunidad, también llamada Júba Wajiín, cumplen con la creencia de sus antepasados: rezan para proteger al pueblo, incluidos los malos, para que cambien de parecer.

En esta mesa quedó la lista de nombres que el “tata” Donato leyó en la cocina. Lo mismo estaba Abel Barrera Hernández, el director de Tlachinollan; Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Enrique Peña Nieto. Ningún nombre sobra si se trata de cerrarle el paso a las empresas mineras. Sobre todo si Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, dos territorios de más de 40 mil hectáreas repleta de minerales, en los que reposa parte de San Miguel, están otra vez a la merced de los empresarios.

Las mujeres participan en las tareas de la cocina: sirven el caldo, envuelven tortillas, lavan trastes o reparten dulces de pan. A todas las invitó doña Guadalupe, la esposa de don Valerio, para sacar el compromiso de la ofrenda.

Don Valerio hace varias reverencias cuando le entrega la comida al “tata” Donato, su hermano mayor y el principal más longevo en la cocina. Así cierra un día de compromisos: la ofrenda de los rezos, el rosario como rezandero del pueblo; y la sesión del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, en la comunidad de Ojo de Agua de Cuauhtémoc, en su faceta de presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso.

Por la noche ve el documental El mineral o la vida, que le regalaron los abogados de Tlachinollan, donde se explica el plan de las empresas mineras de terminar con el corazón hidrológico de la región Costa Chica-Montaña. Valerio tiene más de 60 años, pero su energía aparenta la edad de un joven.

“Nací y crecí aquí y nunca me imaginé que íbamos a tener problemas por la minería. Que nos quisieran sacar de nuestra propia tierra”, dice Pedro Flores, un compañero de lucha de don Valerio, durante un recorrido entre las comunidades. Por eso a él y los otros pobladores, les interesa conocer los daños e intereses detrás de la mina.

La biodiversidad y el agua de la región Costa Chica-Montaña se concentran en las 157 mil 896 hectáreas donde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero impulsó la Reserva de la Biósfera, un supuesto proyecto de conservación del ambiente que concentraba todo el territorio que en el 2016 llegaron a concesionar las empresas mineras.

En el camino hay un cerro grande y cubierto de bosque que cubre en sombra casi todo el pueblo de San Miguel del Progreso. Es el Tepilzahuac o el San Marcos mayor, uno de sus lugares sagrados.

Los habitantes de este pueblo me´phaa dejan en este cerro la petición de lluvias, las oraciones por rayos de sol, los ruegos por buenas siembras, las bienvenidas y despedidas de los años.

En las veredas que circundan la región hay matas de plátano, árboles de papaya y mango, sembradíos de maíz y plantas de café. Aquí cobra sentido lo que después dice Víctor Albino Agustín, el presidente del Consejo de Vigilancia de San Miguel: “nosotros tenemos tres climas. Allá abajo tenemos caliente, acá templado, y allá arriba frío. O sea, tenemos una tierra sagrada”.

La resistencia legal

Sí. La tierra de San Miguel es sagrada. Pero el valor que tiene para quienes la habitan y para quienes quieren comprarla no es el mismo. Unos quieren cuidarla para vivir aquí, otros quieren explotarla.

Miguel Mijangos, de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), explica por qué la tierra de San Miguel es motivo de deseo: “el problema es que abajo está el oro y la plata”.

Los primeros en darse cuenta de que el suelo de San Miguel es rico en oro y plata fueron integrantes de Tlachinollan, cuando en 2009 descubrieron que la Secretaría de Economía había otorgado 38 concesiones mineras en el territorio de Costa Chica-Montaña.

En un recorrido de campo en Zitlaltepec, comunidad de Metlatónoc, ubicaron la mina de San Javier en desuso, propiedad de la familia guerrerense Larequi Radilla, dedicada al transporte. Entonces también Paraje Montero, otro núcleo agrario de Malinaltepec, tenía firmado un convenio de exploración hasta 2014 con la empresa Camsim Minas.

Los hallazgos los empujaron a las brigadas de información en las comunidades sobre los efectos de la minería.

Tlachinollan tenía la experiencia con Carrizalillo, una comunidad de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero afectada por la instalación de una mina. En 2007 los abogados emprendieron una lucha y lograron un mejor pago anual de la canadiense Luismin (después absorbida por Goldcorp) para los ejidatarios por la renta de sus tierras: 13 mil 500 pesos por hectárea. Los ejidatarios reciben ahora un pago siete veces mayor, nunca tan alto como el nivel de la devastación de su ambiente.

San Miguel del Progreso es una de las tres primeras comunidades en rechazar la minería después de recibir la información de Tlachinollan: el 13 de septiembre de 2013 inscribieron su acta de rechazo en el Registro Agrario Nacional. Ahí comenzó la resistencia legal. “Si no hubiera sido por la información que nos dieron los licenciados de Tlachinollan… Son los que nos vinieron a informar, nos explicaron que sin darnos cuenta ya estábamos concesionados”, dice don Valerio esa tarde de junio.

Tlachinollan y San Miguel lograron revelar, a través de solicitudes de información, que la Secretaría de Economía concesionó más de 40 mil hectáreas en dos predios de su territorio: Corazón de Tinieblas, con el número 237861, y Reducción Norte de Corazón Tinieblas, con la serie 232560.

El primero abarca una extensión de 37 mil 531 hectáreas de verde bosque y cafetales a nombre de la minera británica Hochschild Mining, y el segundo concedía 3 mil 394 hectáreas a la empresa mexicana Zalamera, de acuerdo al mapa creado por la organización.

En los antecedentes de la Hochschild Mining figuran trabajos mineros en el Perú, con reporte de accidentes de empleados por falta de equipo en las minas que explota, como en la subterránea de Arcata, Arequipa. El trabajo de Zalamera se centra sólo en la exploración de los terrenos.

Con esta información y cuatro años de trabajo comunitario, los abogados de Tlachinollan y los habitantes de San Miguel presentan el 15 de julio de 2013 una demanda de amparo en el Juzgado Primero de Distrito con dos peticiones: la cancelación de las dos concesiones y una revisión a los artículos de la Ley Minera.

Siete meses después, el juez Jorge Eduardo Espinosa Luna resolcvó el amparo de manera parcial en favor de San Miguel del Progreso: anuló las concesiones mineras otorgadas a Hochschild y Zalamera porque no se garantizó a la comunidad su derecho a audiencia, pero omitió la revisión de la Ley Minera.

Los argumentos del juez para no revisar esta Ley los sostuvo en que los abogados de Tachinollan sustentan su tesis en omisiones legislativas, que en la Ley de Amparo resulta un recurso improcedente.

Maribel González Pedro, la abogada de Tlachinollan que llevó el caso, dice que nunca plantearon el amparo más allá de que los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

Con esos artículos le asigna la ley un estatus de prioridad a la actividad minera, acredita a las empresas mineras concesiones hasta por 50 años y les garantiza derechos para expropiar tierras.

La cancelación de las concesiones tampoco procede de manera inmediata porque la Secretaría de Economía impugnó la resolución.

La resistencia llega a la Corte

Debido a que el juez decidió no revisar los criterios de la Ley Minera, Tlachinollan buscó que lo hacieran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En febrero de 2015 consiguió que la ministra Olga Sánchez Cordero adoptara el caso e iniciara un juicio de revisión, lo que garantizaba un estudio de la inconveniente de la ley.

La intención de la organización era una modificación a la Ley Minera, donde quedara explícito los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre cualquier ingreso a su territorio.

Pero la Secretaría de Economía pidió a la SCJN el 9 de septiembre de 2015 sobreseer este juicio de revisión, porque las dos concesiones en las tierras de San Miguel del Progreso estaban canceladas desde julio y septiembre pasado. El primer amparo a favor de la comunidad así lo dictó.

La percepción de la abogada Maribel González es que la dependencia de gobierno evitó a toda costa la revisión del marco normativo minero vigente, ante la posibilidad de que se asentaran criterios legítimos de los pueblos y comunidades indígenas del país sobre su derecho a la consulta para cualquier ingreso a su territorio. Con la modificación a la Ley Minera no sólo San Miguel podría decir no a las mineras, también cualquier pueblo indígena.

A la par, la Secretaría de Economía dejó al descubierto la predilección por la actividad minera: el 24 de noviembre de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de estas dos concesiones y otra vez la liberación del terreno.

Es decir, que a los 30 días siguientes Corazón de Tinieblas y Reducción Norte de nueva cuenta estarían a disposición de las mineras en las ventanillas de la Dirección General de Regulación Minera.

Al final, la Corte acató la petición de la Secretaría y sobreseyó el caso el 25 de mayo de 2016. Dicho en otras palabras, terminó con el trámite de revisión y así la posibilidad, esta vez, de alguna modificación a la Ley Minera.

Después de saber la decisión de la Corte, Tlachinollan acuerdó con la comunidad buscar un segundo amparo ante el Juzgado Primero de Distrito contra la declaratoria de la libertad de las tierras, porque el gobierno federal no se detendría ahí. Este segundo amparo, presentado el 11 de diciembre de 2015, buscaba dejar sin efectos la decisión de la Secretaría de Economía de volver a poner a disposición de las mineras los dos predios liberados.

Tlachinollan y los habitantes de San Miguel no consiguieron modificaciones a la Ley Minera, pero tampoco dejaron ninguna posibilidad de invasión.

Mientras tanto, el caso avanzaba en otro sentido: las empresas desistían de 22 de las 44 concesiones en la región Costa Chica-Montaña, equivalente a 32 mil 616 hectáreas aún concesionadas. Y es que en 2016, según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la región de la Costa Chica-Montaña acumulaba 44 concesiones mineras, equivalente a 142 mil 430 hectáreas.

Hasta aquí San Miguel del Progreso se erige como la primera comunidad indígena en sentar la revisión de la Ley Minera en el ámbito judicial que, aun cuando no lo consigue, deja el antecedente para que cualquier pueblo del país que rechaza la minería siga este camino e insista en su modificación. Cualquier otra comunidad puede volver a pedir la Revisión de la Ley Minera.

Pero la lucha sigue. Una de las concesiones vigentes es Toro Rojo, un predio que incluye al San Marcos mayor, el cerro sagrado de San Miguel, y extensiones de otros pueblos de la Montaña.

La resistencia Me’Phaa

Con los rezos en casa de don Valerio, los principales del pueblo encargaron a sus antiguos buena conciencia para el juez que debía resolver este segundo amparo.

En esta lucha los habitantes de la zona han aprendido mucho. Don Valerio, por ejemplo, habla con mucha soltura de los conflictos mineros en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y  hasta conoce el caso de El Zapotillo, Jalisco, que explica en una frase: ricos embotelladores intenta llevarse el agua hacia Guanajuato sin considerar al pueblo. O don Víctor, quien está convencido que el cianuro utilizado en las minas a cielo abierto, como Carrizalillo, “es lo que más afecta a todos, a animales y a todo”.

Para el rezandero Alberto, la minería “todo lo destruye”.

En San Miguel destruiría árboles tropicales, neblina, flores, lluvia, pinos altos, el frío y el calor, café, tierra fértil, nubes cargadas de agua, maíz, pájaros, árboles curativos, cielo azul y sol brillante. Un paraíso de 4 mil 449 hectáreas (extensión del núcleo agrario, que forma parte del interés de las mineras) y 3 mil 800 personas. Quién podría cambiarlo por un infierno.

“Tiene mucho poder este rezo”, dice don Alberto sobre el ritual de invocar a las almas para pedir por el bien de su gente.

Desde la esquina de la mesa, sentado en dirección al fogón de la cocina, el “tata” Donato dice frases en me’phaa. Alrededor de él hay más hombres que mujeres. Son autoridades y principales del pueblo que las repiten. Se trata de plegarias con los nombres de la lista de los abogados, ministros y autoridades del país.

Siete días después de aquella tarde en la comunidad me’phaa Júba Wajiín, la jueza Estela Platero Salado les concedío el segundo amparo contra las facultades de la Ley Minera. Dicho de otra manera, canceló la posibilidad de que cualquier empresa minera pida concesiones en sus dos predios, si no hay antes una consulta a sus habitantes.

Fuente:http://ladobe.com.mx/2017/08/resistencias-la-lucha-juba-wajiin-la-ley-minera/

Diversos grupos en resistencia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) contra la imposición del modelo extractivo y de los diferentes mega proyectos que se imponen en México y en el resto del mundo, se reunieron en la comunidad del Ixtepex, Oaxaca, donde se llevó acabo el foro nacional “El Extractivismo o la vida”, en el que participaron habitantes de nueve estados de la República y 23 municipios específicamente del Istmo de Tehuantepec. El intercambio de experiencias fue fundamental para continuar fortaleciendo los procesos de organización con el fin de detener los abusos en ejidos, comunidades y bienes comunales .

La REMA aseguró en un comunicado que “con el falso discurso del progreso, han despojado del territorio y destruido los bienes comunales naturales de los habitantes”, iniciando un proceso de desplazamiento, forzando a familias enteras que pierden así su vida sana, procesos culturales y de identidad.

El encuentro de afectados por la minería actualiza la información de los diferentes mega proyectos que siempre están enlazados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión con las Zonas Económicas Especiales (ZEE). “Se ha manifestado el cinismo del gobierno obediente y en conspiración con partidos políticos dispuestos a cambios constitucionales, leyes y reglamentos con el fin de saquear, contaminar, destruir de manera ‘legal’ el ambiente”, advirtieron en el encuentro.

En el resolutivo final, la organizaciones participantes indicaron que los “falsos gobernantes hacen el trabajo sucio a los empresarios dividiendo a las familias, quienes además de sufrir el hurto de sus tierras, son víctimas del desprestigio por medio de fuertes campañas en las que la persecución, el hostigamiento y la amenazas se hacen presente llegando al encarcelamiento, la desaparición y el asesinato por parte de el ejército, la marina y la policía federal”.

Los participantes de este foro concluyeron que los empresarios, gobiernos y la banca comercial son apoyados por estructuras internacionales y nacionales, definiendo como deben ser impuestos los modelos. La colaboración de la justicia incrementa la impunidad y fomenta la falta de justicia dejando a un lado los roles sociales que le corresponden al estado, transformándolo en una nación corporativa.

Las organizaciones expresaron la creación de espacios para mujeres, fortaleciendo la unión y organización además de poner en la agenda las luchas de problemática de género como una cuestión tanto económica y política.

En la declaratoria la REMA aseguraron “seguir luchando por nuestro territorio y nuestros derechos, decidiendo el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como también entre todas y todos, asumimos el compromiso de continuar en conexión con la naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades milenarias”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería concluye que “las asambleas agrarias, municipales son el proceso a la libre determinación que desde hace siglos asumen como un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado porque en esos espacio colectivos hacen ejercicio de sus derechos, fortaleciendo su autonomía y su capacidad para decidir sobre su territorio y sus bienes naturales”.

Fuente:http://www.liberaradio.com/gobiernos-hacen-trabajo-sucio-para-imponer-mega-proyectos-en-comunidades-rema/