Mexico

Interponen queja contra México ante la CIDH, por omisión en investigación de asesinato de líder ambientalista de Chiapas

Acusan a la embajada de Canadá y empresa minera Black Fire de estar involucradas

La familia de Mariano Abarca Roblero, asesinado el 27 de noviembre del 2009, interpuso una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al gobierno mexicano la investigación del crimen apegada a derecho. Acusan a las autoridades mexicanas de actuar con dolo en las investigaciones sobre este hecho, para favorecer los intereses de la empresa minera canadiense Black Fire Exploration.

Black Fire posee la consesión para la epxlotación de la mina La Revancha, ubicada en el municipio chiapaneco de Chicomuselo, a cuya explotación se opuso Abarca Roblero. Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano, posee el 70% de las empresas mineras extranjeras que operando en México.

Los cuatro hijos y la esposa de Abarca, acompañados por las organizaciones Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), y MiningWatch Canada, presentaron ante la CIDH documentación relacionada con las amenazas, hostigamiento e intimidaciones físicas y legales que sufrió Mariano Abarca antes de su muerte, por parte de trabajadores y representantes de la empresa Blackfire.

Un gerente de la empresa minera lo acusó de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos, por haber participado en un plantón pacífico en una vía de acceso a la mina La Revancha de junio a agosto de 2009.

El 17 de agosto, policías vestidos de civil lo detuvieron bajo arraigo por ocho días. Lo liberaron sin haber formulado cargo alguno, “pero las autoridades mexicanas nunca le hicieron caso, generando una situación de peligro y de permisibilidad que facilitó el crimen”, refieren los familiares en la petición ante la CIDH.

Argumentan que estos elementos no fueron considerados por las autoridades ministeriales, ni por los  jueces que ordenaron la libertad de las personas que fueron detenidas y acusadas de participar en el homicidio, y quienes tenían relacionaes laborales con la empresa minera canadiense Blackfire.

Mariano Abarca era agricultor chiapaneco, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezó el movimiento para exigir la cancelación de la extracción minera en su comunidad, por considerar que efecta de manera irreversible al ecosistema y a la salud de la población de la zona.

La organización MiningWatch Canada documentó que antes del asesinato del lider comunitario, y debido a las protestas de la población de Chicomuselo, la Embajada de Canadá en México estuvo realizando un cabildeo frente al Estado Mexicano para preservar los intereses de Blackfire.

“Esto abonó al conflicto social y pudo haber influenciado en la actuación del Estado Mexicano en el caso de Mariano”, señalan en la petición.

Para la familia de Mariano, habitantes de zonas donde opera la industria minera, y organizaciones defensoras del medio ambiente, hay un creciente número de casos de criminalización y atentados a la vida perpetrados contra defensores y defensoras del territorio.

Detallan que en América Latina entre 2000 a 2015, se registraron por lo menos 44 muertos, más de 400 heridos y más de 700 criminalizados en relación con 28 empresas en 13 países. Por ello piden la intervención de la CIDH.

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/06/interponen-queja-contra-mexico-ante-la-cidh-por-omision-en-investigacion-de-asesinato-de-lider-ambientalista-de-chiapas/

Internacional

Muere un líder indígena en India que estaba bajo custodia policial

La tribu a la que pertenecía denuncia una campaña de acoso e intimidaciones contra activistas que se oponen a la minería en sus tierras.

Uno de los líderes de un pueblo indígena de la India, Bari Pidikaka, que protagonizó titulares de todo el mundo tras ganar la batalla frente a un gigante británico de la minería, ha muerto en custodia policial en medio de una violenta campaña policial de acoso e intimidaciones contra activistas.

Bari Pidikaka del pueblo indígena dongria kondh que fue arrestado en octubre de 2015 cuando regresaba de una protesta ha falleció esta semana.

Los dongria kondhs de India central denuncian sistemáticas “intimidaciones, secuestros e ilícitos encarcelamientos” de sus líderes por parte de la policía estatal. Los dongrias aseguran que ésta “promueve los intereses” de la minera británica Vedanta Resources.

Recientemente la policía local detuvo a Kuni Sikaka, una activista dongria de 20 años, familiar de los dos líderes más importantes de la tribu. La sacaron a rastras de su casa a media noche a pesar de que la policía no tenía ninguna orden judicial.

Después la exhibieron ante funcionarios del gobierno y los medios de comunicación locales como una “maoísta» que se había “rendido” a pesar de que no hay pruebas que sostengan esta acusación.

Otros miembros de la tribu también se han enfrentado a acosos brutales. El activista Dasuru Kadraka estuvo detenido durante 12 meses sin juicio alguno. Indígenas dongrias han sufrido palizas y torturas con cables eléctricos para obligarlos a detener su campaña por sus derechos.

Rechazado por unanimidad a través de un referéndum

Con el apoyo de funcionarios locales, Vedanta ya intentó coaccionar a la tribu para que permitiera la minería de bauxita en su tierra ancestral en las colinas de Niyamgiri. En un histórico referéndum celebrado en 2013, la tribu rechazó de forma unánime la propuesta.

Pero los dongrias temen que mientras siga operativa la refinería de Vedanta a los pies de las colinas, la amenaza de la minería perdurará. Quienes han sido detenidos aseguran que la policía les exigió que dejaran de protestar contra la mina.

En una carta abierta dirigida al presidente de India, más de un centenar de organizaciones independientes de la India manifestaron: “En los últimos 2-3 años varios jóvenes y ancianos dongria kondhs han sido detenidos, acosados y asesinados, y uno se ha suicidado después del reiterado hostigamiento y las presuntas torturas atribuidas a las fuerzas de seguridad. En ninguno de estos casos [los funcionarios] han sido capaces de aportar pruebas que los vinculen a los llamados maoístas”.

Dasuru Kadraka declaró: “Fui detenido y llevado ante el superintendente de la comisaría. Allí me torturaron. Tenían mis manos atadas y cables eléctricos enganchados a mis orejas, y me dieron descargas eléctricas para obligarme a rendirme […] y para forzarme a dejar el movimiento Save Niyamgiri. Pero me negué (…) Este movimiento es mi vida, nunca dejaré de proteger las colinas y los bosques de Niyamgiri”.

El derecho de los dongria kondhs a sus tierras ancestrales está reconocido tanto por la legislación nacional de la India como por el derecho internacional. Survival International lideró la campaña mundial para proteger su tierra, y seguirá luchando para que se permita a los dongrias elegir su propio futuro sin hostigamientos.

El director de Survival International, Stephen Corry, declaró: “Está claro que hay una campaña concertada para acosar e intimidar a los dongria kondhs, para debilitar su resistencia a la explotación de su tierra. Pero los dongrias están totalmente decididos a proteger sus colinas, que no solo les proporcionan alimento, hogar y vestimenta, sino que también es la base de su identidad y de su sentido de pertenencia”.

Fuente:http://www.ecoavant.com/es/notices/2017/06/muere-un-lider-indigena-en-india-que-estaba-bajo-custodia-policial-3244.php

Internacional

Ecologistas piden al Principado que prohíba el uso del cianuro en la minería

-La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha solicitado al Gobierno regional que se prohíba el uso de cianuro en la minería que se sigue usando en explotaciones de Salas y Belmonte.

La asociación ecologista ha hecho esta petición a raíz de que el Parlamento Europeo haya aprobado una resolución relativa a una directiva sobre residuos mineros en la que se insta a la Comisión Europea a prohibir la utilización de tecnologías mineras a base de cianuro en la UE.

Según la Coordinadora, los lodos cianurados que hay almacenados en Asturias tienen una toxicidad estimada de 75 años.

Fuente:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170628/ecologistas-piden-principado-prohiba-3646700.html

Honduras

Denuncian muerte de peces por contaminación en río de Copán

COPÁN, HONDURAS. Días atrás, circuló la información de que una considerable cantidad de peces han muerto en el Río Lara, de la Aldea Azacualpa, jurisdicción de La Unión y occidente del país.

Ante ello, muchos habitantes han solicitado a los organismos competentes investigar la causa de muerte de estos peces en un río que está muy cerca de donde tiene operaciones la empresa minera Aura Minerals de capital canadiense, subsidiaria de Minerales de Occidente (MINOSA).

Seguidamente, la Coalición Ambientalista de Copán se pronunció al respecto:

“Ayer, pobladores de la comunidad de Azacualpa, La Unión, Copán, Honduras, enviaron imágenes demostrando que cientos o miles de peces se han encontrado muertos en el Río Lara, debido a contaminación de actividades mineras.

Aguas arriba de este río se encuentra la mina de San Andrés, donde tiene operaciones la empresa minera Aura Minerals de capital canadiense, subsidiaria de Minerales de Occidente (MINOSA). Por las operaciones mineras, ha habido derrames de cianuro que han causado la muerte de peces, como el derrame del 2009 y el derrame del 2003 que causó la muerte de unos 18,000 peces. Las manifestaciones contra la mina se han militarizado y por reportar sobre estos casos han muerto periodistas. Denunciamos a los que han generado la contaminación que causó la muerte de estos peces, la cual también está poniendo en riesgo la salud humana. Fuentes dicen que la empresa minera realizó un vaciado de una de las pilas de lixiviación y exigimos una investigación para aclarar detalles.

La Coalición Ambientalista Copán se opone a la explotación minera metálica en Honduras, ya que no ha promovido ningún desarrollo significativo y ha generado enormes daños sociales y ambientales desde la época colonial. La supuesta minería “moderna” y “responsable” que promueve MINOSA es una farsa, como volvemos a comprobar con esta horrible noticia.  Denunciamos además a todos los involucrados en tratar de someter a las comunidades de Copán Ruinas y otros lugares el país a nuevas concesiones mineras por medio de la nueva Ley General de Minería del 2013.

Aplaudimos a la sociedad civil y el gobierno de El Salvador, donde este año se han prohibido las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. Seguiremos luchando junto con nuestras organizaciones hermanas para que esto se logre en Honduras.

ESCRITO EN FORMA DE DENUNCIA

La minería es un componente del modelo extractivista que pretende promover el desarrollo por medio de la explotación y exportación de recursos naturales a gran escala. Es así que vemos otros proyectos de muerte como las Zonas Especiales de Desarrollo, hidroeléctricas, térmicas, refinerías, megaproyectos turísticos, concesionamiento del agua, concesionamiento de carreteras, mega agricultura, semillas transgénicas, explotación petrolera, pesca industrial y explotación de los bosques.

Denunciamos a este modelo extractivista y promovemos: la defensa de los bienes comunes y de los territorios ancestrales, justicia hídrica, soberanía alimentaria, agroecología, economías comunitarias, equidad de género, y solidaridad con nuestras compañeras y nuestros compañeros de lucha. Sumemos fuerzas para detener el empobrecimiento por despojo y velemos por el Buen Vivir que reestablece la convivencia de los seres humanos

con los restantes seres de la naturaleza”, cierra es escrito.

Fuente:http://tiempo.hn/peces-muertos-en-azacualpa/

 

Argentina

En General Alvear inauguraron un monumento a la ley 7.722 contra la megaminería

Un monumento para recordar los diez años de la Ley 7722 en contra de la minería contaminante, por la que luchó todo el pueblo junto a decenas de otras ciudades mendocinas, fue inaugurado ayer en la intersección de la Ruta Nacional 188 y callejón Echeverría, en el departamento de General Alvear. Las manos gélidas, las caras cansadas, de pie, estoicos en medio de las rutas, con los oídos pegados a las radios portátiles y las banderas argentinas atadas al cuello. No se trataba de un mundial de fútbol, del otro lado no había relatores deportivos sino cronistas que confirmaban la aprobación de la Ley 7722 en la Legislatura mendocina.

Diez años después el departamento sureño recordó aquella conquista colectiva en defensa del agua con la inauguración de un monumento a la ley. Fue un 20 de junio de 2007, la angustia y la tensión dieron paso a la euforia, se liberaron los cortes de rutas y miles de alvearenses se dirigieron en caravana a la plaza Carlos María de Alvear.

La obra estuvo a cargo del artista Marcos Salcedo. “Es un monumento hecho en equipo junto a mi hijo que es arquitecto, quien ayudó en la forma y a Carlos Cisterna un joven metalúrgico que hizo un gran trabajo”, resaltó el artista.

El monumento a la defensa del agua está representado por una gota que cae del cielo y que es sostenida por hombres y mujeres. “Los dos más grandes representan a los hombres que hicieron de este oasis un vergel, después están los padres jóvenes de hoy, también hay dos figuras con los hijos y dos madres embarazadas. Es la familia de Alvear que está defendiendo el agua. Esta hecho en chapa, hierro, luces y coloreado a base de patina con ácido”, explicó Salcedo en la presentación del monumento.

Uno de los momentos más emotivos estuvo signado por la palabra de Adolfo Nieto, uno de los bastiones en aquel 2007 y representante de la multisectorial. “Pensar en la ley 7722 implica volver a julio de 2006 cuando un grupo de vecinos de Punta del Agua comenzaban a alertarnos sobre varios emprendimientos mineros en los faldeos del Cerro el Nevado”, contó.

Mientras se le iba quebrando la voz Adolfo seguía con la crónica de aquellos días, “el 6 de junio de 2007 en la Legislatura de Mendoza se vivió un desenlace inimaginado, con los barras bravas golpeando a los alvearenses que estaban presentes. El pueblo de cabildo abierto en la plaza departamental, se acababa el diálogo y había que cortar las rutas. Fueron 14 días difíciles, duros, de intenso frío pero que marcaron la historia de General Alvear, ya nada fue igual  para todo el poderoso norte de la provincia. Desde allí Alvear pasó a ser un fuerte referente de la defensa del agua, el ambiente y la agricultura a nivel provincial y nacional”.

Adolfo Nieto tuvo tiempo para referirse al pacto minero recientemente lanzado, “Entre los puntos a tener en cuenta del pacto minero hay que resaltar la posible afectación de la ley de glaciares ya que se proponen aumentar los controles en la zona de glaciares y periglaciares cuando esta prohibido, vemos con preocupación la introducción de la minería como actividad beneficiosa en la currícula escolar buscando una licencia social que no tienen. Es por esto que desde la multisectorial iniciaremos líneas de acción desde diferentes frentes de manera prudente y consensuada como siempre hemos hecho”.

Las páginas de la historia recordarán los miles de hombres y mujeres que salieron a luchar por el agua, que es uno de los nombres del futuro. La ley 7722 será de ahora en adelante la medida de la dignidad de todo un pueblo, en tanto y en cuanto sepan defenderla de aquellos, que agazapados, aguardan un momento de distracción.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/mendoza/item/36580-en-general-alvear-inauguraron-un-monumento-a-la-ley-7-722-contra-la-megamineria

Argentina

Tensión y conflicto por el acceso al agua en el oeste pampeano. El caso del río Atuel

El oeste pampeano se localiza dentro de la diagonal árida sudamericana. Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua superficial y subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas prehistóricas y prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural. Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.

El oeste pampeano se localiza dentro de lo que se conoce como diagonal árida sudamericana (Bruniard, 1982). Esta extensa región se caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea. Sin embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que, a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial a través de cinco brazos formando un extenso humedal conocido como “Bañados del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos cursos de agua contribuyó en épocas tanto prehistóricas como prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con un medio semiárido provisto de un oasis natural.

Sin embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947 con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la agudización de la desertificación, alteración medioambiental y pérdida de población en una zona donde se estaban dando los primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.

En el siglo XIX en la etapa colonial independentista se constituyeron las primeras catorce provincias de lo que sería el núcleo del futuro Estado argentino, dentro de estas se conformó la provincia de Mendoza cuya producción, por distancias ante todo, se orientaba hacia el mercado trasandino. A fines de dicho siglo el avance del Estado ya constituido hacia territorios hasta entonces ocupados por poblaciones originarias, se efectivizó con la denominada campaña al “desierto” de Roca. Estos nuevos territorios una vez incorporados al modelo productivo agroexportador, no fueron incluidos íntegramente en la vida política, quedaron, por lo tanto, bajo la figura de territorios nacionales con la tutela directa del ejecutivo nacional. El Territorio Nacional de La Pampa Central es uno de los que se creó en esta etapa. Junto con los otros territorios nacionales fueron declarados como provincias en el año 1951.

Esta condición política de disparidad entre estas dos jurisdicciones vecinas, Mendoza y La Pampa, contribuyó a alentar un uso diferencial del río originando tensiones en diversos momentos y desembocando en un conflicto que involucra a diversos actores, además de los pobladores y perjudicados directos por el mal manejo del agua, como son también los sectores políticos, empresarios y profesionales, dentro de este último se pueden incluir a los docentes y su tarea concientizadora respecto al cuidado del agua.

La propuesta con este trabajo es aportar al análisis cronológico de estas tensiones y el conflicto, exponer que actores se ven involucrados en cada situación y cuáles son sus demandas a través del tiempo. Además analizar qué representaciones se han ido conformando en esta lucha en torno al territorio hidro-social compartido.

El marco teórico desde el que se trabaja se corresponde con la ecología política del agua, se toman los conceptos de ciclo hidro-social y territorio hidro-social para estructurar el análisis en torno a los juegos de poder para acceder y controlar los usos del agua en espacios semiáridos. Por otra parte se consideran los aportes desde la antropología con el concepto de lugar y su significación en las luchas de las comunidades por la preservación de sus espacios.

La metodología que se utiliza comprende el uso de datos cualitativos como lectura y análisis de fuentes oficiales consultadas en archivos provinciales y repositorios digitalizados, además de consulta puntual de artículos de prensa también en versión digital y la interpretación de mapas. En cuanto a los datos cuantitativos, se utilizan estadísticas de población que permiten realizar un seguimiento de las fluctuaciones en el oeste pampeano a lo largo del siglo XX.

La ecología política es una línea de investigación que aporta una perspectiva crítica-constructiva en el análisis de conflictos de poder en torno a los bienes naturales. Diversas miradas se han desarrollado al interior de este campo dando origen a interesantes aportes muchos de ellos desde el hemisferio sur, los cuales muestran la otra cara y alternativas de estudio y solución de los problemas socio-ambientales. Dentro de este esquema se está construyendo lo que se puede llamar el sub-campo de la ecología política del agua. El agua indispensable para la vida ya no puede ser considerada solo como un recurso natural, es necesario comprender que es un bien común y como tal debe ser utilizada concientemente.

Históricamente se han sucedido conflictos en torno a fuentes de aguas diversas y, sobre todo, en zonas áridas. En el contexto de avance capitalista en lo que se puede llamar su fase neo-extractivista, la disponibilidad de agua dulce se encuentra amenazada por los usos indiscriminados en monocultivos, megaminería y extracción de hidrocarburos. Su circulación en la naturaleza ya no se concibe desde el ciclo del agua, sino que se incorpora la acción que la sociedad produce en este. En tal sentido se habla de ciclo hidro-social. La distribución del agua no es equitativa y está mediada por tensiones y relaciones de poder que involucran a distintos actores y a sus diversas representaciones del agua (Swyngedouw, 2009; Boelens, 2015).

En relación con ello se trabaja con el concepto de territorio hidro-social (Boelens, et. al., 2016). Es en el territorio que se producen y conjugan las experiencias culturales, económicas, sociales, políticas y medio ambientales y donde, justamente, se ponen en juego las representaciones e imaginarios del agua y donde se enmarcan los conflictos. Estas conceptualizaciones evidencian la complejidad en el acceso al agua, donde no solo esta acción se reduce a la gestión o realización de obras. Implica también la comprensión de un universo socio-ambiental particular en cada lugar y que supone estrategias de lucha.

El caso de la disputa por el río Atuel en el oeste pampeano, se enmarca en la lucha por el acceso al agua en poblaciones desfavorecidas tanto social como geográficamente. En esta situación tanto la provincia de Mendoza como La Pampa se ubican dentro de la diagonal árida, pero ambas tienen trayectorias políticas, sociales y económicas diferentes como quedó expuesto anteriormente. Hasta la constitución del estado nacional esta región conto con ocupación humana. En la zona del centro oeste de la provincia de La Pampa, los registros arqueológicos indican la presencia humana desde hace unos 5000 años antes del presente. En la etapa hispánica y colonial cuando aún los bañados del Atuel estaban activos, en la zona cercana a la localidad de Santa Isabel hay indicios de ocupación del espacio en el sitio Vallejo (Austral, 1971). La ocupación criolla de Mendoza y el desarrollo de actividades económicas impulso a algunos exploradores a buscar algunas alternativas para llegar al Atlántico, tanto es así que en 1833 en la expedición de Félix Aldao al “desierto”, el coronel Garretón afirmaba que el río Diamante se unía al Colorado y se suponía que aquél era navegable en verano durante las crecidas, por fragatas (Difrieri, 1980).

Sin embargo, la lectura y análisis de las fuentes trabajadas hasta el momento, llevan a suponer que la constitución del Estado nacional a fines del siglo XIX y la imposición de una lógica económica orientada a mercados externos tendió a la creación de asimetrías espaciales fuertes encubiertas bajo la consolidación de las provincias y la creación de los territorios nacionales. Por un lado Mendoza con una producción que a fines de dicho siglo se orientó a la vitivinicultura (Jorba, 2000) y, por ende, con altas demandas de agua junto a la consolidación del oasis de San Rafael-General Alvear, mientras que al sur la fundación de colonias y el asentamiento de población se vio dificultado por la falta de continuidad de las políticas y apoyo del ejecutivo nacional.

Las fuentes oficiales como cartas de pobladores elevadas a los gobernadores territorianos con sus reclamos por la merma del caudal del Atuel, junto a las estadísticas de población permiten observar los puntos de tensión que se han producido a lo largo del siglo XX. También del cruce de diversas fuentes tanto oficiales como estudios socio-históricos y geográficos pampeanos, ayudan a establecer el periodo en que se desencadena el conflicto y las tensiones posteriores que contribuyen a la no resolución de aquel. A continuación se describen tanto las tensiones como el conflicto.

En este trabajo las tensiones sociales son conceptualizadas como las situaciones previas al conflicto que hacen evidente las fricciones que luego se traducirán en juegos de poder durante el conflicto entre los distintos actores involucrados. Los actores del oeste pampeano históricamente afectados por el corte del río Atuel son, en primer término, los puesteros y luego los habitantes de las localidades del área de estudio: Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Este actor se caracteriza por una tenencia precaria-irregular de la tierra, la crianza de caprinos complementada con trabajos temporales en el medio urbano, su vida doméstica gira en torno al “puesto” donde además se suelen realizar actividades artesanales.

En segundo término interviene el gobierno con los representantes a nivel provincial, es decir, los sucesivos gobernadores y los legisladores que han tomado partido por las demandas del oeste. Aquí se ponen en consonancia dos lógicas: por un lado las del poblador que, en muchos casos, es descendiente de los pueblos originarios y ha trabado una relación con el entorno semiárido basada en la subsistencia donde es esencial la existencia del río. Por otro el sector político que interviene como mediador y vocero en las demandas por el río con un discurso que se apoya en la visión de impulsar el desarrollo y crecimiento. Por último la organización de asambleas y organizaciones civiles que luchan por el retorno del río además de impulsar acciones de concientización sobre la preservación del agua. En este caso las asambleas que se formaron en las últimas décadas del siglo pasado, han sido el motor de la movilización socio-ambiental pampeana por el agua.

La cronología de las tensiones previas al conflicto se inicia en la década del treinta, precisamente en el año 1937 con el reclamo que presentaron los pobladores de la zona rural de Santa Isabel al gobernador Duval. El disparador del reclamo fue el desvió aguas arriba, en territorio mendocino, de un brazo del Atuel para regar tierras particulares de un poblador de aquel lugar. Este poblador realizó un tapón que interrumpió el flujo de agua, se lo conoció como “Tapón de Ugalde”. Ante la demanda intervino el ingeniero Balbi enviado desde Irrigación de Nación, quién pone en evidencia en su informe el retroceso que comienza a sufrir la zona de los bañados del Atuel y los usos legales e ilegales por parte de particulares, que hace la provincia de Mendoza.

En la década siguiente, en 1947 se construyó la represa del Nihuil luego de estudios realizados en años previos sobre su factibilidad. Su construcción se hizo sobre el cauce del Atuel en Mendoza. El embalse de las aguas interrumpió los ciclos de crecidas y alimentación de los bañados en el oeste pampeano, como así también, la unión con el río Salado. Como consecuencia se afectó negativamente el lento crecimiento poblacional y productivo que tenían las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila totalmente dependientes del medio rural. Se produjo un éxodo de población en los años siguientes tanto hacia el este, a ciudades como Santa Rosa y General Acha, como hacia el sur mendocino, a las localidades de General Alvear y San Rafael. En este sentido los registros censales provinciales muestran para el departamento Chalileo (cabecera Santa Isabel) los siguientes números sumando población urbana y rural: en la década de 1920, 1750; en 1935 los habitantes eran 1888, en 1942 era 2102; en 1947 2420, hacia 1964 se aprecia la disminución con 2048 y en 1980 el total eran 1729 habitantes. En el departamento vecino, Chicalcó sucede algo parecido con 769 en 1920; 1198 en 1935; 1037 en 1942; en 1947 la población total era de 1189, en 1960 era de 1105; en 1964 se mantuvo estable con 1211 habitantes y en 1980 con 1199. Acá se puede ver un estancamiento, no hubo un crecimiento (Difrieri, 1981). Las cifras están desprovistas de mayor información que permita hacer más profundo el análisis, queda para otra etapa de la investigación consultar otras estadísticas para realizar cruces que permitan obtener más información.

El año 1947 se puede establecer como punto de conflicto. El corte total del río originó el empobrecimiento de una amplia región de delicado equilibrio ecológico y social, por la escasa población. El reclamo en este momento llega al presidente Perón por el envío de una carta de un poblador de Santa Isabel que plantea la situación desoladora que se presentaba en la zona. Posteriormente en el año 1951 se concreta la provincialización, ello dio el marco para encauzar los reclamos por el rio ante el Estado nacional y Mendoza. En esos años se inicia una política del agua junto al aprovechamiento del río Colorado con la construcción del dique Casa de Piedra.

Las tensiones que se dieron estuvieron asociadas al conflicto, revisten la importancia de los reclamos, la recolección de testimonios de habitantes del oeste que buscaron el modo de resistir la pobreza y la pérdida de sus actividades económicas. En la década de 1970 el gobierno provincial presenta ante nación la demanda a Mendoza por el río. Esta se respaldó en un completo estudio de la cuenca del Desaguadero y en una investigación histórica de la existencia del río en territorio pampeano.

La resolución se produjo en 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia proclamo la interprovincialidad del río y obligaba a Mendoza a realizar sueltas periódicas de agua para brindar agua al oeste pampeano. La vecina provincia nunca reconoció este fallo amparándose en que el río nunca fue compartido con La Pampa. En defensa de su postura esgrimió diversos fundamentos pero, sobre todo, una representación del agua y el territorio que se articuló en torno a la idea de que La Pampa nunca hizo un uso productivo del río si en algún momento lo tuvo, ni tampoco propone un uso a futuro si dispusiera de esas aguas.

Aquí se inició otro ciclo de tensiones que se fue contextualizando con las resistencias y movilizaciones socio-ambientales que adquieren notoriedad en el nuevo siglo ante el avance de nuevas prácticas extractivas sobre territorios hasta entonces marginales. Paralelamente hay una mayor concientización social sobre la importancia de conservar y hacer un uso adecuado de bienes comunes como el suelo y el agua. En este marco deben comprenderse estas nuevas tensiones cuyo puntos culmines se dan en el año 2008, 2011 y en el 2016. Estas tensiones se originan en estos casos por los intentos de los distintos poderes políticos de lograr una solución al conflicto. En el año 2008 la presidenta Fernández de Kirchner firmó un convenio para que se realicen las obras de infraestructura hidráulica que permitan el retorno del río a La Pampa. Este convenio fue ratificado por La Pampa no así por Mendoza. En el año 2011 el caso fue presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, luego de la visita a la zona de los bañados del Atuel y la pérdida de este valioso ecosistema, dicho ente llevó adelante un fallo moral no vinculante pero que sentó un antecedente y visualizó a nivel internacional la situación de daño ambiental. En tanto en el año 2016 la ONU se proclamó por la necesidad de llegar a un acuerdo y que el Estado nacional garantice que el río sea compartido por ambas provincias. Esta postura generó nuevas resistencias por parte de Mendoza.

Estas últimas tensiones estuvieron acompañadas de acciones por las organizaciones sociales y asambleas como fueron los “botellazos” tanto en Buenos Aires en la Casa de La Pampa, por cortes de rutas en la ruta nacional 143 en cercanías de Santa Isabel, como así también distintas intervenciones artísticas en Santa Rosa y las localidades involucradas. Junto al reclamo político se ha construido un reclamo desde el campo cultural, muestra de ello es “El cancionero de los ríos” que recoge letras de canciones vinculadas al río y al agua, donde el relato hace referencia directa al lugar y universo en el que viven los habitantes del oeste. Se pone en evidencia la representación del agua como líquido vital para la existencia, con sus significados en el pasado, el dolor de la pérdida del lugar por el éxodo y el futuro incierto ante una demanda que tiene más de cincuenta años y no es escuchada ni aparenta tener resolución a corto plazo.

Los resultados de este primer análisis de las fuentes para establecer una cronología de tensiones y definición del momento de conflicto, se pueden exponer en tres etapas: primero las tensiones que indican los primeros indicios de alarma ante la disminución del caudal; una segunda etapa donde se produce el conflicto con el corte total del río con la construcción de la represa del Nihuil;  por último, una tercera etapa en la que se mantiene el conflicto hasta la actualidad, sumándose momentos de tensión que se generan cuando desde el ámbito gubernamental se plantean demandas por vía judicial o la intervención de otras esferas de decisión que exceden a las provincias como el ejecutivo nacional u organismos internacionales (como el Tribunal Latinoamericano del Agua y la ONU).

Este análisis permite un acercamiento a los actores. Por un lado los puesteros y habitantes de las localidades del oeste con una representación del agua ligada a la subsistencia y, por otro lado, el gobierno provincial que se presenta como parte demandante en las distintas instancias judiciales ante Mendoza y el estado nacional. En este caso el río representa el recurso negado en el contexto de una desigualdad jurídica.

La elaboración de esta cronología aporta elementos para el estudio del ciclo hidro-social que se fue conformando en el siglo XX donde el ciclo de una cuenca hídrica fue alterado bajo un nuevo modelo de producción (vitivinicultura y producción de energía) que acentuó la aridez en el oeste pampeano como así también su carácter de zona de zona marginal.

Bibliografía.

Austral, A., “El yacimiento arqueológico de Vallejo, NO de la provincia de La Pampa. Contribución a la sistematización de la prehistoria y la arqueología de la región pampeana”, en: Relaciones, N° 5, 1971.

Boelens, R.; Hooesteger, J; Swyngedouw, E; Vos, J. y Wester, P., “Hydrosocial territories: a political ecology perspective” en: Water International. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898 [Consultado: 01 de agosto de 2016].

Bruniard, A., “La diagonal árida argentina: un cambio climático real”, en: Revista Geográfica, N° 95, 1982.

Difrieri, H., Historia del río Atuel, Buenos Aires, UBA, 1980.

————– Evolución del poblamiento del área de influencia del Atuel en territorio de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Gobierno de La Pampa, Administración Provincial del Agua (A.P.A.), 1981.

Jorba, R., “Cambios tecnológicos y trasformaciones económico-espaciales en la vitivinicultura de la provincia de Mendoza (Argentina), 1870-2000”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, 83, N°69, 2000.

Swyngedouw, E., “The political economy and political ecology of the hydro-social cycle”, en: Journal of Contemporary Water  Research & Education, Manchester, N° 142, 2009.

AlejandraGeraldi  y Patricia Rosell se desempeñan en la Universidad Nacional del Sur UNS.

 

Argentina

Minera La Alumbrera termina la explotación a cielo abierto y seguirá subterránea

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero al final se adelantó. Continuarán operando con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Se vienen las indemenizaciones a más de un millar de trabajadores; los reclamos por el dasastrozo desempeño ambiental tienen sentencia en la Cámara de Apelaciones de Tucumán y continúan otras causas afines. La pobalción de Andalgalá rechaza la actividad minera luego de su penosa experiencia con mina La Alumbrera.

La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo.

La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre  de la actividad a cielo abierto.  Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con  una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

La minera en números:

-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.

-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.

-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.

-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.

La minera Bajo La Alumbrera definió para esta semana el cierre de su actividad a cielo abierto realizada en Catamarca desde 1997.

El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según informó eltucumano.com, entre este jueves y viernes, se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.

El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa.  “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.

Recién a partir del efectivo cierre de las instalaciones se podrá medir el impacto ambiental. A pesar de este final, la empresa continuará con actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto “Agua Rica”. Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.

Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material “benigno” y se las “revegetará con especies nativas”. “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.

 

En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.

 

“Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%”, comentó una fuente cercana la compañía. “Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017.”

Fuente:http://noalamina.org/argentina/catamarca/item/36574-minera-la-alumbrera-termina-la-explotacion-a-cielo-abierto-y-seguira-subterranea

Perú

A 6 años de “El Aymarazo” en Perú

Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI.

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada en el departamento de Puno en 2011, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation.

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia, que pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012. La población rechazó el proyecto por el potencial uso y contaminación de las fuentes de agua de la zona, incluyendo el Rio Desaguadero y el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia.

Como consecuencia de la suspensión del proyecto, existen 18 dirigentes comunales procesados, acusados de los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Entre ellos se encuentra Francisca Sarmiento, la única dirigente mujer en etapa de proceso. La fiscalía exige una pena de 18 a 28 años de prisión para los acusados, y el pago de siete millones de soles (más de dos millones de dólares) por concepto de reparaciones. El juicio penal se encuentra en su etapa final.

En una co-producción del Centro para la Democracia (Leny Olivera Rojas, Sian Cowman y Aldo Orellana López) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA PUNO, entrevistamos al abogado Rodrigo Lauracio Apaza, integrante de DHUMA, sobre la criminalización de la protesta social en Perú en el contexto de “El Aymarazo” y presentamos este informe radial. DHUMA forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos y la Red MUQUI en Perú.

Mientras tanto, Bear Creek sostiene una demanda (iniciada en agosto de 2014) contra el estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI, órgano del Banco Mundial. Amparada en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, la empresa exige el pago de 1 200 millones de dólares por la suspensión de su proyecto. Pese a esta demanda, Bear Creek continúa en la región impulsando otros emprendimientos, como el proyecto minero Corani, ubicado también en el departamento de Puno.

Esta es la realidad a la que se enfrentan las comunidades que rechazan los proyectos mineros en Perú, donde las organizaciones sociales y sus dirigentes son criminalizados y estigmatizados por el rechazo a la minería y por su condición indígena. La agresiva política pro-minera reinante en el país ha producido una gran cantidad de conflictos socio-ambientales, el despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos. Esta política es impulsada por las corporaciones transnacionales como Bear Creek, que son las que se benefician en última instancia de la extracción de recursos y la transgresión de los derechos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios.

Fuente:http://www.radiomundoreal.fm/9846-a-6-anos-de-el-aymarazo-en-peru?lang=es

Mexico

LA COSTUMBRE DEL PODER: Matar el futuro

Cancelarnos motu proprio el futuro, equivale a planificar el suicidio con demasiada antelación, con la peregrina pretensión de encontrar la manera de matizar consecuencias y repercusiones de ese acto final.

Permitir que niños y jóvenes fallezcan de enfermedades curables, de desnutrición o debido a derivaciones no previstas de actos de corrupción, es una de las peores maneras de cerrarnos el paso al bienestar emocional y a la armonía entre gobierno y sociedad. La irritación social crece y se manifiesta de manera colindante con la violencia, porque hay un enorme vacío de poder que ensancha la separación entre dos estamentos sociales: los excesivamente ricos frente a todos los demás. Los “proles” hace mucho que dejaron de contar  para el Mirreynato.

No exagero ni aspiro a que juntos nos rasguemos las vestiduras o nos demos golpes de pecho. Lo cierto es que Alfredo Valdez Rodríguez, de La Jornada, nos cuenta que “63 por ciento de los niños del municipio de Vetagrande, con tan sólo cinco mil habitantes y distante siete kilómetros de la ciudad de Zacatecas, tiene altos niveles de plomo y otros metales pesados en su organismo, a causa de la actividad minera”.

El reportero Valdez Rodríguez entrevistó a “Eduardo Manzanares Acuña, profesor e investigador de posgrado en ciencias nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien sostiene que desde hace 18 años un grupo de especialistas de ese centro, da seguimiento a la contaminación que padecen los niños y jóvenes menores de 18 años de esa población.

“Con base en métodos científicamente probados y la intervención de médicos y especialistas en bioquímica, informó Manzanares Acuña, se han hecho muestreos representativos y análisis de sangre que han permitido conocer la dimensión del problema que presentan alrededor de mil 500 menores de edad.

“Ante ello, explicó, un grupo de investigadores de varias universidades de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, como el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados (Cinvestav), campus Irapuato, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizan un estudio conjunto en fito-tecnia (con plantas silvestres), con las que se busca estabilizar los predios y zonas con desechos mineros, conocidos como jales.

“Los estudios se realizan en zonas donde se vertieron desechos tóxicos producto de la minería, para tratar de evitar que se dispersen en el aire, que trasminen al subsuelo y no sean ingeridos por la fauna ni absorbidos por el ser humano, explicó el también especialista Armando Flores de la Torre, investigador del área de ciencias de la salud de la UAZ”.

Constatamos, así, parte de ese enorme beneficio que deja la minería en México. Por cierto, ¿alguien sabe si Grupo México cumplió con lo ofrecido por el derrame en Sonora? No, verdad…

Fuente:https://almomento.mx/la-costumbre-del-poder-matar/

Colombia

Economía de Pijao no se afectaría con consulta popular minera

Tras un ‘No’ rotundo en la consulta popular sobre minería en Cajamarca, Tolima, el alcalde de ese municipio, Pedro Marín, ha manifestado que con el cierre de La Colosa, el desempleo ha incrementado en un 10%.
Frente a esta situación y de cara a la votación en la que los pijaenses decidirán el futuro de la minería en el municipio, el alcalde Édinson Aldana Martínez dijo que su situación es diferente a la de Cajamarca.

“En el caso nuestro no tenemos exploración ni explotación, solamente hubo las solicitudes de una licencia, lo que pensamos nosotros es que haciendo la consulta ratificamos ese ‘No’ con el tema de la explotación minera”: Édinson Aldana, alcalde de Pijao.

Agregó que es un renglón de la economía que ofrece empleo no solamente a una comunidad sino al municipio en general, pero gracias al desarrollo agrícola de la región, la minería es prescindible.

“Hemos vivido más de 150 años a partir de la explotación del café y ahora diversificamos los productos haciendo la explotación de plátano, banano, cítricos y recordemos que para el caso particular, Pijao tiene el mayor cultivo de aguacate hass del departamento”.

El alcalde puntualizó que gozan también de fuentes hídricas y plantaciones de árboles maderables, por lo que no necesitarían de la minería para mantener la economía del municipio cordillerano.

Campañas para generar conciencia

En Pijao se adelantan campañas de educación y concienciación en la comunidad desde que se aprobó la pregunta: ¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?

Los habitantes del municipio decidirán el próximo 9 de julio.

Aldana Martínez destacó que algunas personas han ido al municipio para hacer una campaña a favor del ‘Sí’.

“Yo ejerzo como promotor de la consulta y hemos estado colaborando en la campaña del ‘No’ con el tema del transporte, manutención y alojamiento porque han venido muchas personas de diferentes partes del país a colaborarnos y hay que suministrarles todo lo necesario en las jornadas”.

Desempleo en Cajamarca

En entrevista con Blu Radio, el alcalde Pedro Marín señaló que tras la consulta popular del pasado 26 de marzo, donde el ‘No’ arrasó con un 97,92%, cerca de 1.200 personas se encuentran desempleadas.

“Como alcalde tengo una posición muy neutral frente a la decisión de los cajamarcunos para que no se desarrollaran actividades mineras en el municipio”: Pedro Marín, alcalde de Cajamarca.

Señaló que no solo se afectaron las personas que trabajaban en La Colosa sino quienes se dedicaban a la minería de materiales de arrastre. A eso se le suma, que las obras del túnel de La Línea se encuentran detenidas.

Hizo un llamado al gobierno nacional para que ponga como prioridad a los cajamarcunos en las obras de infraestructura a gran escala que se desarrollen en el municipio y en lugares aledaños.

Frente al tema agrícola precisó que el costo de los insumos ha dejado importantes pérdidas a los campesinos y la ola invernal también los afectó.

“El tema agrícola está abandonado, no tenemos el apoyo del gobierno para tratar de mejorar nuestra economía. Como mandatario uno debe tener mente abierta ante cualquier posibilidad sin ir a pasar por encima de una decisión que ha tomado el pueblo. Aquí hay que analizar problemas de fondo”, concluyó.

AngloGold Ashanti podría volver a Cajamarca

En los últimos días, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, manifestó que a pesar de los resultados de la consulta popular en Cajamarca, AngloGold Ashanti podría realizar la explotación minera en el municipio.

“La multinacional cuenta con todos los permisos y títulos mineros concedidos por parte de la autoridad ambiental, lo que le permite efectuar sus trabajos y es decisión propia de la compañía suspender sus operaciones, más no por determinación del gobierno nacional”, dijo el viceministro en una publicación realizada en los últimos días por Caracol Radio.

Cabe recordar, que la multinacional emitió un comunicado el pasado 27 de abril, donde anunciaron que detendrían todas las actividades del proyecto La Colosa después de los resultados de la consulta.

“Tras 14 años de presencia de AngloGold Ashanti en el Tolima, el proyecto minero La Colosa, lleva varios años sin avances concretos. Diversas razones que van desde lo institucional, lo político, y particularmente lo social con la reciente consulta, nos obligan a tomar la desafortunada decisión”, reza el comunicado.

Lamentaron detener la generación de empleo en la región, el impulso a los proyectos de fortalecimiento agrícola, ganadero y comercial en Cajamarca.

El alcalde de Pijao explicó que cuando gana el ‘No’ o el ‘Sí’, el ciudadano es el que decide y se espera que esa manifestación se tome como clara y expresa de una decisión sobre el tema particular.

“De ahí ya vienen encaminados otros hatos administrativos, los cuales tendrán que hacerse llegar a las respectivas entidades, en este caso al ministerio de Minas, y como alcalde debo proferir un acto administrativo en el cual también se deje clara la decisión”.

 

Redacción
LA CRÓNICA

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-economa_de_pijao_no_se_afectara_con_consulta_popular_minera-seccion-la_economa-nota-111619