Mariana, Brasil 03-11-2016 (REDIM).- A un año del mayor desastre minero producido en Brasil, las comunidades y ciudades afectadas continúan exigiendo justicia y sanción ejemplar para la empresa minera Samarco, de propiedad dela brasilera Vale SA y de la australiana BHP Billiton.
Como se recuerda, cuando se rompió la barrera de la mina de Samarco, el distrito Bento Rodrigues, de Mariana, quedó totalmente arrasado y la ola de barro y residuos minerales llegó a más de 40 ciudades de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Además de causar 19 muertes, desaparecidos y heridos la rotura contaminó profundamente el río Doce y los residuos llegaron varios kilómetros mar adentro tras llegar a la desembocadura.
El crimen ambiental, derramó 50 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos de minería en más de 660 kilómetros del río Doce y al menos unos 80 kilómetros cuadrados del Océano Atlántico.
Diversas organizaciones de derechos humanos denunciamos la existencia de convenios entre la Policía Nacional del Perú y varias empresas mineras, entre ellas la titular del proyecto minero Las Bambas en Cotabambas – Apurímac.
Empezarán el lunes 7 con el retiro de parte de las 500 toneladas de neumáticos que dejaron en Cerro Amarillo. Pero la provincia duda de que se llevan los otros residuos.
El profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Dante Cáceres, advirtió que “la contaminación de suelos es un tema bastante complejo” y que no existe una normativa clara para enfrentar esta dramática realidad que afecta al sector norte por la actividad minera.
Anteayer, la Cámara de Diputados de la Nación dió media sanción a la Ley de Presupuesto 2017 donde se aprobó una inversión de $8.000.000 para la construcción de una Planta Piloto para la producción de uranio en el yacimiento Cerro Solo, provincia de Chubut. Se contempla además, una ampliación de $2.020.000 para 2018. El proyecto de ley debe ser abordado por la Cámara de Senadores. Esta definición pasa por encima la Constitución de Chubut que en su Artículo 103 establece taxativamente que «Todos los recursos naturales radioactivos cuya extracción, utilización o transporte, pueden alterar el medio ambiente, deben ser objeto de tratamiento específico.»
El presente informe es el análisis retrospectivo de las acciones de litigio estratégico en materia penal, llevadas a cabo por el Consejo del Pueblo Maya CPO, en acompañamiento legal a las autoridades de los pueblos, que han sido criminalizadas en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, por el ejercicio de sus derechos en defensa de su territorio, frente a la imposición de proyectos de extracción minera y generación de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de los ríos.
Estas imágenes corresponden a tres minas de uranio abandonadas y explotadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): Los Adobres (Chubut), Los Colorados (La Rioja) y Don Otto (Salta) explotaciones uraníferas incluidas dentro del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU). La CNEA procedió a tapar los desechos con tierra y «acá no ha pasado nada». Minería responsable que le dicen.
La Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) presentó este miércoles, una demanda de amparo contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Congreso de la República y la empresa minera Yanacocha. Esta denuncia se da con la finalidad de invalidar el 
El sector minero ensayará en las próximas semanas un golpe de efecto para intentar a quitarse parte de su mala imagen pública, un lastre alimentado entre otras cosas, por los derrames de solución cianurada que tuvo la compañía canadiense Barrick en San Juan en los últimos dos años y la creciente oposición social contra la actividad en provincias como Chubut, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Salta y Jujuy que ya lleva más de una década con localidades organizadas en asambleas y grupos autoconvocados
En el Perú empresarios mineros, funcionarios públicos y medios de comunicación sostienen que la minería moderna es inocua, que todos los procesos están técnicamente contralados y que no hay forma de que ésta contamine. Desde esta perspectiva afirmar lo contrario, demuestra ignorancia o intereses políticos escondidos. Por lo tanto, la oposición de una población a un proyecto minero solo puede explicarse por desinformación o manipulación.