Formalmente, el proyecto minero de Aratirí en Uruguay quedó sin efecto el 24 de marzo al transcurrir el plazo de 90 días corridos que otorgara el Poder Ejecutivo para que la minera Zamin Ferrous presentara un nuevo inversor. Esa era la condición impuesta por el Gobierno Nacional a fin de firmar un convenio con el Estado uruguayo.
La directora Nacional de Minería, Leda Sánchez explicó que el texto de la ley de Megaminería establece que el plazo para concretar el contrato entre Aratirí y el Estado es de 90 días a partir del 24 de diciembre de 2015, fecha en que firmó la caducidad del proyecto.
Desde hace meses que fuentes políticas y gubernamentales consideraron que el proyecto minero “ya se había caído, desestimulado por las exigencias de la ley de minería y el precio internacional del hierro”.