Eduardo Gudynas* hace una descripción del extractivismo y la matriz productiva de los llamados gobiernos progresistas de Sudamérica. El intelectual, catedrático y ambientalista propone, a la par a la crítica al modelo desarrollista, alternativas para salir del extractivismo debido a los impactos sociales, culturales, políticos y económicos que tiene para nuestras naciones.
¿Qué es el extractivismo?
Es un término que tiene historia por detrás y se lo vincula directamente a los impactos de la explotación petrolera y minera en los países del sur. Y fue acuñado hace décadas para referirse a situaciones muy graves que ocurrían en los países petroleros de África y del Medio Oriente. Más recientemente, el concepto ha sido reformulado para enfocarse en la exportación de grandes volúmenes de recursos naturales o la exportación en la cual su explotación exige una gran intensidad y por tanto tienen altos impactos ambientales, y que el destino de esta exportación es a los mercado globales. Explotación de petróleo y minería no es sinónimo de extractivismo, que es emprendimientos de gran volumen, explotados con alta intensidad y que se exportan.
La Ley General de Aguas, cuya discusión ha sido pospuesta en el Congreso de la Unión, “abre la posibilidad de facto del despojo y privatización de las reservas o cuerpos de agua en tierras de propiedad social”, las cuales podrían ser utilizadas por las mineras para el fraking, advirtió Gian Carlo Delgado Ramos, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mas de 15 años llevamos demostrando que la minería es inviable en las nacientes de nuestras aguas, el 2013 emprendimos dos acciones judiciales contra la criminal Barrick Gold, una Demanda por Daño Ambiental Irreparable a Glaciares interpuesta el 27 de junio de 2013 ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, la que da cuenta que Barrick no ha cumplido con una de las condiciones principales del proyecto: “no podrá intervenir los glaciares en la forma de una remoción, traslado o cualquier intervención física de ellos, como resultado de la extracción del mineral o desarrollo minero asociado”(demanda y expediente en link más abajo).
El Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, Ayacucho, inició hoy un paro provincial de 48 horas como medida de protesta frente a la autorización de inicio de actividades dela exploración minera otorgada a la empresa Laconia South América S.A.C, mediante la resolución Nº0106-2014-MEM/DGM, del Ministerio de Energía y minas.
El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que cuenta con información sobre la alta contaminación que existe en la región minera de La Cañada de Taxco, por lo que llamará a Grupo México (GM), para resarcir los daños ocasionados por los desechos de extracción minera que “inmediatamente se ven”, desde cualquier punto de Guerrero por vía aérea.
Con la adhesión de mujeres de diferentes rincones del mundo, el 8 de Marzo Dia de la Mujer se construyó un muro colorido, solidario y fortalecido, para hacerle frente a los impactos del Extractivismo minero en las Mujeres, acción impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Los mismos organizadores de una movilización en la que 30.000 personas salieron hace cuatro años a las calles de Bucaramanga a protestar por la minería en Santurbán convocaron a la ciudadanía a una nueva marcha para el 24 de abril próximo porque consideran que la delimitación con la que el Gobierno ‘blindó’ 100.000 hectáreas del páramo, en Santander, no preserva, según ellos, plenamente el ecosistema.
La comunidad La Maraña, enmarañada entre caminos serpenteados, tramos de asfalto y tramos de piedra, la encontramos escondida en el municipio de Ilobasco, Cabañas, a 65 kilómetros de San Salvador. Ahí se conmemoraba con una misa el quinto aniversario de la muerte de tres ambientalistas de comunidades aledañas, quienes se opusieron a la operación de la empresa minera canadiense Pacific Rim/Oceana Gold, quien actualmente ha demandado a El Salvador ante instancias internacionales por más de $300 millones de dólares por negarle actividad minera en “El Dorado” en la zona norte de Cabañas. 
La criminalización de los movimientos sociales que se oponen al extractivismo y neoextractivismo, a la usurpación territorial y de aguas, impulsada tanto por los gobiernos de turno como por empresas transnacionales, se ha convertido en la principal estrategia de invisibilización y represión de la protesta en Chile.