En las últimas semanas el trabajo que hacemos en CooperAccion ha recibido fuertes críticas de algunos sectores, en medio de la polarización que provoca un conflicto como el de Tía María. No es la primera vez que ocurre.
Las puyas vienen de algunos funcionarios públicos, de las empresas mineras y de algunos medios y periodistas. Nuevamente, no es la primera vez que ocurre. Sabemos que nuestro trabajo incomoda a determinados sectores.
¿Qué dicen? ¿Por dónde vienen las críticas?
El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra de Minería, Aurora Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.
En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres producto de la disputa judicial por el Botadero Cerro Amarillo -en el límite entre Chile y Argentina- y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico.
La víctima fue identificada como Ramón Colque Vilca de 54 años de edad, según informaron medios locales. Ocurrió en la zona de Cocachacra, muy cerca al puente Pampa Blanca, donde efectivos policiales y protestantes se enfrentaron.
Una nueva víctima mortal se registró en el distrito de Cocachacra, contra el proyecto minero en Tía María.
El deceso ocurrió en la zona de Cocachacra, muy cerca al puente Pampa Blanca, donde efectivos policiales y protestantes se enfrentaron. Producto de ello dejó de existir Ramón Colque (55), quien habría recibido un impacto de proyectil en el pecho durante la manifestación e ingresó al nosocomio sin signos vitales.
Campesinos de tres municipios de la costa de Chiapas se declararon inconformes con las actividades mineras que se desarrollan en Escuintla y Acacoyagua, por los problemas medio ambientales que ya se empiezan suceder como la muerte de peces, enfermedades en la piel y hasta posibles casos de cáncer, además de los riesgos de deslaves.
Durante una visita a la región organizada por el Movimiento para la Defensa de los Pueblos del Soconusco que representan Antonio Ovalle Damián, Salvador Hernández, Gabriel de León Pérez, María del Rosario Santos, Límber Díaz, Benjamín Pérez Ortiz, comisariado del ejido Cintalapa, Francisco Bautista, secretario del ejido Independencia y Guillermo Elías Roblero, entre otros, precisaron que se encuentran preocupados por el avance de la explotación minera en la región, sin ningún beneficio para los pobladores.
Presuntos engaños de la transnacional Petaquilla Gold a los accionistas y fracasos empresariales en España y Panamá, junto a millonarias deudas a sus trabajadores panameños, denuncia una investigación revelada hoy.
La minera panameño-canadiense explotaba el yacimiento de oro Molejón, en la norteña provincia de Colón, y detuvo sus labores a finales de 2013 por problemas financieros; e igual excusa ofreció a autoridades de la Junta de Andalucía, en España, donde obtuvo la concesión de otro filón de metales preciosos.
El ejecutivo principal de Petaquilla, Richard Fifer, convenció a los accionistas de la compañía de las bondades del proyecto español, apoyado en un supuesto estudio técnico de una consultora, lo que a su juicio triplicaría las acciones de la empresa, asegura la fuente.
Con cadenas en las puertas de ingreso a la mina El Tambor, habitantes de San José del Golfo conmemoraron un año del desalojo de la resistencia en La Puya que dejó a 26 moradores con heridas.
Unas 100 personas se apostaron en el ingreso a la mina desde las cuatro de la mañana para impedir la entrada a las instalaciones.
Estamos cumpliendo un año de la brutal represión del 23 de mayo de 2014, cuando la Policía atacó salvajemente a nuestra gente», señalaron los comunitarios.
Pueblos indígenas que habitan en los límites de Colima y Jalisco han denunciado a nivel local y nacional que empresas mineras están detrás de los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, así como de la desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio, este último egresado de la Universidad de Colima y quien fue sacado de su casa por un comando armado el 23 de octubre de 2013.
Estas tres personas son el padre, el hijo y el sobrino respectivamente de Félix Monroy Rutilo, quien desde hace 40 años ha sido desplazado, intimidado y agredido por el Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada”, que hoy en día tiene interpuesta una denuncia en su contra por tala ilegal.
La PGR le está cobrando al campesino 150 mil pesos de multa, dinero imposible de pagar para su familia.
Pescadores ribereños que laboran en el Golfo de Ulloa, frente a la municipalidad de Comondú, al norte de Baja California Sur, solicitaron a Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cancelar el proyecto de minería marina “Don Diego”.
Los habitantes de las comunidades pesqueras ven un riesgo en la empresa Exploraciones Oceánicas, así como para las especies que habitan la zona, área catalogada como un Centro de Actividad Biológica por la abundancia de organismos.
Y es que datos presentados por organizaciones civiles y del mismo gobierno, señalan que alrededor del 70 por ciento de la pesca de BCS, proviene del Golfo de Ulloa; cinco mil pescadores dependen de la actividad.
El MINEM asegura que toda la información registrada en el Estudio de Impacto Ambiental es a nivel de factibilidad. Sin embargo, Convoca detalla que nunca se adjuntó un estudio de factibilidad en el EIA del proyecto.
Convoca reveló días atrás cuatro inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María referentes al manejo del agua y monitoreo de impacto ambiental. Ante ello, el Ministerio de Energía y Minas respondió que toda la información del segundo EIA es a nivel de factibilidad.
Convoca decidió entonces detallar algunos puntos en base a las respuestas de dicho ministerio. Explicó que si la información del EIA es a nivel de factibilidad y la planta desalinizadora forma parte del EIA, entonces la planta también debería contar con un estudio de factibilidad.
Ahora, el jefe de estado mayor de la región policial de Arequipa, el coronel PNP, Manuel Echegaray, confirmó este dato luego de que se difundiera un video en el que se aprecia a un policía disparar su pistola en contra de los manifestantes.
Victoriano Huayna perdió la vida víctima de un balazo de un fusil AKM durante el conflicto por el proyecto minero Tía María en Islay, según indicó la necropsia.
Según cita ElBuho.pe, Echegaray dijo:
«Se ha pedido al medio de comunicación que nos facilite una copia del video, para hacer una investigación, evaluar si es actual, si es verdadero, para pasarlo a Inspectoría, los que tienen armamento son un grupo de respuesta inmediata que están autorizados a portar armas AKM y los oficiales, estos grupos no tienen intervención directa en lo que es control de multitudes».