Desde nuestra llegada a la capital de Colima, las y los integrantes de la Misión de Observación hicimos un planteamiento claro y conciso sobre las perspectivas por las cuales nos agrupamos representantes de Redes, Académicos, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales y Medios de Comunicación de distintas partes del mundo y del país, mismas que ratificamos siempre fueron “hacer una documentación de hechos sobre las graves afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social”.
En primer lugar, queremos resaltar que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el Gobierno Federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.