¿Dónde está la justicia en Oaxaca? Hace tres años, el 15 de marzo de 2012, el activista antiminero Bernardo Vásquez Sánchez, fundador de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUCO), fue asesinado a balazos porque luchaba contra la empresa minera Cuzcatlán (filial de la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.). Tres personas fueron inculpadas y encarceladas por este homicidio, pero no basta. Nosotros integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) exigimos ante Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que los autores intelectuales de este crimen también sean juzgados.
No se trata de un acto de delincuencia común sino de un acto de represión. Vásquez Sánchez luchaba contra esta minera que se instaló en 2006 en el municipio de San José del Progreso sin el consentimiento de la población y sigue explotando allí una mina de oro y plata. Junto con la COPUCO, responsabilizamos a Cuzcatlán S.A. de C.V. y Fortuna Silver Mines Inc. por su implicación en este crimen así que al ex alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, quien ayudó la empresa a instalarse ilegalmente en el municipio.
El Salvador es un territorio pequeño con poco más de 20 mil kilómetros cuadrados. El principal problema del país de acuerdo a la “vox pópuli” es la violencia e inseguridad que actualmente posiciona a este pequeño paraíso entre los más violentos del mundo.
De manera alarmante, a cuatro días del comienzo de la emergencia en nuestra comuna, el Estado aún no entrega la ayuda más urgente y fundamental en estos momentos: helicópteros. Éstos son los únicos que pueden acceder a las localidades aisladas sin luz y llevar agua y alimentos, así como rescatar vidas y realizar un catastro, sobre todo ver qué sucede en las cabeceras de valle de las cuales hoy no sabemos nada porque el tránsito por tierra es imposible en tramos y la comunicación por celular en esas zonas no existe desde antes de la catástrofe.
Frente a los lamentables hechos ocurridos el pasado miércoles 18 de marzo en horas de la madrugada en la ruta Cusco- Mara donde fue asesinado el alcalde del Distrito de Mara Alberto Roque Cconislla, las organizaciones de la sociedad civil expresamos:
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó ayer el documento Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal e industrias extractivas. Aplicaciones para Guatemala, en el cual cuestionan que la inversión minera signifique un aporte grande al crecimiento económico.
Desde la Provincia de Córdoba las compañeras y compañeros de la Unión de Asambleas Ciudadanas de las distintas regiones de la Argentina y países hermanos, convocamos a participar del próximo encuentro de la UAC a realizarse en esta provincia para los días 2,3, 4 y 5 de Abril, en la localidad de Malvinas Argentinas y en el acampe (Ruta A 88 KM 9 ½).
Diversas organizaciones sociales han convocado a un paro para mañana 27 de marzo en la provincia cusqueña de Espinar. Exigen la declaratoria de emergencia del agua, de la salud humana y animal de la provincia de Espinar y la derogatoria de la Ley 30230 que establece la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión, y del Decreto Supremo 001-2015-MEM que impulsa los proyectos de inversión.
El tranque Ojanco de propiedad de la minera alemana Sali Hochschild, que se encuentra abandonado en las cercanías de Copiapó, es el que presenta mayor riesgo para la población, según el Director Regional, Sr. Miguel Fortt.
Apenas se mira el letrero que anuncia la llegada a esta comunidad nahua, situada a pocos kilómetros de la capital, y también se advierte el divisionismo y el abandono oficial. Los ánimos están caldeados –tanto como en el principio de un conflicto que prevalece en la mixteca oaxaqueña (en el municipio de San Juan Copala), del que se ha llegado al asesinato de decenas de personas, despojo y desplazamiento de familias enteras, en el que gobiernos local y federal parecen apartarse de la solución–, las familias divididas y el pueblo entero en disputa.
El día de hoy 23 de marzo de 2015, el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE ZACUALPAN, el CONSEJO INDÍGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE ZACUALPAN y representantes electos en ASAMBLEA POR USOS Y COSTUMBRES PARA QUE REPRESENTEN A NUESTRO PUEBLO INDÍGENA DE ZACUALPAN, presentaron ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Colima, un juicio de amparo del proceso de aprobación y otorgamiento de las CONCESIONES MINERAS que ilegalmente se han dado en la Comunidad Indígena de Zacualpan.