Domingo Ankuash llegó a Chiapas. Tras un proceso plagado de trabas burocráticas, el líder indígena de la Amazonía ecuatoriana pisó territorio zapatista para acudir al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Representando al pueblo Shuar, que lucha desde hace años contra proyectos de explotación minera en su territorio, viajó con un claro objetivo: compartir experiencias con aquellos que llevan más de dos décadas organizándose a través del autogobierno instaurado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado de Chiapas. Rodeado de pasamontañas y pañuelos rojos como símbolos de resistencia, Domingo interiorizó, asegura, uno de los lemas repetidos una y otra vez durante estos días: «Otro mundo es posible».
La visita de Domingo a territorio zapatista supuso una oportunidad para que el líder Shuar llevara de vuelta a su pueblo el discurso del EZLN y de otras comunidades indígenas de México. El viaje del representante amazónico, invitado por el Congreso Nacional Indígena de México (CNI), se enmarcó dentro de un esfuerzo de varias organizaciones sociales –como la Red Transnacional Otros Saberes y la Asamblea de los Pueblos del Sur– para tejer redes de solidaridad en Latinoamérica. «Es necesario el contacto entre los pueblos de América Latina para recuperar palabras como autonomía y autodeterminación, que tanto utilizan los zapatistas», explicó Domingo.
Mucho se ha escrito sobre Goldex, una empresa comercializadora de oro, que lideraba en Colombia John Hernández. Lo que pocos saben es que ese nombre esconde la fachada de la que podría ser la más grande operación de lavado de activos y minería ilegal, con tentáculos en Colombia y en el extranjero.
El mandatario panameño aseguró que está a favor de la moratoria que no otorgaría más concesiones mineras. Mina de oro no sería licitada nuevamente si se le quita a Petaquilla.
En la cena anual del Consejo Minero, el presidente ejecutivo de la entidad gremial se dio el lujo de cuestionar el proceder de los Tribunales y de la Corte Suprema, acusándolos -por fallos que han evidenciado la arbitrariedad e ilegalidad con la que se han habituado a operar los megaproyectos mineros- de «torcer o desfigurar las instituciones” y de tendenciar “una suerte de derogación de la ley por parte de los tribunales de justicia, puesto que se maneja el contenido para lograr objetivos ajenos a ella [la justicia]”.
Desde 2011, se han desarrollado 9 procesos que han culminado la etapa de diálogo. Todos corresponden a la Amazonía. Los pueblos Quechua, Aymara, Uro y Jacuro no son incluidos en Base de Datos de Pueblos Indígenas sujetos a consulta.
El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio1 y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.
Después de varios años de espera, el gobierno nacional por fin emitió su decisión acerca de la delimitación del páramo de Santurbán. Tal definición ha estado rodeada de cuestionamientos planteados por organizaciones campesinas, ambientalistas y pobladores de la región.
El gobierno de Chubut convocará a un plebiscito sobre la explotación minera en la provincia. La idea que baraja el gobernador K Martín Buzzi es hacerlo en simultáneo con las elecciones de octubre, en las que se renovarán las autoridades locales y la fórmula presidencial, después del escándalo que se desató en la sesión de la Legislatura donde se aprobó el polémico proyecto que dispone consultas populares sobre la explotación minera. Así lo reconoció el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, Néstor Hourcade, en una conferencia de prensa.
La postura de la Secretaría de Pesca de Baja California Sur ha sido tajante: no a la minería marina en aguas frente a la costa de Comondú.
Una crisis política obligaría a disolver el parlamento de Haití este martes 13 y organizaciones no gubernamentales (ONG) haitianas temen que el presidente Michel Martelly aplique por decreto un controvertido proyecto de ley sobre la minería redactado con la ayuda del Banco Mundial.