Hasta 2013, el capital extranjero minero lo concentraban las empresas canadienses con el 74 por ciento, mientras que las compañías estadounidenses acapararon el 15 por ciento, seguidas por las empresas de capital chino con el tres por ciento, y las firmas de Australia y Japón, con dos por ciento, del sector respectivamente.
“En el país existen registrados 857 proyectos de explotación y extracción distribuidos en 16 estados destacando Sonora con 206, Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y con 66, Zacatecas”, aseguró Martínez Veloz.
“El principal problema es que estas empresas no ven como socios a los pueblos indígenas, sino como un estorbo y explotan gravemente a los trabajadores y las zonas de asentamientos. Por ejemplo: un minero nacional gana en una jornada de ocho horas lo que gana en una hora el minero canadiense. Es una explotación bárbara”, abundó el comisionado.



Dado que este páramo presenta rocas muy fracturadas, al excavar o hacer exploración minera en busca de oro, se libera arsénico de manera natural por el contacto de los minerales existentes con el medioambiente, formando aguas ácidas. Aproximadamente el 50% de los páramos del mundo están en Colombia y el 70% de la población del país vive del recurso hídrico que producen estas frágiles y magníficas «fábricas de agua».
El 21 de mayo último, unos cien comuneros y comuneras indígenas awajún y wampis expulsaron a mineros ilegales que operaban en una quebrada ubicada en Yutupis, en la ribera del Río Santiago, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.
Después de realizar un monitoreo y estudio de la calidad del agua en la cuenca de Jequetepeque (región Cajamarca) se encontraron indicios de una preocupante contaminación, advirtió Cristina Yacoub, investigadora de la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. En esta zona operan al menos dos empresas mineras, y para determinar si había contaminación o no, se usaron como referencia las exigentes disposiciones sobre calidad hídrica que se aplica en la Unión Europea.
A bordo de camionetas sin placas y sin logotipos, presuntos policías estatales con equipo antimotines realizaron dos aparatosos operativos en Huehuetlán El Grande, con el objetivo de intimidar a opositores a una mina de manganeso concesionada a Minera Autlán, denunció el presidente de bienes comunales Eldilberto Fernández.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó una advertencia a las mineras que ocultan información a las poblaciones donde desempeñan sus actividades de exploración y explotación.
Entre 2002 y 2013, se registraron 908 crímenes de ambientalistas en 35 países. La mayoría de los crímenes se registraron en América Central y del Sur. El número es equiparable a la cantidad de periodistas muertos en el mismo período.
A la pena de 61 días de presidio fue condenado Carlos Contreras Quispe, gerente de la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala (Cosayach). La pena fue resuelta por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte por el delito reiterado de usurpación de aguas. Juez determinó el cierre definitivo de 38 pozos ubicados en los sectores de Cala Cala y Negreiros.
“Se debe clausurar de inmediato la Minera San Xavier”, exigieron los integrantes de la asociación civil Pro San Luis Ecológico, encabezada por Sergio Serrano Soriano, quien manifestó que desde hace mucho que se sabía de la contaminación de los mantos freáticos por parte de la empresa, pero hasta ahora es cuando las autoridades lo han querido reconocer, por lo que tiene que ser la clausura la medida más enérgica e inmediata.