Hasta ahora no hay entidad estatal en Chuquisaca que haga públicos los resultados de los exámenes de laboratorio al agua del río Pilcomayo que se mandaron a realizar tras el sifonamiento del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol de Potosí.
El «desastre ambiental» se registró el 4 de julio, cuando se vertieron al río Canutillos unos 10.000 metros cúbicos de agua y 11.000 metros cúbicos de colas o lodo, con metales pesados; empero, ese material contaminante recorrió de cuatro a cinco kilómetros de los 28 kilómetros que hay hasta llegar al río Pilcomayo. Dos días después, la empresa minera comenzó a retirar el lodo para que el mismo no fuera arrastrado en la temporada de lluvia.
Tras conocerse el accdiente, las secretarías de Medio Ambiente de las Gobernaciones de Potosí, Chuquisaca y Tarija, además de los servicios departamentales de salud y los ministerios de Minería y Medio Ambiente, anunciaron análisis de laboratorio para determinar el grado de contaminación de las aguas del Pilcomayo, pero a casi dos meses de haberse registrado el hecho, no hay ninguna información al respecto.
La Policía y el Órgano Judicial son las dos instituciones más denunciadas en 2013 por vulnerar derechos humanos en el país, de acuerdo con el Informe sobre las Denuncias por Vulneración de Derechos Humanos Recibidos y Gestionados por la Defensoría del Pueblo.
El responsable de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Regional de Villamontes del departamento de Tarija, Erick Araos, informó que se convocó para los días 28 al 30 de agosto a una cumbre nacional para analizar la situación del río Pilcomayo.
Los dirigentes cajamarquinos Ydelso Hernández Llamo, Eladio Huamán Vásquez y 
En medio del escándalo que remeció al gobierno de Ollanta Humala al hacerse públicos los «cornejoleaks», que confirmaban el lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan, se hizo público el día sábado 16 de agosto en El Peruano la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas. Esta comisión tiene como finalidad la de «evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector», es decir la de propiciar un nuevo paquete de medidas, para no decir «paquetazo» que algunos confunden con los de Fujimori y García y que va a flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para «mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM».
En Pacto hay un bosque húmedo, ríos, cascadas y vestigios preincaicos del pueblo Yumbo. Esta parte del ecosistema de la cordillera occidental de los Andes preserva especies endémicas de plantas, como la palma de donde proviene la tagua, y una especie de chirimoya que está en peligro de extinción. En esta zona biodiversa de Quito se pretende realizar una actividad extractiva a pesar de la negativa de la comunidad.
En la segunda jornada del Seminario Internacional: “Extractivismo en América Latina … Agua que no has de beber” este 22 de agosto en Santiago de Chile, los asistentes buscaron alternativas al desarrollo extractivista.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en conjunto con comunidades del Valle del Huasco y Dora Lucy Arias, abogada colombiana del Colectivo José Alvear Restrepo que encabeza una acción jurídica en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Canadá por su accionar en América Latina; entregaron un informe al INDH, en el que se sistematizan los impactos de 20 empresas mineras canadienses en el continente, incluida Barrick Gold y el caso Pascua Lama
El largo historial de muerte del Grupo México empezó en 1908, cuando en la mina 3 Rosita, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, murieron 200 mineros por una explosión de gas; mientras el rastro de la degradación ambiental dio inicio hace 60 años en la misma región, al abandonar los hornos de Cloete utilizados para coquizar el carbón.
Los diversos rubros que integran a la sociedad organizada del municipio sostuvieron una reunión para unir esfuerzos en contra de los proyectos mineros que pretenden llegar a Baja California Sur. Estuvieron presentes las cámaras empresariales que integran al Coordinador Empresarial, colegios de ingenieros y arquitectos, asociaciones no gubernamentales como SOS y Añuití, integrantes del Ejido de Cabo San Lucas, productores orgánicos, transportistas y médicos. El principal acuerdo al que se llegó fue la conformación de una comisión jurídica, integrada por reconocidos abogados quienes iniciarán sus labores este viernes 22 de agosto. Enfatizaron que estos proyectos mineros ponen en peligro los recursos naturales y la salud de los habitantes del estado, así como la vocación turística del municipio, industria que genera más empleos que la minería.