El mes de agosto se dio un escándalo al hacerse públicos unos correos que han sido denominados los «cornejoleaks» (por el Ministro Cornejo), que confirmaban el trato o lobby de las empresas que presionan para lograr medidas y decisiones de gobierno que las favorezcan. En ese contexto, el 16 de agosto en el diario oficial El Peruano se anunció la creación de la Comisión Sectorial para el impulso de las inversiones en el Sector Energía y Minas.
Esta comisión tiene como finalidad la de «evaluar, identificar, proponer y realizar el seguimiento de las medidas para fomentar las inversiones en el sector», es decir propiciar un nuevo paquete de medidas para flexibilizar aún más el marco normativo del sector energía y minas, para «mejorar la gestión pública en el ámbito de las competencias del MINEM». La comisión contará con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de PROINVERSIÓN, que siguen priorizando a la minería como «motor del desarrollo» y con ello la realización de la cartera de proyectos mineros ascendente a US$ 59,582 millones, siguiendo la línea trazada por el Ministro Castilla para favorecer a las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) y de construcción.
El día de ayer, miércoles 10 de setiembre, se registró un derrame de relaves mineros, responsabilidad de la empresa Buenaventura, que opera en el distrito de Orcopampa, provincia arequipeña de Castilla.
El secretario de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Milton Sánchez, denunció que el gobierno y la empresa Minera Yanacocha, teniendo por intención el trasvase de las aguas de la laguna El Perol, para poder hacer reservorios en las inmediaciones del proyecto Conga, han cambiado al director de la Autoridad Administrativa de Agua VI Marañón.
El sábado 6 de septiembre a las 2:15 am, Elena Ávila Zepeda murió al perder el control del camión tolva de 100 Toneladas que manejaba. Elena tenía 25 años, era oriunda de Cuncumén, localidad vecina a la minera, y hacía un año que estaba como aprendiz en la faena, siendo contratada hace solo dos meses, a plazo fijo de un año, trabajando doble turno.
Con los últimos desastres naturales ocasionados por derrames de ácido sulfúrico, cianuro y petróleo en distintos ríos del país, se ha puesto en evidencia la clara amenaza que representan las empresas mineras; por esta razón, múltiples grupos activistas defensores del agua, del paisaje y de los derechos indígenas, han puesto en marcha actividades que pretenden denunciar ante los mexicanos y el mundo que la incursión de estas empresas son una amenaza para la vida.
Los fondos de pensiones suecos están reglamentados por un escrito que dice: “los fondos deben tomar consideración de los aspectos éticos y del medio ambiente, sin embargo sin privarse de la comodidad del objetivo general de altas ganancias”. Es un escrito vago e ineficaz. En este momento el Grupo de pensiones, que está conformado por los partidos de gobierno y el partido socialdemócrata, están discutiendo el futuro de los fondos de pensiones y entre otras cosas se encuentra la cuestión del reglamento y directrices de sustentabilidad de los fondos de inversiones. Ahora tienen la oportunidad de establecer metas claras para inversiones verdaderamente sostenibles, escribe 
Durante las últimas dos décadas, la industria minera -en particular la minería metálica- ha retomado gran relevancia en América Central. Ese nuevo auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su actividad de parte de los gobiernos nacionales y, por el otro, a la creciente demanda y los altos precios internacionales de metales como el oro, que en 2013 fue cotizado U$ 1.300 la onza (28 gramos), un incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.
Son 14 años de lucha y de exigir justicia ante la indiferencia del Estado. La transnacional minera Goldcorp Inc. debe responsabilizarse por los daños que nos ha causado, por haber quebrantado el tejido social de nuestras comunidades, por haber robado la paz y la dignidad de nuestro pueblo, por el estado de desolación y abandono en que vivimos». El desahogo es de Carlos Amador, miembro del Comité Ambiental del Valle de Siria. Su voz se suma a las de miles de pobladores que todavía se atreven a vivir en este rincón desahuciado del departamento Francisco Morazán, en Honduras, y que se niegan a olvidar la tragedia humana y ambiental que les ha tocado vivir.
Una turba enardecida habría prendido fuego a tres camiones que son utilizados por la Compañía Guatemalteca de Niquel, cuyos pilotos atropellaron a tres jóvenes que se transportaban en motocicleta, de los cuales dos murieron en el centro de salud de El Estor, Izabal. Lla Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) es subsidiaria de la empresa rusa Solway Investment Group, la misma que pretende explotar el yacimiento de cobre San Jorge en la provincia argentina de Mendoza.
En las riberas del Timbiquí, uno de los ríos más caudalosos de la región pacífica, pocos se atreven a tomar de sus aguas. En esa zona, una de las más devastadas por la minería ilegal y el narcotráfico, lo que se acostumbra es esperar la lluvia para proveerse del líquido vital.