El creciente número de conflictos derivados de la actividad extractiva en la Sierra Norte de Puebla, va en aumento. Comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco y otomí se enfrentan a la violación constante de sus derechos que han sido atropellados por compañías transnacionales del sector minero, al violentar su derecho a un medio ambiente sano su derecho al agua, a lasalud y a la autodeterminación de los pueblos.
Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del «Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)», un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma «significativa» en 2013, revirtiendo el «notable avance» experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).
La defensa de los cinco acusados de pintar con graffitis las paredes del municipio de Puerto Madryn, planteó que la causa debe cerrarse porque significa una limitación a la libertad de expresión. Además de afirmar que no existen pruebas del daño que se dice ocasionado, manifestaron que la falta de oportunidad de difundir la lucha por el agua y contra la megaminería en los medios masivos de comunicación, es una forma de censura.
Asimismo, consideraron que resulta absurdo que el Municipio de Puerto Madryn impulse esta causa intentando amedrentar a gente que se expresa contra la megaminería, siendo que el abogado querellante, Diego Martínez Zapata, es también representante legal de Mario Das Neves, quien ahora se expresa contra la megaminería.
En los primeros meses de 2012 fueron asesinados dos miembros de La Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, quienes habían participado del proceso de oposición a la presencia de la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines desde hace siete años. Preocupados por el crecimiento del conflicto distintas organizaciones de la sociedad civil, realizamos una misión civil de observación de derechos humanos del 19 al 22 de noviembre de 2012, de la cual deriva el presente informe.
A una pequeña comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan, desde el día siete y hasta el 9 de marzo de este año hemos concurrido cientos de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, y nos reunimos para compartir experiencias en el difícil caminar que ha significado la defensa del territorio. Aquí se encontraron viejos luchadores como Nacho del Valle del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con mujeres como María Isabel indígena binniza de la Asamblea Juchiteca que defiende su tierra de la invasión eólica. Asisten también los viejos luchadores de la Sierra Norte de Puebla, que vienen de Huehuetla, Zautla, Olintla, o Tetela y que nos dicen como enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea y también se escucha con atención los jóvenes activistas veracruzanos que narran como decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.
Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento; después en la época posterior a larevolución mexicana proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.
Esto no ha cambiado mucho: por ejemplo las compañías capitalistas que se han establecido en zonas de riego en el norte y noroeste del país, que producen hortalizas para el mercado capitalista con tecnología de punta, emplean a miles de jornaleros, la gran mayoría de ellos de habla indígena, “enganchados” en el centro y sur-sureste del país, por los llamados “coyotes”, que después son sobreexplotados en el campo, por las compañías capitalistas que producen para el mercado mundial; pero además están vigilados por policías privados, dentro de las grandes propiedades privadas de tierras o rentadas a los ejidatarios.
El gigante canadiense Goldcorp, denunciado por sus numerosos desmanes socio-ambientales en muchos de sus proyectos, magnifica en su web su soporte al Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), organización a la que reconoce que apoyó financieramente entre otras actividades en un estudio sobre el impacto humano de la minería del oro en los recursos hídricos de la región de América del Norte.
Un comunicado emitido por la empresa se hace eco de uno de los vicepresidentes de Goldcorp, John Allan, que durante años «ha apoyado las actividades de la WWF en Canadá», reconoce que «esta iniciativa para el agua es ideal» y señala que «existe la posibilidad de hacer algo más específico mediante un proyecto en conjunto».
El superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, indicó que la decisión de apelar o no al fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que ordenó rehacer el proceso sancionatorio contra Pascua Lama, se tomará “con calma”. Mientras tanto los detractores de la iniciativa se mostraron optimistas en que el nuevo dictamen incluya la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.
Con calma, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolverá si recurre o no ante la Corte Suprema, para apelar al fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, que ordenó impulsar un nuevo proceso sancionatorio contra Pascua Lama, según señaló el superintendente Juan Carlos Monckeberg, quien explicó que la resolución es muy extensa y se debe analizar “a fondo”.
Líderes del grupo opositor al proyecto minero Crucitas recomendaron este jueves que Costa Rica no debería asistir al arbitraje internacional al que la empresa canadiense Infinito Gold pretende llevar al país por haber desistido de esta explotación de minería a cielo abierto. La demanda de la minera fue planteada ante el Centro el Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano adscrito al Banco Mundial.
Así lo expresaron en un conversatorio llevado a cabo en un miniauditorio a reventar de gente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), los analistas Nicolás Boeglin y Álvaro Sagot, el primero Profesor de Derechos Internacional Público en la UCR, y el segundo abogado ambientalista.