En un fallo celebrado por la ciudadanía de Putú, la Corte Suprema decidió acoger el recurso de protección presentado para evitar el desarrollo del proyecto minero que pretende intervenir las dunas del mencionado sector costero de la comuna de Constitución.
Con esta decisión, se revocó el pronunciamiento anterior de la Corte de Apelaciones de Talca, instancia que no acogió la solicitud hecha por la comunidad putugana, la que se ha movilizado desde hace varios años para frenar el proyecto iniciado por Inversiones Aconcagua, en nombre de la firma australiana South American Iron & Steel Corporation Limited (SAIS).
El dictamen de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el que sólo contó con el voto en contra de la ministra Rosa Egnem (a favor fueron los votos de los ministros Rubén Ballesteros, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado Integrante Jorge Lagos), se fundamentó en que “se advierte que Inversiones Aconcagua ha omitido ingresar o por lo menos realizar la consulta de pertinencia del proyecto que desarrolla, a la autoridad ambiental competente, pues encontrándose establecido en autos la realización de labores mineras que se emplazan en el humedal de Putú, sector incluido en el listado de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad, a juicio de esta Corte se hace exigible dicho trámite”.
Cuando en abril 2010, el Sr. Diego Hernández asumió la presidencia ejecutiva de Codelco, tras ser elegido por el Directorio designado por Sebastián Piñera, pronosticamos que se venían tiempos de pérdidas para Codelco.
Solicitan revocación de RCA y se agilizan proceso sancionatorio de 6 denuncias pendientes en torno al proyecto Pascua Lama
Si bien algunos ministros y el propio presidente Humala ya lo habían anunciado en las semanas previas, el día de ayer se oficializó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero de Tía María, que se ubica en la provincia de Islay, en la región de Arequipa.
A golpes y con personal armado, la empresa Industrial Minera México S. A. (IMMSA) de Grupo México realizó el despojo de un predio a particulares.
Organismos defensores del medio ambiente pidieron hoy a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semernat) vetar el proyecto de construcción de una mina de oro a cielo abierto en Los Cardones, un área natural protegida en Sierra Laguna, Baja California Sur, promovido por la empresa Desarrollos Zapal, del grupo Invectore, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
PODER JUDICIAL ADMITE DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR CONTRA D.S. 054-2013-PCM Y D.S. 060-2013-PCM POR PONER EN RIESGO EL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO, AFECTAR EL DERECHO AL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Amigas y amigos, compartimos con ustedes la invitación al «Foro Regional por la Defensa de Nuestros Bienes Comunes» que se llevará a cabo en el Hotel Holiday Inn, el próximo 12 de Agosto del año en curso, de las 8:30 am a las 5:00 pm, Managua, Nicaragua, organizado por Centro Alexander von Humboldt.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), decidió no tomar en cuenta la opinión técnica negativa que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió en contra del proyecto minero Los Cardones.
Dos recientes resoluciones administrativas federales, de manera directa afectan a la economía y la salud de los residentes de la media península. Por un lado, la autorización para la explotación minera altamente contaminante y lesiva, y por otro lado, el cobro por el uso del libramiento de Todos Santos. En ambos casos, y respetando la dimensión, naturaleza y repercusiones de cada uno de ellos, los residentes de la entidad nos vemos gravemente afectados. ¿Qué hacer al respecto? El abanico de posibilidades es muy amplio, y la acción ciudadana puede reflejarse desde la simple expresión de inconformidad en las redes sociales, hasta la movilización revolucionaria armada y violenta. Siendo Baja California Sur una entidad proverbialmente pacífica, queda descartado el uso de la violencia como herramienta de combate social a la injusta imposición gubernamental.