Hace exactamente un año, el domingo 28 de julio, los habitantes de Piedras fueron a las urnas para decidir si querían minería o no. Con un 99 por ciento de los votos, ganaron los piedrunos que querían frenar la posible ubicación en su municipio de parte del proceso industrial del proyecto aurífero de La Colosa, que tiene la minera sudafricana Anglogold Ashanti en Cajamarca.
Esta consulta popular -que legalmente aún sigue en veremos- es una prueba más de que el mayor problema que tiene la locomotora minera del presidente Juan Manuel Santos es que la tensión social se ha disparado en regiones de Santander, Tolima, Vaupés y Antioquia, por más que no hayan comenzado proyectos nuevos en dos décadas.
Esa bomba social se debe, en gran medida, a que no existen espacios de diálogo entre el Gobierno, las empresas y las comunidades locales, donde puedan conversar sus preocupaciones y evitar que la tensión escale hasta las vías de hecho o las consultas.
La extracción de recursos naturales, las obras de infraestructura y el turismo ponen en riesgo a las comunidades indígenas que viven aisladas en las zonas más remotas de América del Sur, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 15 comunidades de la zona alta del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, rechazaron la explotación minera en la comunidad de Chaca, donde una empresa minera estaría haciendo cateos en varios lugares como prueba de la existencia de minerales.
El reciente hecho de contaminación ocurrido en uno de los afluentes al río Pilcomayo desnudó la falta de control a la actividad minera en el país y los vacíos legales que hay a la hora del cuidado del medio ambiente.
En actas de asamblea ordinaria, el Concejo Municipal del Alto del Carmen y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, rechazaron la megaminería en la naciente de nuestras cuencas y el Memorandum de Entendimiento suscrito a la medida de Barrick Gold con algunos dirigentes de comunidades diaguitas.
Pese a los argumentos científicos que presentaron expertos y organizaciones sobre el riesgo y la inviabilidad del proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en Baja California Sur, que ocupa parte de la reserva Sierra la Laguna, fue autorizado por la Semarnat.
El proyecto de la División Andina de Codelco enfrenta su etapa final dentro de la legislación ambiental, un proceso de polémica y sinsabores que han enfrentado a la cuprífera estatal con la comunidad organizada, ediles, movimientos ecologistas y hasta sus propios fantasmas internos.