Más de 15 comunidades de la zona alta del distrito de San Miguel, provincia de La Mar, rechazaron la explotación minera en la comunidad de Chaca, donde una empresa minera estaría haciendo cateos en varios lugares como prueba de la existencia de minerales.
En la reunión, realizada el 30 de julio en la comunidad campesina de Chaca, indicaron que se trata de una “empresa” de mineros informales, no descartándose que se trate de minería ilegal.
También asistieron las autoridades de la provincia de La Mar, María Magdalena Quispe Valdivia, Gobernadora Provincial; Nelly Mejía Paredes, Jueza de Paz no letrado; y el regidor Cirilo Coras Canales, en representación de la municipalidad provincial.
A la reunión también asistió Lucio Quispe, presentándose como socio de una supuesta empresa que hizo el denuncio para la explotación minera en la zona, denominada Chankilpampa, ubicado en los límites de las comunidades de Cusay, Chaca y Paria.
Quispe informó que hace unos años, un grupo de mineros extranjeros llegó a la zona. Como no les permitieron instalarse, decidieron buscar socios en las poblaciones cercanas para hacer el denuncio minero. Dijo que este documento se encuentra en trámite. Señaló además que muchos de los socios radican en el distrito de Samugari.
Por su parte, el dirigente Epifanio Quihui Quispe manifestó en la asamblea que en la zona de Chankilpampa hay indicios de que están utilizando explosivos junto con reactivos químicos, utilizados para extraer la prueba.
Dijo que estos reactivos están contaminando las aguas del riachuelo que bebe la población al igual que el ganado vacuno y ovino.
YA VIENEN EXPLOTANDO MINAS
Los pobladores de Cusay y Chaca informaron que en la comunidad de Paria ya empezaron a explotar el yacimiento minero hace más de un año, de manera ilegal. Para estos trabajos contratan a humildes campesinos a cambio de míseros salarios, poniendo en riesgo total sus vidas. Incluso, según versiones extraoficiales, el año pasado habría fallecido una persona aplastada por las rocas mientras realizaba excavaciones mineras. La denuncia amerita una investigación.
Además indicaron que este riachuelo termina desembocando en el río Apurimac, contaminando el Vraem.
AMENAZAN A LOS POBLADORES
La gobernadora de San Miguel informó que entre el 16 y 17 de julio hicieron una visita conjunta con el presidente del comité de autodefensa Julio Olivera Contreras, a la comunidad de Uchuycuchicancha, donde vive una pequeña población. Estos se quejaron que en camionetas modernas, unas personas de tez blanca llegaron a la comunidad y cuando los comuneros preguntados por qué venían, respondieron con groserías y amenazaron contra la vida de los pobladores.
Estos sujetos se dirigieron a las faldas de los cerros aledaños del lugar, para extraer supuestas muestras mineras para demostrar que contienen mineral.
HABLAN LOS PERJUDICADOS.
Los habitantes de las comunidades ubicadas a lo largo del valle del Torobamba, como Ninabamba, Patibamba, Magnupampa, Misquibamba, Chorrobamba, Llaquapampa, Pariahuanca, Casancca, Suca y de los anexos llamaron a la reflexión, resaltando que los más perjudicados serán los que viven en las zonas bajas, puesto que las aguas provenientes de estas zonas altoandinas son utilizadas directamente para el consumo humano y las actividades ganaderas y agrícolas en el valle.
Esta actividad minera, de autorizarse destruiría el frágil equilibrio del y la población de San Miguel estaría amenazada seriamente en su salud y perjudicaría otras actividades económicas.
Los pobladores pidieron también a las autoridades priorizar proyectos para el agro, para que la población tenga ingresos económicos sin que ponga en riesgo los elementos vitales de la vida como el agua, la tierra y el aire.
HABLAN AUTORIDADES
Las autoridades que estuvieron presentes en dicha reunión, sugirieron que se debe desarrollar una macro asamblea con la presencia de conocedores del tema para analizar el daño que pueda causar la minería.
Los dirigentes comunales, solicitaron a las autoridades políticas y civiles una capacitación profunda para no ser engañados por los mineros.
Por su parte, el director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho Clodoaldo Zaga Méndez, dijo que los pobladores no deben dejarse sorprender con cualquier empresa o persona que dice tener documentos, pues no basta el denuncio, sino deben llegar a un acuerdo bajo notario, con la comunidad.
«Debe haber un acta entre la empresa y los comuneros, no basta con tener el denuncio, por lo que deben expulsarlos del lugar», dijo.