“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.
La minería en México, no importando qué método extractivo utilice, es una actividad de gran importancia económica y la legislación actual no es muy restrictiva en cuanto a sus impactos ambientales. Aún así, los promotores (compañías explotadoras) requieren la autorización en materia del impacto ambiental de la Semarnat y para ello necesitan hacer análisis del impacto, estudios de riesgo, informes preventivos y acciones “(…) que terminan por no cumplirse”, dijo el académico.
Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
El pasado 3 de marzo, el Instituto FRASER (Canadá) presentó el resultado del «Sondeo Anual entre Empresas Mineras (2013)», un interrogatorio electrónico sobre cómo evalúan las posibilidades de inversión en todo el mundo. Dicho estudio recoge las respuestas de 690 representantes de empresas mineras. En sus conclusiones, el Instituto FRASER realiza una evaluación de la situación particular de la Argentina, resaltando el hecho de que, excepto por el caso de Jujuy, todas sus provincias retrocedieron escalones en forma «significativa» en 2013, revirtiendo el «notable avance» experimentado en el sondeo precedente (2012/2013).
La defensa de los cinco acusados de pintar con graffitis las paredes del municipio de Puerto Madryn, planteó que la causa debe cerrarse porque significa una limitación a la libertad de expresión. Además de afirmar que no existen pruebas del daño que se dice ocasionado, manifestaron que la falta de oportunidad de difundir la lucha por el agua y contra la megaminería en los medios masivos de comunicación, es una forma de censura.
A una pequeña comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, llamada Cuahutapanaloyan, desde el día siete y hasta el 9 de marzo de este año hemos concurrido cientos de integrantes de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, y nos reunimos para compartir experiencias en el difícil caminar que ha significado la defensa del territorio. Aquí se encontraron viejos luchadores como Nacho del Valle del Frente de Defensa de la Tierra de Atenco con mujeres como María Isabel indígena binniza de la Asamblea Juchiteca que defiende su tierra de la invasión eólica. Asisten también los viejos luchadores de la Sierra Norte de Puebla, que vienen de Huehuetla, Zautla, Olintla, o Tetela y que nos dicen como enfrentan los proyectos mineros de ricos como Carlos Slim o Germán Larrea y también se escucha con atención los jóvenes activistas veracruzanos que narran como decenas de represas amenazan los ríos de ese estado.
Uno de los rasgos de los propietarios del capital en el campo y en la minería durante la colonia y el porfiriato, fue el uso de personal a su disposición para reprimir cualquier connato de descontento; después en la época posterior a larevolución mexicana proliferaron en el campo los conocidos como “guardias blancas” que son una especie de policías privados que cuidaban las propiedades de los terratenientes, y así siguió la práctica con los finqueros, una especie de policías armados pagados por los propietarios de la tierra.
El gigante canadiense Goldcorp, denunciado por sus numerosos desmanes socio-ambientales en muchos de sus proyectos, magnifica en su web su soporte al Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund), organización a la que reconoce que apoyó financieramente entre otras actividades en un estudio sobre el impacto humano de la minería del oro en los recursos hídricos de la región de América del Norte.
El superintendente del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, indicó que la decisión de apelar o no al fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que ordenó rehacer el proceso sancionatorio contra Pascua Lama, se tomará “con calma”. Mientras tanto los detractores de la iniciativa se mostraron optimistas en que el nuevo dictamen incluya la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.