Con mucho entusiasmo y optimismo las mujeres originarias indígenas y campesinas de comunidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Tarija reunidas en el “Encuentro Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra frente al Extractivismo”, decidieron crear la Red Nacional de Mujeres en Defensa de Madre Tierra, hace conocer Colectivo Casa.
“Con gran preocupación vemos que la minería nos está afectando de forma directa a las mujeres, está amenazando nuestras vidas, está destruyendo nuestra base de sustento como es la agricultura y la ganadería, se está agrediendo a nuestros cuerpos, violando nuestros derechos y también los de nuestras comunidades, se está persiguiendo a las defensoras, se está destruyendo a la Madre Tierra, por eso nosotras no vamos a quedarnos de brazos cruzados y hemos decidido articularnos entre mujeres afectadas para hacer respetar nuestros Derechos frente a la minería ”, señaló la dirigente Juana Calle.
Nosotras, mujeres originarias indígenas de comunidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Tarija, reunidas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra frente al extractivismo, realizado los días lunes 14 y martes 15 de octubre en la ciudad de La Paz, luego de reflexionar juntas que a pesar de venir de distintos y distantes lugares, de tener distintas realidades, hemos visto con sorpresa que nos aqueja el mismo problema: La agresión y amenaza a nuestra Madre Tierra por parte de proyectos extractivos mineros y también hidrocarburíferos.
La multinacional minera Vale viene siendo acusada de promover un esquema de inteligencia para monitorear a personas y organizaciones que denuncian sistemáticamente violaciones de derechos cometidas por la empresa. Pruebas presentadas por el Ministerio Público dan cuenta de una operación montada por la mayor empresa minera de hierro del mundo, para organizar acciones de espionaje e infiltración en movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará y Maranhão. El caso llegó al Congreso Nacional y será el foco principal de una audiencia pública interactiva promovida por la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal, este jueves 24 de octubre.