Las 99 concesiones mineras otorgadas por autoridades federales en el subsuelo de tierras campesinas y territorios indígenas, podrían incrementarse en los próximos años. En las últimas administraciones, los permisos para la exploración y explotación de minerales creció pese a los conflictos sociales, despojo e impactos a la salud de los pobladores.
Detrás de las concesiones se encuentran prestanombres y funcionarios federales. En Chiapas, Tristán Canales Reyna es uno de los concesionarios con mayor título. Está vinculado a la empresa Blackfire.
De ello da cuenta el informe La Minería en Chiapas 2015 realizada por Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos es Posible, con sede en San Cristóbal de Las Casas, que llevó a cabo una radiografía por el territorio chiapaneco respecto al número de concesiones y hectáreas que permiten a las empresas mineras explorar y explotar los minerales que poseen las tierras.
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Grufides y miembros de RED MUQUI Norte muestran esta realidad en documenta “Tajima Pujut”
De 2013 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha atendido 44 emergencias ocasionadas por derrames de jales, soluciones ácidas, cianuradas y lixiviados.
Representantes de Centroamérica y México demandan a los Estados de la región mesoamericana, como a los sistemas internacionales que cancelen y no emitan más concesiones mineras, ya que éstas atentan contra la salud y el ecosistema.
Hoy estallan con fuerza contundente los ecos de las viejas luchas que llevamos durante 10 años en la provincia de San Juan, contra los proyectos megamineros. El grito desesperado de los pobladores a quienes la multinacional Barrick Gold contamino sus ríos con cianuro, por la rotura de una cañería de lixiviación en uno de sus principales proyectos, aturde las tranquilas calles de Jáchal e Iglesia.
Durante el Gobierno del Señor Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, como Presidente del Congreso Nacional, se aprobó bajo el Decreto Número 145-2013, con fecha 18 de diciembre de 2013 y en medio de la protesta social, la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de Deuda Pública, mejor conocida como Ley Hipoteca, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta número 33,309 del 20 de diciembre del mismo año;esta Ley en su primer artículo autoriza la constitución de un programa integral de titularización de flujos financieros potenciales sobre activos ociosos del Estado, con el fin de que los mismos sean utilizados para el pago o readecuación de la deuda pública a más largo plazo y en mejores condiciones financieras que las actuales, para el aporte de capital semilla que haga viables financieramente el o los proyectos de explotación racional de los recursos o de la infraestructura referidos en este decreto.
-Cuándo hablamos de extractivismo, ¿De qué estamos hablando? Sabemos que es un tema que poco se discute en los medios de comunicación.
El juez Pablo Oritja con su equipo de colaboradores inspecciono las instalciones involucradas en el grave acontecimiento del día sábado pasado en la mina de oro Veladero de Barrick Gold. Dispuso que el secuestro de la piezas, que ya cambió por unas nuevas, y varios elementos que fallaron el pasado fin de semana. Un equipo de Canal 8 de San Juan acompaño al juez Pablo Oritja y personal judicial en la mina del grave derrame.
“Nosotros somos comunidades muy bien organizadas y sabemos que si se acaba el agua ¿Qué nos queda?… nada, moriríamos es por eso, que vamos a luchar por nuestro cerros”, dijo Esperanza Ortega, quien junto a pobladores de diversos caseríos de Arcatao, Chalatenango, solicitaron al gobierno local una consulta popular para “blindarse” contra la minería metálica.
Los pobladores y vecinos del ejido Nueva Francia, municipio de Escuintla, acordaron no permitir más la explotación minera del proyecto El Bambú, a cargo de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y de El Puntal S.A. de C.V, que extraen titanio desde hace varios años en dicha comunidad.