El Procurador General de la Corte de Mendoza, Rodolfo González, avaló hoy la constitucionalidad de la polémica Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto.Para González la ley es razonable y constitucionalmente válida porque busca armonizar y complementar la tutela del ambiente y el desarrollo.
Entre sus argumento, González expuso: “La 7722 que limita la minería a cielo abierto con uso de cianuro es razonable y constitucionalmente válida al armonizar y complementar la tutela del ambiente y el desarrollo”.
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Ante la propuesta del Ejecutivo relativa al Proyecto de Ley de “protección” de glaciares, en tanto Indicaciones Sustitutivas presentadas en marzo del presente año, las comunidades movilizadas de los valles del Huasco, Aconcagua, Mapocho y Maipo sostenemos nuestro más profundo rechazo y distancia por cuanto su “fondo y forma” no son representativos de los procesos territoriales que demandan una real protección de los glaciares, como elementos centrales para la continuidad de la vida.
El Comité Multisectorial de Defensa Contra la Contaminación de la cuenca de los ríos Quilcapuncu, Putina, Huatasani y Huancané, que son afectados por la minera Sillustani S.A., consolidaron sus observaciones al plan de cierre del proyecto Regina y la rehabilitación de la laguna y bofedal Choquene.
En el territorio sagrado conocido como Wirikuta se avecina una grave sequía ya que cada vez hay menos precipitación en la región y mayor demanda por la agroindustria y por proyectos mineros que afectarían de manera irreversible alrededor de 40 fuentes de agua entre manantiales y pozos que actualmente abastecen a miles de campesinos y pequeños ganaderos.
En una entrevista realizada por Portafolio Periodístico, Richard Herrera Gálvez, ex trabajador de Minera Yanacocha denuncia estar contaminado hasta cuatro veces por sobre el límite permisible -OMS- con mercurio y talio.
Chile Transparente no da ninguna garantía de transparencia.
Luego de 20 años de promulgado el Convenio Nº 169-OIT y a casi tres años de haberse aplicado la consulta previa para pueblos indígenas amazónicos, el Estado peruano aplicará un proceso de consulta previa a la comunidad campesina de Parobamba (región Cusco), que pertenece al pueblo indígena quechua. Esta comunidad campesina se ubica en el área de influencia del proyecto de exploración minero Aurora.
La Diputada federal del PAN, Jisela Paes Martínez, presentó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, para pedir a sus compañeros exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que le niegue autorización al proyecto denominado ‘Don Diego’, de la empresa Exploraciones Oceánicas, que se pretendería establecer en el Golfo de Ulloa, en aguas del municipio de Comondú.
La procuradora agraria Susana Fallas teme que la minera Industrias Infinito esté “evadiendo su obligación” de reparar el daño ambiental, luego de que vendió cinco propiedades que poseía en la zona norte del país. En dos de estas fincas la minera Infinito Gold taló árboles y dañó el ecosistema, amparada en la concesión para sacar oro en Crucitas de Cutris de San Carlos, anulada en el 2010.