Tras la última audiencia del Cabildo de La Paz con ciudadanos organizados en contra de la instalación del proyecto minero Los Cardones en la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, así como de la minería extractiva de metales preciosos en el estado, ocurrida el 6 de agosto de este año, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y un grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz, miembro del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito, el Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó mandato popular soberano a las organizaciones civiles para solicitar a los 13 regidores paceños que no otorguen el uso de suelo a Desarrollos Zapal, promovente minero.
“El juez de distrito admitió nuestra demanda en sus términos, esto no tiene precedentes, y el hecho de que se admita la demanda, la viabilidad de la misma, nos dice que tenemos razón y que tenemos una expectativa […] Ya están obligados a contestarnos, ya no pueden apagarnos la luz y cerrarnos la puerta, ya no pueden ignorarnos”.
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El Ministerio de Salud Pública realizó el sábado último un operativo medico en el sector La Piñita, del municipio de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez, donde atendió a personas que viven en el área de influencia de la empresa minera Barrick Gold.
Con un mitin, en medio de pancartas y mensajes de denuncia y rechazo a la violencia medioambiental que sufren las mujeres y la opresión a la Madre Tierra causada por el extractivismo patriarcal, culminó la Cumbre Nacional de Mujeres para la defensa de la Madre Tierra realizada en la ciudad de Oruro, Bolivia el pasado 4 y 5 de septiembre de 2015.
Prácticamente la mitad del territorio de Ensenada, el municipio más extenso del país, se encuentra concesionada a empresas privadas para la explotación minera y generación de energía eólica. Entre los propietarios de esas firmas se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, de acuerdo con un estudio dirigido por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
La Corte Suprema de Argentina determionó solicitar informes ambientales sobre el proyecto minero 
Un total de 902 proyectos de exploración e inversión de capital extranjero en el sector de la minería se encuentran en operación en nuestro país, y de los cuales 18 corresponden a San Luis Potosí, con lo que se coloca entre las primeras doce de 25 entidades con presencia de este tipo de empresas.
El Caso Majaz es uno de los más emblemáticos en la cadena de resistencias que en los últimos diez años, viene tejiéndose en el Perú a raíz de las políticas económicas neoliberales aplicadas por los gobiernos que promueven inversión y crecimiento económico a costa del empobrecimiento de la calidad de vida, la vulneración de derechos fundamentales, la ruptura de vínculos comunitarios y la acumulación de desconfianza en quienes gobiernan, entran, saquean y contaminan sus territorios sin consulta ni licencia, territorios que habitan desde épocas originarias en este país.
En los últimos días se han registrado diversos episodios de violencia hacia poblaciones indígenas, en especial hacia mujeres. Recientes estudios señalan que en México el 60 por ciento de las indígenas sufre violencia. En tanto, en Brasil se denuncia la presencia de sicarios masacrando indígenas en el marco de la lucha por la tierra, a lo que se le suman las recientes agresiones en Argentina donde, además, se continúa ignorando la protesta del pueblo Gom frente a la Casa Rosada.
Asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, se retire el permiso para extraer oro, cobre y plata a la compañía minera WC Exploration Corporation y al consorcio Firex SA de CV, según apunta La Jornada.
El Obispado de la Prelatura de Esquel junto con la Pastoral Social repudian con firmeza el espionaje ilegal "rechazar y repudiar con firmeza el atropello a la privacidad". Señalan también que "serìa gravìsimo que detrás de este procedimiento de espionaje ilegal estuvieran involucradas intituciones del estado".