La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados citó para “confrontar”, como textualmente fue planteado por el diputado Leopoldo Pérez, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hecho gatillado por la intervención extraordinaria de representantes de la Coordinación de Territorios por la defensa de Glaciares en dicha instancia, donde se dio cuenta que el informe anual del INDH 2015, plantea la vulneración de derechos en que incurre el proyecto de glaciares.
Al respecto, la vocera de la Coordinación de territorios por la defensa de los glaciares, Stefanía Vega, señala: “Nos parece que esto es un fiel reflejo de la liviandad y la poca rigurosidad con que se está legislando en el caso de los glaciares. Somos los territorios afectados los que hemos tenido que incluir en la discusión algo tan fundamental como la vulneración a los Derechos Humanos que esta ley produce”.
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La compañía minera involucrada en la fatal ruptura de dos diques de lodos tóxicos el año pasado en Brasil dijo que su presidente y jefe de operaciones se separaron temporalmente de sus cargos. El presidente de Samarco, una empresa conjunta de los gigantes mineros Vale y BHP Billiton, Ricardo Vescovi y el jefe de operaciones Kleber Terra pidieron dejar sus puestos para preparar su defensa.
Para favorecer los trámites de una empresa minera que pretende explotar oro en varios sectores olanchanos, desconocidos falsificaron la firma y sello de la secretaria municipal de Juticalpa, Brenda Yamileth Méndez Carrasco, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público (MP).
Un grupo de vecinos del sector Las Coimas, en su mayoría jóvenes, decidieron interrumpir el tránsito en la carretera E-71 a la altura del Paradero 25, levantando barricadas para sumarse a la oposición de la comunidad hacia el proyecto minero de Andes Copper al interior de Los Patos.
Busca acomodar la actividad minera a lo que determina la Ley 7722. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, busca desmitificar la explotación no metalífera y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
La minera brasileña Vale propuso un acuerdo con el Gobierno de Brasil para recuperar la cuenca del Río Doce, que se vio afectada por el colapso de una represa de un embalse de Samarco y provocó el desastre ambiental minero más grande registrado en América Latina.
Un grupo de vecinos de Pajas Blancas marcharon contra la instalación de un proyecto minero en esa zona. Sostienen que de concretarse este propósito de explotación de granito, la zona se verá afectada de manera muy negativa, por lo que reclaman que no se habilite este emprendimiento.
La presa de la minera canadiense tiene ya cuando menos unas cuatro hectáreas de extensión, y sigue creciendo. El dique de colas amenaza las casas de la comunidad de Melladito, un caserío de 11 familias, ubicado al norte de la presa de jales. Lodos tóxicos de la presa están por invadir la comunidad de Melladito; mineros canadienses sabotean intención del Estado de hacer turística la zona minera de la Sierra de Guanajuato.
El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.
La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.