La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó en forma definitiva el viernes un amparo otorgado por una corte de apelaciones a una organización ambiental que alega se violentaron sus derechos cuando no se atendió la oposición que tenía a la concesión de una licencia minera.
El fallo va contra la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas guatemalteco y ordena que el director de esa institución atienda la oposición del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, el cual rechaza la licencia de explotación minera concedida a la empresa MayaNíquel de Guatemala, Sociedad Anónima.
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