A partir del análisis de casos de líderes comunitarios procesados judicialmente por su oposición a proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos , la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) concluyó que en Ecuador recrudeció la criminalización de la protesta social frente a dichos proyectos.
Así lo dio a conocer el jueves durante la presentación del informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”, que elaboró junto con sus organismos miembros en Ecuador: la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
El documento analiza los casos de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín -Íntag-; Pepe Acacho, dirigente de la nacionalidad indígena Shuar; y Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí.
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