Mediante una carta enviada al parlamento, el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y sus afluentes, manifestó su preocupación por la tramitación de una ley que atenta contra sus derechos y que pone en peligro la vida de los valles transversales del norte, como es el valle del Limarí.
- Una carta enviada el 19 de abril al Congreso, fue la manera en que el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y sus afluentes hizo público su rechazo a la iniciativa legal que se discute en el parlamento, que debiendo proteger los glaciares, termina por amenazarlos seriamente.
En la misiva se explicita que “De las tres categorías de protección que se contemplan, nuestros glaciares no entran en ninguna, salvo que se declararan reserva estratégica glaciar, cuestión que requeriría no solo que el poder ejecutivo no cediera a las presiones de las grandes mineras, sino que además, que los servicios del Estado pudieran realizar una fiscalización posterior eficiente, lo que por experiencia sabemos que no ocurre”.
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El presidente del comisariado ejidal de Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Silvino Santos Rojas denunció que trabajadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) trataron de analizar los arboles en los bosques de conservación, pero consideró que ése es un trabajo a favor de los proyectos mineros.
Representantes de organizaciones civiles de Mongolia denunciaron hoy el ascenso de la industria minera en detrimento de la ecología y la vida nómada. El director de la organización ambientalista Iniciativa Verde, Choikhang Janchivlamdan, fue uno de los que lanzó una alerta para la conservación de especies amenazadas.
Es a consecuencia de la crisis del oro que viene azotando a la comunidad. La Empresa LAMPA tiene una concesión de explotación del oro de 5 mil hectáreas por ley de la nación y un permiso del viceministerio de Minas y Energía de 15 mil hectáreas más para prospección y cateo.
Más de 100 pobladores del distrito de Ocuviri, de la provincia de Lampa (región Puno), realizaron una movilización y plantón pidiendo el retiro de la minera Aruntani, a la que acusan de contaminar las cuenca Ramis y el río Larimayo, perjudicando sus labores agrícolas y ganaderas.
Más de 4,500 personas fue la estimación de la organización de la IV marcha de los Pueblos (plurinacional) por la defensa y recuperación de las aguas y territorios realizada en la ciudad de Temuco este 23 de abril, la que partió por en la Plaza Hospital pasado las 15:30 y recorrió diversas calles de la ciudad.
Máxima Acuña, quien recientemente obtubera el premio Goldman por su defensa del medio ambiente, denunció que su vivienda ha sido objeto de disparos de armas de fuego y responsabilizó de ese hecho a la empresa minera Yanacocha a la que acusó de haberla amenazado de muerte para obligarla a abandonar su propiedad, ubicada en terreno adyacente al proyecto Conga. “Quiero decir que si cualquier cosa me pasa responsable será la empresa Newmont Buenaventura”, manifestó en declaraciones al programa ‘Cuarto Poder’.
Trabajadores y agricultores piden a Codelco actuar con mayor seriedad después de nuevo derrame en la División Andina, el cual de acuerdo a operarios de la cuprífera estatal es atribuible a la política de reducción de costos que lleva adelante la compañía: “Se ha ido despidiendo a gente en forma injustificada con el fin de manejar más plata, pero finalmente, estos costos los paga la ciudadanía”, acusan.
La Fundación Rosa Luxemburgo, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales invitan a la charla pública “TPP y otros tratados de ‘libre comercio’. ¿Integración o desintegrácion regional?” el 27 de abril a las 18:30 en el Ex Congreso Nacional, en Santiago de Chile.
Los acuerdos de “libre comercio” aprobados, como el TPP, o todavía en negociación, son un verdadero proyecto totalitario a favor de las multinacionales y vulneran los derechos humanos y de la naturaleza.
Grupos indígenas y campesinos de seis estados de México, entre ellos Oaxaca, han tomado las calles de la capital del país con una larga lista de demandas: desde más policías para reactivar la economía del campo hasta reformas legales que protegan a sus tierras de grandes proyectos de infraestructura.