Por Nicolás Boeglin (*) Mayo 2016
Resumen: La reciente demanda contra Panamá registrada ante el CIADI por una empresa minera norteamericana constituye una nueva señal sobre la peligrosa deriva del arbitraje inversionista-Estado en América Latina. En este artículo, se pretende dar algunos elementos sobre la práctica reciente del CIADI, y sobre la imperiosa necesidad de remediar los alcances de algunas cláusulas a favor del inversionista en los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscritos en los años 90, que reaparecen en los acuerdos de libre comercio firmados en los años 2000.
Según las últimas actualizaciones de la página oficial del Banco Mundial, el pasado 15 de abril, se registró formalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) una nueva demanda contra Panamá. La limitada información con la que el CIADI da usualmente a conocer detalles sobre las demandas registradas explica que, al momento de redactar estas líneas (2 de mayo del 2016) en la ficha técnica se lea, con relación a la empresa demandante:
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