Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), son cinco las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Estas afectarían el área intangible del Santuario de Qoylloriti, ubicado en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi.
Se informó que en Ocongate existen tres concesiones mineras superpuestas con el Santuario, mientras que por el lado del distrito de Ccarhuayo existen dos.
Una de las bases del estudio y análisis de los juristas del IDL fue el mapa extraído de la web de Ingemmet, donde advierten que no solo las mineras rodean el Santuario, sino que se superponen en algunos extremos, ya sea en un pequeño porcentaje.
Una mina en la costa sureste de Cuba significa un motor de ingresos para un gobierno carente de dinero, pero al mismo tiempo presenta desafíos para un país que se enorgullece de sus reservas ambientales.
Las palabras del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, no dejan de ponerlo en graves aprietos. Tras varias idas y venidas sobre su posición ante el conflicto por Tía María, ahora trata de quedar bien con ambos lados: tanto con los pobladores del valle de Tambo (Islay) y con Southern, concesionaria del mencionado proyecto minero.
En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas. En el informe En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado. 
La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a la empresa Anglo American Sur S.A. a reparar el daño ambiental provocado en la quebrada El Gallo, ubicada en la comuna de Nogales, en la región de Valparaíso, y a pagar una indemnización de 600 millones de pesos por la extensión operativa de la mina El Soldado.
La explotación y exploración minera habría dejado rezagos nefastos para los recursos hídricos y para los páramos de Tasco, Boyacá. Así lo afirman los Campesinos y ambientalistas que se han enfrentado desde hace más de un año, con protestas simbólicas, a las multinacionales interesadas en sacar carbón y/o hierro en Tasco, Boyacá.
La minera Barrick Pueblo Viejo será el agente de ejecución de las obras, que incluye el cierre de la presa de Mejita, aportando US$75 millones. Pero el Estado dominicano también aportará alrededor de US$25 millones ocupándose de las labores de supervisión de personal, maquinarias herramientas, bienes intangibles y obras de infraestructura. Los trabajos abarcarán la remediación en la presa de colas de Mejita, rajo Cumba, Hondo Norte, Hondo Sur, reubicación y disposición de los suelos impactados con mercurio, intervención de la Cañada Honda, ríos Maguaca y Margajita, así como el reservorio Hatillo y las instalaciones para la disposiciones de sedimentos, entre otros.
El fin de semana pasado se realizó en Mendoza el encuentro de la Unicón de Asambleas Ciudadans de Cuyo y NOA. Allí entrevistamos a Larisa Vieira, de Articulação Internacional de Atingidos pela Vale.
En los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Pelgar, Sabandía, Characato y Cerro Colorado, la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) habría identificado junto con la fiscalía del medio ambiente hasta diez zonas donde se realiza extracción de material de construcción y agregados de forma informal y viene generando contaminación.
Les inquieta el elevado riesgo de contaminación que podría afectar a la población y al Duero. “Nuestros vecinos portugueses han mostrado su preocupación por las consecuencias negativas que para ellos supone este proyecto minero. En este sentido conviene señalar que el gas radón que se va a liberar a la atmósfera como consecuencia de las explosiones previstas puede recorrer cientos de kilómetros y afectar negativamente a la población”, explica José Ramón Barrueco, de Stop Uranio.