El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.
Desde entonces se han presentado diversas manifestaciones y declaraciones públicas de las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en contra de este llenado, argumentando que debe prevalecer el Acuerdo del 10 de agosto del 2015 con las autoridades nacionales que en su articulado # 5 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”
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La integrante del Copinh, Lesbia Yaneth Urquía, fue hallada sin vida en una zona de La Paz. Esto se suma a la muerte de Berta Cáceres hace 4 meses. 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspecciona desde el 4 de julio pasado un derrame en la mina de plata "La Encantada", propiedad de la canadiense First Majestic, ubicada en el municipio de Ocampo, Coahuila. Debido a una fuerte lluvia, los lodos de proceso se mezclaron con el agua pluvial, rebasando la capacidad de bombeo instalado, provocando el derrame de aproximadamente 40 metros cúbicos de la mezcla, el cual fluyó hacia un arroyo intermitente.
La comunidad se organiza ante diversas amenazas que hoy ponen en peligro los recursos hídricos de la zona y el bienestar de sus habitantes, denunciando que, de instalarse un eventual proyecto de la gran minería "significará la muerte para Putaendo".
Seis meses después de presentar decenas de denuncias por casos de violencia sexual cometidos en una mina de Papúa Nueva Guinea, la población local y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a la mayor empresa minera de oro del mundo de aplicar "tácticas dilatorias" para ignorar los reclamos.
La Defensoría del Pueblo alertó de los daños ambientales que ha causado la explotación minera en el departamento de Cundinamarca, principalmente en municipios como Choachí, Sibaté y Soacha.
Desde el viernes que continúa la molestia de los pobladores de los sectores aledaños a la minera Linderos, ubicada al interior de Nueva Talcuna, en la comuna de Vicuña.
EEUU y Luxemburgo apuestan por otorgar un marco legal a este controvertido sector. Sin embargo, los expertos creen que estas normas nacionales contravienen el Tratado sobre el Espacio de la ONU.
El anteproyecto de reformas fue aprobado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y especialistas para establecer Zonas de Salvaguarda de Agua Subterránea Empleada para Consumo Humano.
Este miércoles, obispos de los departamentos de Chocó y Antioquia manifestaron este miércoles su malestar frente a la situación ambiental en la región pacífica por cuenta de la minería ilegal. El llamado fue hecho en el marco de la Asamblea de Obispos, que se celebra en Bogotá hasta el próximo viernes.