El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.
La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de 10.000 millones de dólares.
Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400.000 toneladas anuales de concentrado cuprífero.
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Un informe de campo sobre los impactos de las actividades mineras en la Reserva Comunitaria de Junín, iniciativa de varios pueblos de la zona de Intag en la provincia de Imbarura, que es uno de estos territorios preciosos de nuestro Ecuador. Fuente de agua y vida, sus cascadas, fauna y flora son partes de la zona de amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas, uno de los parques naturales más importantes del mundo. En la actualidad, estas riquezas y los territorios de Intag en general están amenazadas por las actividades de exploración minera del consorcio formado por la Enami (Empresa Nacional Minera) y la estatal chilena Codelco con su megaproyecto minero de cobre Llurimagua, como lo revela nuestra última visita en la zona.
Tras analizar el alcance y contenido de los estudios de impacto ambiental de los proyectos de explotación en el Campo de Montiel "Matamulas", "Rematamulas Fracción 1ª" y "Rematamulas Fracción 2ª", el Consejo de Seguridad Nuclear afirma que "las actividades previstas en los proyectos de explotación son susceptibles de generar un impacto radiológico para los trabajadores, el público y el medio ambiente".
La más reciente protesta ocurrió el pasado 18 de Agosto. Allí, organizaciones sindicales, sociales, cívicas, populares y políticas, la población ocupó las calles de Riohacha para minifestar su rechazo a las políticas económicas y sociales relacionadas a la “locomotora minero energética” del presidente Juan Manuel Santos; específicamente, la carbonífera en el Cerrejón.
Luis Parada, abogado defensor de El Salvador, confía en que el país ganará el caso.
Un video alerta sobre los efectos del calentamiento global y la minería en los ecosistemas peruanos. El nevado Pastoruri de Perú ha perdido entre 60 y 65% de su nieves perennes, como consecuencia del calentamiento global y la minería a gran escala que se práctica en esa zona.
En Valdivia, región de Los Ríos, en el marco del Encuentro Extractivismo, Soberanías Locales y Crisis, realizado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2016, las organizaciones y comunidades que suscriben la presente declaración, señalan lo siguiente:
El documental, que sirvió de prueba ante la CIDH para que ordenara la protección de los Wayúu, se empieza a ver en el país desde esta semana. Varios activistas lideran una petición ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para que devuelvan el río Ranchería al pueblo Wayúu. El único río, el que hace unos años lo represaron y ahora solo sirve para fincas de grandes ganaderos y para las empresas que explotan carbón.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección para suspender las tronadoras de la minera Invierno en Isla Riesco. Asimismo, solicitó a la empresa minera evacuar un informe con todos los antecedentes del caso, en un plazo de seis días hábiles.
Movilizadoras por la profundidad de los temas abordados y por la dura realidad que se atraviesa en los territorios. Se analizaron los mecanismos que utiliza la actividad minera necesariamente vinculados a un sistema que solo logra la concentración de la riqueza y cómo los medios de comunicación se constituyen en un arma de reproducción de la desigualdad y a través de ellos se instala un discurso que legitima la destrucción de la Casa Común. También se analizó el contexto regional y la historia de la mega minería en América Latina, lo determinantes que fueron los gobiernos de los años 90 para implementar políticas en favor de las multinacionales del extractivismo.