Ante la negativa de la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) de asistir al debate sobre la consulta popular citada por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que la compañía minera está utilizando “testaferros” y le está pagando a abogados e ingenieros prestigiosos para que se opongan con mecanismos jurídicos a dicha iniciativa democrática.
Según dijo Jaramillo, AngloGold Ashanti está detrás de la acción de tutela que interpuso el ciudadano Alberto Enrique Cruz Tello, en representación de la Asociación Minera e Hidrocarburos del Tolima, y que finalmente hizo que el Consejo de Estado decidiera suspender de manera provisional la consulta minera de Ibagué.
“AngloGold Ashanti ahora coge testaferros, los paga, no pone la cara. Ahora pone gente, abogados prestigiosos, ingenieros, para que vengan a responder. ¿Quién es el que paga los abogados? ¿Quiénes son los que crearon grupos paramilitares en Africa? ¿Quiénes están denominados por Greenpeace como los más grandes depredadores ambientales del mundo?”, afirmó Jaramillo.
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Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, Durango presentaron una demanda de amparo por la demora en la resolución de la demanda que interpusieron desde 2012 por rescisión del contrato que firmaron con la empresa minera Excellon de México SA de CV.
Luego de instalarse una mesa de diálogo entre representantes de los pobladores, la empresa Hudbay y la Presidencia del Consejo de Ministros se decidió hoy levantar la toma del campamento de la minera Constancia en la provincia de Chumbivilcas, Cusco.
Organizaciones sociales de Cotabambas deslindaron mediante de agendas ajenas promovidas por personas extrañas a sus intereses comunales y que amenazan con distorsionar el sentido de sus demandas desde posturas extremistas.
A menos de un mes que PAX Holanda presentó un exhaustivo informe sobre los impactos del proyecto minero La Colosa, en el noreste del Tolima, y la participación comunitaria en la toma de decisiones respecto de sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales, el Tribunal Administrativo de este departamento avaló la consulta minera en el municipio de Cajamarca.
Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA ratificó sanciones por incumplir normas ambientales en sus minas de Cuajone, Toquepala y la Fundición y Refinería de Ilo. Cuestionan manejo de concentrados, polvo y contaminación en mar. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ratificó sanciones a Southern Perú por violar normas ambientales en sus minas en Moquegua y Tacna y fundición en Ilo. Por ello, la Sala Especializada en Minería del Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA refrendó el castigo económico a la minera con hasta 21,300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que equivalen a cerca de 82 millones de soles, consignadas en tres resoluciones.
El día jueves 10 de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, mujeres indígenas, campesinas, originarias, pesqueras y regantes que forman parte de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), el Colectivo de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA), en alianza con Trenzando Ilusiones, monitoras comunitarias formadas en el CENDA y activistas feministas autónomas llevaron a cabo un debate en la mesa: “Mujeres, agua y extractivismos”. Esta mesa era parte del Espacio Social Alternativo: Agua, energía para la vida” que tiene el objetivo de articular diferentes movimientos que están resistiendo a la construcción de nuevos proyectos extractivos, amenazando con la destrucción de la naturaleza y la desintegración de los pueblos. 
El Comité Ixtepecano en defensa de la vida y el territorio informó sobre la realización de murales como parte de la campaña “Sin oro y sin plata se vive, sin agua no”, con el apoyo de artistas, colonos y la Radio Cundachi, con el objetivo de informar a la población y demostrar su rechazo al proyecto minero.
Organizaciones ambientalistas no bajan la guardia en su lucha contra las operaciones de la corporación minera transnacional OceanaGold, que acaba de perder un litigio contra El Salvador pero que no da visos de renunciar al negocio extractivo en este país centroamericano.
El pueblo de San Miguel del Progreso tiene derecho a una consulta previa, dijo Daniel Cerqueira