OAXACA, Oax. Siete meses después de haberse integrado a una campaña nacional en defensa de la tierra, autoridades agrarias, colectivos y representantes de comunidades indígenas de Oaxaca reiteran su decisión de continuar en la defensa de los recursos naturales de sus territorios, amenazados por proyectos de corporaciones privadas que llaman “proyectos de muerte”.
Ayer en la conmemoración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana, integrantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas se pronunciaron nuevamente en contra de proyectos mineros, eólicos y de las zonas económicas especiales, que la iniciativa privada y los gobiernos llaman proyectos de desarrollo.
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Los afectados rechazan cualquier modificación que quiera hacer la minera e insisten que solo conversan con grupos minoritarios de habitantes, los que no son opiniones representantivas del sentir local.
Siete policías resultaron heridos por perdigones, en un enfrentamiento con un grupo de indígenas de la nacionalidad shuar que se tomó ayer las instalaciones de la empresa minera Exsa (filial de Ecuacorriente), concesionaria del proyecto minero Sanpan, ubicadas en Panantza, cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago.
ZANAPATEPEC, Oax. “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.
Comunidad indígena quechua denuncia graves impactos ambientales producidos por proyecto de minera canadiense en la región de Tarapacá. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desconoció los riesgos para la comunidad originaria pese al historial de la empresa en la primera fase del proyectominero Quebrada Blanca, perteneciente a la empresa canadiense Teck y en un 10 por ciento a la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Tegucigalpa: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa entregó ayer carta de libertad definitiva a líderes ambientalistas del Valle de Siria, quienes habían sido acusados por el delito de obstaculización de un plan de manejo en perjuicio de Haydee Urrutia Mejía.
El consentimiento viola los derechos de los trabajadores y ocasiona un deterioro considerable al medio ambiente; se quejan. Pobladores de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, presentaron una apelación para detener los trabajos de una minera canadiense en esa zona.
Trabajadores del lugar acusaron que el accidente ocasionó un derrame de tambores con sustancias peligrosas, entre los que destacan ácidos, grasas y petróleo. Los contaminantes habrían llegado al río Valeriano, afluente del río Huasco, contaminándolo gravemente. Se hicieron las denuncias correspondientes a la Fiscalía, la Superintendencia de Medio Ambiente, Sernageomin, Dirección General de Aguas y Seremia de Salud, exigiendo análisis de agua para el resguardo de la comunidad así como la fiscalización en terreno. Sin embargo, a la fecha no han recibido respuesta.
Comunarios de Palca se declararon en estado de emergencia por explotación minera en el Illimani y Mururata, después que la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) confirmara la presencia china y de cooperativas, mientras que el Gobierno prefirió callar sobre el asunto.
Comunarios regantes y mineros del norte de Potosí se pelean por utilizar en su producción la escasa agua que existe en esta región, informó a radio Aclo de la Red ERBOL el secretario de Minería de la Gobernación, Elías Choque.