El mensaje de Justin Trudeau, carismático primer ministro de Canadá, ha sido muy específico en cuando a política exterior, pero hace ya un año que está al frente de la administración y sigue sin hacer gran cosa contra las mineras que siguen con sus métodos de muerte. Pese al discurso de Justin Trudeau en favor de los derechos humanos, justicia, cuidado medioambiental y democracia, las empresas extractivas canadienses siguen haciendo de las suyas en Latinoamérica.
Los discursos del mandatario en relación a su política exterior se embellecen con conceptos como justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos; y de hecho ha dado algunos pasos como acoger a refugiados sirios, eliminar la visa para ciudadanos mexicanos, además de aprobar un paquete de ayuda para Colombia en el marco de la firma de paz.
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El alcalde de Cajarmaca, William Poveda, decretó la realización de la consulta popular minera para el próximo domingo 27 de noviembre, para que los habitantes de dicho municipio decidan si aprueban o no la realización de proyectos mineros que pongan en riesgo el medio ambiente y la vocación agrícola de la región, lo que podría traer enormes perjuicios al proyecto La Colosa, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti, de ganar el No en las urnas.
En el Arco Minero del Orinoco las empresas Metales del Sur, Oro Azul y FAO se disponen a empezar trabajos de exploración sin antes el Gobierno Nacional con el apoyo del Ministra Indígena Aloha Núñez demarcar sus territorios, violando así la Constituciones y las leyes de la República y Convenios Internacionales. Funcionarios públicos de los ministerios relacionados con minas, ambiente e indígenas presionan sin escrúpulos a comunidades y líderes indígenas del pueblo Huottoja: Parhuaza y , Suapure para que acepten cambiar sus territorios de vida por las dádivas prometidas por el Presidente Maduro a través de los medios de comunicaciones.
OAXACA, Oax. Siete meses después de haberse integrado a una campaña nacional en defensa de la tierra, autoridades agrarias, colectivos y representantes de comunidades indígenas de Oaxaca reiteran su decisión de continuar en la defensa de los recursos naturales de sus territorios, amenazados por proyectos de corporaciones privadas que llaman “proyectos de muerte”.
Los afectados rechazan cualquier modificación que quiera hacer la minera e insisten que solo conversan con grupos minoritarios de habitantes, los que no son opiniones representantivas del sentir local.
Siete policías resultaron heridos por perdigones, en un enfrentamiento con un grupo de indígenas de la nacionalidad shuar que se tomó ayer las instalaciones de la empresa minera Exsa (filial de Ecuacorriente), concesionaria del proyecto minero Sanpan, ubicadas en Panantza, cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago.
ZANAPATEPEC, Oax. “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.
Comunidad indígena quechua denuncia graves impactos ambientales producidos por proyecto de minera canadiense en la región de Tarapacá. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desconoció los riesgos para la comunidad originaria pese al historial de la empresa en la primera fase del proyectominero Quebrada Blanca, perteneciente a la empresa canadiense Teck y en un 10 por ciento a la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Tegucigalpa: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa entregó ayer carta de libertad definitiva a líderes ambientalistas del Valle de Siria, quienes habían sido acusados por el delito de obstaculización de un plan de manejo en perjuicio de Haydee Urrutia Mejía.
El consentimiento viola los derechos de los trabajadores y ocasiona un deterioro considerable al medio ambiente; se quejan. Pobladores de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, presentaron una apelación para detener los trabajos de una minera canadiense en esa zona.