
3 de febrero de 2018
En menos de un año, el cierre de la mina San Rafael ha motivado la pérdida de más de 3.500 empleos, directos e indirectos. Un grupo de trabajadores de esa mina se encuentra en huelga de hambre para que la Corte de Constitucionalidad resuelva a favor de la apertura, que les devolvería el empleo. Además, el cierre incidió fuertemente en la brecha fiscal de 2017, que terminó con la destitución del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esta es una de las posiciones en torno al conflicto en San Rafael las Flores. Por otra parte, los opositores a la mina festejan su cierre y afirman que se trata de una empresa criminal. Para conocer los detalles de cada posición, Perspectiva entrevistó a Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), que logró el cierre con el argumento de que la mina opera en territorio xinca, y al comunicador de San Rafael, Andrés Dávila, quien asegura que, según datos oficiales, solo existen xincas en el área donde se otorgó la licencia de exploración que ya venció, pero no en la de explotación.
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