El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, insiste en la realización de un plebiscito vía Congreso Nacional con regulación del deslegitimado Tribunal Supremo Electoral TSE, para solucionar el conflicto que ha desatado la instalación de una empresa minera Inversiones Los Pinares.
La ciudadanía de Tocoa, lleva meses exigiendo a la corporación municipal la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera. A través de caminatas, plantones, caravanas y de un campamento de resistencia han dejado claro su rechazo a la instalación de la empresa minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, en la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras.
En los trabajos de apertura de calle en el sector La Ceibita, la empresa ha provocado daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Se estima que en el núcleo del parque nacional Escaleras, el Estado de Honduras ha otorgado al menos seis concesiones mineras. Dos de ellas están en manos del empresario Lenir Pérez.
A la fecha, el conflicto ha provocado el asesinato de tres personas, 18 líderes comunitarios criminalizados, acusados por los delitos de usurpación y daños y más ...
Alcaldía de Tocoa propone plebiscito improcedente, Comité Ambientalista le demanda Cabildo abierto
El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, insiste en la realización de un plebiscito vía Congreso Nacional con regulación del deslegitimado Tribunal Supremo Electoral TSE, para solucionar el conflicto que ha desatado la instalación de una empresa minera Inversiones Los Pinares.
La ciudadanía de Tocoa, lleva meses exigiendo a la corporación municipal la realización de un cabildo abierto para declarar el municipio libre de explotación minera. A través de caminatas, plantones, caravanas y de un campamento de resistencia han dejado claro su rechazo a la instalación de la empresa minera propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé, en la zona núcleo del parque nacional Carlos Escaleras.
En los trabajos de apertura de calle en el sector La Ceibita, la empresa ha provocado daños severos al río Guapinol, principal fuente de agua en la zona. Se estima que en el núcleo del parque nacional Escaleras, el Estado de Honduras ha otorgado al menos seis concesiones mineras. Dos de ellas están en manos del empresario Lenir Pérez.
A la fecha, el conflicto ha provocado el asesinato de tres personas, 18 líderes comunitarios criminalizados, acusados por los delitos de usurpación y daños y más ...
Apazoyucan en el mapa del despojo y la destrucción del territorio
Mineras tiene concesiones de hasta 50 años, con la posibilidad de prorrogarla por otros 50 años más, además, el titular de una concesión minera tiene derecho a intercambiarla o venderla a un tercero.
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los bienes minerales son de dominio directo de la Nación por lo que su exploración, extracción y aprovechamiento sólo puede hacerse mediante la expedición de títulos de concesiones mineras las cuales son otorgadas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía.
Las concesiones mineras son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.
El área abarcada por una concesión minera no otorga al concesionario los derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo; pero, si abre la posibilidad de que las Compañías Mineras titulares de la concesión puedan solicitar la expropiación, ocupación temporal o la constitución de servidumbre de los terrenos ubicados dentro de la concesión.
Es decir, una concesión minera abre la posibilidad para el despojo y la destrucción de ...
Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera en una región andina de Ecuador, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este sábado 10 de noviembre del 2018 la Procuraduría General del Estado.
EL déficit hídrico detectado hace pocos meses en la cuenca del salar de Atacama y la conservación del balance del lugar, mantienen con preocupación a las cuatro mineras que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), extender sus permisos para la extracción del recurso vital.
Lo anterior, dado los efectos que las extracciones podrían implicar, tanto para el medio ambiente como para los procesos productivos de las cuatro firmas: las mineras no metálicas SQM y Albemarle; y las iniciativas de cobre: Escondida, de BHP -que podría estar menos complicada por poseer una planta desaladora- y Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.
Precisamente, son estas dos últimas las que se han presentado ante el SEA. Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por 11 años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).
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Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos. Este derecho tiene su fundamento en el derecho internacional, principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo sexto establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de recibir un informe que concluye que cuatro compañías de capital chino con presencia en país, vulneran los derechos humanos de los peruanos.
Se trata de las empresas Las Bambas en Apurímac, Shougang en Ica, Chinalco en Junín y Río Blanco Cooper en Piura, señaladas por el informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), como los autores de abusos perpetrados contra comunidades del interior del país.
“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno, esto no es sólo responsabilidad de las empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas”, demanda el informe del CICDHA.
Si bien los proyectos de las 4 empresas significan más de 17 mil millones de dólares de inversión, los principales afectados son los ciudadanos que viven en las regiones donde estas compañías se desarrollan.
Conflictos vigentes
En el distrito de Challhuahuacho de Apurímac, la Fiscalía Provincial Mixta tiene en la mira a 19 dirigentes que participaron en ...
El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
En el marco del debate instalado a nivel provincial hubo un cruce de posturas a favor y en contra de la minería en las barras ubicadas a los costados del recinto legislativo. El hecho fue antes de la sesión prevista para este jueves. Mientras que desde un lado reclamaban por “trabajo”, desde el otro llegaban críticas hacia la actividad.
Mientras tanto, en Comodoro, hubo una protesta afuera de las oficinas de Medio Ambiente contra la megaminiería.
La referente del sector, Zulma Usqueda, cuestionó en diálogo con La Cien Punto Uno que “hay una influencia muy grande por las empresas mineras, con charlas que intentan juntar gente, incluso ofreciéndoles trabajo, cuando sabemos que la vida útil de una mina es de 20 años”.
“Planteamos que hay una grave situación por la falta de control. Los trabajadores están pidiendo pase a planta permanente, cobrando de manera escalonada, y no se verifica cómo se está llevando la explotación petrolera”, cuestionó.
Fuente:https://www.adnsur.com.ar/2018/11/cruce-de-posturas-a-favor-y-en-contra-de-la-mineria-en-legislatura/
Faltando muy poco para que la discusión por la reforma de la Ley 7.722 llegue al recinto -se estima que será a mediados de este mes- las Asambleas por el Agua Pura de toda la provincia refutaron los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles para habilitar la minería metalífera.
Desde un posicionamiento histórico, hicieron un fuerte hincapié en los aspectos protectivos para el agua y el medio ambiente que tiene la norma, poniéndola en un contexto de crisis hídrica, que ya pasó a ser de sequía, según advierte la Superintendencia General de Irrigación.