Gran minería atropella la Justicia Ambiental y discrimina a comunidades

27 mayo, 2011

justicia-ambiental-mineria-300x23726 de mayo de 2011

En tiempos en que los minerales en Chile son hace décadas propiedad de multinacionales, las que siguen usando la abusiva y poderosa Ley Minera que tiene normas más poderosas que otras leyes y que aspectos Constitucionales, y cuando en el país existe una cultura nacionalista principalmente en sindicalistas, gente izquierda y militares, cuyos argumentos están obsoletos, urge cuestionar los reales efectos de la actual extracción minera en el país. Más aún cuando las comunidades y territorios donde operan estas compañías han sido invisibilizadas por el Estado y por las empresas privadas y cuando los mayores conflictos ambientales energéticos en todo el país están directamente vinculados a las faenas mineras. Leer mas
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Progreso para quién? Las contradicciones de la exploración minera: Una mirada a las falsas promesas

26 de Mayo 2011
Hundira Cunha
El municipio de Caetité es conocido internacionalmente por sus riquezas subterráneas, se sabe que el uranio se puede encontrar aquí (la mayor mina a cielo abierto en América Latina), la amatista, MN, calcedonia, barita, oro, el amianto, el topacio y el hierro (con sucesivos estudios y la exploración por varias compañías). Pero lo poco que se dice, es que la explotación de recursos minerales, causa cambios profundos en la vida de la población de Caetité , estos cambios no tienen nada que ver con el progreso o la mejora de la calidad de vida, sino todo lo contrario ya que la ciudad, a causa de las actividades mineras tienen un alto índice de migración forzosa, deterioro del agua y la vegetación, formando una red de desequilibrio del medio ambiente. Leer mas
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Por ley se deberá consultar a indígenas sobre acciones que afecten sus derechos

23 de Mayo 2011
Enrique Méndez
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados concluyó el dictamen de la ley federal de consulta a los pueblos indígenas –que será aprobado mañana–, y que tiene como finalidad obligar a los gobiernos federal y a los de los estados, así como al Congreso, a preguntar a las comunidades si están de acuerdo con decisiones que afecten su vida, derechos, existencia física o la identidad cultural y su futuro. Leer mas
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