A continuación estableceremos algunos de los principales estándares internacionales, de obligatorio cumplimiento, que deben ser observados por el Estado peruano al momento de la realización del proceso de consulta de lotes petroleros. Esto cobra relevancia especialmente ahora que se anuncia el primer proceso de consulta previa de pueblos indígenas en el Perú del lote petrolero 1ab[1].
En efecto, no cabe duda que se trata de un hecho de suma importancia, y no solo para los pueblos indígenas; por ello resulta de vital importancia que este proceso se realice de forma adecuada, lo que pasa por adecuar la normatividad nacional a los estándares jurídicos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, en relación con la consulta de lotes petroleros. Haremos referencia a las reglas jurídicas obligatorias establecidas en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en julio del año 2012, en el caso Sarayacu vs Ecuador, que trata, precisamente de la adjudicación de un lote petrolero, donde el Estado no realizó en forma previa el proceso de consulta a los pueblos indígenas afectados.
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Juicio del Caso Caimanes, sigue cuesta abajo para la tesis de los querellantes, después de escuchar el jueves pasado otra de las testigos claves; Myrella Ardiles, quien a sido la testigo más clara con sus declaraciones. Ella fue parte de los primeros dirigentes que fueron los que firmaron sin consultar a sus asambleas, el avenimiento que permitió finalmente la construcción del tranque de relave El Mauro de Minera Los Pelambres, y luego de un acto de arrepentimiento la testigo, reconoció y dejo muy en claro que las donaciones pactadas que sembró la división en el pueblo de Caimanes venían de la Minera los Pelambres, y no de Víctor Ugarte, como en apariencia se conoce, y esto dio un vuelco importante en el caso.
El proyecto de Ley Marco del Agua para la Vida es incompatible con la Ley 1777 del Código de Minería en vigencia, en cuanto al uso del agua subterránea para las operaciones mineras, y las instancias encargadas de regular el aprovechamiento del recurso hídrico sin afectar al consumo humano, advierte Emilio Madrid, investigador del colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (CASA).
El fiscal no solo omitió denunciar a los torturadores sino que incluso llegó al extremo de acusar a los campesinos por servir dócilmente a la minera Majaz.
Por Rebecca Hollender*
El investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla, Luis Felipe Gómez Lomelí, aseguró que las minas a cielo abierto como la que pretende instalar la firma Frisco en Tetela de Ocampo pertenece al grupo de las más contaminantes y peligrosas para la población.
Por los hechos de torturas de las que fueron víctimas 28 campesinos en el campamento